¿Un Banco Mundial europeo?

La Unión Europea vehicula su política de cooperación internacional a través de varios instrumentos, entre los cuales el Banco Europeo de Inversiones (BEI) está tomando cada vez más relevancia. Recientemente se ha publicado un informe en el que se analizan las actuaciones del BEI en los países del Sur, los intereses a los qué responden estas actuaciones y los impactos económicos, sociales y ambientales de las mismas. 

Aun cuando la principal función del BEI ha sido, desde su constitución al 1958, contribuir al desarrollo económico y la cohesión de la UE (fronteras adentro), este organismo financiero se ha ido involucrando de forma creciente en operaciones de préstamo fuera de las fronteras europeas, en particular en el sector privado. Según los objetivos de la organización, estas operaciones, cuando se realizan en países empobrecidos, deberán responder a los mismos criterios que la política de cooperación de la UE. De hecho, según la propuesta de Constitución Europea, el BEI tendría la responsabilidad de promover el desarrollo sustentable y garantizar los beneficios para la población de los países dónde invierte. Pero la realidad es que hay una flagrante carencia de coherencia entre las operaciones del BEI en América Latina, Asia y África y los objetivos de reducción de la pobreza y desarrollo sostenible que dice apoyar y promover la Cooperación Europea. En definitiva, la mayor parte de las operaciones del BEI en el Sur están destinadas a grandes empresas, generalmente de origen europeo o vinculadas con transnacionales europeas, en proyectos de privatización de agua, industria extractiva y grandes presas, entre otros. 

Los intereses del BEI en el Sur

En los años 60 el BEI empezó a financiar proyectos en el Sur de forma excepcional, y actualmente alrededor del 10% de sus actividades de financiación se realizan fuera de Europa. Aun cuando este porcentaje pueda parecer pequeño, hay que tener en cuenta que el BEI es la Institución Financiera Internacional (IFI) más grande del mundo, con un volumen de préstamos de unos 45 mil millones de euros anuales, cifra superior a la del propio Banco Mundial. 

Tal y como denuncia el informe, «El BEI en el Sur, ¿en interés de quién?», «en la práctica, el BEI se ha convertido en una institución guiada por los intereses, la demanda y las necesidades de sus clientes, las empresas europeas, financiando únicamente proyectos con rendimientos económicos altos y garantizados, en lugar de priorizar la financiación de la lucha contra la pobreza o la protección del medioambiente». Efectivamente, la gran mayoría de los préstamos del BEI en el Sur son otorgados a empresas transnacionales europeas, sus subsidiarias a los países receptores o grandes compañías del Sur con las que las primeras tienen negocios conjuntos. El informe demuestra, por ejemplo, que el 90% de los préstamos del BEI en América Latina son otorgados a empresas europeas como REPSOL, Gas de France, Volkswagen, Vivendi, Suez, y Aguas de Barcelona. 

Aguas de Barcelona, el BEI y la privatización del agua en Buenos Aires

El Consorcio Aguas Argentinas, formado por Aguas de Barcelona y Suez, recibió en 1995 un préstamo de 70 millones de euros del BEI en el proceso de privatización de la gestión de agua en Buenos Aires. El consorcio, y por lo tanto las empresas europeas, no han sido capaces de ofrecer un servicio de calidad, ni de cumplir con las inversiones acordadas, ni de tomar las medidas necesarias por controlar los niveles de nitratos en el agua (lo que ha afectado gravemente la salud de los usuarios en Buenos Aires). Aún así, seguían exigiendo incrementos de tarifas del agua. Ante esta situación el gobierno argentino ha decidido revocar el contrato de 30 años que tenía con las empresas europeas y renacionalizar los servicios de gestión del agua en la ciudad. Éste es tan sólo uno de los muchos ejemplos que se han dado en América Latina, Asia y África, en los que se demuestra el fracaso del modelo de gestión privada del agua, que el BEI ha ido financiando en todo el mundo. El informe «El BEI en el Sur, ¿en interés de quién?», detalla los casos de privatización del agua en Indonesia y Filipinas, financiados también por el BEI.

El espaldarazo a Repsol-YPF

También REPSOL-YPF se ha beneficiado de los recursos públicos del BEI, tanto en sus inversiones en el Sur como en las realizadas en nuestro país. Por sus operaciones en América Latina, REPSOL-YPF ha recibido financiación del BEI al menos en tres ocasiones:

? El año 2000 la empresa Pluspetrol Energy SA recibió un préstamo de 58 millones de euros para expandir su planta eléctrica de gas en Tucumán y convertirla en una planta de ciclo combinado. Repsol contaba en aquel momento con un 45% de Pluspetrol Energy.

? El año 2001, Central Dock Sur, propiedad de Repsol-YPF (40%), Endesa (40%) y Panamerican Energy (20%), recibió un préstamo de 76 millones de euros para construir una nueva planta de producción de energía por gas en Buenos Aires. Central Dock Sur fue privatizada en 1992 y tanto Endesa como Repsol tomaron el control en 1996

? Finalmente, en abril de 2005 Repsol YPF Brasil recibió un préstamo de 54 millones de euros para mejoras en la refinería Alberto Pasqualini, en Rio Grande do Sul, Brasil.

El espaldarazo del BEI a las actividades de Repsol no se limita a América Latina, puesto que la empresa ha recibido varios préstamos desde 1990 para la financiación de sus infraestructuras en el Estado español. Recientemente ha recibido dos préstamos de 180 y 130 millones de euros (en 2000 y 2003 respectivamente) para la ampliación de la petroquímica de Tarragona y las instalaciones de Puertollano. 

Más allá de la evidente alianza del BEI con la clase empresarial europea, el informe muestra a través de varios estudios de caso los impactos negativos que muchos de los proyectos financiados tienen sobre el bienestar de la población y el medioambiente. 

Se destaca que, en el continente africano, el BEI administra una parte importante del presupuesto para la cooperación al desarrollo de la Comisión Europea, y esta tendencia irá en aumento con la creación del nuevo Fondo de la UE para África, que será gestionado completamente por el BEI. Hasta ahora en África y, en menor medida, en América Latina, los fondos del BEI han sido destinados de forma privilegiada al sector de la industria extractiva (petróleo, gas y minería), como en el caso del controvertido proyecto del oleoducto entre Chad y Camerún, financiado también por el Banco Mundial. Según ha demostrado la experiencia, y varios estudios de reconocimiento internacional, los proyectos en industria extractiva tienen nulos beneficios para las poblaciones más desfavorecidas a la vez que acostumbran a ir acompañados por graves impactos sobre el medioambiente y violaciones de derechos humanos. Nada no nos asegura que esto vaya a cambiar con el nuevo Fondo para África, o que este no se siga utilizando como una vía más para la inserción de empresas europeas en África. Al contrario, según el propio BEI «el fondo priorizará proyectos de infraestructuras transfronterizas en los sectores de la energía, agua, transporte y telecomunicaciones» (BEI, Nota de prensa, 9 de febrero de 2006), en los que seguro que las empresas europeas de servicios encontrarán la forma de participar. Es decir, el Fondo es una nueva herramienta para seguir con la misma estrategia y favorecer todavía más y de forma más efectiva los intereses económicos europeos en el continente Africano.

Esta estrategia no se reserva para África, puesto que también en América Latina se prioriza la financiación de actividades dirigidas a la exportación hacia mercados europeos y en beneficio de empresas europeas, en ningún caso apoyar la creación y mejora de redes de infraestructuras y tejido económico locales. Esta tendencia irá todavía más allá en un futuro próximo, puesto que desde la UE se quiere aprovechar la próxima cumbre UE-América Latina-Caribe (12 de mayo de 2006 en Viena) para lanzar a una nueva Facilidad Financiera y un Fondo de Solidaridad Bi-Regional en América Latina. Ambos instrumentos serian gestionados por el BEI en el marco de los acuerdos de libre comercio entre la UE y América Latina. El primero de los instrumentos tiene como objetivo, al igual que en el caso africano, la interconexión de infraestructuras y proyectos energéticos en América Latina y el Caribe. Esta estrategia está íntimamente ligada con otros proyectos como el Plan Puebla Panamá (PPP) o el plan de Integración de Infraestructuras Regionales en Sur América (IIRSA). Es necesario mencionar que, tal y como han mostrado numerosos análisis, estos planes incluyen proyectos muy controvertidos, con impactos ambientales y sociales altamente negativos, a la vez que implican la violación de derechos humanos y de los pueblos indígenas y no aportan nada en la lucha contra la pobreza. Esta nueva Facilidad Financiera, al igual que el Fondo de Solidaridad Bi-Regional, son básicamente nuevos instrumentos que la UE pone al servicio de las empresas europeas con intereses en América Latina. 

El BEI también opera en Asia, dónde destacan los proyectos de privatización de agua, la producción de energía hidroeléctrica y la construcción de grandes presas, frecuentemente a expensas del medioambiente. Entre estos destaca la financiación de la presa hidroeléctrica Nam Theum 2 (NT2), en Laos, financiada también por el Banco Mundial. La NT2, con graves implicaciones ambientales y sociales, ha supuesto el incumplimiento por parte del BEI del compromiso de evaluar este tipo proyectas a la luz de lo que dijera la Comisión Mundial de Presas y el Informe Camdessús. El BEI no ha realizado sus propias evaluaciones y se basó para aprobar el proyecto tan sólo en las realizadas por el Banco Mundial (que han sido denunciadas por incumplir los propios estándares del BM sobre reasentamiento involuntario de población y por la carencia de consultas a las poblaciones afectadas).

¿Quién vigila al BEI?

Según el BEI, sus actividades fuera de las fronteras europeas deben cumplir con las políticas y estándares ambientales de la UE, así como deben cumplir con las condiciones y leyes locales o, en ausencia de estas, las políticas y estándares del Banco Mundial. Pero en la práctica no existe ningún mecanismo o proceso de examen dentro del BEI para asegurar el cumplimiento de estos criterios. Además, el BEI no tiene ningún mecanismo independiente para procesar las quejas y alegaciones de las comunidades y personas que hayan sido afectadas negativamente por un proyecto financiado en un país fuera de la UE. Por otro lado, ni las ONG locales o internacionales, ni la población afectada, tienen acceso a la información sobre la evaluación de impacto ambiental, la evaluación social, la evaluación para medir el impacto en la reducción de la pobreza u otros instrumentos mencionados por el propio BEI en su «Declaración Social». A todo esto, se une la falta de control que la única institución democrática de la UE, el Parlamento Europeo, tiene sobre el BEI (el BEI tiene la obligación de mantener informado el Parlamento si este lo solicita, pero sin ningún tipo de control real o efectivo, puesto que el Parlamento no tiene poderes para reprobar las actuaciones del Banco). 

Extirpando la soberanía del Sur

El pasado mes de diciembre de 2005 el Senado mexicano rechazó un Acuerdo Marco de Cooperación entre México y el BEI. Este acuerdo proponía, entre otras cosas, que:

? El Estado mexicano quedaba obligado a garantizar todos los créditos privados (así como los públicos) que el BEI otorgara en el marco del acuerdo

? Se establecía que México debía informar al BEI antes de tomar ninguna decisión en temas de política cambiaría y monetaria, por lo que estas quedaban supeditadas a los criterios del BEI 

? Para la aprobación de los proyectos a financiar por el BEI, el acuerdo establecía que en caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (encargada de evaluar los proyectos) no emitiera un dictamen en el plazo de dos meses, se entendería que los proyectos eran aprobados

Finalmente, el Senado Mexicano rechazó el acuerdo, que hubiera supuesto una importante pérdida de soberanía de México en favor del BEI, y por lo tanto de la UE. 

Cabe decir que México es el segundo receptor de préstamos del BEI en América Latina (tras Brasil), con un 6% de la inversión en el continente. La totalidad de los préstamos a México desde 1995 han ido a parar a grandes empresas de capital mayoritariamente europeo. 

En definitiva, aun cuando el BEI gestiona dinero público y se presenta generalmente como «el Banco de Desarrollo de la UE» (o incluso el Banco Mundial a la europea), en la práctica no podría estar más distanciado de los objetivos de lucha contra la pobreza y protección del medioambiente. Tal y como concluye el informe presentado a principios de año «aun cuando el BEI está obligado a apoyar la estrategia de desarrollo de la UE, en la práctica sus préstamos en África, América Latina y Asia en los últimos 10 años no lo han hecho. Muchos préstamos han sido destinados a proyectos de gran escala y no sostenibles en los sectores del petróleo, gas, minería, industria y represas- todos ellos sectores que si bien se pueden considerar como económicamente viables por el BEI, benefician sobre todo a filiales de empresas europeas y no a la población local ni al medioambiente». 

Iolanda Fresnillo, Observatorio de la Deuda en la Globalización