La era del neoliberalismo ha sido también una era de graves delitos económicos. Tanto los que tienen que ver con la relación Estado-capital, lo que constituye el terreno específico de la corrupción política, como los que afectan al uso abusivo de las regulaciones del mercado. Uno puede pensar que se trata de una relación espúrea. […]
La era del neoliberalismo ha sido también una era de graves delitos económicos. Tanto los que tienen que ver con la relación Estado-capital, lo que constituye el terreno específico de la corrupción política, como los que afectan al uso abusivo de las regulaciones del mercado. Uno puede pensar que se trata de una relación espúrea. Que no existe una relación directa entre el tipo de regulación económica y el delito económico. Que el delito forma parte de la naturaleza humana independientemente de las pautas institucionales.
Que los comportamientos egoístas forman parte de la vida social es difícil de discutir. Pero creo que también lo es que algún tipo de delitos tiene mayores posibilidades de proliferar en contextos concretos. Y la profusión de delitos en los últimos años obliga a plantearse en qué medida la regulación neoliberal está asociada a los mismos.
Me refiero claro está a las cuestiones que en los últimos meses han sido objeto de debate público. En el plano internacional el papel jugado por los grandes grupos financieros, su manipulación de los mercados, su papel en la creación de riesgo sistémico. Todo lo que se va conociendo de los manejos de Lehman Brothers, de Goldman Sachs (en Wall Street y en Grecia), lo que antes supimos de Madoff… indica que su actividad delictiva estuvo asociada a la cuanto menos laxitud de los mercados financieros. Que sus maniobras prosperaron a partir de reformas que ellos mismos se habían preocupado de promover por vías diversas: lobby, financiación a partidos, utilización de la doble puerta para altos cargos…
En el caso más español los Pretoria y Gurtel que hoy llenan páginas (fieles sucesores de los affaires Ollero, Naseiro, Filesa…) tienen que ver con otros aspectos del modelo predominante. Con la externalización de servicios y suministros públicos en aras al fortalecimiento del mercado competitivo. Al papel del desarrollo inmobiliario, que ha sido un elemento sustancial de la fase de crecimiento económico hoy finiquitada.
La sugerencia es que, puestos a pensar en verdaderas reformas estructurales que ayuden a cambiar el modelo económico y frenen la corrupción, ahí existe un campo verdaderamente prometedor: el del control del sistema financiero, el replanteamiento de la gestión pública, el cuestionamiento de los costes de la gestión privada de servicios públicos… Hay que atreverse e insistir. Aunque tendremos que arrostrar la acusación de que al plantear estas cuestiones hacemos ideología, como ya experimentó en carne propia la honrada interventora del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet al recibir entre otros insultos, al oponerse a los manejos de un corrupto alcalde y su socio, que estaba haciendo política.