Traducido del francés para Rebelión por Alfredo Iglesias Diéguez y Beatriz Morales Bastos
Los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Brasil no pudieron ocultar la grave crisis económica, ecológica, social, política e institucional que atraviesa el país. Siguiendo en la estela de las movilizaciones de 2013 afloraron fuertes críticas respeto a la organización de los Juegos: gastos excesivos en detrimento de servicios públicos y desplazamiento forzoso de miles de habitantes para facilitar las obras. No obstante, en lo esencial las movilizaciones se desarrollaron para frenar la ofensiva de la burguesía, la derecha y su gobierno interino después destituir a Dilma Rousseff y hacerse con el poder de forma ilegítima.
Para la derecha, silenciar los asuntos de corrupción
Cinco meses después del inicio del procedimiento de destitución de Dilma Rousseff una amplia mayoría de senadores lo aprobó el 31 de agosto. El clientelismo acabó convenciendo a algunos indecisos. Dilma Rousseff estaba acusada de transferir partidas presupuestarias sin el aval del Congreso, una práctica común en los gobiernos anteriores, en los ayuntamientos y en los gobiernos de los estados federados por lo que la acusación no fue sino un pretexto: apenas dos días después de la votación en el Senado el nuevo gobierno promulgó una ley que autoriza a realizar ese tipo de manipulaciones contables sin consultar al Congreso.
Con la ayuda del poder judicial y de los medios de comunicación, la oligarquía y la derecha querían detener la hemorragia provocada por la investigación «Lava jato» (Lavado express), una operación que sacó a la luz un gran escándalo de corrupción triangular orquestado entre el grupo público Petrobras, varias empresas constructoras y numerosos dirigentes políticos, tanto de derechas como de izquierdas. Se ha emprendido una carrera de fondo para impedir que las investigaciones anticorrupción lleguen a buen puerto. En estos momentos se está tramitando una ley escandalosa, hecha a medida, con el fin de justificar y normalizar las fuentes ilegales de ingresos. El organismo creado para investigar los casos de corrupción en el seno del gobierno se ha incorporado a un nuevo «ministerio de la Transparencia, Supervisión y Control». Por consiguiente, las investigaciones a los miembros del gobierno, ¡dependerá del gobierno!
Con la ayuda del poder judicial y de los medios de comunicación, la oligarquía y la derecha querían detener la hemorragia provocada por la investigación «Lava jato» (Lavado express), una operación que sacó a la luz un gran escándalo de corrupción triangular orquestado entre el grupo público Petrobras, varias empresas constructoras y numerosos dirigentes políticos, tanto de derechas como de izquierdas. Se ha emprendido una carrera de fondo para impedir que las investigaciones anticorrupción lleguen a buen puerto. En estos momentos se está tramitando una ley escandalosa, hecha a medida, con el fin de justificar y normalizar las fuentes ilegales de ingresos. El organismo creado para investigar los casos de corrupción en el seno del gobierno se ha incorporado a un nuevo «ministerio de la Transparencia, Supervisión y Control». Por consiguiente, las investigaciones a los miembros del gobierno, ¡dependerá del gobierno!
Un golpe de Estado institucional para incrementar la ofensiva neoliberal
El contexto está determinado por una profunda polarización de la lucha de clases y la fragilidad de la izquierda en el continente suramericano. La burguesía brasileña quiere retomar las riendas del poder y acabar con la gobernanza y las alianzas con del Partido dos Trabalhadores (PT) destituyendo a Dilma Rousseff e impidiendo a Lula presentarse de nuevo a la presidencia de la República. Quiere acelerar sus contrarreformas liberales y conservadoras. El proceso de destitución de Dilma Rousseff ha contado con el apoyo de la poderosa Iglesia Evangélica y del Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMBD), principal partido de oposición al PT.
Apenas reelegida Dilma y para revivir el sentimiento en su contra y contra el PT, la derecha organizó las protestas en la calle y los mítines a favor del proceso de destitución, antes incluso de que se iniciara este proceso. El presidente interino Michel Temer, líder del PMDB, no esperó al final del proceso para aplicar un programa neoliberal de urgencia. Inmediatamente recibió de la patronal una lista de «36 medidas imprescindibles» cuyo objetivo es vaciar las arcas de Estado y transferir su contenido a la oligarquía, destruyendo de paso los derechos sociales.
Los pilares del gobierno actual son la desregulación y la liberalización. El actual ministro de Finanzas, Henrique Meirelles (que fue presidente del Banco de Boston a finales de los noventa y después presidente del Banco Central de Brasil durante la época de Lula) defiende un proyecto de reforma constitucional denominado «Medida provisional». ¡El objetivo de esta medida es congelar los gastos federales durante 20 años! Hará oficial la reducción del presupuesto del Estado y, por tanto, del gasto público. El sistema de pensiones pagará los platos rotos: una medida prevé el retraso de la edad de jubilación a los 70 años con la intención de reducir en un 30% los gasto de este sector. Los presupuestos de salud y educación (unas inversiones que, sin embargo, están garantizadas constitucionalmente) también se verán reducidos con, entre otras cosas, un recorte del 45% de los gastos en educación universitaria y una revisión del Sistema Único de Salud (equivalente a la Seguridad Social). En contrapartida el gobierno aumenta los gastos militares, aeroportuarios y nucleares, organiza la privatización del sector petrolero, favorece las negociaciones entre asalariados y patrones, que tendrán más peso que en la legislación actual, y se liberalizará la subcontratación.
El tono conservador y represivo está servido. Se ha suprimido el ministerio de las Mujeres, de la Igualdad Racial, de los Derechos Humanos y de la Juventud, lo mismo que el ministerio del Desarrollo Agrario, que supuestamente iba a desarrollar la reforma agraria. El jefe de la policía militar de São Paulo, conocido por los medios violentos que emplea contra los movimientos sociales, ha sido nombrado ministro de Justicia y de la Ciudadanía. La represión campa a sus anchas con la complicidad del poder judicial.
La ofensiva también se desarrolla en el ámbito de la política exterior. Al tiempo que busca el reconocimiento internacional participando en el G20, Temer y su ministro de Asuntos Exteriores, José Serra, convierten a Venezuela en el objetivo principal de sus ataques. En efecto, se ha creado una crisis en el seno del Mercosur entre Brasil y Uruguay, quien ocupó la presidencia de turno de la institución hasta julio y debería haber sido sustituido por Venezuela. El canciller uruguayo acusa a Sierra de haber pretendido «comprar el voto de Uruguay» para impedir el acceso de Venezuela a la presidencia. En efecto, los gobiernos de derecha de Temer en Brasil, de Macri en Argentina y de Horacio Cartes en Paraguay presionan a los países miembros del Mercosur para que se revise el protocolo de adhesión en detrimento de Venezuela, una ofensiva internacional para desestabilizar un poco más al sucesor de Chávez. Por supuesto, todas estas estrategias se desarrollan en estrecha colaboración con los Estados Unidos.
Apenas reelegida Dilma y para revivir el sentimiento en su contra y contra el PT, la derecha organizó las protestas en la calle y los mítines a favor del proceso de destitución, antes incluso de que se iniciara este proceso. El presidente interino Michel Temer, líder del PMDB, no esperó al final del proceso para aplicar un programa neoliberal de urgencia. Inmediatamente recibió de la patronal una lista de «36 medidas imprescindibles» cuyo objetivo es vaciar las arcas de Estado y transferir su contenido a la oligarquía, destruyendo de paso los derechos sociales.
Los pilares del gobierno actual son la desregulación y la liberalización. El actual ministro de Finanzas, Henrique Meirelles (que fue presidente del Banco de Boston a finales de los noventa y después presidente del Banco Central de Brasil durante la época de Lula) defiende un proyecto de reforma constitucional denominado «Medida provisional». ¡El objetivo de esta medida es congelar los gastos federales durante 20 años! Hará oficial la reducción del presupuesto del Estado y, por tanto, del gasto público. El sistema de pensiones pagará los platos rotos: una medida prevé el retraso de la edad de jubilación a los 70 años con la intención de reducir en un 30% los gasto de este sector. Los presupuestos de salud y educación (unas inversiones que, sin embargo, están garantizadas constitucionalmente) también se verán reducidos con, entre otras cosas, un recorte del 45% de los gastos en educación universitaria y una revisión del Sistema Único de Salud (equivalente a la Seguridad Social). En contrapartida el gobierno aumenta los gastos militares, aeroportuarios y nucleares, organiza la privatización del sector petrolero, favorece las negociaciones entre asalariados y patrones, que tendrán más peso que en la legislación actual, y se liberalizará la subcontratación.
El tono conservador y represivo está servido. Se ha suprimido el ministerio de las Mujeres, de la Igualdad Racial, de los Derechos Humanos y de la Juventud, lo mismo que el ministerio del Desarrollo Agrario, que supuestamente iba a desarrollar la reforma agraria. El jefe de la policía militar de São Paulo, conocido por los medios violentos que emplea contra los movimientos sociales, ha sido nombrado ministro de Justicia y de la Ciudadanía. La represión campa a sus anchas con la complicidad del poder judicial.
La ofensiva también se desarrolla en el ámbito de la política exterior. Al tiempo que busca el reconocimiento internacional participando en el G20, Temer y su ministro de Asuntos Exteriores, José Serra, convierten a Venezuela en el objetivo principal de sus ataques. En efecto, se ha creado una crisis en el seno del Mercosur entre Brasil y Uruguay, quien ocupó la presidencia de turno de la institución hasta julio y debería haber sido sustituido por Venezuela. El canciller uruguayo acusa a Sierra de haber pretendido «comprar el voto de Uruguay» para impedir el acceso de Venezuela a la presidencia. En efecto, los gobiernos de derecha de Temer en Brasil, de Macri en Argentina y de Horacio Cartes en Paraguay presionan a los países miembros del Mercosur para que se revise el protocolo de adhesión en detrimento de Venezuela, una ofensiva internacional para desestabilizar un poco más al sucesor de Chávez. Por supuesto, todas estas estrategias se desarrollan en estrecha colaboración con los Estados Unidos.
Unas dificultades que vienen de lejos
Las clases dominantes brasileñas ya no admiten medidas de carácter social, quieren tomarse la revancha, como en el resto del continente. La práctica del golpe de Estado institucional parece ser la nueva estrategia de las oligarquías latinoamericanas. Después de Honduras y Paraguay le llegó el turno a Brasil.
No obstante, la crisis viene de lejos, ya que la insatisfacción de la población excede de largo los límites tradicionales de la derecha. La sociedad brasileña atraviesa una crisis global inédita desde el final de la dictadura. A pesar de las medidas sociales que se pusieron en marcha al inicio de la presidencia de Lula, como el aumento del salario mínimo y en menor medida la «Bolsa familia», la política petista del gobierno se adhirió rápidamente al extractivismo, a la aprobación de megaproyectos inútiles en el marco del programa de aceleración del desarrollo (PAC), al desarrollo de los agronegocios y a la liberalización de los transgénicos en perjuicio de la reforma agraria y la agricultura de los campesinos. Nunca se cuestionó el pago de intereses de la deuda externa.
En los últimos anos la presidenta Dilma Rousseff y su gobierno de coalición sacrificaron las inversiones sociales y públicas disminuyendo de paso la fiscalización de los más ricos. La flexibilidad y la precariedad laborales no han parado de aumentar. Durante los doce años de gobiernos del PT la mitad de los empleos existentes siguieron siendo informales y el 95% de los empleos creados lo fueron con un nivel salarial muy bajo. El PT está preso en una espiral de alianzas cada vez más abiertas a la derecha, que acepta en el gobierno a representantes del gran capital. Las ambiciones sociales e ideológicas expresadas en el momento de su fundación en 1980 desaparecieron a medida que aumentaban sus ambiciones electorales. A pesar del discurso petista de justicia social, la política llevada a cabo por el PT ha sido «un reformismo casi sin reformas», según expresión de Valério Arcary [1].
De este modo, Dilma es la víctima de esta situación. Su impopularidad aumentó a medida que aplicaba unas medidas antisociales, aprobadas por los aliados de la derecha que, a su vez, contribuyeron a empañar su reputación. Congelación salarial en los servicios públicos, suspensión de una gran cantidad de oposiciones públicas, recortes presupuestarios en los sectores sanitario y educativo, incremento de las privatizaciones, aumento de la subcontratación de los servicios públicos y adopción de una «ley antiterrorista» cuyo objetivo era criminalizar las luchas de resistencia.
No obstante, la crisis viene de lejos, ya que la insatisfacción de la población excede de largo los límites tradicionales de la derecha. La sociedad brasileña atraviesa una crisis global inédita desde el final de la dictadura. A pesar de las medidas sociales que se pusieron en marcha al inicio de la presidencia de Lula, como el aumento del salario mínimo y en menor medida la «Bolsa familia», la política petista del gobierno se adhirió rápidamente al extractivismo, a la aprobación de megaproyectos inútiles en el marco del programa de aceleración del desarrollo (PAC), al desarrollo de los agronegocios y a la liberalización de los transgénicos en perjuicio de la reforma agraria y la agricultura de los campesinos. Nunca se cuestionó el pago de intereses de la deuda externa.
En los últimos anos la presidenta Dilma Rousseff y su gobierno de coalición sacrificaron las inversiones sociales y públicas disminuyendo de paso la fiscalización de los más ricos. La flexibilidad y la precariedad laborales no han parado de aumentar. Durante los doce años de gobiernos del PT la mitad de los empleos existentes siguieron siendo informales y el 95% de los empleos creados lo fueron con un nivel salarial muy bajo. El PT está preso en una espiral de alianzas cada vez más abiertas a la derecha, que acepta en el gobierno a representantes del gran capital. Las ambiciones sociales e ideológicas expresadas en el momento de su fundación en 1980 desaparecieron a medida que aumentaban sus ambiciones electorales. A pesar del discurso petista de justicia social, la política llevada a cabo por el PT ha sido «un reformismo casi sin reformas», según expresión de Valério Arcary [1].
De este modo, Dilma es la víctima de esta situación. Su impopularidad aumentó a medida que aplicaba unas medidas antisociales, aprobadas por los aliados de la derecha que, a su vez, contribuyeron a empañar su reputación. Congelación salarial en los servicios públicos, suspensión de una gran cantidad de oposiciones públicas, recortes presupuestarios en los sectores sanitario y educativo, incremento de las privatizaciones, aumento de la subcontratación de los servicios públicos y adopción de una «ley antiterrorista» cuyo objetivo era criminalizar las luchas de resistencia.
Perspectivas de los movimientos
Los movimientos sociales, los sindicatos y todas las fuerzas progresistas de Brasil califican la destitución de Dilma Rousseff de golpe de Estado institucional. El regreso de la derecha al poder significa una gran regresión democrática, una ofensiva contra las conquistas sociales y una intensificación de la criminalización de la resistencia y de la movilización. Los movimientos populares reunidos en el Frente Brasil Popular, del Frente Pueblo sin Miedo y del Espacio Unidad de Acción se han movilizado contra el golpe de Estado. Las manifestaciones convocadas por estos frentes, en apoyo al PT o críticos con él, han ocupado las arterias de las grandes ciudades del país. En septiembre varios miles de personas salieron a las calles de São Paulo y de las principales ciudades del país bajo el lema «Fora Temer!» (¡Fuera Temer!) y reclamando elecciones anticipadas, «Diretas Já!» (Elecciones directas ya), retomando un lema empleado en los tiempos finales de la dictadura militar. Se han reprimido particularmente estas manifestaciones.
¿Estará a la altura de las circunstancias el equilibrio de fuerzas? ¿Se intensificará la solidaridad internacional siguiendo el ejemplo de la petición «Contra el golpe de Estado constitucional en Brasil» lanzada en apoyo de los movimientos sociales brasileños? Ha empezado la campaña municipal y la izquierda brasileña tiene que resituarse en el mismo espacio en el que en los últimos años eran habituales las alianzas entre el centro-derecha y la izquierda. Con el fin del gobierno del PT toca hacer balance. Debe surgir una nueva izquierda, radical y unida, que movilice masivamente, portadora de un proyecto rupturista, ecologista y feminista, defensora del derecho al trabajo, la agricultura campesina, que integre las reivindicaciones de los pueblos indígenas, de los negros y del movimiento LGTB. Es un reto vital para las fuerzas progresistas.
[1] Arcary,Valério, » Um reformismo quase sem reformas «, ed. Sundermann, São Paulo, 2014.
Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a las autoras, al traductor y a la traductora y Rebelión como fuente de la misma.