Traducción para Rebelión de Susana Merino
En The Economist es donde se encuentran expuestas con mayor radicalidad – y también talento – las tesis ultra liberales. Se sabe que este semanario británico tiene gran influencia en los decisores políticos y aún mucho más allá del mundo anglosajón: lo que preconiza se transforma a menudo en hoja de ruta de los gobiernos, de Europa en primer lugar. Es por tal motivo que se debe tomar muy en serio el título de su edición del 8 de febrero último (1) y el contenido del informe en que anuncia: «La batalla que está ante nosotros. Hacia una confrontación con los sindicatos del sector público».
La tesis de The Economist es de una simplicidad bíblica y puede resumirse en los tres puntos siguientes: a) todos los estados europeos se enfrentan a déficit públicos abisales. B) para reducir los gastos es necesario recortar los salarios y los sistemas de jubilación de los empleados c) con ese objeto los gobiernos encontrarán más fácilmente el apoyo de la opinión pública si alientan la denuncia de «privilegios» de los «ricos» del sector público (en especial referencia a la estabilidad del empleo) considerados como viviendo a expensas del conjunto de los contribuyentes
En ningún momento el informe manifiesta que los déficits público son en gran parte consecuencia de las colosales ayudas otorgadas por los Estados a los bancos y a otros responsables de la crisis actual. Ni que además esos déficit han sido consecuencia de los regalos fiscales realizados a los ricos. Tampoco señalan que a cambio de sus remuneraciones los empleados rinden servicios indispensables al buen funcionamiento de la sociedad. En especial los maestros, los más atacados en el informe Es preciso que alguno de los periodistas que escribiera este informe sea totalmente ignorante de las condiciones de trabajo en que se desempeñan para osar escribir que los «sesenta y cinco años debería ser la edad mínima de jubilación para aquellos que pasan sus vidas en las aulas»
The Economist se congratula porque varios gobiernos europeos – de los cuales ejercidos por los «socialistas» los de Grecia y España – hayan ya bajado los salarios de sus empleados y porque en toda al Unión europea se están realizando, o ya hayan sido realizadas, reformas, – – sería mejor llamarlas contrarreformas – en los sistemas de jubilaciones.
Los liberales son hostiles por principio a todos los empleados y a los demás asalariados del sector público porque privan al sector privado de nuevos espacios de renta; por otra parte también porque protegidos por su estatuto, pueden ser más combativos que sus camaradas dl sector privado, al punto de que a veces realizan huelgas «por procuración» para el conjunto de los asalariados. Esa es la solidaridad que los gobiernos quieren quebrar a toda costa con el objeto de reducir la capacidad de resistencia de los pueblos a las medidas de austeridad puestas en marcha en toda Europa. Los déficit públicos se convierten así en un inesperado pretexto para modificar las relaciones sociales de fuerza en detrimento del trabajo.
Defender los servicios públicos es defender el único patrimonio de que disponen las categorías más pobres. El desafío de la persecución a los empleados y a sus sindicatos a la que apela The Economist no es, o muy poco, financiero. Es político y civilizatorio
Nota: [1] » The battle ahead. Confronting the public-sector unions «