El diputado venezolano al Parlamento Latinoamericano (Parlatino) Carolus Wimmer considera que la última resolución del Parlamento Europeo (PE), donde se fija posición respecto a la posible retirada de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es una «burla y falta de respeto a la soberanía de Venezuela». El PE emitió este jueves una […]
El diputado venezolano al Parlamento Latinoamericano (Parlatino) Carolus Wimmer considera que la última resolución del Parlamento Europeo (PE), donde se fija posición respecto a la posible retirada de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es una «burla y falta de respeto a la soberanía de Venezuela».
El PE emitió este jueves una resolución en rechazo a la voluntad del Gobierno venezolano de retirarse de la CIDH, aprobada únicamente por el cinco por ciento de los parlamentarios que integran la Eurocámara.
La resolución pide a Caracas «reconsiderar» su plan de retirarse de la CIDH, alegando que dicha acción «podría» llevar al país al «aislamiento» y a un «mayor deterioro» de su «historial» en materia de derechos humanos.
Wimmer detalla que en el debate participaron apenas 58 de los 736 parlamentarios que conforman actualmente la Eurocámara (un 7,9 por ciento), de los cuales 37 votaron a favor (5 por ciento del pleno del PE), 17 en contra y cuatro se abstuvieron.
«Este grupúsculo de diputados -pues sería una mentira decir que fue el pleno de la Eurocámara- osó arremeter contra la soberanía venezolana, mintió sobre la situación de derechos humanos, juzgó de forma irresponsable la autonomía de poderes en Venezuela y mostró una vez más su doble moral política», aseveró.
En ese sentido, el diputado del Partido Comunista de Venezuela (PCV) enumeró una serie de aspectos que, a su juicio, deben tomarse en cuenta al momento de hablar sobre este caso particular.
En primer lugar, «la posible retirada de Venezuela de la CIDH no constituye un caso de violación de los derechos humanos».
En segunda instancia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; establecen que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural «.
En tercer lugar, la CIDH, si bien es un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), no todos los Estados miembros de la OEA han ratificado la Convención, por lo tanto, «no existe carácter de obligatoriedad para formar parte de ella».
Asimismo, la CIDH muestra una doble moral frente a Venezuela. «Habla de violaciones inexistentes de derechos humanos durante el Gobierno de Hugo Chávez, pero calló frente a hechos como el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra un presidente electo democráticamente, reconoció al Gobierno de facto y se abstuvo de condenar las muertes perpetradas».
Y en quinto lugar, frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante la presentación del Examen Periódico Universal, en marzo pasado, «quedó demostrado y reconocido, por el máximo organismo mundial, el compromiso de Venezuela en la protección y defensa de los Derechos Humanos».
Doble moral
Wimmer sostiene que no es la primera vez que una «minoría majunche» del PE pretende atentar contra la soberanía venezolana.
Recordó que en 2007, cuando el Estado venezolano no renovó la concesión del espectro radioeléctrico al canal de televisión privado Radio Caracas Televisión (RCTV), el PE también emitió una resolución en rechazo a dicha acción legal y soberana.
En esa ocasión, el documento fue aprobado por 43 de 65 diputados que asistieron a la sesión, de un total de 784 escaños, es decir, «el informe fue firmado por el 5,5 de los miembros del Parlamento».
Acotó que ese mismo Parlamento guardó silencio cuando, durante el golpe de estado de 2002, varios medios venezolanos, cuya licencia no había vencido, fueron cerrados arbitrariamente, sin previo aviso. «Algunos de sus periodistas fueron detenidos y se cercenó el derecho a la información de los venezolanos».
En ese orden de ideas, agregó que el PE condecoró, en abril de 2002, al líder del Movimiento Cristiano de Liberación Osvaldo Payá Sardiñas, con el Premio Sajarov por «su defensa de la democracia».
«Los diputados olvidaron que, el 12 de abril de 2002, Payá transmitió un comunicado apoyando el golpe de Estado que se acababa de producir Venezuela y dio su apoyo a los golpistas y a la disolución de todas las instituciones democráticas», subrayó.
Finalmente, Wimmer denuncia que todo se trata de una estrategia desestabilizadora, con clara intencionalidad política, coordinada junto a la derecha venezolana, para desprestigiar a las instituciones democráticas del país y la reputación del jefe de Estado.
«No podemos olvidar que estamos en la víspera de un proceso electoral y que todas las encuestadoras privadas dan amplia ventaja al presidente Hugo Chávez y su Revolución Bolivariana», puntualizó.