Traducido para Rebelión por Caty R.
Un pequeño club de sociedades jurídicas, árbitros y especuladores financieros internacionales alimenta un boom del arbitraje sobre las inversiones que cuesta miles de millones de dólares a los contribuyentes e impide legislar en interés público, según un nuevo informe de Transnational Institute y Corporate Europe Observatory.
«Profiting from injustice» (Los beneficiarios de la injusticia) saca a la luz una industria jurídica opaca pero floreciente que beneficia a las multinacionales en detrimento de los contribuyentes, del medio ambiente y de los derechos humanos. Las empresas jurídicas y los árbitros acumulan millones gracias a las disputas sobre las inversiones emprendidas contra los gobiernos defendiendo activamente la apertura de nuevos casos (1) y presionando contra cualquier reforma que se inicie a favor del interés público.
Según Cecilia Olivet, de Transnational Institute, una de las autoras del informe, «la independencia y la imparcialidad presuntas del arbitraje sobre las inversiones son completamente ilusorias. Los gobiernos tienen las manos atadas mientras las multinacionales se benefician de la imparcialidad intrínseca del sistema a favor del sector privado. Un puñado de firmas anima activamente a sus empresas clientes a demandar a los gobiernos; mientras tanto los principales expertos del arbitraje utilizan su influencia para preservar las reglas favorables a los inversores y mantener el flujo de procedimientos que genera millones de dólares.
El informe de 76 páginas explica que el arbitraje relativo a las inversiones, que originalmente se concibió para los casos de expropiación directa, ha estallado en los últimos años. Hay 450 casos conocidos en 2011 frente a 38 en 1996 (2). El montante de los gastos e indemnizaciones también se ha disparado, los gastos de justicia y arbitraje se elevan a una media de más de ocho millones por litigio, e incluso a más de 30 millones de dólares en algunos casos (3)
El sector está dominado por un pequeño número de gabinetes jurídicos occidentales (4) y árbitros de élite (5). Tres compañías, Freshfield (Reino Unido), White & Case (EE.UU.) y King Spalding (EE.UU.), se jactan de haber estado implicadas en 130 expedientes relativos a las disputas de inversiones solo en 2011 mientras 15 árbitros -la «mafia interna»- decidió el 55% de todas las controversias conocidas relativas a los contratos de inversiones.
Muchos árbitros actúan también como consejeros y trabajan al mismo tiempo como investigadores, consejeros gubernamentales, en los grupos de presión y como comentaristas de los medios de comunicación. Algunos tienen vínculos personales y comerciales sólidos con el mundo de los negocios. Esos vínculos les conceden una gran influencia sobre el sistema en cuya preservación tienen un interés directo (6).
El informe describe también un nuevo aspecto del sector del arbitraje relativo a las inversiones: el financiamiento por terceros. Cada vez más los fondos de inversión como Burford (Estados Unidos) y Juridicia (Reino Unido), especulan sobre los casos prestando dinero a las compañías para que estas persigan a los gobiernos y ganan entre el 20% y el 50% de la indemnización final decidida en el arbitraje (7).
Las controversias emblemáticas Estados-inversores incluyen al gigante del tabaco Philip Morris, que ha demandado a Uruguay y Australia por los avisos sanitarios publicados en los paquetes de cigarrillos; y la compañía sueca Vattenfall, que exige 3.700 millones de dólares a Alemania tras la decisión nacional de abandonar la energía nuclear.
Algunos gobiernos emprenden acciones contra el arbitraje relativo a las inversiones. Australia ya no autoriza disposiciones que prevean mecanismos de arbitraje Estado-inversor en sus acuerdos. Bolivia, Ecuador y Venezuela han puesto fin a varios contratos de inversión; y Sudáfrica acaba de anunciar que no entrará en ningún nuevo acuerdo y no renovará los antiguos.
Según Pia Eberhardt, de Corporate Europe Observatory, la otra autora del informe, «las actuaciones egoístas del sector del arbitraje relativo a las inversiones han desvelado las injusticias inherentes en el centro del régimen internacional de la inversión. Los gobiernos deberán rechazar la firma de contratos de inversión, excluir las cláusulas que permiten a las empresas demandar al Estado o, por lo menos, asegurarse de que las leyes de interés público como la protección del medio ambiente y de los derechos humanos no puedan impugnarse».
El informe completo (por ahora solo en inglés) se puede descargar aquí .
Notas:
(1) Recientemente, en plena crisis de la deuda griega, algunas sociedades jurídicas han presionado a las multinacionales para utilizar el arbitraje relativo a la inversión para defender sus beneficios. K&L Gates sugirió a sus clientes que utilizaran la amenaza del arbitraje como «moneda de cambio» en las negociaciones de la reestructuración de la deuda. Al mismo tiempo, durante la guerra civil de Libia las empresas, entre ellas Freshfields, aconsejaron a sus clientes sobre la manera de utilizar los contratos de inversiones para demandar al Estado libio. Ahora el nuevo gobierno corre el riesgo de tener que compensar a las multinacionales que apoyaron la dictadura (ver capítulo 3)
(2) A finales de 2011, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (CNUCED) contó 450 controversias Estados-inversores. En la medida en que la mayoría de los espacios de arbitraje entran en un dominio de confidencialidad, el número real probablemente es más alto. En 1996, solamente se registraron 38 controversias Estado-inversor en el Centro Internacional de Regulación de las Controversias de Inversión (CIRDI) del Banco Mundial, responsable principal de esos arbitrajes (ver capítulo 2)
(3) En 2009/2010, las compañías se implicaron en 151 casos en los que exigían más de 100 millones de dólares (estadounidenses) a los Estados. Un gobierno acaba de ser obligado a pagar 1.700 millones de dólares de compensación (ver capítulos 2 y 3).
(4) Las 20 firmas más importantes son: Freshfields Deringer Brukhaus (UK), White & Case (EE.UU.), King & Spalding (EE.UU.), Curtis Mallet-Prevost, Colt & Mosle (EE.UU.), Sidley Austin (EE.UU.), Arnold & Porter (EE.UU.) Crowell & Moring (EE.UU.) K & L Gates (EE.UU.), Shearman & Sterling (EE.UU.), DLA Piper (EE.UU.), Chadbourne & Parke (EE.UU.), Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (EE.UU.), Appleton & Associates (Canadá), Foley Hoag (EE.UU.), Latham & Watkins (EE.UU.), Hogan Lovells (EE.UU. / Reino Unido), Clyde & Co (UK), Norton Rose (Reino Unido), Salans (Francia) y Debevoise & Plimpton (EE.UU.) (ver capítulo 3).
(5) Los 15 árbitros de inversiones más importantes son: Brigitte Stern (Francia), Charles Brower (EE.UU.), Francisco Orrego Vicuña (Chile), Marc Lalonde (Canadá), L. Yves Fortier (Canadá), Gabrielle Kaufmann-Kohler (Suiza), Albert Jan van den Berg (Países Bajos), Bocksteigel Karl-Heinz (Alemania), Hanotiau Bernard (Bélgica), Jan Paulsson (Francia), Stephen M. Schwebel ( EE.UU.), Enrique Álvarez (Canadá), Emmanuel Gaillard (Francia), William W. Park (EE.UU.) y Daniel Price (EE.UU.) (ver capítulo 4).
(6) Daniel Price trabajó en un gobierno, como jurista en el mundo de las inversiones y como árbitro. Se ha beneficiado de los contratos de inversiones en cuyas negociaciones colaboró. Como Consejero General adjunto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para el Comercio, Price negoció las disposiciones relativas a las inversiones según el Tratado de Libre Cambio Estadounidense (ALENA) y el Acuerdo Bilateral de Inversiones Estados Unidos-Rusia. Cuando Rusia fue demandada por 103.000 millones de dólares, en el marco de la demanda más importante jamás conocida, los inversores le nombraron árbitro (ver capítulo 4).
(7) Los terceros financiadores principales en el sector del arbitraje son: Burford Capital (EE.UU.), Juridica Investment Ltd. (Reino Unido), Omni Bridgeway (Países Bajos), Fulbrook Management (EE.UU.) y Calunius Capital (Reino Unido) (ver capítulo 5).