Se cumple un mes del inicio del paro nacional de los trabajadores postales que enfrentan el proyecto privatista de Bolsonaro. Se realizaron actos en varias ciudades del país.
Este jueves se cumple un mes de paro de los trabajadores del correo a nivel nacional que se moviliza contra ataques a derechos y beneficios, un ajuste que implica hacer modificaciones contra los derechos adquiridos por los trabajadores en más de 70 puntos del convenio colectivo, y objetivo final es la privatización del servicio. La empresa estatal está en los planes neoliberales de Bolsonaro, el ministro de Economía, Guedes, y militares como Floriano Peixoto, actual presidente de Correios.
Este jueves se realizaron actos y manifestaciones en diferentes ciudades del país, para apoyar y demostrar la fuerza de los trabajadores.
A lo largo de este mes de huelga, los trabajadores fueron atacados por el Gobierno y los principales medios de comunicación que los apuntaban como “privilegiados”, deslegitimando la movilización de los trabajadores en un intento de poner a la población en contra del paro. Justifican la privatización como una forma de eliminar el gasto en los salarios de esta “mucha gente privilegiada”, alegando que trabajan poco y ganan mucho.
Los trabajadores postales tienen en promedio un salario de 1700 reales, no muy lejos del salario mínimo en el país que ronda los mil reales. Lo que no dicen ni Bolsonaro, ni los grandes medios es que los empleados que reciben super salarios y producen altos gastos para las arcas públicas son precisamente los de alto rango, como Floriano Peixoto, un general elegido por el presidente que está a cargo de Correos y recibe alrededor de 40.000 reales mensuales.
Los trabajadores postales son parte de los “esenciales” que, en medio de la pandemia de coronavirus que ya ha cobrado la vida de más de 130 mil personas en el país, siguieron trabajando sin interrupción, sin acceso a equipos de cuidado sanitarios de calidad, lo que hizo que más de 120 trabajadores hayan muertos por covid-19.
El plan de privatización, tanto para Correos como para tantas otras empresas estatales, se ha profundizado con más fuerza, gobierno tras gobierno. Vemos cómo la privatización es un pilar de los proyectos políticos del gobierno federal y también en los gobiernos de cada Estados, como vemos con las medidas tomadas por el gobernador de San Pablo, João Doria, que busca privatizar los servicios que atienden a toda la población en el área de vivienda, salud, educación, transporte.
Lo importante es asegurar que las grandes empresas sigan y aumenten sus ganancias, que la crisis económica no las afecte. El ministro de Comunicaciones del gobierno de Bolsonaro, Fábio Faria, ya ha declarado que hay 5 grandes empresas interesadas en comprar el Correo, incluida la multinacional Amazon, acusadas de prácticas antisindicales y sobreexplotación en los últimos meses.
Para mantener las ganancias de las empresas y los banqueros, incluso, los gobiernos no dudan en recortar derechos y salarios, atacar a la organización y la lucha de los trabajadores. A través de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley de Límite de Gasto continúan pagando fielmente la deuda pública fraudulenta, que es un verdadero botín y cada año dirige dinero público a los bolsillos de los banqueros.
No solo eso, sino que está en la agenda como prioridad, central tanto para Bolsonaro como para un sector del Congreso, es avanzar con el proceso de Reforma Administrativa que le daría al presidente el poder de extinguir cualquier organismo público por decreto.
En este momento, podemos ver cómo confluyen los diferentes sectores del régimen político. Si hay momentos en los que los medios de comunicación, el Poder Judicial y el Congreso critican al gobierno de Bolsonaro, cuando se trata de agredir a los trabajadores, alegando que son “privilegiados” y por lo tanto deben tener recortes de sueldos y derechos, todos se unifican. La Corte Suprema ha estado cooperando con este ataque a través de decisiones judiciales y negociando el convenio colectivo.
Precisamente por eso, la huelga de los carteros no solo es una importante movilización para frenar este ataque a los derechos laborales y la privatización de esta empresa estatal, sino que también es una demostración de cómo la población pobre y trabajadora se puede fortalecer y organizar contra todo este proyecto privatizador. y el trabajo y la vida precaria que nos quieren imponer Bolsonaro, los militares, los gobernadores, la Corte Suprema y el Congreso.
El próximo lunes 21, día de la audiencia de negociación colectiva, habrá un acto en Brasilia, con caravanas saliendo de varias ciudades, proyectos privatistas y de precariedad laboral, construyendo acciones y movilizaciones.