Zandro Souza, un inmigrante brasileño, demoró seis años en pasar de ser un lavador de platos que casi no hablaba inglés a chef exitoso en los restaurantes de lujo de esta exclusiva localidad de Massachussetts.En 2005, después de un largo recorrido burocrático, Souza y su esposa Fernanda estaban a punto de recibir la residencia permanente […]
Zandro Souza, un inmigrante brasileño, demoró seis años en pasar de ser un lavador de platos que casi no hablaba inglés a chef exitoso en los restaurantes de lujo de esta exclusiva localidad de Massachussetts.
En 2005, después de un largo recorrido burocrático, Souza y su esposa Fernanda estaban a punto de recibir la residencia permanente en Estados Unidos. Sin embargo, durante la entrevista final con las autoridades de inmigración, el esfuerzo de los Souza chocó contra una pared.
«No tengo problemas con aprobarlos a usted y a su esposa», recuerda Souza que le dijo el agente de inmigración. «Pero necesito más información sobre su hijo».
Igor, el hijo de 11 años de la pareja, es ciego y sufre retraso mental. Necesita incontables visitas médicas, carreras a las salas de urgencia y más de US$1.000 al mes en medicinas. Souza dice que ha pagado casi todas las cuentas médicas de Igor, que suman unos US$20.000 al año, de su bolsillo, sin recurrir al seguro médico o a programas sociales del gobierno. Recuerda que en la entrevista, el agente de inmigración le dijo que si él y su esposa fallecían, su hijo podría convertirse en una «carga pública».
Aunque la familia intentó demostrar lo contrario, el gobierno estadounidense le negó la residencia permanente a la pareja y a su hijo y abrió un proceso de deportación en su contra, citando otra razón para justificar su rechazo: que ingresaron con visa de turistas cuando tenían la intención de quedarse. «Si fuera por mí, tiraría la toalla» y regresaría a Brasil, dice Souza, de 30 años. «Pero quiero lo mejor para mi hijo».
El caso muestra cómo la compasión choca con consideraciones financieras cuando Estados Unidos decide qué inmigrantes deben ser admitidos y cuáles son deportados. Aceptar a personas productivas y autosuficientes ha sido, desde hace mucho, una meta de la política de inmigración de EE.UU. La ley de inmigración de 1891 permite la exclusión o deportación de cualquier individuo considerado una carga pública. Cuesta determinar con qué frecuencia la carga para el Estado es un factor de deportación, ya que el gobierno habitualmente alude a otros motivos para expulsar a alguien, como ingresar con una visa de turista con la intención de quedarse en forma permanente.
En 2005, 75.532 personas fueron deportadas por entrar sin documentos adecuados, fraude o falsificar una identidad. La carga pública fue la razón oficial en apenas 824 deportaciones de un total de 208.521 ese año.
Cuando los hijos de inmigrantes tienen necesidades especiales en los colegios, el debate se torna más complejo. Shawn Saucier, vocero de la Oficina de Servicios de Inmigración y Naturalización de EE.UU., dice que leyes de privacidad le impiden comentar sobre el caso de Souza. «Sin embargo, si estuviéramos hablando con una pareja, necesitamos estar seguros de que el niño no se convertirá en una carga pública», agrega.
Zandro y Fernanda se conocieron en 1990 cuando eran adolescentes en Cuparaque, una pequeña localidad del centro-este de Brasil. En 1994, Fernanda quedó embarazada y la pareja decidió contraer matrimonio. Igor nació el 1o de marzo de 1995. Cuando tenía siete meses, se le diagnosticó una toxoplasmosis congénita, un parásito presente en la carne cruda y la materia fecal de los gatos. La transmisión al feto puede causar severos problemas, como el retardo mental, ataques, ceguera e incluso la muerte. Los médicos creen que Fernanda fue infectada por los gatos que había en la casa de su madre y que trnasmitió la enfermedad a su hijo durante el embarazo.
Largas colas
Los Souza tenían acceso a atención médica gratuita a través de la amplia red de salud pública de Brasil, pero los congestionados hospitales y largas esperas eran difíciles de sortear. La familia no podía costear la salud privada con el sueldo de $300 al mes de Zandro. Para ir al médico, Fernanda tenía que levantarse a las cuatro de la madrugada, tomar dos buses y hacer cola sólo para obtener una cita para un mes después.
Entonces, vieron una salida en Martha’s Vineyard, donde los inmigrantes de habla portuguesa son la columna vertebral del turismo local. Souza llegó a EE.UU. en 2000 con una visa de seis meses. Se unió a su padre, quien había emigrado antes y trabajaba en un restaurante. A principios de 2001, Souza trajo a su esposa e hijo. Igor cursa hoy el quinto año de primaria en la escuela Oak Bluffs, donde recibe asistenta especial y terapia ocupacional y física. James Weiss, la superintendente escolar de Martha’s Vineyard, estima el costo de educar a Igor en más de US$40.000 anuales, frente a US$15.000 para un alumno «regular».
Consultas con un neurólogo cada cuatro o cinco meses le cuestan a la pareja unos US$350 de su propio bolsillo. Igor también necesita un dentista, nutricionista y pediatra especial. Cada tres o cuatro meses, Igor sufría un ataque y debía acudir a la sala de urgencias del hospital de Martha’s Vineyard, a un costo de entre US$1.500 a US$2.500 por visita. Souza dice que los gastos médicos de Igor en 2006 sumaron unos US$16.000. El inmigrante vive con su esposa e hijo en la casa de tres dormitorios de su padre. Souza gana entre US$5.000 y US$6.000 al mes, que se reducen un 27% por impuestos estatales y locales. También contribuye US$600 al mes a la hipoteca de sus padres.
En 2001, Souza intentó legalizar su estatus a través de la ley de inmigración conocida como Sección 245i. La ley le permite a los inmigrantes, bajo el patrocinio de un empleador, ajustar su estatus en EE.UU., incluso si permanecieron en el país luego de que expirara su visa o ingresaron ilegalmente. Souza asumió todos los gastos del proceso, unos US$10.000. En enero de 2006, inmigración le negó a toda la familia Souza la residencia permanente y ordenó que aparecieran en corte para su proceso de deportación. Mientras esperan aparecer en corte en febrero, Souza continúa pagando los gastos de salud de Igor.
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