En los últimos días, diversos sectores de la oposición venezolana han venido especulando mucho sobre la posibilidad de repetición de una explosión social, de la magnitud ocurrida en febrero de 1989. Cabe preguntarse ¿Qué de verdad tiene esté planteamiento? ¿Están planteadas las condiciones para tales protestas? ¿Es la misma circunstancia política y económica de entonces, […]
En los últimos días, diversos sectores de la oposición venezolana han venido especulando mucho sobre la posibilidad de repetición de una explosión social, de la magnitud ocurrida en febrero de 1989. Cabe preguntarse ¿Qué de verdad tiene esté planteamiento? ¿Están planteadas las condiciones para tales protestas? ¿Es la misma circunstancia política y económica de entonces, repetida en el hoy?.
Comenzamos por afirmar, que si bien al realizar un análisis comparativo, en término de formas de descontento y protestas, encontramos circunstancias similares, en cuanto a desánimo, incertidumbre ante el futuro inmediato, estas similitudes pierden alcance cuando analizamos las condiciones económicas bajo las cuales se presentó la protesta popular en febrero de 1989. Sostenemos, que es esté el elemento principal que permite indicar y señalar la diferencia entre 1989 y las actuales circunstancias del país entre 2015-2017.
Veamos en detalle a lo que nos referimos. Entre 1979 y 1989, el país entró en una década marcada por el deterioro social. En ese período el PIB cayó 35%, de hecho contrasta el promedio de 0,82% de crecimiento del PIB en el período 1981-1990, con el 2,02 de la década 1991-2000 . El ingreso real promedio de los venezolanos disminuyó un 59%, el número de hogares pobres se incrementó en un 156%, y el número de hogares en situación de pobreza crítica en un 337%. El ingreso real cayó en un 63%. El empleo informal había aumentado en más de 60%. Ese deterioro, era consecuencia de un conjunto de procesos y acciones. Principalmente (y por eso los intentos de establecer una analogía apretada con el hoy) debido a la disminución de los ingresos petroleros, la decisión de dedicar casi la mitad de los disminuidos ingresos petroleros al pago de la Deuda externa, la consecuente reducción del gasto público, en materias de salud y educación, así como de subsidios. La consecuencia: el incremento de las desigualdades y la exclusión y la acumulación de frustraciones, anhelos y desesperanza, sin opciones políticas claras, pues el sistema bipartidista, continuaba sumido en una lucha encarnizada, que no priorizaba la atención de la calidad de vida del venezolano.
Al leer lo que escribo, pudiera cualquiera decir que hay semejanzas preocupantes del ayer (1989) con el hoy (2015-2017). Mi respuesta diría que sí, pero no. Sí, en cuanto a la caída de los ingresos petroleros y el impacto que tiene sobre la actividad pública. Sí, en cuanto a la dependencia de calorías y proteínas provenientes de la importación alimentaria. No obstante, hay diferencias importantes en lo relativo al accionar de la gestión de gobierno. Hay sin duda una similitud, pues el precio del petróleo disminuyó, reduciendo la capacidad fiscal del Estado para realizar gestión pública, pero – y ahí radica la diferencia- en el hoy, la política del Estado ha insistido en la permanencia -con un gran esfuerzo fiscal- de las políticas sociales relativas al sector alimentario, salud, educación, trabajo, entre otros.
Hoy escuchamos a sectores provenientes del área industrial agroalimentaria hablar que nunca antes habíamos importado tanto, que en anteriores períodos la producción agrícola abastecía las necesidades internas. Habría que mostrarles la relación importación/exportación agrícola en el período 1990-1998. En 1990, se importó 756 millones US$ y se exportó 358. En 1991, la relación fue 1064/334 millones US$. En 1992, 1290/371 millones US$. En 1993, 1319/430. Y así se mantiene una tendencia hasta el día de hoy. Este dato, es significativo para demostrar que la crisis alimentaria del mercado interno venezolano, no es una acción asignada exclusivamente a las políticas económicas del proyecto Bolivariano (y esto no significa que neguemos los errores cometidos en su diseño), sino que se corresponde con el comportamiento rentista e improductivo de ese sector agrícola productor (así como el industrial).
La diferencia esencial y que explica la diferencia entre el climax de la protesta ayer y la posibilidad real que ocurra hoy, es el tema de la relación ingresos petroleros/pago de deuda/reservas internacionales. Ayer, entre 1986-1989, como hoy 2015-2017, tienen en común una abrupta caída de los precios del petróleo. La diferencia estriba en el monto destinado al pago de la Deuda, que en 1983-1989 llegó a representar casi el 50% de los ingresos, mientras que en el actual período 2013-2016 no llega al 20%. Esa diferencia, se manifiesta en el mantenimiento de políticas de gasto social en la actualidad y en la contención de un potencial foco conflictivo. En lo que respecta a las reservas internacionales, el punto de comparación es más extremo. Las reservas que en el año 1985 tuvieron un aproximado que rondaba los 13.000 millones US$, bajaron a 9.000 millones US$ en 1987, y a 6.500 millones US$ en 1989. Entre 2011-2015, las reservas internacionales no se han visto tan afectadas, a pesar de la creciente inversión social realizada por el Gobierno. En 2011, fue de 28.000 millones US$; en 2012 cerró casi en 29.000 millones US$, en 2013 se redujo a 21.000 US$, 2014 cerró en 22.077 millones US$ y en 2015, 16.358 millones US$.
Se puede decir, que en ambos momentos la movilidad social y la protesta es elevada, pero como bien lo hemos demostrado, la protesta social en el período 1989-1998 tuvo su expresión en el impacto social y económico que produjo la política de ajuste neoliberal (privatización, reducción del tamaño del Estado, aumento de servicios, eliminación o reducción de programas sociales, entre otros), acumulando frustración, rabia y marcó el despertar político de los sectores excluidos e invisibilizados, por esas políticas neoliberales. Hoy, esos sectores están siendo afectados, en conjunto con la clase media, por una sistemática política enmarcada en acciones de Guerra psicológica, que desaparecen productos, acapara, especula y produce presiones sociales, como bien lo ha demostrado el detallado trabajo de la economista Pascualina Curcio Curcio , buscando con ello impulsar un clima de protesta social que desestabilice al actual Gobierno de Nicolás Maduro. En este aspecto, y como último elemento de esta comparación, las protestas sociales y colectivas de 1989, no tuvieron una direccionalidad política, por parte de los actores opositores del momento (los partidos de izquierda desde el MAS, Causa R, PCV entre otros); al contrario de lo acontecido hoy (2014-2017), cuando los actores opositores se encuentran detrás de la protesta (en términos de organización y movilización).
Finalmente, nos lleva a concluir, que las condiciones de explosión social que nos permiten entender el estallido de febrero de 1989, tanto en términos económicos como sociales, están bastante distantes de lo ocurre hoy, incluso con el impacto que genera una inflación en el 2015 de 186%. A pesar, el mantenimiento de las políticas sociales, luce como un factor de contención, aunque sin duda, el tiempo social se le agota al Presidente Nicolás Maduro, sobre todo ante un colectivo-pueblo que exige acciones efectivas y concretas. Es un punto de no retorno para el proyecto bolivariano, formulado desde 1992. Se profundiza en la construcción de la idea del buen vivir o se fracasa en el intento, abriendo la puerta a una nueva oleada neoliberal, cuyo impacto es incalculable. Venimos sosteniendo que estamos en una circunstancia de empate catastrófico, que sólo puede ser roto mediante la acción colectiva y organizada, superando las trabas burocráticas y clientelares que nos amenazan y que se conjugan con las acciones desestabilizadoras, que adelantan actores radicales de la oposición. El qué hacer, estará marcado por la recuperación del impulso ético que caracterizó el proyecto bolivariano en su 1era etapa (1999-2006).
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