Juan Hernández Vigueras, miembro de Attac y de la Red de Justicia Fiscal (rama española de Tax Justice Network), lleva años estudiando los circuitos ocultos por los que se mueven los flujos de capitales y sus sorprendentemente sólidos engranajes con la economía oficial. Su último libro, La Europa opaca de las finanzas y sus paraísos […]
Juan Hernández Vigueras, miembro de Attac y de la Red de Justicia Fiscal (rama española de Tax Justice Network), lleva años estudiando los circuitos ocultos por los que se mueven los flujos de capitales y sus sorprendentemente sólidos engranajes con la economía oficial. Su último libro, La Europa opaca de las finanzas y sus paraísos fiscales offshore (Icaria, 2008), subraya la vulnerabilidad en la que se encuentran los países de la UE debido a la falta de control sobre estos movimientos de dinero y a la competencia fiscal entre los Estados.
La función de los paraísos fiscales parece haberse transformado en los últimos años: ya no se trata, o no sólo, de Arantxa Sánchez Vicario que traslada su domicilio a Andorra para evadir impuestos, sino de algo bastante más complejo. ¿Podrías explicarnos en qué consiste básicamente la oferta de estos lugares?
Los paraísos fiscales surgieron como una especie de caja B donde los ricos guardaban su dinero para no pagar impuestos en sus países de origen. Más tarde, sobre todo al llegar los años noventa, se consolidan como un sector de las finanzas globales, caracterizadas por el libre movimiento de capitales entre países. Hoy en día, la principal ventaja que ofrecen es la opacidad, el secretismo que permite a las grandes entidades financieras operar sin el control de bancos centrales u otras autoridades, con la ventaja adicional, por supuesto, de que los encadenamientos de operaciones resultan baratos gracias a las bajas tributaciones de estos lugares. De ahí que, frente a la designación clásica de «paraísos fiscales», que se refería a lugares que ofrecían ventajas fiscales a los residentes, los «centros financieros offshore» ofrecen beneficios a los no residentes, sean individuos ricos, grandes empresas o entidades bancarias.
En tus libros relacionas la transformación del papel de los centros offshore con el auge del neoliberalismo, ¿puedes explicarnos esta vinculación?
Las ideas neoliberales que se implantaron a partir de Reagan y Thatcher se basan, como es sabido, en la idea de un mercado capaz de autorregularse, en el que los fallos, cuando los hay, se corrigen solos y en donde, por tanto, el Estado no debe intervenir. Una ideología que se ha implantado a fondo en los mercados financieros mundiales. La primera fase de esta implantación consistió en desmantelar la intervención del Estado sobre la banca y en eliminar los controles estatales sobre los mercados de capitales, sin que fueran sustituidos en el plano internacional por ningún otro mecanismo de vigilancia y regulación. En estos momento, y a raíz de la actual crisis, en los círculos tecnocráticos de la UE se debate cómo establecer un supervisor a nivel europeo que controle tanto los productos financieros que llegan de fuera como las cuentas de los bancos. Porque el hecho es que no hay en la UE un comisario de asuntos financieros ni ningún organismo que tenga competencia sobre las bolsas o sobre los bancos; el mal llamado Banco Central Europeo es un simple banco emisor, que no tiene control sobre la banca de los distintos países. Y, como decía, es en este nuevo terreno marcado por la desregulación y la apertura de los mercados financieros donde los centros offshore adquieren una nueva dimensión.
Esta carencia de instituciones reguladoras en el plano europeo y la feroz competencia en materia fiscal entre los estados miembros de la UE son algunos de los temas en los que más haces hincapié en tu último libro.
El Tratado de Roma preveía que, en primer lugar, debían armonizarse las legislaciones fiscales de los países miembros y sólo después se establecería la libertad de movimientos de capitales en el seno de la UE. Sin embargo, se empezó estableciendo una libertad absoluta de movimiento para los capitales que, además, no se limitaba al marco de la antigua CE, sino que se ampliaba a todo el escenario internacional, prohibiendo a los estados miembros establecer restricciones a los flujos transnacionales de capitales, con lo que Europa se convirtió en un simple espacio financiero sin fronteras. Se eliminaron así las trabas a los movimientos de capitales entre la UE y Suiza, Lichtenstein, Jersey, las Islas Caimán o cualquier otro territorio considerado paraíso fiscal. Naturalmente, esta libertad de movimientos ejerce una gran presión sobre las políticas de los Estados que, a la hora de introducir reformas o modificaciones en sus sistemas tributarios para cubrir las necesidades ciudadanas, se encuentran con que tienen que mirar qué están haciendo los vecinos para evitar la huida de capitales. Es el argumento que se esgrime constantemente para explicar, por ejemplo, por qué el Estado español ha ido bajando la tributación del impuesto de sociedades. Naturalmente, la consecuencia es que cada vez se tributa más por impuestos indirectos al consumo, como el IVA, y por los salarios, mientras que la carga sobre los capitales es cada vez menor. Esta falta de armonización entre los distintos sistemas fiscales deja a los Estados miembros en una situación de gran vulnerabilidad, y es uno de los motivos por los que está resultando imposible dar una respuesta común europea a la crisis.
Al leer tu libro sorprende descubrir la debilidad de la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales en la UE. De hecho, una de las pocas medidas que se han tomado para evitar la evasión de impuestos ha sido la Directiva de 2003 sobre fiscalidad del ahorro particular que, según comentas, tiene innumerables agujeros. Quizá sea una pregunta ingenua, pero, si los fallos son tan obvios, ¿a qué se debe que se elabore una norma así?
En Suiza se conocía esta Directiva como «el tributo de los necios» ya que, al aplicarse sólo a cuentas bancarias de particulares, la solución es de cajón: se crea una sociedad a cuyo nombre se ponen las cuentas y listos. Una explicación bienintencionada del problema es que si estás regulando algo que crees que funcionaría mejor sin regular, es decir, si partes de la idea de que lo mejor para la economía es que el Estado no intervenga, pero te ves obligado por la presión social a establecer ciertas normas, sin duda terminarás introduciendo reglas de un valor puramente cosmético. Ten en cuenta que la directiva tardó catorce años en elaborarse y que, ya en sus primeras líneas, dice que su objetivo final es el de favorecer el movimiento de capitales. Así que yo creo que el fondo del problema es ideológico.
¿Qué papel han jugado los centros offshore en la actual crisis?
Los centros financieros offshore están ligados a un fenómeno, del que en España aún no se ha hablado mucho, que está en el origen de la actual crisis financiera y es una de las causas de que las ayudas públicas a los bancos no se estén traduciendo en crédito para los hogares y empresas. Me refiero al llamado «sistema bancario en la sombra», una suerte de banca paralela a la oficial que ha estado funcionando, y aún funciona, a través de las filiales y sociedades establecidas por las entidades bancarias en los paraísos fiscales. Estas filiales pueden realizar operaciones que no se reflejan en la contabilidad de la banca oficial y quedan, por tanto, al margen de todo control. La banca en la sombra es la que ha facilitado el crecimiento desmesurado del crédito, al permitir la venta de valores de cualquier tipo, muchas veces con poquísimas garantías, y financiada con un apalancamiento excesivo. Aunque el sistema ha empezado a desmantelarse con el estallido de la crisis, lo cierto es que sigue existiendo y generando, lógicamente, una gran desconfianza entre entidades, ya que las cuentas de los bancos no reflejan estas operaciones de gran magnitud. La banca está usando las ayudas estatales para reforzar y sanear esas cuentas ocultas, en lugar de introducirlas en la economía oficial dando créditos. Las grandes pérdidas recientes de la banca y algunas de las principales bancarrotas que hemos presenciado proceden de la incorporación a la contabilidad oficial de las pérdidas sufridas en este sistema en la sombra, una vez que ha comenzado a desmantelarse.
En general, el problema ha venido de un exceso de crédito, que no se debe sólo a los bajos tipos de interés: las llamadas burbujas en España, sobre todo la inmobiliaria, dependen siempre de un crédito excesivo. Naturalmente, no es que los paraísos fiscales hayan creado los mecanismos que permiten endeudarse en exceso, pero sí han apuntalado ese sistema bancario en la sombra que ha permitido diseminar el riesgo por todas partes, una función especialmente importante en el momento en que proliferan productos como las hipotecas con alto riesgo de impago que se firmaban en EEUU sin ninguna garantía (con el objetivo de ampliar el mercado, por supuesto, no con el de facilitar el acceso a la vivienda a las personas sin recursos). Y como el riesgo era excesivo, se utilizaba el mecanismo de la titulización, es decir, se convertían esas deudas en títulos negociables en los mercados financieros de todo el mundo. De ahí que esos productos hayan llegado a todas partes, provocando importantes bancarrotas. También a España, por supuesto.
En este sentido, ¿cuánto hay de cierto en esa especie de mantra que se repite una y otra vez acerca de la salud de los bancos españoles y la extraordinaria labor reguladora del banco central?
Pues la certidumbre que da lo que ha ocurrido hasta ahora; ni más, ni menos. Ten en cuenta que las competencias financieras de un Estado terminan donde terminan sus fronteras, mientras que el grueso de las operaciones financieras son transnacionales. Por eso el Banco Central de España puede haber acertado en algunas cosas, pero no puede conocer la envergadura de las operaciones que se han hecho con las filiales que tiene la banca española en Jersey, en las Caimán o en las Bermudas.
En artículos recientes has llamado la atención sobre el escándalo que supone el rescate con dinero de los contribuyentes de bancos con filiales offshore (y, si no me equivoco, todos las grandes entidades bancarias españolas las tienen).
Desde el momento en que el decreto por el que se han establecido las ayudas determina que no se hará público a qué entidades se están comprando activos, todo es posible. Yo tomé el ejemplo del Banco Sabadell porque en un periódico se mencionó que había acudido a la primera subasta, y con sólo echar un vistazo a su web se ve que tiene una red de filiales en distintos centros offshore que han emitido valores. La pregunta que yo planteo es si el gobierno español, a través del fondo de adquisición de activos, no habría comprado activos del Banco Sabadell emitidos en paraísos fiscales. Parece que la regla del juego consiste en «yo te ayudo y tú sigue funcionando como hasta ahora», de manera que se está ayudando con dinero público y el aval del Estado a bancos que están defraudando al Estado que los está rescatando. Desde luego, esta ha sido la manera de funcionar en todos los casos que he estudiado hasta el momento.
Fuente: http://www.ladinamo.org/ldnm/articulo.php?numero=30&id=786