Un pacto por el desarrollo que una a trabajadores y empresarios

Desde el año 2003 hasta mediados de 2013 se estableció un pacto por el desarrollo en Brasil que, a grosso modo, alió a los trabajadores y al sector productivo, promovió el crecimiento de la economía y del empleo a través de acciones como la revalorización del salario mínimo, el apoyo a la industria (por medio del BNDES, por encargos del gobierno o de las empresas estatales a empresas nacionales o gracias a las muchas medidas de desgravación fiscal que permitieron la contratación de trabajadores), y la intervención del Estado para fomentar el crecimiento económico y la distribución de la renta. El gran valor alcanzado por las commodities, como el mineral de hierro o la soja, en el mercado mundial de aquellos años dieron al gobierno brasileño los recursos necesarios para financiar la lucha contra las desigualdades sociales.

No obstante, el desarrollo basado principalmente en el consumo de masas y no en sólidas inversiones en el sector productivo, sobre todo en la industria, fue una base frágil. Además, ni el gobierno de Lula ni el de Dilma, tuvieron la fuerza y el apoyo político necesarios para modificar los dogmas neoliberales heredados de gestiones anteriores, sobre todo el famoso trípode: metas de inflación, superávit primario y cambio fluctuante, que tradicionalmente favorece la especulación financiera y perjudica a la industria.

Antes del primer gobierno de Dilma (2010-2014) se consiguió driblar la crisis; pero, en el momento en que la crisis de 2008 afectó a los principales mercados de las exportaciones brasileñas, bajando el precio de las commodities, esa fragilidad empezó a aflorar.

Una serie de errores, cometidos entre finales de 2014 y comienzos de 2015 con la intención de salvar la economía, entre los que destaca la designación de Joaquim Levy para el ministerio de Hacienda y la aprobación y puesta en marcha de las medidas provisionales 664 y 665, contribuyeron a que el gobierno cayese en un impasse político del que no consiguió salir. Por esa razón, ella y su gobierno perdieron el apoyo de gran parte de los sectores de la sociedad, desencadenando una situación que le impidió realizar acciones de gobierno. La relación entre las clases anteriormente aliadas a favor del desarrollismo, que se venía desgastando desde el año 2013, cambió rápidamente. Dilma, su gobierno y su base parlamentaria, no supieron articularse políticamente; en muchas ocasiones ni siquiera entre ellos mismos, faltando la coordinación entre el gobierno y los parlamentarios y líderes que conformaban su apoyo parlamentario. Su índice de aceptación se desmoronó hasta el momento en que tuvo lugar su impeachment, el 31 de agosto de 2016. Semejante situación allanó el camino a una alianza capitaneada por los sectores financieros y los medios de comunicación y con la participación del empresariado industrial y el apoyo de la alta clase media.
Crisis mundial, enfriamiento de la economía y cambio de la matriz económica hacia un perfil más liberal, fueron los ingredientes para la ruptura de la cooperación entre clases. Vimos adelgazar el mercado interno y aumentar paro y el empobrecimiento de la población.

Industria y especulación
Es cierto que a partir de la década de 1990 el llamado desarrollismo dio lugar al liberalismo económico. Entre 1947 y 1980 el PIB tuvo un crecimiento notable, con una media del 7% anual, siendo el motor de ese desarrollo al sector industrial; no obstante, ese proyecto industrializante entró en crisis en la década de 1980, cuando Brasil comenzó a vivir un período de semiestagnación;  pero de nuevo entre los años 2003 y 2013, Brasil volvió a vivir una especie de «nuevo desarrollismo», con la economía favorecida por el boom de las commodities en el mercado mundial, lo que permitió un modelo de crecimiento basado en el consumo popular.

A partir de 2013 esa bonanza perdió fuerza. En 2016, se calcula que cerca de un 7,6% del PIB del gasto se destinó al pago de intereses sobre la deuda transferidos para la rueda de la especulación financiera. Es un costo fiscal dramático que Brasil no puede suportar.

Un estudio divulgado por la Folha de São Paulo, en julio de 2017, mostró al público las ventajas de invertir en el sector financiero en detrimento del sector productivo: al fin, «los intereses pagados para financiar la deuda pública garantizan un retorno superior al que le pueden ofrecer a las empresas cualquier otra posibilidad de inversión».

El reflejo dramático de esta situación es e gigantesco desempleo y el círculo vicioso que causa: el paro y la depreciación de la renta del trabajador, que debilitan el mercado interno y llevan a la estagnación de las industrias. Debido a esa razón, cualquier inversión destinada a máquinas no genera un céntimo de lucro; aunque el empresario consiga vender sus máquinas, sus equipamientos y sus instalaciones, ese capital continúa parado, inutilizado, si no hay una fuerza de trabajo que lo ponga en marcha. Es una situación en que salen perdiendo tanto los trabajadores como los industriales… y el tamaño de las inversiones improductivas en Brasil es inmenso.

Compromiso por el desarrollo
Antes de que la situación política y económica de Brasil entrase en su fase más aguda, hubo algunos intentos de superación, como el acuerdo esbozado en el documento «Compromiso por el desarrollo», que en diciembre de 2015 subscribieran sindicatos y empresarios. El documento, firmado por más de 70 entidades de trabajadores, de empresarios y de la sociedad civil (entre las que se encontraban las centrales sindicales Força Sindical, CUT, CSB, CTB, NCST y UGT) y entregado a la presidenta Dilma Rousseff, proponía estímulos para la generación de empleo, oferta de crédito e inversiones para retomar la producción y el crecimiento económico; no obstante, debido al contexto de radicalización en que se acordó, no prosperó.

En 2017 se retomó el diálogo entre trabajadores y empresarios y el 22 de agosto, las centrales sindicales y las entidades empresariales, entre las que se encontraban la Fiesp, Abimac y  Fecomércio, se sentaron para discutir sobre la necesidad de establecer una hoja de ruta común que favorezca el desarrollo económico y la generación de empleo; el resultado de esas conversaciones fue un documento entregado al presidente Michel Temer y la publicación de un manifiesto firmado por diversas entidades sindicales de trabajadores y del sector empresarial en los principales periódicos del país.

Proyecto para el país
Por experiencia en la lucha opino que difícilmente puede prevalecer durante mucho tiempo un modelo que favorece al sector rentista en detrimento del sector productivo; eso ya se intentó antes, pero no prosperó debido a la enorme resistencia de industriales y trabajadores, aunque fuese por razones distintas.

Soy una de esas personas que están convencidas de que el actual reto pasa por la construcción de un gran pacto entre los diversos sectores de la sociedad: un pacto por el desarrollo que una a trabajadores, empresarios del sector productivo y burocracia pública, aparte, claro está, de las organizaciones sociales, los movimientos políticos y la sociedad civil en el sentido más amplio.

Nos compete a nosotros, ciudadanos, trabajadores, estudiantes, empresarios, y a todos los que desean y necesitan un país fuerte y dinámico, ponernos al frente del rumbo que está tomando nuestro país y asumir una actitud positiva ante el futuro.

João Carlos Gonçalves (Juruna) es secretario general de Força Sindical y vicepresidente del Sindicato de los Metalúrgicos de São Paulo.

Fuente: http://www.vermelho.org.br/noticia/306020-1

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar la autoría, al traductor y Rebelión como fuente de la traducción.