Uno de los principios sobre los que se debe basar la concesión de un indulto a una persona condenada por los tribunales es que su peligrosidad social sea nula o muy reducida. A nadie se le ocurriría indultar a una persona que ha sido condenada a prisión si entendiera que, una vez indultada, ese delincuente […]
Uno de los principios sobre los que se debe basar la concesión de un indulto a una persona condenada por los tribunales es que su peligrosidad social sea nula o muy reducida. A nadie se le ocurriría indultar a una persona que ha sido condenada a prisión si entendiera que, una vez indultada, ese delincuente pudiera suponer un riesgo para la sociedad. Esa es precisamente una de las esencias de penas privativas de libertad: aislarlo de la sociedad en tanto se produce su proceso de reinserción social.
En el caso del indulto a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander, ese principio se ha vulnerado de forma manifiesta convirtiendo en más vergonzosa aún la decisión del gobierno saliente. No se trata exclusivamente de una cuestión de justicia social, de ética pública, de expresión impúdica del poder económico. No. Se trata también de una cuestión de peligrosidad pública que nos afecta a todos directamente.
Porque es un peligro social que, especialmente en estos momentos, una persona como Alfredo Sáenz, con el poder que ostenta, y que es capaz de afirmar sin despeinarse que «hay que acabar con el Estado de Bienestar en Europa rápidamente«, «antes de quince años», ande suelto por las calles.
Si la persona que dirige la principal institución financiera del país, que ha sido un actor implicado directamente en la generación de esta crisis económica, que es uno de los máximos responsables de la asfixia crediticia que está ahogando, cuando no matando, a los pequeños y medianos empresarios de este país piensa que hay que acabar cuanto antes con el ya de por sí mermado Estado de Bienestar español es que esa persona es un peligro social que no puede quedar impune frente a las consecuencias de sus actos.
Si, además, eso lo pensaba hace seis años, en plena orgía especulativa inmobiliaria -de la que, por cierto, parecía que no estaba enterado porque, como se recoge en la noticia, llegó a afirmar ese día que «no veía ningún indicio» que pudiera evidenciar la existencia de una «burbuja inmobiliaria»-, ¿qué no estará pensando ahora que los beneficios de la entidad que dirige están cayendo? ¿Qué no pensará en estos momentos en los que se ha encontrado con gobiernos, el saliente y el entrante, dispuestos a sacrificar el bienestar de sus ciudadanos en los altares de una permanencia imposible en el euro? Un euro que, dicho sea de paso, fue creado para que instituciones como la suya ampliaran su escala de negocios y pudieran engordar sus cuentas de resultados a expensas de promover un endeudamiento masivo de la población y la especulación salvaje con un derecho social básico como la vivienda y no fue creado, como se esperaba, para equiparar al alza los niveles de bienestar de los ciudadanos europeos.
Insisto, una persona así no puede campar por sus anchas, presionando a gobiernos y desahuciando a familias, arruinando a empresarios y especulando contra su país. De una persona así, el banquero mejor pagado de España y el quinto del mundo, que percibe una remuneración anual de más de 9 millones de euros en un país en el que el 60% de la población gana menos de 1000 euros al mes; que dispone de un plan de pensiones de 86,6 millones de euros cuando la pensión media de jubilación que paga la Seguridad Social es de 969 euros; y que está protegido con seguros privados por valor de más de 11 millones de euros cuando a los desempleados de algunas comunidades autónomas de este país se les está retirando la tarjeta sanitaria y están teniendo que pagar las consultas médicas lo menos que podría esperarse es que tuviera la vergüenza suficiente para callarse sus opiniones mientras nos desvalija y el valor necesario para asumir las consecuencias de sus actos y no andar solicitando indultos a gobiernos del partido a los que ha condonado parte de sus deudas aunque solo fuera por parecer honrado.
En definitiva, de una persona así y del banco que dirige, el Estado debería protegernos en lugar de entregarnos a sus fauces y, mira por dónde, van y le abren la jaula.
Alberto Montero Soler ([email protected] ) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y presidente de la Fundación CEPS. Puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.
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