El futuro de las comunidades se verá sumamente amenazado si la propuesta de preservación de las áreas forestales de la SPVS -que cuenta con todo el apoyo del estado, principalmente del área ambiental y del área policial- continúa dominando en la región. Es absolutamente urgente que detengan el abuso y la persecución de las comunidades. […]
El futuro de las comunidades se verá sumamente amenazado si la propuesta de preservación de las áreas forestales de la SPVS -que cuenta con todo el apoyo del estado, principalmente del área ambiental y del área policial- continúa dominando en la región. Es absolutamente urgente que detengan el abuso y la persecución de las comunidades. Lo que ocurre en esa región, según el testimonio de los habitantes, son violaciones graves de los derechos humanos, incluso sociales, culturales y ambientales.
En 1999, unos años antes del lanzamiento del mecanismo REDD, ya había comenzado uno de los primeros proyectos de carbono en áreas forestales en el mundo. Se trata de un proyecto conjunto de la ONG brasileña SPVS (Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental) y de la ONG norteamericana TNC (The Nature Conservancy). El proyecto se lleva a cabo en el litoral del estado de Paraná, en la región Sur de Brasil, más específicamente en las localidades de Antonina y Guaraqueçaba.
Con fondos de tres empresas norteamericanas, General Motors, American Electric Power y Chevron, la SPVS adquirió una superficie total de 18.600 hectáreas. A través de actividades de preservación y restauración de áreas degradadas, la organización afirma que ya removió 860.000 toneladas de carbono de la atmósfera (1). De acuerdo con la lógica de los proyectos REDD, los créditos provenientes del carbono serían aprovechados por las empresas norteamericanas que financian a SPVS para compensar parte de sus emisiones de contaminantes. Sin embargo, no se encuentran muchas informaciones, ni en la página web de la SPVS ni en la página web de las empresas norteamericanas, sobre los valores transferidos por esas empresas a la SPVS. Las comunidades locales visitadas tampoco tienen información al respecto, lo que demuestra falta de información y de transparencia.
La página web de la SPVS (2) divulga que, según el Servicio Forestal Brasileño, el proyecto está en la categoría de «acciones de REDD que han generado buenos resultados». Sin embargo, el proyecto ha causado un impacto devastador sobre las comunidades locales residentes en los alrededores de las reservas de la SPVS.
Breve historial
Desde el proceso de colonización de la región, el litoral paranaense ha sido habitado por comunidades llamadas ‘caiçaras’ (3), comunidades indígenas y quilombolas. Las comunidades se dedican a la agricultura y a la extracción; conviven con el bosque donde producen sus alimentos de subsistencia, principalmente harina de mandioca, mediante el sistema de barbecho. De la Mata Atlántica extraen palmito para alimentarse, lianas para hacer artesanías y madera para construir casas, cercas y canoas para pescar. Practican la caza y la pesca para alimentar a sus familias.
Queda claro, por lo tanto, que esas comunidades dependen en gran medida del bosque con el que construyeron una convivencia armoniosa. Una prueba de ello es el hecho de que esa región es una de las más preservadas del bioma Mata Atlántica en Brasil, el más devastado del país.
Las comunidades nunca se preocuparon por registrar o cercar las tierras donde viven ya que solían considerar ese territorio como un área de uso común, de usufructo de todos y todas. Las tierras son, en su mayoría, devolutas y en ellas las familias siempre tuvieron sus pertenencias que pasaron de generación en generación. Trabajaban en el territorio, algunas veces de forma individual, por familia; y a veces colectivamente, en los cultivos itinerantes.
La llegada de los hacendados
Uno de los primeros grandes cambios que ocurrió en la región a partir de los años 1960 fue la llegada de madereras y, principalmente, de hacendados. Éstos comenzaron a registrar y a apropiarse de las tierras, en muchos casos mediante grilagem [escrituración y apropiación ilegal de tierras], una práctica común en las zonas rurales de Brasil. Como consecuencia, las familias de las comunidades fueron amenazadas y muchas de ellas expulsadas de sus tierras. Los hacendados usaban ‘jagunços’ e inclusive búfalos para invadir y apropiarse de las propiedades de los pequeños agricultores. Los hacendados de la región optaron por la cría de búfalo y no de ganado bovino por tratarse de un animal más rústico y, por lo tanto, más adecuado para convivir con el ambiente local en las zonas deforestadas, que generalmente se inundan y son de difícil acceso y locomoción.
La llegada de la SPVS: las promesas
A fines de los años 1990, la SPVS llegó a la región y comenzó a comprar grandes superficies a los hacendados. También logró comprar algunas tierras a los posseiros, principalmente a aquellos que se sentían más presionados por la acción de la ONG. Según los habitantes locales, en un comienzo, la SPVS dio empleo a 47 personas de la comunidad, pagando algo más de un salario mínimo. Tres de las funcionarias eran mujeres con salarios aún más bajos que los de los hombres. La SPVS prometió que los empleos durarían cerca de 40 años, el mismo tiempo de existencia previsto para el proyecto. La mayoría de los funcionarios fue empleada como guardia forestal. Además de empleo, la SPVS prometió que mejoraría los ingresos y la vida de las familias.
Los impactos del proyecto sobre la comunidad
Sin embargo, la llegada de la SPVS fue un verdadero golpe para las comunidades. Fue con la compra de tierras por parte de la SPVS que las comunidades de la zona y del entorno comenzaron a perder el acceso al bosque, abundante en la región, y a los ríos; o sea, que comenzaron a perder su libertad, su autonomía, su derecho a ir y venir y el derecho a su modo de vida. Perdieron inclusive el derecho a cortar árboles nativos de sus propiedades, como fue el caso de un habitante que había plantado para su sustento un área con palmito dulce, un árbol nativo. Hoy, ya no puede cortar más esos árboles aunque estén localizados en su propia tierra.
Para amedrentar a las comunidades, la SPVS comenzó, junto a la policía ambiental del estado de Paraná -llamada ‘Força Verde’-, a perseguir a las comunidades. Ese tipo de violencia sigue hasta ahora porque la ‘Força Verde’ invade inclusive las casas particulares sin tener la debida autorización para ello.
Un habitante de una de las comunidades cuenta que:
Querían que hubiera colaboración entre nosotros. Y nosotros aceptamos colaborar (…) pero de repente comenzaron a mandar guardias también. Pasaron más o menos unos tres días y empezaron a mandar a los guardias a mi casa. Entraban diciendo que había escondido cosas ahí, todo estaba mal y si la puerta estaba cerrada entraban igual. Golpeaban la puerta y decían que era por orden del juez; no les importaba nada, entraban de todas maneras. (…) la Força Verde entró varias veces, no una ni dos veces, muchas veces. (…) En nuestra casa, si había algún tipo de arma, la agarraban y se la llevaban (…) No podía tener ni un cuchillo que se lo llevaban, querían todo (…) No nos mostraban nada, sólo llegaban y se metían en la casa. En ese momento no estaba en casa cuando llegaron empuñando un revólver. Mi cuñado estaba acostado en la cama, la puerta estaba entreabierta así, mi padre estaba allá afuera. Ellos se metieron, empujaron la puerta, la golpearon hasta que se salió el pasador de la puerta. Mi cuñado estaba medio enfermo, con gripe y dolor de cabeza. Le mostraron el revólver y mi cuñado dijo: «¿qué pasa? estoy enfermo y ¿entran de esa forma?» (…) Y fue así como aparecieron varias veces en mi casa. ¿Y la colaboración? Así no sirve de nada la colaboración, es sólo para molestar. Entonces, no sirve, mejor suspenderla. Y ellos querían engañar a muchas personas de esa forma.
Otra habitante cuenta que el marido fue esposado en su casa por la Força Verde que alegó que ése era su «trabajo». En otra oportunidad, cuando cortó un árbol para fabricar una canoa fue recluido durante 11 días. Para salir tuvo que pagar fianza. Hoy viven con dificultades y miedo: si se quedan en casa no tienen medios para sustentarse, pero si el marido sale para conseguir trabajo fuera, la esposa y los hijos enfrentan una situación de miedo e inseguridad, lo que también muestra que los impactos de la persecución y del proyecto de la SPVS afectan a mujeres y familias como un todo.
Hoy, muchas familias viven traumatizadas y la situación es tan grave que muchas de ellas renunciaron a permanecer en el lugar donde han vivido desde hace varias generaciones. Familias que producían y vendían harina hoy tienen que comprar todo para comer, incluso la harina. En consecuencia, la calidad de su alimentación cambió y éste es uno de los motivos por los cuales su salud ya no es la misma, según el relato de habitantes. Hoy, parte de la población local tiene hipertensión arterial, estrés, entre otros problemas de salud. Además, como las comunidades disminuyen, la clase media de Curitiba ha comprado casas y terrenos para pasar sus fines de semana y feriados.
Las promesas de mejora de las condiciones de vida y de generación de ingresos dieron lugar a algunas iniciativas que luego mermaron con el correr de los años. Un grupo de mujeres se organizó con el propósito de generar ingresos a través del trabajo en corte y confección que funcionó durante un tiempo, pero hoy está todo parado, según declararon varias mujeres de las comunidades. Y la promesa de empleo de la SPVS tampoco se cumplió. Ex empleados de las comunidades cuentan que la gran mayoría fue despedida y quedan solamente 7 funcionarias. Solo un trabajo de producción de miel parece haber dado frutos, pero no involucra directamente a las comunidades más impactadas.
La lucha de las comunidades
Sin embargo, las comunidades procuran resistir a la presión de la SPVS cuyo único objetivo parece ser expulsarlas a todas. Hubo un grupo que se organizó de forma especial. Al comienzo de la década pasada, en una de las localidades del municipio de Antonina, un hacendado quería vender sus tierras a la SPVS, lo que hubiera llevado a la expulsión de todas las familias que vivían en ese lugar. Las comunidades se organizaron y con el apoyo del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) realizaron, en 2003, una ocupación. Actualmente hay 20 familias en ese lugar que luchan por la oficialización del campamento que lleva el nombre del ambientalista José Lutzenberger, para que sea un asentamiento de la reforma agraria.
Durante esta ardua lucha de la comunidad contra las presiones del hacendado, de la SPVS y de organismos ambientales, se denunciaron delitos ambientales cometidos por el hacendado, como el desvío de un río y el uso indiscriminado de agrotóxicos, sin ser oídos por los organismos ambientales. Se realizaron pequeños trabajos de reforestación y, a partir de la opción por la agroecología, se eligió la propuesta de trabajar colectivamente a través del sistema agroforestal para generar ingresos para las familias en el futuro. Además, cada una de las familias tendrá su parcela individual para su sustento básico.
El área del campamento limita con el área de la SPVS. Según los habitantes, las áreas forestales bajo control de las comunidades están en mejores condiciones si se comparan con las áreas de la SPVS.
El futuro
En las proximidades de una de las comunidades hay un centro de investigación, en medio del bosque, en el que la SPVS realiza estudios de las especies de la Mata Atlántica, según cuentan los habitantes. Con ese objetivo se asoció con el banco privado HSBC a través del programa HSBC Climate Partnership. Según la página web del HSBC se trata de un ‘programa ambiental innovador’ para ‘dar continuidad a la preservación del planeta’. (4)
Mientras tanto, el futuro de las comunidades se verá sumamente amenazado si la propuesta de preservación de las áreas forestales de la SPVS -que cuenta con todo el apoyo del estado, principalmente del área ambiental y del área policial- continúa dominando en la región. Es absolutamente urgente que detengan el abuso y la persecución de las comunidades. Lo que ocurre en esa región, según el testimonio de los habitantes, son violaciones graves de los derechos humanos, incluso sociales, culturales y ambientales.
Una habitante cuenta que:
Sí, nosotros siempre conservamos el bosque, sólo que a veces precisamos cortar algo también, a veces necesitamos construir una casa, precisamos madera. Pero no se puede, entonces es difícil (…) Antes lo hacíamos para plantar nuestros cultivos donde hoy no se puede más. Cuando la SPVS entró, se acabó todo. En el lugar donde mi padre vivía, hoy no puede más. Antes él tenía sus cultivos, plantaba mandioca, plantaba poroto, hoy no tienen más nada, se acabó todo. (…) Antes no compraba porotos, no compraba maíz, plantaba muchas verduras, talaba un poco y plantaba, él sacaba la mayoría de las cosas de la tierra. Y hoy no puede plantar, tiene que comprar todo. Arroz y porotos que él plantaba bastante, la mandioca (…) Antes no se veían enfermedades y hoy la mayoría vive enferma, muchos (…) Ellos hablaron, prometieron que iban a ayudar a mi padre pero hasta ahora no vimos ninguna ayuda, siempre fue para peor porque en este caso ellos dijeron que iban a ayudar y después vino la Força Verde y todavía querían llevarse preso a mi padre. Ésa es la ayuda de ellos…
Para luchar contra el calentamiento global es urgente también que las empresas norteamericanas involucradas en el proyecto de la SPVS comiencen inmediatamente a reducir sus emisiones de carbono, en vez de compensar emisiones a través de la compra de créditos de carbono provenientes de una área donde el pueblo es castigado por algo que debería ser motivo de respeto: su práctica de conservación del bosque.
Fuente: Boletin 169 del WRM –http://www.wrm.org.uy
Referencias:
(1) http://www.revistavisaoambiental.com.br/…
(3) Comunidades que surgieron del mestizaje genético y cultural entre los primeros colonizadores portugueses e indígenas que vivían en el litoral. Viven de forma aislada, practicando diferentes actividades para su supervivencia. (fonte: http://www.ilhabela.com.br/…)