La organización empresarial Council of the Americas-Americas Society, con sede en Nueva York, agrupa poderosos monopolios económicos como Barrick Gold (minera), Chevron (petrolera) y Monsanto (agroindustrial) y ha trabajado fuertemente en la conformaciòn del Tratado Transpacífico de Asociación Económica Estratégica
El inhóspito mundo de globalización en que vivimos ha impulsado una vertiginosa guerra económica, en la cual las naciones más poderosas tratan de controlar la mayoría de los mercados del orbe.
Y en esa escalada en la que algunas países parecen no tener reparo, aparece el llamado Tratado Transpacífico de Asociación Económica Estratégica (TPP por sus siglas en inglés) en el que Estados Unidos, se esfuerza para imponer sus directrices y condicionamientos.
Desde la entrada de Washington a las negociaciones en 2009 (el grupo surgió en 2006 con Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur), la táctica ha sido celebrar sesiones ultra secretas, aunque hace poco, organizaciones mediáticas como Wikileaks han logrado obtener información sobre los asuntos que se discuten.
Hasta ahora, los integrantes son Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile,
Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Japón, y la concepción final
es la completa liberalización de sus mercados (eliminación de aranceles, barreras comerciales y limitación de regulaciones estatales) para mayor beneficio de las compañías transnacionales.
La organización empresarial Council of the Americas-Americas Society, con sede en Nueva York, agrupa poderosos monopolios económicos como Barrick Gold (minera), Chevron (petrolera) y Monsanto (agroindustrial) y ha trabajado fuertemente en la conformaciòn del TPP.
Según se conoce, de los 30 capítulos que componen el proyecto, tres -de suma importancia y peligrosidad para la soberanía de los pueblos- han sido destapados por Wikileaks: medio ambiente, inversiones y la propiedad intelectual.
Sobre el medioambiente y las inversiones, los Estados no tendrán ningún derecho a
cuestionar el accionar de las empresas que se establezcan en sus territorios y se les brindarán facilidades para explotar la flora y la fauna.
Con esto, no podrán imponerles legislaciones estatales para el control de pesticidas, medidas de protección ecológica, seguridad alimentaria ni sanciones fiscales.
Esas disposiciones permitirían a las entidades privadas, tanto nacionales como extranjeras, demandar a los Estados ante tribunales internacionales por el entorpecimiento de sus negocios, supuestos daños a sus intereses por aplicar regulaciones o medidas de protección, y les permitiría recibir millonarias compensaciones de los gobiernos con el consecuente deterioro económico para los países.
Ejemplos sobre este injusto proceder sobran a lo largo de los últimos años, como ha sido el desastre ambiental, ecológico, económico y humano que provocó en la Amazonía ecuatoriana, la antigua compañía Texaco, adquirida por Chevron en 2001.
Después de derramar durante años de indiscriminada explotación, más de 64 340 000 litros de petróleo crudo, además de 68 130 000 litros de aguas de formación, (las que brotan de la tierra con petróleo, contaminadas con hidrocarburos tóxicos), la Chevron, con diferentes artimañas, se ha negado a pagar a los habitantes de esa zona ecuatoriana las indemnizaciones establecidas por varios tribunales.
Esa transnacional estadounidense ni siquiera evaluó el informe realizado en 2009 por la activista norteamericana Kerry Kennedy, quien tras investigar las zonas afectadas reveló: «Bajo el manto de nubes, la selva es una maraña de manchas negras de petróleo, fango purulento y tuberías oxidadas».
La contaminación afectó a la población, que ha presentado numerosos casos de malformaciones congénitas, cáncer y enfermedades en la piel.
Ahora la Chevron se agenció un juez en la ciudad de Nueva York que ha denegado su culpabilidad y por el momento la ha exonerado de pagar la indemnización solicitada.
Con la aprobación del TPP, las compañías podrán llevar los casos que estimen a tribunales internacionales, los cuales siempre están bajo el control de gobiernos capitalistas y de funcionarios afines con el consabido resultado de ganar cualquier pleito.
Mediante el acápite de la protección de la propiedad intelectual y la ampliación del plazo de vencimiento de patentes, los monopolios farmacéuticos podrán prohibir el acceso a los mercados de otros medicamentos y vacunas que ellos no produzcan.
Por tanto, los estados y las, poblaciones estarán invalidados para adquirir medicamentos genéricos de bajo costo y solo tendrán que comprar los fabricados por esos emporios al precio que decidan.
Con el control sobre la propiedad intelectual también se limitaría el acceso a libros, películas y música, sectores bajo registro de las naciones altamente desarrolladas. Con esas premisas se obliga a los países a reformar las leyes de Derecho de Autor.
En cuanto a internet, se censurarán sus contenidos, sin intervención de jueces que garanticen los derechos ciudadanos; se limitará la libertad de compra por medio ese sistema, se impedirá desbloquear los dispositivos tecnológicos, y se invalidará el acceso por motivos políticos.
En definitiva es una amplia guerra económica para que las naciones más desarrolladas como Estados Unidos o Japón, enfrenten con grandes ventajas economías emergentes como las agrupados en el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y en especial, contra el gigante asiático, que en los últimos años ha logrado un desarrollo relevante que podría poner en dificultad a la hegemonía unipolar estadounidense.
Pero al final, los más afectados serán los pueblos y los miles de millones de personas que no tienen propiedades, ni el poder adquisitivo de los grupos de ricos que dominan la economía mundial. Ante la grave amenaza, las naciones independientes y soberanas deben tener los ojos bien abiertos.
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