El gobierno de Estados Unidos contrató a una firma de Wall Street para manejar el plan de rescate del mercado financiero que costará 700.000 millones de dólares a los contribuyentes. Y el público desconoce cuánto cobrará por la tarea. Washington anunció el martes que había asignado al gigante financiero The Bank of New York Mellon […]
El gobierno de Estados Unidos contrató a una firma de Wall Street para manejar el plan de rescate del mercado financiero que costará 700.000 millones de dólares a los contribuyentes. Y el público desconoce cuánto cobrará por la tarea.
Washington anunció el martes que había asignado al gigante financiero The Bank of New York Mellon la misión de administrar del gasto, los créditos y la contabilidad del paquete aprobado por el Congreso legislativo el día 3.
El Departamento del Tesoro (Ministerio de Hacienda) informó sobre el contrato con The Bank of New York Mellon en su sitio web, pero omitió el monto que desembolsará el gobierno por el acuerdo.
Un portavoz de la cartera informó a la prensa que la suma se hará pública en cuestión de meses, luego de que se alcancen acuerdos con otras firmas financieras. El Departamento del Tesoro no respondió a las llamadas que se le efectuaron para tener más explicaciones.
«Resulta increíble que le demos 700.000 millones de dólares del dinero de los contribuyentes a un tercero para que lo maneje, pero no se nos dice cuánto recibirá éste a cambio», dijo a IPS el activista Craig Holman, de la organización Public Citizen. «Es inexcusable.»
Al mismo tiempo, el gobierno de George W. Bush eligió el mismo martes a The Bank of New York Mellon como una de las nueve firmas de Wall Street que se beneficiarán con parte 125.000 millones de dólares en fondos de emergencia.
La compañía neoyorquina informó que recibirá 3.000 millones de dólares del paquete de rescate en concepto de asistencia y que entregará al Estado, a cambio, acciones preferentes sin derecho a voto.
Las acciones del banco aumentaron 13 por ciento al cabo de la jornada bursátil del martes.
«Apoyamos los esfuerzos del (Departamento del) Tesoro. Es hora de poner a los mercados a trabajar de nuevo para los prestamistas e inversores», dijo el presidente y gerente general de The Bank of New York Mellon, Robert P. Kelly, en una declaración es rita.
Otras instituciones que recibirán asistencia son el Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Merrill Lynch, Morgan Stanley, State Street Bank y Wells Fargo. Las firmas más pequeñas tienen tiempo para solicitar ayuda al gobierno hasta el 14 de noviembre.
Una parte indeterminada de los 700.000 millones de dólares también será gastada para comprar los créditos hipotecarios «tóxicos» a firmas de Wall Street, algunas de las cuales son incobrables.
Diversas firmas financieras compraron y vendieron durante años estas hipotecas riesgosas y amasaron así ganancias rápidas en un clima de casi nula regulación.
En los últimos meses, millones de propietarios de viviendas las perdieron por su incapacidad de pagar las cuotas con elevados intereses, y se prevé que muchos otros seguirán el mismo destino.
Ahora que los bancos desconfían unos de otros, los créditos entre ellos y hacia grandes empresas se endentecieron casi hasta detenerse. El gobierno de Bush dijo que la economía nacional necesita inyectar los miles de millones de dólares en Wall Street y en el sistema bancario para impedir una recesión mundial.
«Nuestro liderazgo de mercado y nuestra experiencia nos da una clara comprensión de los desafíos que afronta el Tesoro en estos tiempos extraordinarios», dijo Kelly en otro comunicado, luego de obtener el contrato con el gobierno.
«Desplegaremos inmediatamente nuestros recursos y experiencia, uniéndonos al equipo de organizaciones públicas y privadas que trabajan duro para ganar la confianza de los contribuyentes estadounidenses y para atender los desafíos económicos del momento», agregó el banquero.
Holman advirtió que asignar el control del paquete oficial a una de las firmas que será beneficiada por éste deja dudas sobre la existencia de un conflicto de intereses.
«Habrá, inevitablemente, conflictos, y por eso el control del público y la transparencia son críticas», agregó el experto de Public Citizen, organización fundada por el defensor de los consumidores y ex candidato a la presidencia por el Partido Verde Ralph Nader.
«Esto no es transparente», consideró.
Las dos juntas a las que el Congreso legislativo asignó la supervisión del programa de 700.000 millones de dólares no fueron adecuadamente conformadas, según Holman.
«Una será nombrada por el secretario del Tesoro (ministro de hacienda) y el presidente de la Reserva Federal (que en Estados Unidos cumple las funciones de Banco Central), las mismas personas que nos metieron en este problema», explicó.
«A la otra la designará el Congreso. Necesitamos una tercera junta de supervisión, una que controle que todos los registros se hagan públicos», recomendó.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, legisladora del opositor Partido Demócrata y negociadora clave del paquete, se negó a contestar consultas sobre posibles acciones del Congreso para que se divulgue la comisión que cobrarán las firmas contratadas.
El Congreso está en receso hasta el 3 de enero próximo. Pero el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental realiza ocasionales audiencias para atender la crisis financiera, la próxima de las cuales está programada para noviembre.
The Bank of New York Mellon administrará más de 36 billones de dólares en bienes y deudas para instituciones y personas de gran solvencia y residentes en países de todo el mundo. Por el contrato, tendrá tareas similares a las que corresponden al gobierno estadounidense, según el Tesoro.
La firma manejará la contabilidad y también ayudará a «administrar el complejo portafolio de bienes problemáticos que el Departamento (del Tesoro) comprará», explicó el propio banco.
No queda claro si se recusará de tomar decisiones sobre la compra o manejo de sus propios «bienes problemáticos» en nombre de Washington.
The Bank of New York Mellon sufrió este año al menos dos fugas de datos, en una falla de seguridad que determinó la pérdida o robo de información sobre sus clientes.
En uno de esos incidentes, quedaron potencialmente expuestos los números de seguridad social de cuatro millones de personas, y, en otro, desaparecieron documentos de pago de 50 clientes institucionales.