Parece que Costa Rica no se quiere quedar detrás en los índices más peyorativos que presentan sus vecinos centroamericanos y en los últimos años la pobreza ha subido en espiral para alcanzar este año a otros 42 140 hogares y situarse en un 21,7 % de la población total. Otrora conocida como la más adelantada […]
Parece que Costa Rica no se quiere quedar detrás en los índices más peyorativos que presentan sus vecinos centroamericanos y en los últimos años la pobreza ha subido en espiral para alcanzar este año a otros 42 140 hogares y situarse en un 21,7 % de la población total.
Otrora conocida como la más adelantada y de mejor bienestar social de los países de Centro América (Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua su retroceso también es consecuencia de las políticas neoliberales acuñadas en las dos últimas décadas y que podrían agravarse si en definitiva se alcanza la firma del Acuerdos Centroamericano de Libre Comercio (ACLC) con Estados Unidos.
Uno de los aspectos más neurálgicos que ha influido en el panorama actual es la poca creación de nuevos puestos de trabajo que este año solo fue de un 0,6 % mientras que el promedio histórico era alrededor del 3 %.
A eso se suma que a esos empleos no pueden llegar las personas con bajo nivel pues casi todos fueron en las ramas tecnológicas, comerciales y de telecomunicaciones que no están al alcance de la mayoría de la población
Mientras los precios de los principales productos de la canasta básica, el transporte y la vivienda elevaron la inflación en un 12 %, el poder adquisitivo de los trabajadores y de los habitantes en general bajó un 6 % porque el salario no aumentó en el período.
El ministro de Economía, Gilberto Barrantes, justificó el incremento de la pobreza al alza de los precio internacionales del petróleo que han repercutido en la economía nacional y argumentó, pacientemente, que «al industrial y al agricultor no podemos pedirle que no suba sus productos y servicios ante el aumento de la factura petrolera».
La proliferación de la privatización de comercios y empresas ha dejado en manos de los dueños y de las compañías transnacionales la creación de nuevos empleos mientras las administraciones de los últimos gobiernos se han cruzado de brazos y no han intervenido directamente para mejorar la situación.
El escenario costarricense podría agravarse más con la entrada en vigor del ACLC, si la Asamblea Legislativa lo ratificara en los términos que ha sido elaborado y discutido por funcionarios de administraciones anteriores que también llevaron al país por la franca vía del neoliberalismo.
El resultado final sería que las empresas transnacionales, los consorcios y familias nacionales adineradas dirigirían la economía y hasta la política del país sin que a los futuros gobiernos les quede el más mínimo resquicio de independencia.
Como el ACLC establece enormes prebendas para la entrada del capital foráneo en las industrias, el comercio y los servicios de las naciones que lo adopten, la masa poblacional costarricense se perjudicará al tener que pagar servicios que aún recibe con alguna subvención del Estado como son la salud y la educación.
Las presiones norteamericanas determinaron que en el documento se ratifique que los países centroamericanos otorgarán a Estados Unidos acceso ilimitado al mercado de los servicios, ofreciendo nuevas entradas en sectores como telecomunicaciones, mensajería rápida, servicios de computación, turismo, energía, transporte, construcción e ingeniería, servicios financieros, seguros, entretenimientos y otros.
Además, prevé protecciones y trato no discriminatorio para productos digitales como software, música, texto y vídeos, a la par que fortalece las patentes estadounidenses, las marcas y los secretos comerciales.
Sin haber entrado en vigor el ACLC, que es la versión para Centroamérica del Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA), Costo Rica está sufriendo las presiones de la empresa Harkin Energy que hace algunos años realizó un contrato con el gobierno de turno para la prospección petrolera y al ser detenida sus labores por el alto costo que provocaba al medio ambiente, puso una demanda millonaria contra esta nación.
El presidente Abel Pacheco, rechazó la petición de 12 millones que pedía la compañía estadounidense y adujo que el litigio debía llevarse a cabo en los tribunales nacionales. La Harkin acudió a organismos jurídicos internacionales para exigir a Costa Rica por la exorbitante suma de 57 000 millones de dólares, argumentando que ese era el cálculo de las ganancias dejadas de recibir si se hubiera encontrado el crudo.
El litigio aun se mantiene pendiente pues el Centro Internacional para la Solución de Disputas de Inversiones del Banco Mundial comunicó a Costa Rica sobre la reclamación de la Harkin pero el gobierno puntualizó que su país no se sometería a un arbitraje internacional.
Si el ACLC entrara en vigor, la empresa petrolera texana, muy ligada a la familia del presidente estadounidense George Bush, podría llegar a obtener la abultada cifra que es 3,6 veces el Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica.
El otro mal que aqueja a la sociedad costarricense es la corrupción político empresarial que llevó a dos ex presidentes a ser detenidos, Miguel Angel Rodríguez y Rafael Angel Calderón, mientras un tercero, José María Figueres es investigado por otra oscura transacción.
A Rodríguez la fiscalía lo acusa de delitos de corrupción, cohecho y enriquecimiento ilícito al recibir pagos de la empresa de telecomunicaciones francesa Alcatel para obtener contratos en el país, mientras a Calderón se le acusa de haber aceptado comisiones ilegales durante una compra de equipos médicos que hizo el gobierno a Finlandia.
Figueres aceptó también la entrega de 900 000 dólares de la Alcatel y argumenta que la transacción fue legal en compensación por sus servicios de asesoría a esa empresa.
Innegablemente que son graves y variados los problemas que padece la sociedad costarricense que se han acelerados en las dos últimas décadas de iniciarse un abrazo mortal con el neoliberalismo.