La agrupación de interés económico Geslive, una suerte de SGAE para los derechos de la propiedad industrial e intelectural en el mundo agrícola, está exigiendo a labradores de la Vega Baja hasta 34.000 euros en concepto de patentes de sus mandarinos, plantados antes o después del año 2006, fecha en la que esta compañía registró […]
La agrupación de interés económico Geslive, una suerte de SGAE para los derechos de la propiedad industrial e intelectural en el mundo agrícola, está exigiendo a labradores de la Vega Baja hasta 34.000 euros en concepto de patentes de sus mandarinos, plantados antes o después del año 2006, fecha en la que esta compañía registró oficialmente el plantón de cítricos ‘Nadorcott’ (antigua afourer). Sindicatos agrícolas alicantinos, como La Unió, ya se ha movilizado y prepara las primeras acciones judiciales ante las salas de lo Civil y lo Mercantil al considerar un «abuso» estas reclamaciones.
El responsable sindical de La Unió en la Vega Baja, José Manuel Pamies, y el técnico de esta organización, Joanma Mesado, que ya tramita decenas de casos en la huerta citrícola de Valencia, confirmaron ayer a este diario que están multiplicándose en las últimas semanas las reclamaciones de grandes cantidades de dinero a agricultores por tres motivos diversos. Bien porque tengan la variedad de mandarino sin la teórica licencia de patente plantada antes del año 2006 y sin regularizar; bien porque plantaron estos cultivos de satsuma después del año 2006, cuando Gesliva ya tenía el registro de la propiedad industrial; o bien porque han injertado nuevas plantaciones de esta variedad con árboles de cultivos plantados antes del año 2006.
En esta última tesitura se halla un agricultor de La Murada con plantaciones en esta pedanía oriolana y en la murciana de Abanilla. Según explica Pamies, a este agricultor le obliga esa especie de SGAE agrícola a abonar 34.050,40 euros, a razón de veinte euros por planta. De esos veinte euros, ocho corresponden a una especie de royaltie por el uso de la patante del mandarino en cuestión (en total se le reclaman 11.776 euros) y otros doce euros tienen que ver con una especie de sanción (17.664 euros). «A este agricultor, que está ahora muy agobiado, le han notificado que si no paga los 34.000 euros antes de diez días, se tomarán medidas judiciales contra él e incluso se le podrá obligar a talar toda la plantación de cítricos», explica el coordinador sindical de La Unió en la Vega Baja. Royalty e indemnización
También de «abusos y preocupación» habla el técnico de la organización agrícola Joanma Mesado, para quien tampoco tiene razón de ser que las reclamaciones las haga un denominado Club de Variedades Vegetales, con sede en Valencia. Cree que los agricultores afectados (están llamando cada vez más al sindicato desde todas las comarcas alicantinas, especialmente de la Vega Baja y las Marinas) están en su derecho de recurrir en los juzgados al menos los 12 euros por planta de teórica «sanción o indemnización». «Es razonable que si se regulariza el cultivo se paguen los 8 euros de royaltie, pero no la sanción», abunda Mesado. La variedad citrícola ‘Nadorcott’ tiene la virtualidad de ser cosechada en óptimas condiciones de maduración entre febrero y marzo, lo que convierte al fruto en muy competitivo en los mercados tanto interiores como exteriores.
En los tres últimos lustros, coincidiendo con la crisis de precios de los limones al desbocarse las importaciones de terceros países, se cuentan por decenas las plantaciones de cierto calado de limoneros que han sido arrancados y sustituidos con el mandarino de marras. En la carta que está enviando la Agrupación de Obtentores de Variedades Vegetales, con membrete de Geslive, y firmado por el abogado J. Enrique Ayllón Villar, el pasado día 23 le comunican a uno de esos agricultores afectados de Orihuela que «como usted sabe, Gestión de Licencias Vegetales, AIE, es una agrupación de obtentores de variedades vegetales dedicada, sin ánimo de lucro propio, a la gestión, protección y defensa de los derechos de propiedad». El director de Geslive, Antonio Villarroel, aclara que esta compañía gestiona los derechos de propiedad industrial y que la estrategia de inspección y control de posibles ilegales es competencia del Club de Variedades Vegetales Protegidas, que concentra el 80% de producción de mandarinos en España.
http://www.laverdad.es/murcia/v/20101130/economia/empresa-exige-labradores-vega-20101130.html