Está visto y comprobado: los banqueros de este país no se hacen fotografías gratis. La que se hicieron con Rodríguez Zapatero en la reunión de hace unos días en La Moncloa ya tiene precio: un fondo anticrisis de 30 mil millones de euros ampliables hasta 50 mil (entre el 3% y el 5% del PIB) […]
Está visto y comprobado: los banqueros de este país no se hacen fotografías gratis. La que se hicieron con Rodríguez Zapatero en la reunión de hace unos días en La Moncloa ya tiene precio: un fondo anticrisis de 30 mil millones de euros ampliables hasta 50 mil (entre el 3% y el 5% del PIB) para, en palabras del propio presidente del Gobierno, «el sistema financiero más sólido del mundo».
Lo preocupante es que una vez más, como ocurrió con el pueril episodio de negación de una crisis que hasta el menos pintado veía venir en lontananza, parece que la retórica gubernamental casa mal con la realidad en la que vivimos o con las medidas de política económica que instrumenta este gobierno.
A saber, de entrada no puede entenderse de ninguna forma que el presidente saque pecho ante la comunidad financiera estadounidense vanagloriándose de la fortaleza del sistema financiero español e, inmediatamente después, comience a instrumentar medidas para «prevenir» problemas futuros, como ha sido la elevación del límite de cobertura de los depósitos bancarios. O el sistema no es tan sólido como lo describe o se están lanzando mensajes contradictorios que, evidentemente, más que confianza generan incertidumbre entre los agentes del mercado.
Por otra parte, esa medida supone un coste para las instituciones bancarias que, evidentemente, no iban a dejar de compensar por otra vía. Y, así, a renglón seguido se anunciaba la creación de un fondo para inyectar liquidez en el sistema bancario.
Una decisión que curiosamente contrasta con lo que manifestaban ayer mismo, 9 de octubre, en Londres tres de los banqueros presentes en la reunión con Zapatero acerca de su posición de liquidez. Así, el consejero delegado del Banco Popular afirmaba que «afronta con tranquilidad» la crisis nacional e internacional gracias a su elevada solvencia y liquidez que le permitiría absorber todos los vencimientos de sus emisiones de deuda hasta finales de 2009. Por su parte, el director financiero del Santander, tampoco debe tener muchos problemas de liquidez cuando está interesado en «rescatar bancos en dificultades a precios atractivos». Mientras que, finalmente, el consejero delegado del BBVA afirmaba que su banco «está bien cubierto contra cualquier potencial empeoramiento del entorno».
Ante tales declaraciones a uno sólo le cabe preguntarse: si ninguno de los tres principales bancos del país parece tener problemas a cuento de qué viene crear ese fondo para inyectar liquidez en el sistema crediticio. Alguien está engañando a alguien.
Pero es que, además, visto lo que hasta ahora se conoce del referido fondo mucho puede temerse que su incidencia sobre el objetivo deseado, activar la financiación para consumidores y empresas, sea nula.
En efecto, en principio el fondo se crea para que, a través del Tesoro Público, se compren temporalmente -entre tres y cinco años- activos hipotecarios de primera calidad del balance de las entidades financieras privadas españolas y éstas canalicen esa liquidez, en forma de préstamos y créditos, hacia los hogares y las empresas. Para financiar el fondo se procederá a la emisión de deuda pública que se amortizará una vez se produzca la devolución de los créditos por parte de las instituciones financieras y éstas recuperen sus activos. El precio del crédito debiera ser suficiente, en consecuencia, para compensar el tipo de interés que el Estado deberá pagar por la deuda pública emitida a tal efecto más un diferencial.
A poco que uno piense sobre ello, las dudas sobre la utilidad del fondo para reactivar la financiación de la actividad productiva y el consumo saltan a la vista y lo muestran como un burdo remedo del plan de Paulson en los Estados Unidos.
Así, de entrada, hasta el propio presidente del Instituto de Crédito Oficial ha admitido que será muy difícil controlar el destino del dinero del plan o, dicho en roman paladino, que lo que se está haciendo es entregar un cheque en blanco al sistema financiero para que haga con ese dinero lo que le venga en gana, incluido, evidentemente, atender los vencimientos de deuda que tengan próximos en el tiempo o sanear sus balances.
Si lo que se deseaba era hacer llegar ese dinero a consumidores y empresas lo que debía hacerse era buscar mecanismos alternativos que permitieran un mayor control sobre el destino del crédito por parte del prestatario y no canalizarlo a través de intermediarios financieros que presentan incentivos más que sobrados para desviarlo hacia otros destinos, en concreto, ellos mismos y sus problemas de liquidez o solvencia corto y medio plazo.
Por otra parte, la efectividad de la medida va a depender en gran medida del tipo de interés al que se concedan los créditos por parte del Tesoro Público. Téngase en cuenta que lo que se está planteando es que las entidades financieras se financien a medio plazo para inyectar liquidez a corto plazo, es decir, justamente la lógica contraria a la que responde tradicionalmente el negocio bancario. A tal efecto, deberán vender los activos titulizados de su balance al Estado, aquellos que le permitían acudir al Banco Central Europeo a la búsqueda de financiación a corto plazo, y quedarse con títulos menos seguros y de mayor riesgo.
Las consecuencias son claras. En primer lugar, las entidades financieras verán empeorada la composición de sus balances con lo que, para atender un problema de liquidez -que, al parecer y para algunos, no existe-, verían agravados sus problemas de solvencia.
Pero, además, esas entidades verán reducidas sus posibilidades de acudir a la financiación del Banco Central Europeo, al desaparecer de sus balances esos activos que eran aceptados por el instituto emisor como colaterales para tal fin, en un momento en el que este acaba de abrir el chorro de la financiación (ayer anunciaba que pondrá a disposición de los bancos toda la liquidez que estos necesiten a un tipo de interés fijo del 3,75%). Esto significa, por tanto, que el tipo de interés susceptible de aplicarse a las operaciones del Tesoro no podrá superar al del Banco Central Europeo y que, por lo tanto, las entidades financieras no tendrán ningún incentivo para acudir a esa fuente de financiación que, por otra parte, reduce la flexibilidad de sus balances.
Por último, también resulta sorprendente que el gobierno haya asumido el papel de prestamista en última instancia que corresponde, en nuestro caso, al Banco Central Europeo. Éste, con la decisión de atender todas las peticiones de crédito a un tipo de interés fijo, ya ha actuado conforme manda la ortodoxia más estricta al respecto desde los tiempos de Bagehot y su Lombard Street. Sin embargo, el gobierno español ha anunciado un plan que escapa a las atribuciones tradicionales del Tesoro Público y que, como se ha expuesto, no sólo contraviene toda la lógica del negocio bancario (recibir financiación a largo plazo para inyectar liquidez a corto plazo) sino también las reglas básicas de funcionamiento de la banca central cuando ésta debe actuar como prestamista de última instancia.
En conclusión, nos encontramos con un caso más de medida precipitada contra una crisis no reconocida ni por los bancos ni por el gobierno pero que, por si acaso, se instrumenta para dar apariencia de acción. Eso sí, como siempre, la banca gana. Nunca una foto les resultó tan rentable.
Alberto Montero ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Puedes ver otros textos suyos en su blog La Otra Economía.