El ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva obtuvo una victoria en el Supremo Tribunal Federal (STF) que allana el camino, aún lejano, hacia su candidatura presidencial en 2022, temida por el poder económico, Jair Bolsonaro quien ya está en campaña para su reelección y el ex juez y ex ministro de Justicia Sergio Moro, otro aspirante desde la derecha.
El mantenimiento de la prisión política de Lula es la línea roja, el límite insuperable para el régimen, porque el riesgo es que sin trabas judiciales, bien puede ganar las elecciones de 2022, interrumpiendo un ciclo militar que pretende ser más longevo que la dictadura anterior, restaurando la democracia y la reconstrucción política, económica, social y cultural de un Brasil en plena crisis económica, sanitaria y social.
Si la causa siguiera adelante en el STF, Lula se libraría de las condenas ilegales y sus demandas volverían a la etapa de investigación en el primer nivel judicial. Luego recuperaría los derechos políticos revocados por la justicia que fue corrompida por la operación Lava Jato para hacer posible la elección de Bolsonaro en 2018.
Lula no disfruta de todos sus derechos civiles y políticos, vive una falsa libertad, sigue siendo un prisionero político del ejército de ocupación extranjero de Brasil, Estados Unidos, y es un rehén en manos de la oligarquía que se rindió, señala el analista Jeferson Miola, quien insiste en que la lucha por la liberación de Lula vale la pena, porque es la única forma de reunir a Brasil con la democracia y, sobre todo, con la vida, que, en estos tiempos de necrogobierno genocida, no vale nada o casi nada.
Esta eventual decisión, sin embargo, produciría efectos de enorme impacto para el régimen y, por lo tanto, es difícil creer que el Supremo Tribunal Federal la entregará, a pesar que las contundentes pruebas de la parcialidad y la ilegalidad del accionar del ex juez Sérgio Moro, así como la corrupción del sistema de acusaciones, el espionaje a 38 mil ciudadanos y de justicia de Lava Jato, están abundantemente documentados.
La decisión del ministro de STF, Gilmar Mendes, de transferir el juicio del caso de espionaje a una sesión presencial del STF, es decir, después de la pandemia, beneficia los intereses del bolsonaristas, el gobierno militar y del bloque dominante. Por la trayectoria de la pandemia, el poder judicial no celebrará sesiones presenciales antes de la jubilación del ministro Celso de Mello, cuyo voto, por tradición, tendería a reconocer la sospecha sobre Moro, garantizando un puntaje favorable para Lula.
Esta semana, la Sala II del STF consideró que el ex juez Sergio Moro, responsable de la megacausa Lava Jato, fue parcial en el juzgamiento de Lula al divulgar en los medios una delación premiada de Antonio Paolicci, pocos días antes de las elecciones de octubre de 2018, ganadas por Bolsonaro.
En su delación premiada por Moro, Paolocci –quien fuera ministro de Lula Y Dilma Rousseff- habló sobre un terreno que iba a ser donado por la constructora Odebrecht para erigir las oficinas de una fundación del ex mandatario en Sao Paulo. En su ru relato sobran las imputaciones pero faltan los documentos o evidencias que les den sustento.
En el fallo, los magistrados Lewandowski y Mendes se refieren a Moro como alguien con actitudes «extravagantes» que se condujo de manera «heterodoxa», sin apego a la ley, y con la aparente intención de «interferir» en los comicios, logrando la condena y posterior prisión durante casi 600 días del líder del Partido de los Trabajadores, que de ese modo fue impedido de disputar los comicios de 2018 en los que era favorito..
Loa abogados de Lula mostraron como evidencia casi irrefutable, que luego de las arbitrariedades de Moro en plena campaña, el vencedor de las elecciones, Bolsonaro, lo nombró ministro de Justicia, un premio por los servicios que prestó.
Juicio político
A final de la semana, Lula reclamó al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, que dé lugar a algunos de los casi 50 pedidos de juicio político contra el presidente Bolsonaro, liuego que una nota de la revista Piauí revelara que el 22 de mayo el mandatario comunicó a algunos ministros militares que integran su gabinete que pensaba enviar fuerzas castrenses para cerrar la sede del Supremo Tribunal Federal.
Bolsonaro manejó la posibilidad luego de que uno de los integrantes del STF, el ministro Celso de Mello, pidiera una opinión a la Fiscalía General sobre la posibilidad de acceder a los celulares del mandatario y de su hijo Carlos, en el marco de la investigación por la intervención del gobierno federal en la Policía, denunciada por el ex ministro de Justicia y Seguridad Pública Sérgio Moro en el momento de su renuncia.
De acuerdo a la nota, la idea de intervenir militarmente en el STF fue planteada por Bolsonaro en una reunión en la que intervinieron los ministros militares Walter Braga Neto (jefe de Gabinete), Luiz Eduardo Ramos (secretario de Gobierno) y Augusto Heleno (a cargo del Gabinete de Seguridad Institucional). Solo Ramos habría aprobado la idea de Bolsonaro.
Basándose en estos hechos, Lula le reclamó a Maia poner en marcha un juicio político. En su cuenta de Twitter, el ex presidente escribió: “Quien leyó la nota de Piauí sabe que Bolsonaro consideró dar un golpe al STF. Él cree que Brasil es suyo. Ya es tiempo de votar un impeachment. Son más de 46 pedidos para ello, pero Rodrigo Maia no pone ninguno para ser votado por los legisladores”.
Críticas y el 2022
Lula fue encarcelado ilegalmente durante 19 meses para que la oligarquía golpista pudiera poner en marcha y ejecutar el proceso más devastador de saqueo en el país. Fue liberado el 8 de noviembre de 2019 debido a la fuerte presión mundial, que exigió su liberación y denunció el medievalismo de su prisión.
De todas formas, Lula sigue siendo punto focal en la izquierda mientras esté vivo, porque es la figura culminante de todo un movimiento social que se remonta a los años 70, y la estructura del Partido de los Trabajadores no ha permitido o alentado el surgimiento de nuevos liderazgos nacionales. Y, a pesar de todo, el PT sigue siendo hegemónico en el campo progresista brasileño.
Muchos de sus críticos –desde la izquierda- recuerdan que cuando Lula habla de los logros sociales de los años del PT, prefiere omitir lo que ocurrió entres 2014 y 2016 cuando la presidenta Dilma Rouseff hizo un ajuste fiscal que provocó la mayor recesión de la historia del país; el Producto Interno Bruto cayó ocho puntos, el desempleo pasó del seis al 11% en pocos meses y quizá eso fue lo que generó el «antipetismo» de masas», explicó.
Lo más determinante, entonces, fue el rumbo neoliberal que Rousseff impuso a la economía, porque decepcionó a su electorado tradicional, a los trabajadores, en contra de la creencia mayoritaria de que el PT pagó en las urnas el desgaste por los casos de corrupción.
En una entrevista, Lula, que gobernó entre 2003 y 2011, admitió que no descarta la idea de disputar un tercer mandato. Si los comentarios y rostros de los dirigentes petistas rebosaban de optimismo , lo contrario ocurría en la tiendas moristas. En el grupo Globo , gestor de la matriz de opinión que convirtió a Moro en superestrella, a noticia fue tratada sin la envergadura debida y analizada de manera sesgada, equiparando la derrota del ex juez en el Supremo con un debilitamiento de la justicia.
La decisión del Supremo cayó como una bomba en el equipo de fiscales de Lava Jato, grupo que se hacía llamar «fuerza de tareas». El más golpeado es el todavía fiscal y activista evangélico, Deltan Dallagnol, a quien le cupo la tarea de montar las acusaciones contra Lula en coludio con Moro, según reveló el sitio The Intercept.
Juraima Almeida y Ze Coutinho son investigadores brasileños, analistas asociados al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Fuente: http://estrategia.la/2020/08/07/una-luz-de-esperanza-podra-lula-ser-candidato-en-2022/