El hijo de la trabajadora sin tierra Edilene, embarazada de 6 meses, aún no nace, pero ya está condenado a convivir con el dolor de la impunidad en el campo brasileño. El día 20 de noviembre, al medio día, 18 pistoleros contratados por el hacendado Adriano Chafik Luedy ejecutaron a sangre fría a su padre, […]
El hijo de la trabajadora sin tierra Edilene, embarazada de 6 meses, aún no nace, pero ya está condenado a convivir con el dolor de la impunidad en el campo brasileño. El día 20 de noviembre, al medio día, 18 pistoleros contratados por el hacendado Adriano Chafik Luedy ejecutaron a sangre fría a su padre, Iraguiar Ferreira da Silva, su abuelo, Joaquín José dos Santos, y su tío, Miguel José dos Santos. Los asesinos también arrebataron la vida a dos amigos más de su padre: a los trabajadores Juvenal Jorge da Silva y Francisco Nascimento Rocha. En el mismo atentado, más de veinte personas fueron heridas, entre ellas un niño de 12 años. No satisfechos, la banda prendió fuego a las barracas y expulsó a las cien familias del campamento Tierra Prometida del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), situado en Felisburgo, región del Valle de Jequitinhonha, una de las más pobres de Minas Gerais.
Se engaña quien piensa que esa tragedia fue una sorpresa en la delegación del municipio de Jequitinhonha, responsable de la investigación de los crímenes de la región. La policía local estaba muy bien informada respecto a las insistentes amenazas que las familias sin tierra sufrían hace más de dos años. Luedy, mientras tanto, se sentía tan a voluntad delante del poder policial que no dejó de intimidar a los trabajadores incluso después de haberse abierto una indagación para investigar los indicios de que organizaba una milicia armada.
Masacre anunciada
«Los trabajadores fueron muertos por omisión del poder público», denuncia el procurador de justicia Alfonso Henrique de Miranda, coordinador del centro de Apoyo Operacional de Conflictos Agrarios del Ministerio Público de Minas Gerais. Miranda fue uno de los primeros en recibir un documento enviado por los sin tierra y por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) a los órganos públicos, en el 2002, relatando las amenazas de Luedy contra los trabajadores. En función de estas alertas, una indagación fue abierta en la delegación de Jequitinhonha. » Durante varias veces, yo hice oficios solicitando informaciones sobre la indagación y pidiendo que la policía agilitase el proceso», relata Miranda.
Sin embargo, la policía no oyó las alertas de los trabajadores. Según el procurador, las investigaciones solo proseguían cuando había presión extrema. Para él, el asesinato de los cinco trabajadores es la comprobación de la negligencia. «La indagación fue frustrada. Si hubiese sido realizada con rigurosidad los asesinatos no habrían ocurrido. La cuadrilla ya estaba totalmente identificada y hasta hubo un pedido de prisión provisional, pero nada de eso se realizó», explica el procurador, añadiendo que va a recomendar a las familias de las víctimas que pongan una demanda ante la Justicia para responsabilizar al Estado por los crímenes.
Impunidad
«El gobierno de Aécio Neves tiene total responsabilidad por la masacre», estima Marceline Ferreira, agente de pastoral de la CPT, que presentó la denuncia a los órganos públicos. La matanza no fue la primera acción armada comandada por el hacendado. En por lo menos en otras dos ocasiones, los pistoleros disparaban a las barracas para que los sin tierra dejaran el área. «Nosotros llamábamos a la policía, que venga hasta el lugar y ellos sin embargo no fueron. Pero algunas horas después los pistoleros regresaban», cuenta el acampado Paulo Paixão. Según él, en una de esas oportunidades, los sin tierra capturaron dos caballos cargados de municiones. «Entregamos todo a la policía. Para nuestra sorpresa algunos días después los caballos habían sido devueltos a los pistoleros», recuerda Paixão.
Marceline confirma que esa situación era de conocimiento general en la región de Felisburgo, uno de los lugares donde hay más acción de los guardaespaldas. La CPT ya hizo diversas denuncias sobre la acción de las milicias armadas en Minas Gerais, organizadas por articulaciones como la Unión de Defensa de la Propiedad (UDP). «La masacre podía haber sido evitada. Por eso, estamos más rebeldes. El Estado no tiene compromiso con la reforma agraria y no actúa de forma efectiva cuando recibe una denuncia, poniendo en riesgo la vida de los campesinos», dice Marceline. Luedy comandó la masacre de sin tierras porque se sitió protegido. «Ya había una indagación en camino y ninguna providencia fue tomada. Esas personas no creen que el poder público vaya a ir contra los poderosos», estima el procurador Alfonso Miranda.
Esperanza
Los trabajadores sin tierra y las organizaciones progresistas del campo prometieron no dejar pasar el caso como un ejemplo de impunidad. En solidaridad, otros acampados del MST bloquearán tres carreteras, en Minas Gerais. «Exigimos castigo inmediato a los responsables y en caso de que eso no ocurra vamos a hacer más movilizaciones», promete Ademar Ludwig, de la dirección estatal del MST. Los trabajadores pidieron reunirse con el gobernador Aécio Neves (PSDB).
Mientras tanto, las familias expulsadas por los pistoleros están retomando el campamento. «Nosotros vamos a levantar nuestras barracas de nuevo. Hay un sentimiento muy grande de revuelta e indignación, con lo que ocurrió», cuenta Paixão. Hasta la fecha, cuatro pistoleros han sido apresados y la policía del Estado investiga al hacendado y su primo, acusados de ser los responsables intelectuales del crimen. La Secretaría de Defensa del Estado de Defensa Social y Seguridad Pública no quiso comentar las críticas a la conducción de la indagación policial.
La masacre de los trabajadores del campamento de Tierra Prometida no es una excepción, pero es una muestra de la situación de impunidad y del divorcio con la reforma agraria. Se estima que el Estado de Minas Gerais tiene 500 mil familias sin tierra. De esas, cerca de 15 mil viven, hoy, en campamentos, la mitad organizadas por el MST. Un estudio de la Universidad Federal de Ouro Preto señala que existen, en el Estado, 11 millones de hectáreas de tierras desocupadas, es decir, que pertenecen al Estado.
Repercusiones
«La larga historia de impunidad para los que cometen violaciones a los derechos humanos y otros actos de violencia contra el MST y otras organizaciones rurales es una de las causas de los asesinatos del día 20. Condenamos el ataque y exigimos que las autoridades investiguen inmediatamente, llevando a los responsables a juicio», señala una nota oficial de Amnistía Internacional.
«La nueva sangre derramada de nuestros hermanos de Tierra Prometida clama al Cielo y clama a las autoridades estatales y federales. Cada vez más la demora en la reforma agraria se está tornando cómplice. No podemos permitir más, que esta sangre quede infecunda», señaló Don Pedro Casaldáliga, obispo de São Félix de Araguaia (MT).
«De ninguna manera habrá impunidad. Un crimen bárbaro, una violencia inaceptable. Estamos hablando de ciudadanos brasileños que estaban acampados, con autorización judicial y que fueron brutalmente agredidos. Todo el acompañamiento será hecho de tal forma que nosotros podamos, en un plazo muy rápido, identificar y responsabilizar a los criminales», Miguel Rossetto, ministro de Desarrollo Agrario. (Traducción ALAI)
– – – Servicio Informativo «Alai-amlatina» – – –