Para dar seguimiento a lo que un día fue el eje de sus campañas proselitistas, los gobiernos latinoamericanos deciden hoy -algunos ya lo hicieron- las políticas con las que intentarán frenar la creciente pobreza en sus naciones.El presente y futuro de más de 100 millones de pobres parece orientarse por dos vertientes opuestas: la de […]
Para dar seguimiento a lo que un día fue el eje de sus campañas proselitistas, los gobiernos latinoamericanos deciden hoy -algunos ya lo hicieron- las políticas con las que intentarán frenar la creciente pobreza en sus naciones.
El presente y futuro de más de 100 millones de pobres parece orientarse por dos vertientes opuestas: la de los programas sociales y la de los Tratados de Libre Comercio (TLC), considerado este último el Plan B de Estados Unidos para reconstruir el ALCA.
Creyentes de que estos tratados son la vía más rápida para impulsar sus economías, El Salvador, Honduras y Guatemala siguieron los pasos que años atrás decidieran México y Chile.
Los cinco aceptaron el edicto estadounidense: ‘si no hay consumo, no hay producción y si no hay producción, deviene el desabastecimiento, la falta de trabajo?¦’.
Costa Rica, República Dominicana y Nicaragua ya lo aprobaron y están a la espera de la decisión de sus respectivos congresos nacionales.
El coloso norteamericano celebra por lo alto las alianzas con esos países, donde colocará sus excedentes -resultantes de una imponente capacidad de producción de sus empresas -, y aumentará su presencia.
América Latina y el Caribe tienen importantes reservas de materias primas, riquezas turísticas, fuentes baratas de energía, posibilidades de producción agropecuaria, y una muy buena ubicación en términos de geografía económica y estratégica.
En desacuerdo con sus gobiernos, diversos gremios sociales insisten en que la apertura y libre mercado en áreas tan vitales como la inversión extranjera, propiedad intelectual, agricultura y medio ambiente, serán desastrosos para la mayoría.
De hecho, ya muchos de los bienes de la madre natura han sido absorbidos por el mundo industrializado, sin traer ventaja a la mayor parte de sus habitantes.
Estas organizaciones ven con buenos ojos los convenios sólo cuando hay equilibrio, por lo que alaban el alcanzado entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común del Sur, que se propone liberar de gravámenes el 85 por ciento del comercio para el 2007.
En Perú, Colombia y Ecuador (donde el Ejecutivo ha aprobado nueve rondas de negociaciones sobre TLC) son frecuentes los paros nacionales contra el pedido estadounidense, porque éste sólo ‘implicará la recolonización del país por parte de Washington’.
Así lo expresó el dirigente del Comando Nacional Unitario de Lucha de Perú, Juan José Gorriti, al ratificar el rechazo de las organizaciones populares al TLC.
En sus denuncias, estos sectores insisten en que las élites económicas y políticas, a las que sólo interesa el estado de sus cuentas corrientes, serán las únicas beneficiadas con los acuerdos ‘injustos y expoliadores para los países del Sur’.
‘El evangelio del libre comercio es la fábula neoliberal para legitimar el capitalismo salvaje imperante’, destacó una pancarta levantada recientemente en Perú, donde el 43 por ciento de la población es pobre.
Se consideran pobres aquellos que carecen de condiciones básicas para su supervivencia -alimento, vestido, vivienda-, que son analfabetos, cuya vida es breve por mala salud, y que en general están excluidos de todo cuanto brinda la civilización.
En extrema pobreza, mientras tanto, se definen a los que viven con un ingreso inferior a un dólar al día.
De cualquier manera, Bogotá, Quito y Lima esperan suscribir el pacto en julio próximo.
En Colombia, por ejemplo, el gobierno de Alvaro Uribe confía revertir los índices de pobreza que -según las últimas estadísticas- se elevó a 69 por ciento en el campo.
Aunque hay controversias sobre la cifra global de pobres, el Ejecutivo defiende un 52 por ciento para el total nacional en el año 2004, con un 28,3 de indigentes.
Para Uribe, el TLC es el complemento necesario de los programas neoliberales de ajuste estructural y apertura económica, implantados desde 1990 para garantizar la incorporación del país al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), pretendida por Washington.
En Ecuador, los planes gubernamentales de liberar el intercambio de bienes y servicios se han visto frustrados por la salida forzosa del Lucio Gutiérrez, expulsado del poder en medio de inmensas protestas sociales.
Chile, la discípula preferida del FMI, mantiene un 23 por ciento de pobres y, a pesar del incremento económico del cinco por ciento, muestra un aumento de la precariedad e inseguridad laboral, según precisó la Organización Internacional del Trabajo.
A un año de su puesta en marcha, pocas de las proyecciones se han cumplido: el TLC se convirtió en una máquina de creación de empleos, pero no multiplicó las exportaciones al mercado norteamericano, ni mostró avances relativos al desarrollo social.
En febrero pasado las importaciones de bienes procedentes de Estados Unidos ascendieron un 50 por ciento, en tanto las exportaciones chilenas hacia este país crecieron sólo un 26 por ciento.
En México, casi 50 millones de personas viven en la pobreza (la mitad de la población), y entre el 13 al 17 por ciento en condiciones de indigencia, pese a haber sido uno de los pioneros en seguir los preceptos de su vecino del norte.
Sometido a presiones populares, el presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, reconoció que la aprobación de un TLC con Estados Unidos (actualmente a consideración del Parlamento) puede afectar a los sectores más humildes.
De los cuatro millones de habitantes del país, el 21.7 por ciento es pobre, en tanto el 5,6 por ciento se encuentra en situación de pobreza extrema, la cifra más elevada registrada en 10 años.
Agricultores, ganaderos y pequeños empresarios manifestaron su oposición al Tratado, y resaltaron el hecho de que el gobierno norteamericano subsidia a sus productores y les ofrece modernas tecnologías, lo cual los hace más competitivos en el mercado.
Fuera de estas 11 naciones, la mayoría de las restantes 22 de América Latina y el Caribe consideran que los programas sociales son la mejor opción para reducir la pobreza, que avanza cada día frente a desigualdades económicas y sociales cada vez más pronunciadas.
Otras, como Panamá y Bolivia todavía analizan qué hacer