Diversas organizaciones coinciden en que la pobreza y la miseria extrema en América Latina han aumentado vertiginosamente justo en un período de dominio de las estrategias económicas vinculadas al modelo neoliberal.Según los últimos informes oficiales de ámbito global, Latinoamérica es la región del mundo que tiene el más alto índice de inequidad, la más extrema […]
Diversas organizaciones coinciden en que la pobreza y la miseria extrema en América Latina han aumentado vertiginosamente justo en un período de dominio de las estrategias económicas vinculadas al modelo neoliberal.
Según los últimos informes oficiales de ámbito global, Latinoamérica es la región del mundo que tiene el más alto índice de inequidad, la más extrema desigualdad entre ricos y pobres.
Hoy la gran incógnita es quiénes estarían en condiciones reales de reducir en 50 por ciento estos índices antes del 2015, la meta comprometida con la ONU.
Para ganar la guerra a la pobreza, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recomienda un ataque simultáneo en todos los frentes, para lo cual es imprescindible cambiar las políticas.
En Argentina, que encabeza el grupo de países que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) vencerán los compromisos del milenio con Naciones Unidas, la pobreza presentó una mejora el año pasado.
El gobierno del presidente Néstor Kirchner logró sacar de la miseria a unos 2,7 millones de personas, favorecidas por el crecimiento de la economía, del empleo y de los ingresos.
Y -aunque aún no se conoce la evolución de ese indicador en 2005- algunos economistas ya anticiparon su proyección de que en el actual período continuaría la tendencia a un alivio.
Se espera que los nuevos ingresos fiscales invertidos en el área social redunden en una elevación del número de consumidores y el crecimiento del mercado interno.
De cualquier manera, los alentadores informes no pueden negar la herencia que dejó a su paso el huracán neoliberal: todavía 56,4 por ciento de los menores de 14 años (unos cuatro millones 500 mil) viven en la pobreza, y el 24,1 por ciento está en la indigencia.
Hasta hace un año era peor: la incidencia de la pobreza en los niños marcaba un dramático 63,4 por ciento.
Reportes del Instituto Nacional de Estadística y Censos indican que en el segundo semestre del año pasado la pobreza había alcanzado al 40,2 por ciento de la población en general (en 2003 era de 47,8 por ciento), mientras reportes no oficiales la marcan en un 44.
Incluido entre los renuentes a negociar la reducción de su pobreza con la propuesta estadounidense de los TLC, Brasil prefiere el desarrollo de programas gubernamentales, entre los que aplica el Plan Hambre Cero contra la desigualdad.
La idea del presidente Luiz Inacio Lula da Silva es una estrategia original que involucra al Estado y a toda la sociedad en las tareas de facilitar el derecho humano básico de la alimentación.
Se trata de borrar las últimas experiencias: del 2002 al 2003, el índice de miseria aumentó de 26,23 a 27,26 por ciento.
Ello significa que 47,4 millones de brasileños no reciben ingresos suficientes para adquirir los alimentos necesarios y garantizar el consumo diario de dos mil 888 calorías, nivel mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La peor situación se registra en las grandes regiones metropolitanas, pues en las zonas rurales los índices de miseria marcan una ligera disminución: de 51,4 a 51 por ciento.
En el pequeño Uruguay, con apenas unos tres millones 300 mil habitantes, la falta de empleo alcanza a 800 mil, y la pobreza a casi un millón de personas.
Se estima que 250 mil viven en la indigencia, y que gran parte de los niños abandonan las escuelas para buscar sustento en la calle (en algunos departamentos la desnutrición infantil alcanza al 50 por ciento de los menores).
El Programa de Emergencia Social de Tabaré Vázquez se inauguró apenas dos meses después de asumir la presidencia: el gobierno comenzó en mayo la entrega de un subsidio de mil 363 pesos (unos 50 dólares) a los jefes de hogares en situación de indigencia.
Programa de Ingreso Ciudadano es el nombre de la primera iniciativa del mandatario para combatir la pobreza, mediante el cual saldrán beneficiados más de 250 mil personas a partir de un presupuesto gubernamental de unos 200 millones de dólares.
El plan tiene en cuenta atención primaria de salud, comedores escolares, alojamiento para los sin techo o quienes viven en asentamientos donde no hay agua o luz, y un programa de trabajo transitorio.
Con el propósito de que esos beneficios no conviertan la estrategia en un plan asistencialista, sus promotores exigen que los que reciban la ayuda se preparen para un oficio y envíen a sus hijos a las escuelas.
Al mismo tiempo, el parlamento uruguayo analiza el tema del Acuerdo de Inversiones entre esta nación y Estados Unidos, firmado por el entonces mandatario Jorge Batlle, quien lo presentó ante el Legislativo 48 horas antes de entregar el gobierno.
Sobre ese convenio, el canciller de Uruguay, Reinaldo Gargano, adelantó que ‘contiene artículos que son lesivos para la soberanía’, al informar sobre un estudio del Ministerio de Relaciones Exteriores que alerta al respecto.
El presidente paraguayo, Nicanor Duarte, considera que ‘décadas y décadas de estafas y mentiras’, en directa alusión a los gobiernos que le antecedieron, es la principal causa de que ahora en su país convivan dos millones de pobres (de una población de 5,5 millones).
‘Si fueron tan patriotas, ¿cómo no hay puentes, caminos, tierra suficiente?’, interrogó a mediados de mayo y sentenció: ‘Hoy las cosas cambian y podemos hablar, y si aunamos nuestros esfuerzos, podemos sacar a Paraguay del pozo profundo’.
En ese pequeño país, y como es frecuente en el Tercer Mundo, el gobierno está inmerso en una incertidumbre: cómo pagar las cuotas de capital e intereses de la amplificada deuda externa que los sepulta en el subdesarrollo.
Paraguay llegó a 2005 con débitos que alcanzan los dos mil 784 millones de dólares, lo que representa casi el 50 por ciento de toda la riqueza generada por el país en el año.
Trasladar a los bolsillos de la gente los muy buenos indicadores macroeconómicos -según expresiones del vicepresidente, Luis Castiglioni- será toda una hazaña en medio de las presiones de los bancos internacionales para el pago de los adeudos.
Las declaraciones tuvieron lugar tras el anuncio de que el país espera un crecimiento económico de 3,5 por ciento (en 2004 fue de dos por ciento).
En los últimos seis años fueron destinados más de mil 384 millones de dólares al servicio de la deuda externa (unos 215 millones anuales), de los cuales, el 42 por ciento correspondió a pago de intereses.
Con esos recursos, el Estado habría duplicado el presupuesto del Ministerio de Salud durante cinco años, con vistas a recuperar los 35 mil niños desnutridos y los 140 mil que están en riesgo.
Si no pesara sobre la empobrecida nación sudamericana un gravamen que se incrementa a un ritmo mayor que el experimentado por la economía, unas 40 mil mujeres embarazadas saldrían del riesgo de perder su vida durante el parto.
Paraguay se encuentra entre los casos más graves -según la CEPAL- para superar los índices de pobreza.