El no haber alcanzado la meta anunciada por el presidente Chávez de la mayoría calificada de dos tercios en las pasadas elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, va a colocar al proceso revolucionario venezolano, en los próximos años, en una situación de congelamiento -y ojalá no de franco retroceso- en la transición hacia el […]
El no haber alcanzado la meta anunciada por el presidente Chávez de la mayoría calificada de dos tercios en las pasadas elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, va a colocar al proceso revolucionario venezolano, en los próximos años, en una situación de congelamiento -y ojalá no de franco retroceso- en la transición hacia el socialismo, puesto que las transformaciones legales más profundas y la conformación del resto de los poderes públicos (Judicial, Electoral y Ciudadano) estarán sujetas al consentimiento de la oposición derechista.
Ya concluyó el período de seis años de holgura legislativa, en el que las fuerzas revolucionarias pudieron contar con un control (casi) total de la Asamblea Nacional, gracias a la torpe decisión de la oposición de no participar en las elecciones de diciembre de 2005. Las reformas estructurales no concluidas durante esta última fase, se verán ahora irremediablemente postergadas (al menos durante seis años) en vista de la nueva correlación de fuerzas en el Parlamento.
El presidente Chávez acertó, durante la campaña electoral, al establecer como meta la mayoría calificada de dos tercios a fin de impulsar las transformaciones necesarias para garantizar el avance del proceso revolucionario, en un contexto de agudización de la crisis del sistema capitalista mundial y de exacerbación de las apetencias imperialistas de los Estados Unidos. Pero por otra parte, no fue tan acertada su estrategia propagandística de ligar los resultados de esta elección parlamentaria a las votaciones presidenciales del 2012. ¿Por qué digo esto? Porque si bien aún el CNE no ha señalado oficialmente las cifras de los votos brutos obtenidos, a nivel nacional, por las distintas fuerzas políticas, la oposición ya se ha adelantado a proclamar que obtuvo el 52% del total de la votación del día domingo, a pesar de que logró colocar sólo el 42% de los diputados, aproximadamente. Según los argumentos de la oposición, esta falta de correspondencia entre el número de votos y el número de diputados se debería al modo como el CNE distribuyó los circuitos electorales, haciendo que el número de diputados elegibles por cada circuito no guardara relación directa con el tamaño de la población votante de cada circunscripción.
Si analizamos los resultados de la elección de los diputados al Parlatino, por ejemplo, donde la derecha obtuvo la mitad de los diputados, la cifra del 52% de los votos globales a favor de la oposición no luce descabellada. Y esta posibilidad contribuye a hacer creíble, ante los ojos del pueblo en general, la consigna oposicionista de que la holgada mayoría con la que contó el presidente en el pasado ha venido esfumándose en los últimos meses.
Por otra parte, observando «in situ» el comportamiento del electorado por estratos socio-económicos en las elecciones del día domingo, fue posible apreciar que las clases medias y altas salieron a votar masivamente, movidas por su anticomunismo visceral; mientras que en los sectores populares -donde radica el llamado «voto duro» del chavismo- la abstención fue más alta. Esta mayor abstención de los sectores económicamente menos favorecidos respondió, en mi opinión, a dos causas fundamentales. La primera, las fuertes lluvias del fin de semana que provocaron inundaciones y derrumbes, sobre todo en muchas barriadas pobres de Caracas. Y la segunda causa (pero no la menos importante), fue el descontento acumulado en las comunidades populares por la ineficiencia y la corrupción de los organismos públicos, manifestadas en los últimos meses en las fallas del servicio eléctrico, la descomposición de grandes volúmenes de alimentos de las cadenas de distribución estatal como PDVAL y MERCAL, la agudización de la inseguridad y la criminalidad, el deterioro de la vialidad pública y de algunos servicios de transporte colectivo como el metro de Caracas, la alta tasa de inflación, etc.
Todos estos elementos nos llevan a pensar que para garantizar la continuidad del proceso revolucionario, la política de choque frontal contra la oposición (o «demolición», como se dijo en la campaña) deberá ser postergada para no entrabar por completo el funcionamiento de la Asamblea Nacional y el resto de los poderes públicos (incluido, indirectamente, el Ejecutivo), puesto que este entrabamiento podría contribuir a erosionar el respaldo popular al liderazgo del presidente. En otras palabras, cabe esperar ahora que la política bolivariana se desplace más hacia el centro, forzada por el peso de la oposición en el Parlamento, en un contexto de disminución de la renta pública a causa de la crisis capitalista mundial y, por lo tanto, de menos disponibilidad presupuestaria para atender las Misiones Sociales.
Un viraje táctico de este tipo probablemente no será factible sin una renovación del gabinete ejecutivo, que le permita al presidente contar con actores de confianza capaces de dialogar y negociar con la oposición en este nuevo escenario. Pero la disposición a renovar cuadros y la capacidad de diálogo con la oposición derechista, no han sido hasta ahora las cualidades más notables en el estilo de conducción del comandante.
Por otra parte, la oposición está consciente de que sus posibilidades de derrotar a Chávez en 2012 son directamente proporcionales al fracaso de la gestión del presidente en los próximos dos años, así que la derecha dedicará todas sus fuerzas a torpedear las acciones del gobierno nacional desde su nueva posición estratégica en el Parlamento.
Este panorama nos hace prever que el resultado de la elección del domingo marcará el inicio de una fase crítica para la Revolución Bolivariana, en la que se verán seriamente restringidas -e incluso amenazadas- las posibilidades de adelantar las transformaciones estructurales requeridas para avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Y en un escenario crítico de esta naturaleza, no es descartable que la «derecha endógena», instalada en las entrañas de la burocracia bolivariana, acceda a pactar con la derecha oposicionista para preservar sus cuotas de participación en la distribución de la renta del Estado, incluso al precio de una derrota del comandante Chávez en las elecciones presidenciales del 2012.
¿Cómo satisfacer las expectativas populares, ya parcialmente desilusionadas por la ineficiencia y la corrupción, y al mismo tiempo negociar consensos inevitables con una derecha fortalecida a raíz de su retorno al cauce de la institucionalidad democrática? He ahí el enorme desafío que tienen por delante, desde el pasado 26 de septiembre, el presidente Chávez y la Revolución Bolivariana.
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