En 2002 elegimos Luís Inácio Lula da Silva presidente de Brasil. Fue la primera vez que un representante del pueblo, liderazgo de la clase trabajadora, asumió el comando de la nación Pero ya durante la campaña electoral, en el lanzamiento de la Carta a los Brasileños, se demostraba la intención de garantizar a los acreedores […]
En 2002 elegimos Luís Inácio Lula da Silva presidente de Brasil. Fue la primera vez que un representante del pueblo, liderazgo de la clase trabajadora, asumió el comando de la nación Pero ya durante la campaña electoral, en el lanzamiento de la Carta a los Brasileños, se demostraba la intención de garantizar a los acreedores internacionales y al mercado brasileño medidas semejantes a las que marcaron el gobierno Fernando Henrique Cardoso.
Aún con ese señalamiento, el pueblo brasileño se llenó de esperanza y expectativas y votó en Lula por el cambio en esa política económica. Pasaron los meses, las perspectivas de cambios en pro de la justicia social fueron disminuyendo conforme los intereses aumentaban. Quedó nítida la opción por una política claramente neoliberal, basada en la alta tasa de interés – la tasa básica, Selic, se mantiene en un 19,75% y es considerada la mayor del mundo – , en el estímulo a las exportaciones y en la garantía del superávit primario, que debe alcanzar R$ 83 billones en 2005. Los recursos para la Reforma Agraria, la educación, la salud, el saneamiento y la infraestructura del país quedaron para segundo plano.
Por otro lado, la política externa de diálogo con Venezuela de Hugo Chávez y las movilizaciones populares en el Ecuador y en Bolivia, dejaban el capital transnacional y el gobierno estadunidense de George W. Bush inquietos.
Para calmarlos y garantizar el funcionamiento del gobierno, fueron firmadas alianzas con sectores conservadores de la política y de la sociedad, incluso la prensa. La base del gobierno no era más sólo los movimientos populares y la sociedad civil, a pesar de la experiencia histórica demostrar que el Congreso Nacional jamás dejó de aprobar un proyecto que consiguió obtener apoyo en la opinión pública.
Con las denuncias de corrupción divulgadas en las últimas dos semanas, el circo fue armado. La élite utilizó las declaraciones de Roberto Jefferson (PTB), de la base gobernante, para crear una cortina de humo y enflaquecerlo levantando hasta la posibilidad de impedimento.
El Movimiento Sin Tierra defiende la apuración de todas las denuncias, hasta las últimas consecuencias. Pero está claro que la derecha utilizó la situación para anticipar el calendario electoral. O ellos invierten de vez en el debilitamiento del gobierno y parten para la consolidación de una candidatura, o hacen un nuevo pacto, con el establecimiento de políticas más a la derecha y sin alteración en la economía. Un ejemplo claro es la propuesta de privatizar los Correos como forma de evitar la corrupción siguiendo así los dictámenes de los cambios neoliberales.
Estamos contra la corrupción, pero también estamos contra ese golpismo. Por eso, defendemos la apuración de todas las denuncias del gobierno Lula y de los gobiernos anteriores, principalmente FHC.
Este es un momento de decisión. Se trata de una disputa de proyectos. El gobierno puede ampliar la política que viene aplicando hasta ahora o puede venir para el lado del pueblo, retomar sus compromisos de campaña con los 53 millones de brasileños y brasileñas que lo eligieron. Necesitamos ir para las calles, mostrar el apoyo a las decisiones de cambios en la política económica y la prioridad del cumplimiento de los derechos sociales. Vamos a exigir del gobierno demostraciones de que está al lado del pueblo con la democratización y la defensa de las empresas estatales y de los derechos sociales, a favor de las reformas políticas democráticas y de la Reforma Agraria!