Que el mercado libre siempre lleva a la felicidad, es un cuento muy bien escrito, pero de triste final. Víctimas y villanos del libre mercado terminan sufriendo tarde o temprano las consecuencias de la escasa o de la excesiva competencia. El mercado libre no conduce a un equilibrio, sino todo lo contrario, es un mecanismo […]
Que el mercado libre siempre lleva a la felicidad, es un cuento muy bien escrito, pero de triste final. Víctimas y villanos del libre mercado terminan sufriendo tarde o temprano las consecuencias de la escasa o de la excesiva competencia. El mercado libre no conduce a un equilibrio, sino todo lo contrario, es un mecanismo de movimiento perpetuo impulsado por dos combustibles principales, la concentración y la escala productiva, que dirigen el sistema ciegamente hacia un objetivo, el lucro.
Pensar que semejantes fuerzas del mercado libre conducirán a la felicidad y al desarrollo de un pueblo, es un ejercicio de confianza infantil en la ciencia ficción económica, que no pueden permitirse los que tienen a su cargo la misión de velar por estos objetivos. Los riesgos que involucra este infantilismo y el padecimiento de las víctimas pueden ser enormes.
Si. La Revolución Francesa le debe más al libre mercado que a Robespierre. La forma republicana de gobierno no habría visto la luz sin el concurso ingenuo de economistas liberales, fanáticos de la ciencia ficción anglosajona, que impulsaron la desregulación de precios y del mercado de cereales panificantes. Permitieron la exportación de cereales, provocaron un riesgoso desabastecimiento y aumentos inevitables del precio del pan que no toleraron los vacíos estómagos parisinos. Como reza el refrán, la ley de la oferta y la demanda resolvió el problema del precio del pan, pero no el del hambre. Igualdad, Libertad, Fraternidad y Hambre fueron los cuatro principios de la Revolución Francesa.
No es un ejemplo circunstancial. Los controles de precios tienen una historia milenaria y geográficamente extendida. Persia, China, Suecia, Francia, Israel, Italia, Alemania, EE.UU. junto a prácticamente todos los países en desarrollo, etc., muestran casos de buenos gobiernos velando por el interés común generado por precios asequibles y mercados supervisados. Hay mucho análisis económico sobre cómo deben diseñarse los controles de precios, sobre su duración, efectividad, sobre el racionamiento de cantidades, sobre el control en mercados no competitivos, sobre la indispensabilidad de los controles en tiempos de guerra, etc. El éxito del control de precios no está garantizado, tampoco su fracaso. Uno de los mejores análisis corresponde a John Kenneth Galbraith,[1] un protagonista de la historia económica norteamericana del siglo XX y director de la «Oficina de Administración de Precios» de los EE.UU. durante la segunda guerra.
Pero no todo está escrito. No está escrito cómo regular los precios en una economía petrolera, con una burguesía rentista, dependiente de importaciones y con una extensa y permeada frontera con Colombia, con ingresos afectados desde fines de 2014 por la estrepitosa caída del precio del petróleo y por un boicot económico de alta intensidad que recrudeció con el decreto de Trump de agosto de 2017 estableciendo sanciones económicas y financieras a Venezuela.
El desafío en estas circunstancias es enorme. Las herramientas disponibles son escasas. Pero el gobierno de Venezuela está activo, innovador y propositivo en materia económica. A fines de noviembre la Asamblea Nacional Constituyente discutió y lanzó una nueva ley: la ley de precios Acordados, que pretende innovar sobre el esquema regulatorio vigente. Esta ley establece un marco para lograr una regulación diferente. Crea el Programa Precios Acordados, un esquema similar al que se aplicó exitosamente en Argentina con la política de Precios Cuidados.
Esta ley responde a un nuevo paradigma de supervisión de precios y vale la pena describirlo. Es un sistema que no aspira a controlar todos los precios sino aquellos que valga la pena supervisar y sea posible hacerlo. El que mucho abarca poco aprieta y es importante que el organismo de supervisión no pierda su eficacia en aras de la ambición imposible de controlarlo todo. Los precios que se acuerden serán el resultado del diálogo y negociación con proveedores, comercializadores e importadores privados, es decir, acuerdos voluntarios en los que el precio de los productos incorporados al programa garantizará ganancias normales al sector privado. Ganancias suficientes como para garantizar el abastecimiento. Los privados reciben beneficios e incentivos si participan en el programa, que recibirán si cumplen las condiciones de los acuerdos, es decir, si cumplen el compromiso de asegurar el abastecimiento a los precios y condiciones acordadas. Uno de los incentivos es que quienes adhieran al programa verán crecer sus ventas como mínimo cuatro veces más que sus competidores (de acuerdo a la experiencia argentina) gracias a toda la logística de promoción de parte del Programa de Precios Acordados. Es por esto que el programa no solo es una herramienta de supervisión de precios, sino que también es una política de promoción productiva, y debe aspirarse a que se sumen productores pequeños y medianos, productores regionales y nuevos productores. Un programa de estas características incorporará paulatinamente más bienes, buscando tener una cesta representativa del consumo de los venezolanos de ingresos medios y bajos, intentando incorporar cestas de bienes de consumo estacional como útiles escolares, supermercados en zonas turísticas y productos navideños, por ejemplo. Es un sistema inteligente porque se apoya en el interés privado de los productores para estimular una sana competencia y porque la competencia que representan los precios de los productos acordados le pone un límite al precio de los productos no incorporados. Cualquier desvío exagerado del precio de un producto no adherido aumentará la demanda por el producto sustituto más cercano incorporado al programa.
La inflación es un problema multicausal y deben diseñarse instrumentos para enfrentar cada uno de sus determinantes. El programa Precios Acordados es una herramienta de supervisión de precios que también es una política de estímulo a la producción, y tiene que complementarse con otros instrumentos de política económica, como los CLAP, diseñados para abastecer a precios muy bajos a grandes segmentos de la población, con políticas aduaneras para combatir el comercio de extracción y políticas monetarias como la creación de la Criptodivisa Petro entre otras. Hay un cambio de paradigma en Venezuela, que muestra que la revolución está muy activa y no tiene miedo de innovar en economía.
Nota:
[1] Galbraith, JK (1951) A Theory of Price Control. Harvard University Press.
Guillermo Oglietti, @Goglietti, investigador CELAG
Fuente: http://www.celag.org/programa-precios-acordados-venezuela-una-politica-productiva/