A cinco años de la aprobación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el proceso de ‘recuperación’ de latifundios para su entrega a los campesinos prosigue, aunque lastrado por la burocracia y los actos de boicot. El pasado 6 de agosto, Hugo Chávez anunciaba, en su programa televisivo Aló Presidente, la recuperación de 150.000 […]
A cinco años de la aprobación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el proceso de ‘recuperación’ de latifundios para su entrega a los campesinos prosigue, aunque lastrado por la burocracia y los actos de boicot.
El pasado 6 de agosto, Hugo Chávez anunciaba, en su programa televisivo Aló Presidente, la recuperación de 150.000 de las 187.000 hectáreas de La Vergareña, el latifundio más grande del país. Desaparecida la hacienda, en sus tierras nace la Unidad de Producción Socialista Manuel Piar. Con éstas, en lo que va de año se han recuperado y entregado a campesinos unas 700.000 hectáreas del millón y medio previstas en 2006.
El proceso de reforma agraria que, lanzado por el Gobierno hace ahora cinco años con la aprobación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, promete «muerte al latifundio» y un reparto justo de las tierras, ha avanzado hasta lograr la recuperación de tres millones de hectáreas que se han repartido entre más de 160.000 familias campesinas. Pero el proceso no avanza sin dificultades, lastrado por la lentitud de la burocracia imperante en las instituciones responsables de su avance, como el Instituto Nacional de Tierras, y por el boicot de ciertos funcionarios contrarios al proceso. «El Gobierno central ha tenido que tomar medidas drásticas porque ha habido procesos de burocratismo y de rechazo o resistencia a cumplir una ley nacional. En algunas regiones, alcaldes y hasta las mismas policías se oponen a la distribución de tierras», ha reconocido a DIAGONAL el embajador de Venezuela, Arévalo Méndez. Según fuentes gubernamentales, quedan por recuperar diez millones de hectáreas, y tres millones de agricultores aún no tienen acceso a la tierra.
Frente a estos escollos, las organizaciones campesinas nacidas al calor del proceso bolivariano siguen tomando la iniciativa para dar un empujón a la reforma, esquivar los bloqueos burocráticos y tomar protagonismo en las decisiones que les atañen a través de una «revolución desde abajo». «La ocupación es uno de nuestros modos de lucha y sirve para agilizar las cosas si hay sectores que ponen trabas a la entrega de tierras», dice Orlando Zambrano, del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora.
Además, los campesinos plantean la necesidad de trabajar las tierras recuperadas de manera colectiva, y para ello se organizan, amparados por una Ley de Tierras que fomenta para su gestión «el sistema cooperativo, colectivo o comunitario». En enero, Chávez lanzó la segunda fase de la Misión Zamora, una de cuyas metas es la consolidación de los ‘fundos zamoranos’, unidades colectivas socioproductivas con un modelo de desarrollo integral que logre un desarrollo agrícola sustentable y la soberanía alimentaria en un país en el que el 70% de los alimentos que se consumen son importados. Este año se ha logrado la autosuficiencia de maíz, arroz, café y ajonjolí, y se ha reducido la importación de semillas, tractores y fertilizantes. Y el 24 de octubre se inauguró el Banco Agrícola de Venezuela, que quiere ser un «motor de la revolución en el campo» que permita esa soberanía a través de la entrega a agricultores de créditos a bajo interés y con más agilidad. De momento, las críticas de los campesinos son amplias. La burocracia no sólo afecta al ritmo de recuperación de tierras, sino también a la entrega de créditos a la producción y de cartas agrarias que den una seguridad jurídica a los campesinos. A esto se suman las «debilidades de la ley» y la necesidad de más espacios de participación del movimiento campesino en la implementación de la reforma.
Violencia terrateniente
Pero uno de los mayores problemas que enfrentan los campesinos son los ataques de la oligarquía terrateniente, herida en sus intereses por esta «revolución en el campo». En cinco años, unos 170 líderes campesinos han muerto asesinados por sicarios al servicio de los latifundistas, y las organizaciones exigen una respuesta del Gobierno. Aunque el Ministerio Fiscal ha acusado a 56 personas, sólo ocho han sido juzgadas, y tres de ellas, absueltas. «Debe haber una política de seguridad en el campo; de nada vale que entreguen miles de hectáreas si nos están matando», dice Lesbia Solórzano, de la Coordinadora Agraria Campesina Ezequiel Zamora.
A pesar de las críticas campesinas a las fallas del proceso, insisten en destacar su apoyo al Gobierno y la necesidad de «caminar mano a mano». «El Estado ha dado respuesta al sector campesino, en algunas partes más y en otras menos, pero hay muchos avances. Es enorme la diferencia en estos siete años de revolución con los 40 años de explotación anteriores», dice Zambrano. El 20 de noviembre miles de campesinos participaron en una marcha «por la unidad, la liberación nacional y el socialismo» en apoyo a la reelección de Chávez. Ya en vistas a un nuevo mandato, Solórzano plantea las aspiraciones y exigencias campesinas: «Queremos una política agraria hecha por nosotros, conjuntamente con el Estado pero que tome en cuenta la vocería campesina, porque somos nosotros los que estamos en el campo. Queremos sentarnos con el presidente y plantearle un plan de seguridad que acabe con las muertes de campesinos, un plan de siembra hecho por nosotros, y que la Ley de Tierras se fortalezca para seguir recuperando tierras y acabar con el latifundio».