«Ninguna restricción a los derechos y libertades fundamentales ha de ser impuesta sin la resolución previa de las autoridades judiciales». Esta frase, que podría sonar demasiado evidente, ha puesto en jaque a las asociaciones de internautas, el Parlamento Europeo y la Comisión en contra de los Gobiernos de la UE, que han decidido obviarla en […]
«Ninguna restricción a los derechos y libertades fundamentales ha de ser impuesta sin la resolución previa de las autoridades judiciales». Esta frase, que podría sonar demasiado evidente, ha puesto en jaque a las asociaciones de internautas, el Parlamento Europeo y la Comisión en contra de los Gobiernos de la UE, que han decidido obviarla en la reforma legislativa del sector de las telecomunicaciones.
Tras esta frase, conocida como la Enmienda 138, se encuentra la intención de Francia de que las operadoras de Internet avisen tres veces a los usuarios cuando visiten páginas web o utilicen programas «ilícitos» que vulneren los derechos de autor. Dentro de estos programas, las sociedades de gestión de derechos incluyen los programas P2P (como eMule o BitTorrent), que permiten el intercambio de archivos entre usuarios.
Tal y como adelantó Público, los ministros de Telecomunicaciones decidieron, en su reunión en Bruselas, no incluir la enmienda, y aceptaron por unanimidad el texto presentado por el país que, por ser el presidente de turno de la UE, modera las discusiones: Francia.
«Nos hemos centrado en el continente y no en el contenido», afirmó en rueda de prensa Luc Chatel, secretario de Estado de Industria galo. «Francia decidió no incluirlo y por tanto no lo hemos tratado», corroboró Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones, sin declararse partidario de la enmienda sino de «un equilibrio entre los derechos de los autores y los usuarios».
Sin embargo, el representante danés sí sacó el tema en la reunión a puerta cerrada para pedir que se reflejase la cláusula, según confirmó su portavoz Klaus Juel Werner a este periódico. «Lo hemos sugerido tras el mandato ayer (por el miércoles) de nuestro propio Parlamento, que considera que este paquete legislativo no debería hablar del contenido legal o ilegal».
La decisión no significa que las operadoras puedan controlar a los usuarios, pero permite a los Estados miembros que sigan el ejemplo francés y cambien la legislación para hacerlo.
La posición de los 27 deberá ser ahora consensuada con el Parlamento Europeo en los próximos meses. Pero el Consejo de los 27 hizo un desplante al 88% de los europarlamentarios, apoyados por la Comisión, que apoyaron la enmienda en septiembre. Algunos diputados prometen ya dar la batalla. «El Consejo es un grupo de amigos que hacen apaños en favor de unos intereses muy concretos y en detrimento del interés general», aseguró el socialista francés Guy Bono, que ya anuncia que reintroducirá la enmienda.
Tras la inclusión o no de esta enmienda se encuentra un debate mucho más profundo: «El de los derechos fundamentales: privacidad, intimidad, información, expresión», recuerda el abogado Javier de la Cueva. «La propiedad intelectual es un derecho que no puede equipararse a los anteriores. Además, no todo el contenido que se intercambia en la red está sujeto a copyright», recalca. Para él, delegar en las operadoras la restricción de esos derechos es como «privatizar la policía y obviar el sistema judicial», único válido según la legislación española para decidir qué actividades son ilegales y qué sanciones se pueden aplicar.
¿Cómo luchar contra la piratería? «Así, desde luego, no. Medidas como estas contribuyen a criminalizar Internet, a espiar a los ciudadanos sin garantías, siempre en favor de las sociedades de derechos de autor», asegura Victor Domígo, presidente de la Asociación de internautas.
Las negociaciones entre los 27 y el Parlamento comenzarán en las próximas semanas. La proximidad de las elecciones europeas (junio de 2009) y la presión popular podrían jugar en favor de la enmienda. «Y si no… ya saben. Al final se encontrarán con Internet», asegura Domingo.
Ros no descarta el modelo francés, que corta la conexión a quienes descargan
El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, no quiere dar bandazos. Busca el equilibrio. Entre los derechos de los internautas y los de los autores para luchar contra la piratería. Por si acaso, en Bruselas prefirió no cerrarse ninguna puerta, tampoco la del modelo francés que plantea tres avisos a los internautas y una eventual restricción de la conexión a Internet.
Ros asegura que su departamento estudia «si se establecen procedimientos de comunicación a los usuarios, porque antes de cortar hay toda una serie de medidas que se pueden llevar a la práctica». El representante español en el Consejo, que votó a favor del texto francés, declinó usar su turno de palabra para comentar la posición de España en el asunto, argumentando que Francia lo había retirado del orden del día en el texto presentado para la discusión.
En cambio, prefirió centrarse en otros puntos del amplio paquete legislativo, como el proceso formal de rebaja de hasta un 60% de los precios de las llamadas en el extranjero, aspecto que criticó con dureza.
Pasar por el juez
¿Seguirá España el ejemplo de Francia? ¿Dará a las operadoras competencias para que analicen si los usuarios violan el copyright? Por el momento, España no lo descarta, si bien recuerda que, «en este momento, hay que pasar por el juez», en palabras del propio Ros. El secretario de Estado sí avanzó que está analizando «los sistemas de los diferentes países» y que el Gobierno prepara «iniciativas», aunque no aclaró en qué consistirían ni cuándo serán públicas.
Ros optó, además, por coordinar la respuesta con los demás Gobiernos de Europa, y se refirió al carácter «global» de Internet y la «piratería» como un motivo de peso para alcanzar una respuesta coordinada dentro de la Unión Europea.
El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, declaró sentirse «decepcionado con un Gobierno laxo», y le reclamó que «no tome atajos ni apruebe medidas liberticidas».