Tras meses de chantaje por parte de la empresa. Unión Fenosa y el Gobierno nicaragüense, se reúnen esta semana en Madrid, y gracias a la mediación del Rey Juan Carlos I, firman un Memorando de Intención. Desde la Campaña «la Ir-Responsabilidad Social de Unión Penosa» se denuncia una vez más, la falta de ética de la transnacional española, a la hora de asumir su responsabilidad en la grave crisis energética, la vulneración de los Derechos Humanos fundamentales y las cuantiosas pérdidas económicas para Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina.
La Campaña «La Ir-Responsabilidad Social de Unión Fenosa. Capítulo I: Nicaragua a oscuras» vuelve a denunciar la falta de ética de la empresa Unión Fenosa. En una muestra de la prepotencia y malas artes de esta compañía, la empresa firma un Memorando de Intención con el gobierno de Nicaragua la pasada semana en Madrid, gracias a que el Rey Juan Carlos I medió para que se reabrieran las negociaciones, previa llamada a su Majestad, por parte del presidente del gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega para que intercediera.
La Campaña señala que con el Memorando, lo único que hace la compañía española es comprometerse a hacer aquello que debería estar haciendo desde hace siete años. De esa manera, rehúye la indemnización y la restitución a todo el pueblo nicaragüense por el incumplimiento de sus obligaciones, situando además al país en una grave crisis energética. Esta situación provoca serios problemas para el normal desenvolvimiento de la vida diaria, afectando tanto a Derechos Humanos fundamentales como al desarrollo de la economía local (se valoran ya los daños económicos por los apagones se evalúan entre en 5 y 10 millones de dólares al mes y se habla ya de psicosis entre la población que no sabe cuando se va a quedar sin luz). Todo ello en un país, que debemos recordar es el segundo más pobre de América Latina.
Negocio redondo para Fenosa
A cambio, el gobierno nicaragüense se compromete a aprobar en la Asamblea Nacional, la Ley 554 de Estabilidad Energética, y la Ley de Protección y Promoción del Uso Responsable de los Servicios Públicos. Con estas leyes se pretende congelar la tarifa eléctrica de los consumidores, y pagar a cuenta del erario público la diferencia entre la tarifa cobrada y el coste real de la energía. Además, el propio gobierno debe recurrir al mercado regional centroamericano para adquirir energía que le permita paliar el déficit de generación del mercado nacional y permitir a Fenosa generar hasta el 20% de la energía que demande, en energías renovables, cobrándola a la máxima cotización.
Por su parte, Fenosa suspende el proceso abierto contra el gobierno en la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, aseguradora del Banco Mundial), por el que reclama 53 millones de dólares al gobierno nicaragüense por apropiación indebida de sus inversiones al iniciar el INE el proceso de arbitraje. El compromiso del gobierno radica en anular dicho proceso de arbitraje y no abrir ningún otro que pudiera enturbiar las relaciones.
Es importante destacar las preocupantes declaraciones del presidente de Nicargua el pasado sábado según las cuáles el gobierno no puede expulsar a Unión Fenosa porque «hay un contrato, si decimos que se vaya, nos demandan y tendríamos que pagar 200 millones de dólares… porque esos tribunales internacionales están hechos para favorecer a las transnacionales y no para favorecer a los pueblos». Queda aquí evidenciada la erosión que sufre la democracia de un país cuando está ligada en servicios básicos privatizados a los intereses de una transnacional como es Unión Fenosa.
Por todo ello, la Campaña apunta que la Ir-Responsabilidad Social de Unión Fenosa en Nicaragua, está siendo inmerecidamente premiada por el Gobierno nicaragüense y toda la clase política del país. Después de dejar sin energía eléctrica a cientos de miles de personas (recordemos que la electricidad es un servicio básico indispensable para el desarrollo de una vida digna), el Gobierno nicaragüense debe cubrir los fallos de la propia transnacional aportando dinero público, que en vez de ser destinado a luchar contra la pobreza, va a ser utilizado para garantizar los beneficios de Unión Fenosa en Nicaragua. Tampoco se va a obligar a la empresa a pagar por todos los daños provocados.
En vista de todo ello, la Campaña exige tanto al Gobierno español como a la Casa Real, se abstengan de participar en negociaciones de defensa de intereses económicos privados de nuestras transnacionales españolas. Consideramos que tienen la obligación de ponerse al servicio de las ciudadanas y ciudadanos del mundo, que están sufriendo los abusos y agravios de las actuaciones de nuestras campeonas nacionales (REPSOL YPF, UNIÓN FENOSA, ENDESA, BBVA, SCH, ACS, ENCE, etc.), exigiéndoles que no apliquen una doble moral y que respeten fuera del Estado español los derechos humanos y el medio ambiente igual que hacen aquí, para con ello, contribuir de verdad al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.