Hasta hace muy poco, posicionarse en contra de la universalidad de las prestaciones sociales resultaba, al menos en ambientes de izquierda, herético. Las cosas han comenzado a cambiar e Izquierda Unida ya se ha atrevido a cuestionar que la ayuda de 2.500 euros por hijo propuesta por Zapatero sea universal. Prefiere que sea progresiva, como […]
Hasta hace muy poco, posicionarse en contra de la universalidad de las prestaciones sociales resultaba, al menos en ambientes de izquierda, herético. Las cosas han comenzado a cambiar e Izquierda Unida ya se ha atrevido a cuestionar que la ayuda de 2.500 euros por hijo propuesta por Zapatero sea universal. Prefiere que sea progresiva, como el impuesto sobre la renta. Tampoco crean que IU va mucho más allá, porque la inercia del dogma universalista pesa enormemente todavía. La formación no cuestionó la universalidad de la ley de dependencia, que constituye, al igual que el cheque por nacimiento, una derivación hacia las clases medias de fondos públicos que deberían dirigirse exclusivamente a los sectores más desfavorecidos.
Iré más allá. En el siglo XIX era perfectamente coherente para la izquierda defender sin fisuras la universalización de la educación, la sanidad y otros servicios públicos. La aplastante mayoría de la sociedad era pobre de solemnidad y la exigua minoría adinerada ni necesitaba ni planeaba usar esos servicios. El escenario ha cambiado. Hoy las clases medias y altas son más numerosas y espectacularmente tacañas e insolidarias, dispuestas a utilizar sin ética alguna cualquier recurso gratuito del Estado. Ofrecer educación universitaria, cobertura sanitaria gratuita, servicios de dependencia y ayudas a la natalidad a estos segmentos sociales únicamente contribuye a aumentar su patrimonio. Mientras, las capas sociales precarias, jubiladas o marginadas, que superan en tamaño a las medias y altas, se pudren en la miseria.
Caldera justificaba la universidad de la ayuda familiar en el Congreso con el argumento de que «Este es un país de clases medias». Mentira. La mayoría de la población no pertenece a la clase media, aunque una parte de esta mayoría piense lo contrario. También aseguraba el ministro que en España las rentas altas son tan pocas que el gasto de otorgarles el cheque de 2.500 euros resulta más elevado que el coste de gestión de la progresividad. Podríamos invertir su razonamiento y afirmar que, puesto que este es un país de clases medias y las clases más bajas son consecuentemente minoritarias, el gasto de cuadruplicar las ayudas para éstas sería también despreciable. Por esta vía no circulará Caldera, porque ensuciaría la pulida imagen universalista de la medida. El universalismo cumple una doble función: cosecha el apoyo electoral de las avariciosas clases medias al tiempo que convierte en presentables ante las mismas mejoras en el terreno social que benefician a los sectores más humildes. El universalismo en la actualidad es el peaje que la izquierda debe pagar a las clases medias para desarrollar políticas sociales. Es un chantaje.