En referencia a la inhabilitación administrativa de algunos aspirantes a candidaturas en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes a llevarse a cabo el 23-11-08 en la República Bolivariana de Venezuela y ante la desinformación y tergiversación de cierta información circulante, el Comité Bolivariano Artiguista (CBA), constituido por uruguayos radicados en este país, considera pertinente […]
En referencia a la inhabilitación administrativa de algunos aspirantes a candidaturas en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes a llevarse a cabo el 23-11-08 en la República Bolivariana de Venezuela y ante la desinformación y tergiversación de cierta información circulante, el Comité Bolivariano Artiguista (CBA), constituido por uruguayos radicados en este país, considera pertinente hacer la siguiente declaración:
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría, aprobada por unanimidad en diciembre de 2001 por la Asamblea Nacional Legislativa constituida por diputados multipartidistas tanto del gobierno como de la oposición, los funcionarios que hubieran cometido hechos de corrupción en el ejercicio de su labor serían inhabilitados para ejercer cargos públicos, facultando al Contralor General de la República para aplicar esa penalidad.
Dicha inhabilitación es de carácter administrativo y no cercena ningún derecho humano, individual o público, ni político.
En consecuencia, y procediendo de acuerdo con la ley, el Contralor inhabilitó a aproximadamente 250 funcionarios de todas las toldas políticas, incluyendo a 131 partidarios del gobierno.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ante quien apelaron los afectados, declaró que la inhabilitación decidida por la Contraloría General de la República «no comporta una inhabilitación política sino la limitación de la aptitud para ejercer cargos públicos indistintamente de la forma de ingreso a la función pública, ya sea por concurso, designación o elección popular» y «que la normativa constitucional y la legal impugnada son compatibles con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos».
Llama la atención que los mismos representantes de los partidos de oposición que apoyaron y votaron personalmente dicha ley, hoy estén montados en una virulenta campaña en contra de su justa aplicación por la autoridad competente.
Llama la atención asimismo, que los inhabilitados aduzcan «motivos legales» para rechazar la sanción y no niegan, lo que sería muy saludable, la comisión de los actos delictivos.
Los actos de protesta ocurridos por esta situación responden lisa y llanamente a intereses políticos electoralistas.
Con indignación y vergüenza hemos observado la presencia en nuestro país de la diputada uruguaya Adriana Peña, en una clara intromisión en asuntos de exclusivo carácter interno de Venezuela, quien viajó sin representación alguna y a título personal, manifestando venir a investigar un caso de violación de los derechos humanos y permitiendo que las empresas privadas de comunicación manipularan la noticia presentándola como presidenta de la Comisión de DDHH de MERCOSUR. Para mayor consternación aún, su viaje fue financiado con fondos de la Cámara de Diputados, operación autorizada por el presidente de dicha Cámara perteneciente a su mismo partido.
El CBA condena la intervención de esta diputada que pretende dificultar a un estado soberano la aplicación de sus leyes que protegen los fondos públicos y castigan la corrupción de sus funcionarios impidiéndoles ocupar cargos donde puedan reincidir en sus actos.
El CBA apoya las declaraciones tanto de la Cámara de Diputados de la República Oriental del Uruguay como las del PARLASUR, a través de las cuales queda claro que la Sra. Adriana Peña actuó a título personal.
Por el Comité Bolivariano Artiguista de Venezuela,
Isidoro Duarte, Mario Lacurcia