Durante años de asedio político al chavismo y el uso instrumental para ello del frente diplomático, varios países han socavado de manera clara los pretéritos históricos que han justificado las convenciones internacionales sobre el derecho al asilo político y lo han convertido en prácticas claramente funcionales para degradar la seguridad integral de Venezuela.
Entiéndase esa afirmación partiendo de la posición de denuncia del gobierno de Venezuela sustentada en varios casos ampliamente registrados, en los que figuras de la oposición venezolana han sido cobijados por gobiernos extranjeros mediante diversas modalidades y que desde esas condiciones de protección estos actores han continuado promoviendo la desestabilización de la seguridad de Venezuela.
Los casos son tan diversos como igualmente lo han sido los mecanismos de desestabilización en el que han participado sus actores. Revisemos los prontuarios más importantes.
Julio Borges. En 2018 Julio Borges fue señalado por el gobierno de Venezuela de ser uno de los autores intelectuales del fallido magnicidio con drones-bomba contra el presidente Nicolás Maduro y el alto mando político-militar. Luego de un periplo como lobbysta internacional en favor de las actuales medidas coercitivas y unilaterales (MCU) que hoy pesan sobre la población venezolana, Borges habría tenido parte en la organización del intento de asesinato en territorio de Colombia.
En 2018 el Tribunal Supremo de Justicia autorizó la solicitud de extradición de Borges desde Colombia para someterlo a la justicia por esos señalamientos, pero el presidente Iván Duque declaró a la prensa que «nosotros no vamos a extraditar a Julio Borges, no vamos a extraditar a un perseguido político para que una dictadura abuse de sus derechos humanos».
El gobierno colombiano dio la condición de asilo a Borges, desde donde ha gozado de condiciones privilegiadas, algunas fuera de la norma internacional en la materia, pues ha viajado fuera de Colombia y ha ejercido «labor política», al punto de alinear intereses contra la economía venezolana, como el de propiciar el robo de oro venezolano que estaba depositado en Reino Unido, hecho que constituye un acto de Traición a la Patria acorde a las leyes venezolanas.
Antonio Ledezma. Luego de escapar del arresto domiciliario del que gozaba en el año 2017, Ledezma hizo periplo en Colombia y luego en España, donde terminó pidiendo asilo político. Ledezma era investigado por los frustrados hechos del llamado «Golpe Azul», también conocido como Operación Jericó, del año 2015.
Ledezma habría participado en una conspiración junto a varios oficiales de la Fuerza Aérea Bolivariana (por el color azul del uniforme de los aviadores se deriva el nombre de la operación) entre ellos el otrora General Oswaldo Hernández, para atacar puntos sensibles en Caracas mediante el uso de un avión Tucano artillado.
Desde su asilo en España, Ledezma ha sido parte de varias operaciones políticas contra el gobierno venezolano. Ledezma se abrogó a sí mismo una posición de vocero de los venezolanos desde el extranjero y azuzó a favor de las MCU contra la economía venezolana. Ledezma incluso protagonizó el fallido experimento de “presidente encargado”, que fue previa a la instrumentación del gobierno paralelo de Juan Guaidó. Ledezma propuso poner mano a los bienes soberanos de Venezuela en el extranjero mucho antes de Guaidó pero no contó con el respaldo para ello.
Actualmente, mantiene una posición políticamente activa, pero sin asidero en la política interna de Venezuela. Su condición de asilo es de privilegio. Personas de su círculo familiar más cercano han sido procesados por la justicia española por corruptelas y lavados de capitales, pero Ledezma sigue sin que haya una investigación abiertamente declarada en su contra y permanece intacto como un referente venezolano en España.
El caso de la Embajada chilena en Caracas. La sede diplomática de la República de Chile en Caracas ha sido noticia nuevamente, una vez que aceptaran en condición de «huésped» a Emilio Graterón, señalado por las autoridades venezolanas de articularse con grupos armados (bandas criminales) de Caracas ubicadas en la Cota 905 y otras parroquias para detonar confrontaciones armadas políticamente teledirigidas en la ciudad capital.
Graterón se suma a la lista de antichavistas prófugos que han dado a la Embajada chilena, pues se une a Manuel Avendaño, otro dirigente de su partido, Voluntad Popular, quien permanece en la sede diplomática desde hace casi dos años.
El dirigente del partido Copei Roberto Enríquez también está refugiado allí desde hace cuatro años. Freddy Guevara también fue acogido durante tres años como huésped y salió en septiembre de 2020, luego de recibir un indulto de Miraflores.
Los antichavistas bajo condición de huéspedes en la Embajada de Chile en Caracas no han estado exentos de desarrollar su activismo. El caso de Freddy Guevara es el más sobresaliente, donde hizo uso de la sede diplomática para dirigir mensajes en redes sociales y además habría organizado reuniones con otros actores políticos.
En los hechos, la Embajada de Chile en Caracas guarda características de un hotel para actores del antichavismo señalados de serios delitos, previo desahogo de pruebas ante la opinión pública que han sido claramente omitidas por la diplomacia chilena a la hora de recibir a sus asilados.
Luisa Ortega Díaz. Luego de cumplir durante años la labor de Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz participó en las operaciones de quiebre institucional que fueron promovidas en el año 2017, en el marco de un nuevo ciclo de guarimbas y violencia política orquestada en Venezuela (revolución de color). Ortega estaba bajo la mirada de las autoridades venezolanas por presunta corrupción y fue seguidamente procesada y allanada su vivienda, donde se encontraron obras de arte valoradas en millones de dólares entre otros objetos de alto valor.
Ortega Díaz fue destituida de su cargo por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente y huyó a Colombia. Desde allí, bajo condiciones de asilo, en condición de privilegio de la sede del Congreso de la República de Colombia, donde junto a magistrados paralelos y en el exilio de Venezuela, hizo el rol de fiscal en un «juicio» contra el presidente Maduro en 2018.
Ortega Díaz alardeó la supuesta culpabilidad del presidente Maduro fundada en un «Caso Odebrecht», fabricado de manera expresa en Bogotá y, de hecho, colocaron a un supuesto abogado defensor del Presidente venezolano, quien «perdió» estrepitosamente el fugaz juicio. Según el dictamen del Tribunal Supremo fake en Bogotá, el presidente Maduro fue «sentenciado» a 18 años de cárcel.
El gobierno de Colombia permitió a Ortega hacer funciones como «Fiscal General» en el exilio, pretendiendo hacer valer sus actos administrativos, sin que esa condición tenga coherencia con los derechos políticos consagrados a favor de los asilados y sin que los propios actos de Ortega tuvieran coherencia con las leyes venezolanas, ya que estas facultan el ejercicio de las funciones de la Fiscalía General en un marco de competencias sólo dentro del territorio nacional.
La incoherencia está más que a la vista. En realidad el uso de la destituida Ortega Díaz era claramente funcional para establecer un falso expediente contra el presidente Maduro, pues desde el referido «juicio» en la sede del Congreso colombiano, abogaron por la emisión internacional de una orden de captura contra el mandatario venezolano. El mismo pretexto de la Operación Gedeón del año 2020.
Rafael Ramírez. El expresidente de la estatal petrolera PDVSA y exministro de Energía y Petróleo, fue investigado en Venezuela por corrupción y, seguidamente, Ramírez procedió a la fuga al ser destituido del último cargo que cumplió para la República, en la diplomacia ante la ONU. Su periplo internacional luego de su fuga ha sido más que difuso.
Luego de permanecer en Estados Unidos sin que se aclarara su estatus migratorio, diversas fuentes señalaron que Ramírez estaría colaborando con instancias estadounidenes en un rol de informante. Pero luego se daría a conocer su presencia en Italia, donde ha adquirido lujosas villas, como otro prófugo de la justicia venezolana en plena situación de privilegios.
Ramírez ha sido señalado por autoridades españolas y de Venezuela de efectuar lavado de capitales en la Banca Pública de Andorra, con dinero proveniente de la corrupción en Venezuela. Aunque el tema de la corrupción de los políticos chavistas ha sido sumamente empleado y desgastado para atacar a la dirigencia del chavismo, Ramírez bajo situación de prófugo ha logrado pasearse por Europa sin mayor impedimento.
Ramírez podría contar ahora con un rol mucho más sofisticado como prófugo internacional y enemigo del gobierno de Venezuela. Ramírez podría ser responsable de operaciones de inserción de recursos, propaganda y desarrollo de una agenda para desmembrar al chavismo desde sus adentros, haciendo uso de viejas estructuras que empleó en su condición de ministro. Ramírez estaría actuando como articulador de actores e intereses para desmembrar al chavismo, sus sentidos comunes y su cohesión política, creando un frente opositor «crítico» y de «izquierda».
Estas operaciones guardarían plena congruencia con manuales habituales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y se desprenden del posible rol de Ramírez como actual servidor estadounidense.
Aunque recientemente un tribunal de apelaciones en Roma declaró procedente la extradición de Ramírez a solicitud de Venezuela, todavía no hay un desenlace o un evento concluyente sobre el sometimiento del exfuncionario a la justicia.
Leopoldo López. El reincidente y abiertamente confeso golpista venezolano Leopoldo López goza hoy de una condición de asilo a cargo del gobierno en el Reino de España.
El 30 de abril de 2019, Leopoldo López lideró junto a Juan Guaidó una fallida insurrección militar. López huyó de su detención domiciliaria donde pagaba condena por crímenes cometidos en 2014 y procedió a instigar un golpe militar y detonar una insubordinación que habían articulado junto a varios oficiales venezolanos en la llamada Operación Libertad.
López se apersonó junto a militares sublevados en las afueras de la Base Aérea La Carlota en Caracas, en el elevado de Altamira, pero la operación fracasó. La inteligencia venezolana mediante la infiltración de la conspiración logró desmantelar la arremetida dejando expuesto a López y al mismo Elliott Abrams, funcionario del gobierno de Trump delegado para desestabilizar a Venezuela, quien admitió que estaba conversando con elementos golpistas en Venezuela y estos «dejaron de atender sus teléfonos».
Seguidamente López se refugió en condición de huésped en la Embajada española durante 18 meses y apeló a la nacionalidad de origen de su padre para ser tratado como español. Desde allí, habría hecho contactos para organizar la fallida Operación Gedeón y la inserción de mercenarios en 2020.
Seguidamente contó con la ayuda del embajador español Jesús Silva para escapar al Reino, en clara violación a las convenciones internacionales.
En España, López ha contado con libertad de actividad política y de movimiento. Ha viajado a Colombia para reunirse con Álvaro Uribe y a Estados Unidos para verse con funcionarios. Ahora, ha reaparecido como actor intelectual y articulador en nuevas operaciones frustradas en Venezuela, esta vez por la arremetida de bandas armadas de la Cota 905.
De acuerdo al Artículo 16 del Tratado sobre Derecho Penal Internacional (1889) y sobre la condición de los asilados, «la Nación de refugio tiene el deber de impedir que los asilados realicen en su territorio actos que pongan en peligro la paz pública de la Nación contra la cual han delinquido», y es justamente la gran omisión de España que de facto brinda condiciones excepcionales a favor de Leopoldo López para seguir atentando contra la estabilidad de Venezuela.
La nación caribeña solicitará a España la extradición de este peligroso terrorista y para ello se enviarán al Reino una parte de las pruebas contra López. Sin embargo, son grandes las posibilidades de que la extradición no se produzca, pues López es una pieza clave en la operación de cambio de régimen que varios países han articulado contra Caracas.
USO INSTRUMENTAL DEL FRENTE DIPLOMÁTICO COMO FACTOR DE RIESGOS
Los usos de las atribuciones diplomáticas, por parte de algunos países, especialmente Estados Unidos, Colombia y España, han evolucionado mediante prácticas desfavorables a la seguridad de Venezuela en sus diversos ámbitos.
Instrumentos que conciernen al Hemisferio Occidental como la Convención de La Habana de 1928, la Convención sobre Asilo Político de Montevideo en 1933, el Tratado sobre Asilo y Refugio Político en Montevideo de 1939, el Tratado de Derecho Penal Internacional en Montevideo de 1940, la Convención sobre Asilo Territorial en Caracas de 1954 y la Convención sobre Asilo Diplomático en Caracas de 1954, tanto como las disposiciones similares que se encuentran en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Todos estos instrumentos han registrado principios casi invariables concernientes a la estabilidad de los países de origen de los asilados, es decir, se preserva el criterio de que un asilo es otorgado a una persona sin que esto signifique que bajo su condición pueda atentar contra la estabilidad de su país de origen.
Pero en la práctica y tratándose de Venezuela, el desarrollo de los hechos ha guardado claras discrepancias con respecto a las normas, al derecho comparado y a la propia norma venezolana y los países-destino de los asilados, pues, como ha sido referido, bajo condición de fuga y asilo varios actores de diversos orígenes de la política venezolana son señalados de delitos en diversos niveles que han cometido antes y luego de su asilo, y la mayoría de ellos revisten en diversas escalas y modalidades, actos que apuntan a socavar la estabilidad y la seguridad integral de Venezuela.
El uso instrumental del frente diplomático para el encubrimiento y protección de estos actores ha guardado coherencia con el rol estratégico que este mismo frente ha tenido en la operación a gran escala de cambio de régimen que ha sido orquestada contra Venezuela mediante mecanismos multidireccionales, como la aplicación de MCU contra la economía venezolana, la declaración de Venezuela como «Estado forajido», la construcción del «gobierno paralelo» de Juan Guaidó y el desarrollo de los mecanismos de aislamiento y asfixia política y diplomática contra el país.
Concurren en este marco de singularidades la dilución de las normas, de las relaciones internacionales, del uso efectivo de los mecanismos de derecho y la destrucción de facto de la institucionalidad internacional, que vienen siendo desmembradas por acciones deliberadamente fraguadas en hojas de ruta antipolíticas.
Por sus particularidades, es indispensable reconocer que estos usos perniciosos de la labor diplomática consisten en procesos de demolición deliberada y selectiva de los principios básicos de la labor diplomática, al punto de convertir estas prácticas en nuevos factores de riesgo, reconociendo el potencial destructivo de los actores prófugos de Venezuela pero también el marco de maniobra y privilegio con el que cuentan, que solo puede incrementar sus facultades para operar.
Es más grave el cuadro si reconocemos en estas ilegales prácticas «diplomáticas» un marco donde los servicios de relaciones exteriores operan bajo la discrecionalidad de los órganos de seguridad y otros factores que pretendieran el desmantelamiento del poder político en Venezuela.
Ello podría consistir en una bifurcación donde bajo prácticas teóricamente diplomáticas tengan lugar la tolerancia a la orquestación de inhumanos bloqueos económicos, la organización de magnicidios, la planificación de «soluciones armadas» y el sponsor internacional a nuevas presentaciones del terrorismo en el Hemisferio Occidental como mecanismo para derrocar gobiernos, todo bajo figuras encubiertas, formas institucionales y protección de gobiernos.
Sobre Venezuela, este señalamiento no consiste en una posibilidad, se trata de una afirmación fundada en los hechos y pruebas que sigue exponiendo parte del frente diplomático de algunos países, que se mantienen actuando como brazos de un completo aparato institucional internacional que sigue funcionando para avasallar países. Todos los caminos conducen a Washington.
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Fuente: https://misionverdad.com/venezuela/uso-y-abuso-del-asilo-diplomatico-para-asaltar-venezuela