A finales del siglo XVIII, en 1776, se publicó la obra de referencia de Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, más conocida como «La Riqueza de las Naciones». En los albores del Capitalismo que conocemos, en su famoso y poco leído tratado, para salvar la cuestión social […]
A finales del siglo XVIII, en 1776, se publicó la obra de referencia de Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, más conocida como «La Riqueza de las Naciones». En los albores del Capitalismo que conocemos, en su famoso y poco leído tratado, para salvar la cuestión social dentro del libre mercado, Smith afirmaba que el interés individual repercutía en último término en el interés social. Asumía así que el interés individual era inocente, es decir, que el preocuparse de uno mismo no lleva consigo hacer daño a los demás; al contrario, pues se puede tener interés en vender algo porque se obtiene beneficio de ello pero también porque interesa que alguien se beneficie, pues de este modo ganan ambas partes y la relación continúa. Aceptando esta máxima, puede decirse que algunos se hacen empresarios para ganar dinero y al mismo tiempo ofrecer a la sociedad productos y servicios que necesita, siendo mínimo el papel del estado. Paradójicamente, en la instauración del Contrato Social, ¡la mano invisible del mercado era en sí benevolente!
Sin embargo, casi dos siglos y medio de Capitalismo rampante después, en un mundo globalizado que se va configurando a modo de gigantesco tablero de juego geoestratégico a medida que, como civilización, nos vamos acercando cada vez más y más rápidamente a sus ya próximos límites físicos inquebrantables, la realidad que hemos venido construyendo desmiente tajantemente tales ideas del egoísmo benevolente y cuestiona profundamente el Contrato Social de Rousseau, y una de las mejores muestras de ello es el actual Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) que se negocia en este mismo momento entre bastidores y de espaldas a la ciudadanía y a cualquier medio de supervisión y control democráticos.
El TTIP, también conocido como Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio (TAFTA, por sus siglas en inglés), tiene su origen en la oscura tradición de los acuerdos multilaterales para la progresiva liberalización del comercio mundial que promueve la Organización Mundial del Comercio (OMC) a partir de su constitución formal a mediados de los 80 del siglo pasado, y, como su nombre apunta, representa la culminación de la liberalización del comercio y la inversión a ambos lados del Atlántico, la «carta blanca» a las corporaciones transnacionales que cada vez más gobiernan el mundo sin ambages.
El inicio de las negociaciones del TTIP data de Febrero de 2013, cuando Obama y los líderes de la UE se comprometieron en ellas como estrategia de defensa en un intento de recuperar la hegemonía Occidental seriamente amenazada y desplazada ante el avance de las economías emergentes de los BRICS (Brasil-Rusia-India-China-Sudáfrica), y las élites políticas y corporativas tienen la intención de culminarlas a finales de 2014.
Más allá de la eliminación de los aranceles y la apertura recíproca de los mercados a los inversores de cada parte del Atlántico, las negociaciones del TTIP se están centrando en eliminar lo que en realidad se interpone más profundamente en el camino hacia los beneficios corporativos, las mismas regulaciones que protegen a los trabajadores, a los consumidores, y al medioambiente. Con tal objetivo, la UE y EEUU quieren «armonizar» sus estándares y normas, «armonización» que solo puede ser a la baja dado el objetivo de profundizar en la liberalización del comercio y la inversión, lo que equivale a una reducción y degradación de las normas sociales y medioambientales a favor de los intereses de las corporaciones para que puedan mover libremente su capital, bienes y trabajo. Además, el acuerdo también busca crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la adjudicación de contratos por parte de la administración a las corporaciones transnacionales, lo que amenaza con provocar más olas de privatizaciones en sectores clave como la sanidad y la educación. En tal sentido, por ejemplo, funcionarios del gobierno del Reino Unido han reconocido que una de las tres prioridades del TTIP es «completar el mercado único» dentro de la UE, en concreto abriendo el sector de los servicios públicos y su contratación a empresas privadas de otros Estados miembros.
Los principales temas objeto de las negociaciones, siempre cabildeadas por los lobbies de las corporaciones transnacionales y desarrolladas bajo su próximo y atento escrutinio, prácticamente supervisión, son los siguientes:
· Derechos laborales y política social. En esta materia la «armonización» reglamentaria pasa por la erosión y degradación de la regulación europea, más garante y protectora de los derechos laborales y sociales, hasta equipararla con la norteamericana, más laxa y liberal. Se trata de dividir y desproteger a los trabajadores, y eliminar el derecho de huelga, en ambos lados del charco. De esta forma, las multinacionales americanas dispondrían de la pasarela perfecta para instalarse cómodamente a este lado, mientras que las corporaciones europeas verían promovidas completamente sus demandas hasta ahora solo «tímidamente» atendidas. Ante la oleada de desempleo que vendría de una mayor concentración empresarial y de las reestructuraciones industriales debidas al incremento de la rivalidad competitiva consecuencia de la presión de las grandes corporaciones, el capital gana, aún más, a costa de la vida de las clases trabajadoras.
· Protección medioambiental. Además de que el incremento de la producción, el comercio y el consumo aumentarán el agotamiento de los recursos naturales y la polución, para conseguir un significativo aumento del comercio es necesario también eliminar algunas normas y regulaciones en nombre de la pretendida «armonización» de estándares, lo que debilitaría ampliamente el Principio de Precaución europeo, piedra angular de la política europea medioambiental, con graves consecuencias sobre la salud y la seguridad de las personas y el medioambiente, entre ellas las derivadas de la libre práctica en Europa de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (Fracking) por parte de las corporaciones norteamericanas y sus filiales y asociadas europeas.
· Agricultura y consumo. La «armonización» normativa en este capítulo generará la entrada en la UE de los alimentos modificados genéticamente (OGM), la carne de ternera y el cerdo tratados hormonalmente con químicos nocivos para la salud humana e incluso cancerígenos, como la Somatotropina Bovina Recombinante o el Clorhidrato de Ractopamina, o el pollo esterilizado con cloro. Además, como en EEUU la granja media es 13 veces más grande que sus homólogas europeas y la concentración en grandes corporaciones ha sido progresiva (en la actualidad sólo hay 2 millones de granjas americanas frente a los 13 millones de granjas europeas), la reducción o eliminación de los aranceles llevará a los agricultores europeos a una competencia injusta y desequilibrada por parte de las grandes corporaciones agroindustriales americanas.
· Sanidad y salud. La armonización a la baja, la competencia transatlántica entre corporaciones y el refuerzo de las leyes sobre patentes incrementarán los precios de las medicinas y los servicios de salud, haciéndolos menos asequibles al público. Además, nos encontraremos en Europa con unos 30.000 productos químicos que se comercializan libremente en EEUU y que están asociados con el incremento de cáncer mamario y testicular, infertilidad masculina, diabetes y obesidad. Las negociaciones también evidencian la intención de abrir la contratación pública de servicios de salud a la inversión privada y a la competencia extranjera, convirtiéndose en norma el acceso de las corporaciones a todo el mercado sanitario. En resumen, se impondría envenenar a los ciudadanos y denegar el acceso asequible a servicios de salud y medicinas.
· Sistema financiero. A través del acuerdo, la UE, presa del lobby de la gran Banca, está proponiendo liberalizar y desregular todos los sectores de servicios, incluidos los servicios financieros, a pesar de que sabemos fehacientemente que la desregulación y la competencia libre en el sector financiero están precisamente en el origen de las crisis financiera cíclicas que nos azotan desde la década de los 70 del siglo pasado. Con el apoyo de la UE y el Reino Unido, de la Cyti londinense más bien, el sector de servicios financieros está demandando la eliminación de toda regulación que pueda interponerse en el camino de sus potenciales beneficios y la total libertad de mercado, lo que dejaría a los ciudadanos y los estados sin protección alguna frente a costosos recates económicos futuros.
· Derechos de Propiedad Intelectual (DPI). Los gigantes de Hollywood y Silicón Valley, entre otros, argumentan que el refuerzo de los DPI protegería a las compañías de la piratería y estimularía la innovación y el progreso, trayendo como resultado crecimiento económico y bienestar. Sin embargo, hay razones para pensar que un mayor poder de las corporaciones podría resucitar el espíritu del ACTA (Acuerdo Comercial de Anti ‐ Falsificación), que se intentó aprobar sin éxito durante años y se dejó de lado definitivamente en 2012. Los resultados podrían ser, precisamente, la restricción de acceso al conocimiento, el debilitamiento de la innovación, y un mayor acceso de las corporaciones a la información personal ciudadana (a expensas del derecho civil a la privacidad); con el resultado de un impacto negativo importante sobre la libertad de expresión como consecuencia del debilitamiento general de la libertad digital.
· Mecanismo de Resolución de Disputas entre Inversores y Estados (ISDS). Mediante la imposición de este mecanismo, las corporaciones persiguen garantizarse más derechos que los de las personas físicas, con una cláusula de resolución de conflictos entre inversores y gobiernos que permita a las corporaciones llevar a éstos ante tribunales internacionales de derecho mercantil totalmente arbitrarios, pues su miembros son elegidos bajo la influencia de las mismas corporaciones y su funcionamiento es absolutamente opaco, en caso de que sus políticas obstaculicen los intereses corporativos. Aun cuando Naciones Unidas y el mismo FMI han advertido de que estos ISDS pueden dañar severamente la capacidad de los países para luchar contra la crisis financiera y económica, se trata de que las grandes transnacionales demanden a su criterio a los gobiernos y los contribuyentes paguemos la factura.
El TTIP, que se vende propagandísticamente como un medio para mejorar el crecimiento económico, con «espectaculares» aumentos del PIB de hasta el 1% y la creación de cientos de miles de puestos de trabajo, es en realidad un magnífico pufo, un engaño y un amaño, pues hasta el estudio llevado a cabo por la propia Comisión Europea desmiente tales cifras y las deja en un famélico e irrisorio crecimiento del PIB del 0’01% anual en los próximos 10 años.
Sin embargo, parece que la fe en la liberalización comercial es tan exagerada como los beneficios que pudiera reportar. Lo que emerge de todo esto es que el TTIP es en realidad un proyecto político transatlántico promovido por las élites políticas y corporativas sobre la promesa infundada de aumentar el comercio y el número de empleos, la misma que retrotraerá las protecciones regulatorias sociales y medioambientales, reducirá los derechos de los ciudadanos frente a las corporaciones, y tratará de consolidar el liderazgo geopolítico de EEUU y la UE en esta perniciosa globalización.
Además de conocer la dimensión del TTIP como proyecto político, es necesario reconocer sus importantes implicaciones a nivel doméstico. Tal como se está cociendo, el TTIP dejará a las corporaciones libres de cualquier restricción y atadura, constituidas éstas por los aranceles y la regulación en materia social y medioambiental, al tiempo que les permitirá demandar ante tribunales opacos y arbitrarios a cualquier gobierno que pudiera interferir con sus futuros beneficios, lo que debilitará adicionalmente las regulaciones socio ‐ económicas y medioambientales que salvaguardan el bienestar de las personas y el medioambiente ante las acciones corporativas.
La evidencia disponible sugiere que el TTIP debe ser entendido no sólo como un proyecto económico, sino también como un proyecto político, ideológico y de clase de una élite transatlántica cuyo objetivo estriba en revertir los logros conseguidos en materia social y ambiental en Occidente. De prosperar sin oposición, la consecuencia de este proyecto será la utopía de las corporaciones multinacionales, por supuesto, y la distopía de los ciudadanos y las clases trabajadoras, sin duda; justo en la antítesis de las medidas que necesitaríamos si el objetivo es construir alguna suerte de futuro inclusivo, democrático y consecuente con la situación geoecológica que hemos generado.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Ecologistas en Acción (2014): Dossier TTIP, Campaña NO AL TTIP (Tratado de Comercio e Inversiones Unión Europea – Estados Unidos) (http://noalttip.blogspot.com.es/p/documentos.html – Acceso, 17/05/2014).
Hilary, J. (2014): El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión. Una Carta para la Desregulación, un Ataque al Empleo, el Final de la Democracia, Fundación Rosa Luxemburgo, Bruselas (http://rosalux-europa.info/userfiles/file/TTIP_ES.pdf – Acceso, 17/05/2014).
[1] Profesor Titular de Organización de Empresas en la UV, miembro de ATTAC País Valencià , delegado sindical de CGT, y autor del libro «Las mentiras de la crisis… ¿Una anécdota en el ciberespacio..?, by Jokin_Zabal@» (http://www.attacpv.org/public/www/web3/images/file/LasMentirasDeLaCrisis.pdf).
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