En todos los meses que llevamos de campaña electoral (oficial y oficiosa) de cara a las elecciones presidenciales del 7-O, se han lanzado en ambos bandos promesas más o menos precipitadas, se han cruzado reproches más o menos personales y, aunque pueda sorprender a más de uno, también se han escuchado argumentos sólidos para apuntalar […]
En todos los meses que llevamos de campaña electoral (oficial y oficiosa) de cara a las elecciones presidenciales del 7-O, se han lanzado en ambos bandos promesas más o menos precipitadas, se han cruzado reproches más o menos personales y, aunque pueda sorprender a más de uno, también se han escuchado argumentos sólidos para apuntalar o para desmontar los discursos de alguna de las dos candidaturas. En cuanto a la candidatura oficialista, los trece años (casi) ininterrumpidos de Gobierno Bolivariano son sin duda los principales argumentos que jugarán a favor o en contra de la reelección de su candidato. Y esto, la coalición opositora lo sabe muy bien. Aunque todavía quede algún verso libre en ella, que haya an unciado que » utilizaremos el petróleo para acabar con la pobreza » , la oposición extrema la precaución al tratar temas como la lucha contra la pobreza y el suministro de servicios básicos a las clases medias y bajas. Sabe que el uso del excedente petrolero para caminar hacia la erradicación de la pobreza y la dignificación de la vida del venezolano es la mejor forma de resumir e stos primeros años de Gobierno Bolivariano.
Los primeros años de Gobierno Bolivariano: El deseo de recuperar el rumbo del país
Los recursos obtenidos por el petroleo venezolano se ha canalizado, fundamentalmente, a través de las grandes Misiones Sociales orientadas a cubrir las necesidades de una gran parte del pueblo que antes quedaba excluida de las decisiones económicas. La inclusión pretende ser doble. Por un lado, evidentemente, el pueblo es beneficiario. Por otro lado, se pretende que sea el propio pueblo el que suministre todos o parte de estos bienes, servicios o demás ayudas. El pueblo participando en la vida económica para satisfacer sus propias demandas. Nada más y nada menos. La salud, con Barrio Adentro, la alimentación, con Mercal y PDVAL, la educación con Robinson, Ribas y Sucre, la cuestión habitacional con la Gran Misión Vivienda Venezuela… son aspectos cubiertos por las Misiones más conocidas dentro de una amplia red de cobertura e inclusión social financiada por el petróleo.
Esta política valiente, horizontal y en ocasiones desorganizada, ha sacudido los cimientos de una miseria estructural que hasta finales del siglo XX condenaba a gran parte de la población. Los logros en reducción de la pobreza relativa, pobreza absoluta, desigualdad, analfabetismo, en extensión de la atención sanitaria básica, en nutrición… son asombrosos. Se leen en informes de organizaciones internacionales como la CEPAL y se corroboran en los barrios.
Conseguir esos éxitos en una economía capitalista tan agresiva como la venezolana ha sido posible gracias al rescate del Gobierno político de las manos de la Oligarquía económica, para ponerlo al servicio directo de los intereses generales. El poder económico, por otra parte, ha seguido en manos de los grandes capitales financieros e industriales que, sin embargo, se han visto favorecidos tanto por la demanda de insumos por parte de los programas sociales como por la inclusión económica de las clases bajas que podían empezar a acceder a cierto nivel de consumo. Esto se tradujo en altas tasas de crecimiento de la producción del país (entre el 8% y el 12% en los años posteriores al shock y recuperación del paro patronal), liderada principalmente por el sector privado. El Gobierno ha conseguido, por lo tanto, recuperar el rol de regulador público de la economía capitalista, con una mejor y más progresiva política fiscal que le permite aumentar el gasto público, una regulación de la actividad de las instituciones financieras privadas y la recuperación de ciertos sectores estratégicos para el país (petróleo, telecomunicaciones, electricidad, acero, bancos comerciales…). Tal y como hacían los Gobiernos de las economías occidentales al tratar, antaño, de tejer un Estado de Bienestar.
Sin embargo, como vemos ahora en estas mismas economías, las causas de las desigualdades y la exclusión social no desaparecen bajo un Estado regulador si la estructura económica sigue siendo capitalista. Las mismas causas siguen latentes, esperando a que el Estado de Bienestar se retire, para emerger de nuevo y anular en poco tiempo todos los esfuerzos históricos en materia de justicia social que se hayan podido realizar.
No hay soberanía sin socialismo
Por eso, uno de los principales retos del pueblo venezolano en los próximos años, con el Gobierno Bolivariano a la cabeza (si así se decide democráticamente el próximo 7 de Octubre), es el de recuperar el rumbo de su economía, convertirse en protagonista y propietario de sus estructuras productivas y distributivas . El desafío es, a fin de cuentas, pasar de corregir el rumbo de la economía capitalista, a regir una economía socialista.
El Segundo Plan Socialista de Gobierno 2013-2019, propuesto por el Presidente para el próximo periodo, incluye esta gran aspiración, principalmente, en los tres primeros de los cinco grandes objetivos:
I.- Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.
II.- Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la «mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad» para nuestro pueblo.
III.- Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América
Si analizáramos estos tres grandes objetivos desde la estrategia de la política económica, dos principales ejes de actuación deberían orientar al Gobierno en los próximos años:
1- Primero; realizar un plan de industrialización que aproveche los recursos internos de forma óptima 1 y que evite una doble dependencia . Por un lado, evitar ser importadores de bienes estratégicos para el país. Por otro lado, salirse de la trampa que el sistema-mundo tiende a los países en desarrollo, al convertir sus economías en parte de una periferia productora al servicio de las necesidades de acum ulación capitalista del centro.
2- Segundo; los esfuerzos realizados para democratizar ciertas esferas de la vida pública deben ser igualmente aplicados con organización y efectividad en la esfera económica.
En torno al primer eje de actuación ya hay avances importantes realizados. Como decíamos antes, la economía venezolana ha crecido a tasas muy elevadas gracias a la demanda interior (tanto para el consumo como para la inversión). Así, si contamos desde el paro patronal de 2002 hasta 2011, frente al estancamiento de la actividad petrolera (0’235% de crecimiento anual medio2), la no petrolera ha aumentado un 6’78% medio, con ciertos sectores como telecomunicaciones, instituciones financieras o construcción con aumentos anuales, en dicho periodo, entre el 12 y el 17% (incluido el último periodo de crisis). Son cifras que muestran la importante creación de renta (y por tanto de bienestar material) a partir de la actividad no petrolera.
Era de esperar que con tal aumento de renta media, el desvío de parte de ella a la demanda de productos extranjeros provocase un incremento de las importaciones. Sin embargo, este fenómeno ha sido tan significativo que el valor de las mismas desde 2003 hasta 2009 ya se había multiplicado por cinco, poniendo en peligro la balanza comercial positiva de la que goza el país por sus ventas de hidrocarburos. Además, lejos de compensar el aumento de importaciones, la capacidad exportadora no petrolera del país se ha resentido en todos estos años fundamentalmente por una inestabilidad monetaria que afecta a la competitividad y por el abandono parcial de ciertas industrias estratégicas.
La política del Gobierno también se ha centrado en poner en marcha medidas en torno al segundo eje de acción: la democratización de la esfera económica. El solo hecho de dedicar el dinero del petróleo al gasto social ya implica un gran avance en ese sentido. La nacionalización de grandes empresas, la creación de otras, de propiedad mixta, en las que los asalariados tienen una fuerte participación en la toma de decisiones, o incluso Misiones dedicadas a apoyar a cooperativas y empresas familiares como Vuelvan Caras o Agropatria (entre otras) son otras de las grandes medidas.
No obstante, los resultados parecen modestos. El Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), que financia gran parte de las misiones e inversiones productivas, requiere de una mayor participación popular lo cual implica, al menos, la transparencia en el uso de los recursos. La nacionalización de empresas, que a veces ha podido ser algo improvisada, no se ha traducido en algunos casos en una mayor participación de la clase obrera ni en una mayor eficacia económica. Y la creación de cooperativas o las facilidades dadas a las empresas familiares no ha transformado el sistema productivo venezolano, con un reparto histórico muy desigual de los medios de producción.
Dicho esto, sería absurdo pensar que el Gobierno Bolivariano habría podido hacer frente y transformar toda una estructura de país que la lógica capitalista tardó en construir durante siglos. Una lógica que trataba de orientar las relaciones sociales a la necesidad de acumulación de capital (eliminando los lazos de solidaridad colectiva). Por eso hay que valorar los grandes avances de dicho Gobierno en un marco fuertemente antagónico.
Haciendo irreversible lo reversible
Harto habría que investigar en la historia económica para encontrar un Gobierno que en tan poco tiempo haya logrado avances sociales de tal magnitud, partiendo además de una posición tan desfavorable en el Orden Económico Mundial. Sin embargo, desgraciadamente, a pesar de todos los logros y contrariamente a lo que se pueda afirmar desde el Gran Polo Patriótico, estos esfuerzos de 12 años pueden ser destruidos, desde un punto de vista técnico, en un corto espacio de tiempo. No obviamos aquí el papel del pueblo, que seguro se opondría a tal desmantelamiento. Pero el Poder Popular será mucho más sólido cuando haya alcanzado la Soberanía Popular, cuando pase de beneficiario del proceso transformador a protagonista del mismo. En ese momento, la reversión del proceso revolucionario por parte de agentes exteriores será casi imposible.
Para ello, la lucha por la Soberanía Económica es central, y la candidatura oficialista parece ser consciente de ello. Pero esto no será posible si no llegamos a identificar las necesidades del país, diagnosticar el entramado productivo nacional, e impulsar las potencialidades del país.
En este sentido y como una necesidad absoluta aparece la reactivación de la producción social de alimentos para pasar de la seguridad a la soberanía alimentaria, así como el enmarcar las nacionalizaciones de empresas en un plan nacional estratégico de industrialización, cuidando que estas empresas sean ejemplo de gestión obrera democrática y eficaz.
Todo esto sin abandonar ni la lucha contra la compleja burocracia que deslegitima el proceso, ni recuperación del sistema financiero para que éste sirva a los intereses públicos. Y a nivel regional, profundizar en las alianzas de tipo comercial, productivo, monetario… para combatir la dinámica centro-periferia que mina la independencia de Sudamérica.
De la capacidad de conquistar la Independencia Económica depende la irreversibilidad del proceso revolucionario. Ya se han dado pasos para ello. Y dentro de apenas dos meses, si los venezolanos y venezolanas vuelven a apoyarlo, el país enderezará su camino hacia la soberanía nacional.
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Notas:
1Objetivo 3.2 del Plan Socialista 2013-2019
2Para este cálculo hemos extraído la Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (GACR) a partir de los datos de producción anual (en bolivares constantes de 1997) disponibles en la página del Banco Central de Venezuela.
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