Venezuela dispone hoy de una legislación que permitirá investigar las violaciones, divulgar la verdad y sancionar a los responsables de los crímenes desapariciones, torturas y otros delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1958-1998. La bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la Asamblea Nacional impuso su mayoría y aprobó la normativa, […]
Venezuela dispone hoy de una legislación que permitirá investigar las violaciones, divulgar la verdad y sancionar a los responsables de los crímenes desapariciones, torturas y otros delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1958-1998.
La bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la Asamblea Nacional impuso su mayoría y aprobó la normativa, popularmente conocida como Ley contra el olvido, en la sesión ordinaria celebrada este martes.
Diputados de esa agrupación defendieron la necesidad del texto legal para sacar a la luz las atrocidades cometidas en esos años, establecer las responsabilidades intelectuales y materiales, así como reparar de forma moral a las víctimas y a sus familiares.
Sin embargo, los legisladores de la opositora Mesa de la Unidad Democrática votaron en contra del instrumento bajo por considerar que solo se circunscribe a una etapa determinada.
La ley contra el olvido contempla la creación de una comisión de la verdad para promover la desclasificación de documentos de la antigua Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, mejor conocida por sus siglas, Disip.
De acuerdo con la diputada del Parlamento Latinoamericano, Marelis Pérez, esa instancia estará integrada por varias instituciones estatales y buscará desempolvar dichos textos, los cuales guardan pistas sobre los crímenes y sus responsables.
«La ley viene a saldar la deuda histórica de impunidad con cientos de seres humanos. Es el derecho inalienable a la verdad que tiene nuestro pueblo de conocer esas grandes violaciones de los derechos humanos», dijo en recientes declaraciones a Prensa Latina.
En ese sentido, precisó que la herramienta jurídica promueve el concepto de reparación moral y no el de indemnización de las víctimas, porque muchos de los culpables pueden estar muertos.
Además propone la inserción de la etapa represiva en el plan de estudios y la realización de documentales sobre dicho período con el fin de rescatar la memoria histórica.
La legislación fue aprobada un día después de conmemorarse la desaparición del profesor y secretario general del Partido Comunista de Venezuela Alberto Lovera.
El dirigente político fue secuestrado en Caracas el 17 de octubre de 1965, y nueve días más tarde su cadáver fue encontrado en una playa del estado de Anzoátegui, con una cadena amarrada al cuerpo y signos de torturas.
Su caso es similar al de al menos miles de venezolanos que desaparecieron y asesinaron por profesar ideas socialistas, marxistas-leninistas y de liberación nacional.
Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=401605&Itemid=1