En América Latina, el nuevo siglo comenzó con la aguda confrontación entre reforma y revolución -de un lado- y contrarrevolución y status quo -del otro. En Venezuela se abrió el ciclo que dura hasta nuestros días, con tendencia al declive. Una singularidad de este nuevo curso finisecular del siglo XX y de alborada del siglo […]
En América Latina, el nuevo siglo comenzó con la aguda confrontación entre reforma y revolución -de un lado- y contrarrevolución y status quo -del otro. En Venezuela se abrió el ciclo que dura hasta nuestros días, con tendencia al declive.
Una singularidad de este nuevo curso finisecular del siglo XX y de alborada del siglo XXI es el llamado proceso constituyente. ¿En qué consiste este singular proceso político que ha recorrido Nuestra América de país a país y aún goza de imaginarios movilizadores y de formulaciones jurídico-políticas?
1. La crisis crónica y aguda del constitucionalismo, que deslegitimó por doquier a los gobiernos oligárquico-burgueses bajo formas civiles y militares. Además, la precariedad en la representación popular y la existencia de sistemas electorales corruptos que se volvieron inoperantes para resolver las contradicciones inter-clase en el bloque de poderes.
2. Con el neoliberalismo y la consecuente liberación del comercio, las finanzas y la explotación de las multinacionales, aunado a las complacencias diplomáticas e incluso de presencia de bases militares, se recreó una servidumbre voluntaria hacia los Estados Unidos.
3. El aumento de los problemas económico-sociales, el fracaso de los estados territoriales vigentes, la irrupción de demandas culturales de pueblos, razas y etnias, la exigencia de democracia y libertades reales, al igual que de tierra, territorio, vivienda, trabajo digno, educación y salud de calidad, complejizaron aún más la eficacia y el propio mantenimiento de la dominación.
4. De manera muy significativa, las luchas de las mujeres y los LGTBI por sus derechos civiles y sociales y por su constitución como género, resquebrajaron de manera creciente las hegemonías que descansan en el clericalismo de la Iglesia – con sus dogmas sobre la familia, los cultos religiosos y la educación-, al igual que la permanencia naturalizada del patriarcado y el machismo como artefacto esencial en el régimen de la partidocracia y del Estado, que moldean la cultura de masas.
5. Como contexto de todas estas crisis, en una onda larga descendente en la economía, se da la sacudida de la crisis ambiental como crisis de la naturaleza y de la vida, que al interrelacionarse con las otras crisis, evidenció la necesidad de una ecosofía para pensar las alternativas de la crisis de civilización existente.
II.
El proceso constituyente busca la creación de sujetos políticos colectivos que se expresen en movilización, luchas y con programas comunes. Esto ocurre cuando, recordando un viejo aforismo, los de arriba no puedan gobernar como antes y los de abajo no quieran vivir lo mismo. Es cuando se expresa el momento constituyente, que requiere existir en proceso que deviene, se fortalece, busca y encuentra. Es el anuncio de la revolución. No obstante anunciarla, abrir las puertas, no es todavía la revolución. Sí es, en cambio, la entrada en democracia, tal como lo enuncia Antonio Negri en la primera línea de su libro El poder constituyente: «Hablar de poder constituyente es hablar de democracia»1.
Tanto el proceso como el poder constituyente, al igual que la democracia, son primero procesos históricos, políticos y sociológicos que enlazan las estructuras económicas con las luchas de clases. Pero, al ser generador de formas de Estado y de régimen político, devienen en creadores de las Constituciones y, por ende, de la República. Es el famoso carácter híbrido del poder constituyente. Está afuera y al mismo tiempo en lo jurídico-político, en una dialéctica de luchas por continuar o ser consolidadas. Es el asunto de la revolución permanente y cuyo momento de llegada va a ser el Estado-Comuna, la forma común de construir el poder de abajo a arriba, reuniendo las iniciativas y movilizaciones que permitan superar la división del trabajo.
La cooperación es, en sí misma, un poder productivo, el poder del trabajo asociativo. Cada vez la producción es más social y la apropiación es privada. La constitución social debe resolver este dualismo que se recrea en la constitución política.
La vieja idea de la revolución francesa, de la abolición del ejército y el armamento general en milicias, fue el primer decreto del gobierno de la Comuna. El poder constituyente se expresó en poder constituido bajo el primado de que quienes aprueban las leyes, también las aplican y las ejecutan. La justicia pasó a depender del poder unificador a través de la figura del comisario. La representación fue relativizada con el sistema de revocatoria, de deliberación pública y ampliación del poder democrático.
La Asamblea Constituyente es la institución creada al hervor de las revoluciones democráticas de la modernidad: la norteamericana de 1776 y la francesa de 1789, principalmente. Expresa una ruptura con el orden jurídico teocrático de la monarquía, el papado y la nobleza y del derecho de las instituciones prevalentes que dominaban mediante la servidumbre tanto económica, social, como religiosa y política.
Lo que se logró fue invertir el orden jerárquico colocando al pueblo, a la multitud, en todos sus componentes, como el sujeto social constitutivo del poder político-jurídico. La fórmula fue que la soberanía reside en la nación y, más claramente, reside en el pueblo. Se fundaron las formas democráticas y republicanas del poder estatal. Nada de eso fue automático, ni como las formulaciones teóricas lo planteaban. Tuvieron, y lo tienen, un carácter híbrido de acuerdo a la situación histórica concreta, que es la que moldea en forma mixta, combinando los poderes.
En Inglaterra fue la monarquía constitucional, que se preservó. En Francia fue la república democrática. En Estados Unidos el presidencialismo federal. En América Latina, el presidencialismo, bajo distintas modalidades: centrista, federalista, o con fórmulas combinadas de ambos sistemas. La república parlamentaria como creación máxima de la constituyente, no se reeditó sino esporádicamente en el curso de la historia.
Un proceso constituyente suele devenir en un poder que aprueba, a través de una Asamblea Constituyente, una Constitución democrática, que no busca alterar el curso político sino consolidarlo. Hay Asambleas de Asambleas, unas más democráticas que otras, de acuerdo a la correlación de fuerzas existentes y a la orientación programática de las mayorías. Algo y mucho va de la Asamblea Bolivariana en Venezuela y en la boliviana, a la colombiana. Y a su vez la ecuatoriana expresó un grado avanzado de la democracia y contrastó con la peruana, que concretó el proyecto autoritario de Fujimori.
No se trata solo de la gramática jurídica del texto constitucional, sino de la Constitución real, material, que depende de las fuerzas en movimiento y de los logros que se obtengan. Se puede decir que la constituyente y su Constitución son la reforma al régimen jurídico-político, impulsado la mayoría de las veces por fuerzas revolucionarias y/o progresistas, o de fuerzas reaccionarias como en el Perú.
En la Revolución Rusa de 1905 nació ese poder dual que se expresó en los llamados Soviets, consejos de obreros, campesinos y soldados. En la Revolución de 1917 se volvieron a organizar y en octubre tomaron directamente el poder, superando el dualismo, y conformaron el gobierno hacia la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Lenin, el principal dirigente de la revolución, teorizó la forma del Estado revolucionario bajo los parámetros del Estado Comuna en su libro El Estado y la revolución, escrito en agosto-septiembre de 1917!!! En sus Tesis de abril¸ que orientó la acción de los bolcheviques, define el poder soviético en luchas contra el poder de la burguesía y sus aliados, así: «Este poder es un poder del mismo tipo que la Comuna de París de 1871». Es la expresión de los de abajo, constituidos en poder alterno a los de arriba. Es el poder dual, singular momento de la revolución en pleno desarrollo, pero que no asume el poder total sino que todavía apoya el gobierno de los burgueses y social revolucionarios de Kerensky y otros. La mayoría de los soviets son todavía partidarios de ese gobierno que promete la creación de una Asamblea Constituyente. Habrá que influir con audacia y en forma sistemática en la conciencia de las mayorías de los trabajadores y, de acuerdo a su experiencia, para que los soviets decidieran apoyar un gobierno dirigido por Lenin y su partido. Se trató de comenzar la transición al socialismo, donde Rusia era el comienzo de una dinámica internacional. Al capitalismo, en su fase imperialista como sistema internacional, había que oponer el socialismo en la escena mundial2. Raya Dunayevskaya afirma: «La inseparabilidad de la política y la economía fue establecida por la Comuna con su propia existencia práctica»3.
Existe una larga tradición del sistema comunitario desde los pueblos fundantes, pasando por los Estados Inca, Azteca, Maya, Chibcha… La comunidad sobrevivió a la conquista, la colonia y a la República. No se trata solo de los indígenas, sino también de los raizales africanos que vivieron la esclavitud con la alternativa del cimarronismo y el palenque. En ambos procesos está la comunidad. También los campesinos y colonos mestizos, al igual que los artesanos, construyeron lazos de asociación. El movimiento obrero organizó sindicatos, cooperativas y partidos. Además, se organizaron asociaciones barriales y juveniles. En la memoria histórica conviene recuperar la revolución artesanal-militar de 1854, que se realizó en Bogotá con ramificaciones a otras regiones, donde lo comunitario estuvo presente.
En Nuestra América, el proceso constituyente ha presentado diferencias notables de país a país: en Perú fue una movida reaccionaria lo que le da el sello autoritario a la constitución y a la política; en Colombia fue una transacción la que le dio al proceso político un aire democrático, con favorabilidad a los derechos humanos en la constitución, pero se mantuvo el presidencialismo y su sustento bonapartista.
En lo económico, tanto en Perú como en Colombia, por la hegemonía de las derechas se consolidó el modelo neoliberal, con sus aperturas comerciales, financieras, las privatizaciones y el desmonte de institutos de bienestar social, con preponderancia de instituciones liberticidas como la Fiscalía, inquisitoriales como la Procuraduría y de correa de transmisión del monetarismo internacional y doméstico como el Banco Central.
En Bolivia y Venezuela se dieron verdaderas insurrecciones obrero-campesinas, populares, donde el papel de las mujeres y jóvenes fue significativo. En Ecuador se vivió una intensa movilización. De conjunto, estos tres procesos, con relaciones de fuerza y conciencia diferenciada, lograron constituciones como producto de procesos constituyentes. El constitucionalismo andino enfrenta distintas encrucijadas, una de ellas es la de los límites de la validez y la facticidad del mismo, su dimensión jurídico-argumentativa y su eficacia social.
La crisis de dominación es un concepto necesario para comprender el proceso constituyente, al igual que la conformación del sujeto o sujetos colectivos, lo cuales son designados, desde la revolución francesa, como «el pueblo».
El pueblo como poder constituyente viene a ser un campo de lucha por cual sector o clase va a definir los contenidos de las fuerzas dirigentes y fundamentales. El pueblo dirigido por la burguesía y sus capas medias o el pueblo liderado por los trabajadores. Sin excluir, el asunto decisivo es quién lidera y quién es subordinado. En la segunda ecuación la burguesía va a ser subalterna.
Solo así se puede descifrar y resolver el asunto de la hegemonía en el régimen político: quién en el bloque histórico, para usar la nomenclatura de Gramcsi, va a dirigirlo. En los procesos constituyentes andinos de Colombia y Perú la hegemonía estuvo en la burguesía, con diferentes combinaciones políticas. En el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela, la hegemonía la tuvo el pueblo trabajador, con distintos matices reformistas y revolucionarios.
En América Latina, el constitucionalismo del siglo XIX osciló entre la impronta teocrática, que garantizó la participación decisiva de la Iglesia Católica en los asuntos del poder y en los contenidos reaccionarios de las libertades, y la influencia individualista laica y liberal propia de las oligarquías comerciales y financieras, pero cercana a la presencia de fuerzas internacionales de la modernidad. No obstante, se dieron combinaciones constitucionales producto de las negociaciones entre los actores en pugna. En todo caso, la base de la constitución era el Estado de Derecho, que es históricamente una definición de fórmulas jurídicas, donde la legalidad es su contenido y forma. Es lo propio del individualismo liberal.
En Nuestra América, el Estado Social de Derecho va a constituir la incursión directa de lo social en los propósitos de la carta política desde la Constitución mexicana de 1917. Ha sido largo este proceso de lo social en el derecho y viene desde la Constitución jacobina de 1793, las revoluciones europeas de 1848, la Comuna de París de 1871, la Revolución Rusa de 1917, la Constitución de Weimar de 1919, la de la República española de 1936 y sobre todo el desarrollo del Estado de Bienestar Social después de la 2ª Guerra Mundial. La Constitución social encontró en la declaración de los derechos humanos de 1949 su expresión internacional. El Estado Social de Derecho va a completarse con la elaboración del Estado Constitucional como garante de la democracia.
No obstante, tercamente desde los años 80, el ciclo económico con su onda larga descendente impuso paulatinamente el recorte social del gasto público y el desmonte del Estado de bienestar-social, dando paso a la institucionalización del neoliberalismo con sus privatizaciones, libertad financiera y comercial. En fin, la profundización de la globalización capitalista. Esto, acompañado de una contrarrevolución cultural conservadora.
III.
El tipo de Estado y de régimen político que terminó instaurándose, tanto en el alto capitalismo como en el resto de países, fue y es el bonapartismo, con su enorme aparato burocrático, una verdadera capa social y una nomenclatura administrativa cuya expresión contemporánea es la tecnoburocracia. Dicha burocracia es la base de la centralidad estatal y de las formas de gobierno presididas por primeros ministros o presidentes y elegidos en forma directa o por colegios electorales como en Estados Unidos4.
El bonapartismo descansa, en forma más o menos intensa, en las fuerzas armadas como unificador estatal y monopolista de la fuerza. Es un poder especial, con recursos y privilegios suficientes. Las fuerzas armadas asumen el poder, de tanto en tanto, ante la crisis tradicional de dominación mediante la dictadura, por medio de golpes de Estado que suelen ser sangrientos. Se clausuran entonces las formalidades democráticas. Pero, también se dan dictaduras cívico-militares. Aún los sistemas más democráticos tienen en los instrumentos bonapartistas su sustento.
El bonapartismo es esto, pero no solo esto. Requiere una forma particular de ejercicio del poder político, que lo centraliza y unifica al servicio de intereses dominadores. Aparece como superpuesto a los intereses clasistas, buscando mediar entre ellos y constituyéndose en representante de toda la nación. Sin embargo, expresa intereses particulares de los poderes. Al referirse, antes del triunfo de la Revolución Rusa, Lenin planteó: «nos encontramos ante el rasgo histórico fundamental del bonapartismo: un poder estatal que se asienta en la camarilla militar (en los peores elementos del ejército) y maniobra entre dos clases y fuerzas hostiles, que se equilibran más o menos mutuamente»5.
En América Latina se configuraron escenarios que abrieron la puerta para la llegada de los gobiernos de reforma, progresistas, que han tenido que enfrentar la realidad de los Estados como articulación de fuerzas socio-políticas de distinto signo, así como de los poderes institucionales, como el Congreso y la Justicia.
De manera simultánea, encaran la conducta del «cuarto poder», los medios de comunicación masiva, que son a su vez poder político-cultural y complejos económicos. El bonapartismo encuentra su complemento en los medios, prolongación que recrea a su manera, con la manipulación, la realidad del Estado y la sociedad. De allí el fenómeno del neocaudillismo, carismático o no.
En todos los gobiernos aceptados como progresistas, de reforma y de izquierda, esta oposición mediática ha sido intensa. Es el caso de países donde triunfó el golpe de Estado parlamentario como en Honduras y Paraguay, al igual que en Brasil con el golpe de Estado en cámara lenta propiciado a la presidenta Dilma Rousseff. El gobierno del presidente Hugo Chávez y ahora el de Nicolás Maduro, al igual que el de Rafael Correa en Ecuador, han vivido una verdadera «guerra mediática».
El régimen presidencial aquí mencionado está condicionado por los intereses materiales y políticos de clase que defiende, que en un escenario amplio se ubica en un reformismo neoliberal o un progresismo social. Esta última opción surge con la reforma social y estatal de horizonte democrático6.
La denominación de Cesarismo, acogida por Antonio Gramsci para Italia, responde a la impronta nacional del significado del bonapartismo. En América Latina, respondiendo a la significación del presidencialismo como figura dominante en el régimen político, Vallenilla Lanz acudió a la denominación de Cesarismo democrático en un libro suyo. Su caracterización la hizo para defender doctrinariamente la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela. De acuerdo con Gerardo Molina, dicha tesis señala que en Venezuela las condiciones sociológicas e históricas han determinado la existencia del Jefe Único como la base del orden social y de su unificación. Se trata del «buen tirano», que mediante un gobierno fuerte desarrolle el capitalismo7.
IV.
El régimen político que sustentó al presidente Hugo Chávez en Venezuela hizo posible ese bonapartismo especial, de independencia nacional, progreso social, movilización democrática de amplios sectores de marginados y humillados, integración latinoamericana e internacionalismo a nivel global. Tenía detrás una potente insurrección de masas: el «caracazo» de 1989. Está inscrito en la tradición de Lázaro Cárdenas en México.
Otras dimensiones del internacionalismo: la dinámica de integración regional expresada en el Mercosur, el Alba y la Celac. De manera especial, Telesur ha desarrollado una política informativa internacional alternativa a la hegemonía de los medios extranjeros y domésticos.
A lo que asistimos es a un debilitamiento de esa política con el presidente Nicolás Maduro y su gobierno. La cúpula militar en alianza con civiles del Partido Socialista Unido de Venezuela controlan la totalidad del poder con un ostentoso ruido de armas. La democracia y el apego a la Constitución bolivariana ha sido clausurada con la prohibición de las elecciones en sindicatos, universidades, gobernaciones y al negarse a enfrentar el referendo revocatorio de su mandato. Igualmente se reprime la protesta por fuera del espacio estatal vigente.
La crisis económica y social campea por doquier y no es achacable exclusivamente a la caída de los precios del petróleo, ni al sabotaje económico y las conspiraciones intensas de la derecha internacional, la OEA y el Departamento de Estado. Se debe, además, a la permanencia de un modelo neoextractivista y a la falta de planes genuinos de diversificación económico-social. Sobre todo a no avanzar en una transición que desmantelara el Estado tradicional e incorporara lo común, los trabajadores y los intereses nacionales a la creación de una nueva institucionalidad.
El gobierno venezolano convocó a una Asamblea Constituyente, como alternativa para la solución de la crisis, que podría obligar a la derecha hirsuta y golpista a comparecer en la justa electoral. Tal vez un poco tardía esta propuesta.
Se le debe garantizar a la oposición legítima, de derecha e izquierda, sus plenos derechos. El temor a perder las elecciones, lo cual está al orden del día, no es argumento válido para negar salidas democráticas, la alternación y la vigencia plena de la constitución. Pero no está descartado que con la creación de un nuevo ambiente político los candidatos que apoyan el gobierno de Nicolás Maduro ganen.
El presidente y el PSUV deben aprender a ejercer la oposición. Si en Venezuela no se dio la revolución, y estuvieron dadas las condiciones para ello, ahora lo sensato es ir a la oposición, manteniendo la iniciativa política y liberando la creatividad de las masas para construir instituciones de poder en todos los ámbitos de la escena socioeconómica y cultural. Dado que existen amplias redes de organizaciones comunales, barriales y populares. Lo contrario puede conducir a la polarización reinante en guerra civil, en tanto no solo existe terrorismo y golpismo, sino también se desarrolla una resistencia civil, que no puede ser subestimada.
El cambio en la situación mundial y en Nuestra América, con nuevas dinámicas que favorecen a las derechas y al intervencionismo de Estados Unidos, tiende a aislar a Venezuela de la poderosa cadena de internacionalismo que generó la revolución bolivariana. Lo que se está evaporando son las condiciones para que la revolución bolivariana tenga un contenido anticapitalista y democrático en transición al socialismo. Así las cosas, lo del socialismo del siglo XXI parece más un traje con el que se vistieron los gobiernos progresistas.
1 Negri, Antonio. El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad. Madrid: Libertarias/Prodhufi, 1994. p. 17.
2 Ver: Marx, Karl. «La guerra civil en Francia». En: Obras escogidas. Vol. II. Moscú: Editorial Progreso, 1973. pp. 188-257. También: Lenin, Vladimir Ilich. «Las tareas del proletariado en la presente revolución». En: Entre dos revoluciones. Moscú: Editorial Progreso, 1974. p. 50-56.
3 Dunayevskaya, Raya. Marxismo y libertad. Desde 1776 hasta nuestros días. México: Fontanara, 2007. pp. 128.
4 Ver: Marx, Karl. «El dieciocho brumario de Luís Bonaparte». En: Obras escogidas. Vol. I. Moscú: Editorial Progreso, 1973. pp. 404-485.
5 Lenin, Vladimir Ilich. Entre dos revoluciones. Moscú: Editorial Progreso, 1974. p. 346.
6 Angarita, Pablo Emilio. Seguridad democrática Lo invisible de un régimen político y económico. Medellín: Siglo del Hombre/Universidad de Antioquia, 2011. Además, Sánchez Ángel, Ricardo. Bonapartismo presidencial en Colombia. Bogotá: Uniediciónes, 2005.
7 Ver: Molina, Gerardo. Las ideas liberales en Colombia 1849-1959. Bogotá: Universidad Libre, 2006. 5ª edición. p. 319.
* Ricardo Sánchez Ángel es doctor en historia, Universidad Nacional de Colombia
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