Venezuela: ¿Dictadura o Democracia?

Esta dicotomía de percepciones se ve reflejada en tres grandes asuntos, que han tomado recientemente una importancia central en la escena política de Venezuela. El primero es el referéndum revocatorio, del cual la oposición asegura que el gobierno estaba haciendo todo lo posible para impedirlo, mientras el gobierno y sus partidarios dicen que la oposición simplemente no tenía suficiente apoyo popular para llevarlo a cabo. El segundo, la reciente captura de un grupo paramilitar en la capital del país, caso en el que la oposición dice que la captura fue, en el peor de los casos, un simple montaje del gobierno y, en el mejor de los casos, una exageración, mientras que el gobierno dice que el grupo paramilitar representa una amenaza seria a la soberanía y estabilidad de Venezuela. Y el tercero, que quizás no haya obtenido demasiada atención aún, es la nueva ley del Tribunal Supremo de Justicia. La oposición alega que cierra el camino hacia una «democracia constitucional», mientras que el gobierno asegura que fortalece y profundiza la obediencia de las leyes en Venezuela.

Referéndum revocatorio: ¿carrera de obstáculos o falta de apoyo popular?

La oposición venezolana e importantes observadores internacionales, particularmente de Estados Unidos, como funcionarios del Departamento de Estado o el candidato presidencial John Kerry, dicen que «hay pocas cosas que Chávez no haría para mantenerse en el poder»[1]. El argumento de esta acusación se sostiene casi totalmente sobre la presunción que Chávez controla el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que aparentemente éste es el sitio donde se han generado casi todos los obstáculos para el referéndum. Así mismo, la oposición dice que el CNE ha hecho que el proceso de referéndum sea extremadamente difícil, estableciendo controles muy estrictos en el proceso de recolección de firmas, al declarar como inválidas mas de 800.000 (en realidad unos 1,5 millones, si sumamos las firmas de una petición progubernamental para revocar diputados de la oposición) porque los firmantes no rellenaron sus datos personales en persona, sino que alguien en la mesa lo hacía, y por permitir a la gente retirar sus nombres simplemente por arrepentirse de haber firmado en una primera ocasión. Se le debe añadir a esta lista un obstáculo impuesto por el poder ejecutivo y no por el CNE, que fueron las supuestas amenazas de despido a empleados públicos para no firmar y para que, si lo habían hecho, retirasen su firma.

Mientras que los líderes de la oposición sostienen que todos los «obstáculos» del CNE fueron diseñados específicamente para sabotear el referéndum, prefieren ignorar que probablemente tenga que ver con una profunda sospecha entre la mayoría de sus miembros, hacia las actividades de la oposición. Es decir, la oposición nunca se toma en serio la falta de confianza que tienen los seguidores del gobierno hacia ellos. Los controles estrictos existentes en el proceso de recolección con respecto a las firmas con caligrafía similar y las oportunidades dadas a los «arrepentidos» para remover sus nombres de la petición, están todas directamente relacionadas con esta falta de confianza. De manera similar, los seguidores del gobierno no se dan cuenta de que la oposición tiene una desconfianza igualmente profunda hacia el gobierno. Este es el motivo por el cual, lo que para el gobierno son medidas de seguridad, para la oposición son obstáculos y trampas. Las alusiones de la oposición hacia las medidas de seguridad del CNE como obstáculos intencionados, y las acusaciones del gobierno de «mega-fraude», solamente alimentan el círculo vicioso de desconfianza mutua.

En la actualidad, la desconfianza existente entre ambos bandos, es probablemente demasiado profunda de enmendar, y cualquier llamado al «desarme», para que los simpatizantes del gobierno o los líderes de la oposición en el Consejo Electoral dejen a un lado la desconfianza y confíen el uno en el otro está destinado a fallar. Lo que deberían estar haciendo para romper el círculo vicioso, es reconocer y entender las sospechas del otro bando y darle su debida importancia. En la práctica esto significaría que la oposición estaría de acuerdo con todas las medidas de seguridad (las cuales también deben proteger contra fraudes del gobierno) y los seguidores del gobierno, mantener toda la transparencia posible en todos los procesos para el referéndum revocatorio.

El problema es que cada bando parece tener buenas razones para sus sospechas. El ejemplo más notorio de juego sucio es la aparición de evidencias de que empleados simpatizantes de un lado u otro (en su mayoría negocios privados, en el caso de la oposición, e instituciones gubernamentales en el caso del gobierno) han presionado a sus trabajadores para que firmen o no firmen, si no quieren sufrir las consecuencias.

Las declaraciones del rector principal del Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, sobre los «arrepentidos», quienes tendrán la posibilidad de retirar sus firmas durante el período en el cual podrían ser reconfirmadas o «reparadas», añadieron leña al fuego a las sospechas de la oposición. Miembros de la oposición argumentan que el gobierno utilizará esta oportunidad para presionar a los empleados públicos a que retiren sus firmas. Por otro lado, simpatizantes del gobierno argumentan que a los firmantes se les debe permitir remover sus firmas si fueron presionados para firmar en un principio.

Bajo este contexto, no debería sorprendernos las recientes declaraciones del Centro Carter y la OEA, en las cuales compararon las firmas de peticiones con un voto, donde no hay eliminación retroactiva de la indicación de nuestro deseo. Esto causó un tremendo alboroto entre algunos miembros del CNE. Para los seguidores del gobierno, tales declaraciones favorecen a los juegos sucios de la oposición porque están en contra del retiro de las firmas de personas que lo hicieron bajo presión. De este modo, el círculo vicioso de mutua desconfianza o trampa, dependiendo de su percepción, continúa.

Paramilitares: ¿»incendio del Reichstag» por Chávez, o verdadera amenaza?

A pesar de que la comparación histórica, que yo sepa, aun no se ha realizado, la oposición argumenta que el reciente descubrimiento de un grupo de 130 paramilitares colombianos uniformados en las afueras de Caracas, es un show diseñado para sabotear a la oposición, tal como lo fue el incendio del Reichstag por parte de Hitler en 1933.

Un gran número de viviendas de oficiales militares de la oposición y algunos líderes civiles, han sido inspeccionados bajo el cargo de tener conexiones con el grupo paramilitar. Desafortunadamente, una vez mas el círculo vicioso de desconfianza mutua se establece, de manera tal que las sospechas del gobierno sobre sectores de la oposición involucrados en el complot, han generado negaciones generales y sugerencias de que los grupos paramilitares fueron traídos por el gobierno para acosar a la oposición. Por otra parte, este tipo de negación fortalece las sospechas del gobierno, porque la realidad y la amenaza que representa el grupo paramilitar es indiscutible para ellos y el negarlo sugiere culpabilidad. Así como las sospechas del gobierno se extienden hasta una gran parte de la oposición, la oposición se convence aún más de que la supuesta amenaza paramilitar es en realidad un complot para desacreditar a la oposición.

Solo los miembros más moderados de la oposición y el gobierno han reconocido la importancia de establecer una distinción entre los elementos radicales de la oposición, que están dispuestos y perfectamente capacitados para organizar una fuerza paramilitar para derrocar al presidente, y la oposición más moderada que no tienen interés de involucrarse en este tipo de tácticas. La oposición radical se ha unido en un grupo llamado «Bloque Democrático» que incluye a sectores notorios del ala de la derecha extrema e incluso elementos fascistas. Los grupos en el Bloque Democrático fueron en un momento miembros de la «Coordinadora Democrática» pero se separaron de ellos hace dos años cuando se mostró de manera clara que la Coordinadora Democrática explícitamente rechazó una «rebelión cívico militar» como manera elegida para derrocar al presidente Chávez.

El Bloque Democrático, que goza de relativamente poca presencia mediática en Venezuela, ha estado publicando panfletos e imprimiendo propaganda publicitaria de páginas enteras en periódicos, llamando a la población a unirse a la milicia en un golpe contra el gobierno del presidente Chávez. Algunos de sus miembros, especialmente Roberto Alonso, el pudiente cubano-venezolano dueño de la finca en la cual se descubrió al grupo paramilitar, han sido vinculados con el complot paramilitar. Sin embargo, algunos simpatizantes del gobierno argumentan que hay cantidad de conexiones entre el Bloque Democrático y la Coordinadora Democrática, sugiriendo incluso que uno actúa como punta de lanza para el otro. Mientras que es probablemente cierto que haya conexiones entre los dos, parecen ser dos grupos distintos. Cada uno de los grupos, en ocasiones, ha emitido fuertes críticas hacia el otro. Asociarlos nuevamente es echar leña al fuego de la desconfianza mutua entre la oposición y el gobierno.

Es difícil imaginar que 130 paramilitares pudieran derrocar a un gobierno. Sin embargo, lo que pudieron haber hecho es sembrar confusión, caos e inestabilidad usando tácticas de guerra de guerrillas urbanas contra el gobierno, colocando bombas y asesinando líderes políticos de ambos bandos. Su objetivo era presuntamente causar la suficiente inestabilidad como para que Chávez estableciera un estado de excepción, el cual serviría como pretexto para la intervención de las fuerzas armadas colombianas, «consejeros» norteamericanos del Plan Colombia y/o más mercenarios paramilitares. Tal escenario puede parecer poco probable, pero los recientes esfuerzos del gobierno colombiano para adquirir tanques españoles que sólo pueden ser utilizados para invasiones terrestres no son de buen agüero. De igual manera, los esfuerzos de Estados Unidos para aislar diplomáticamente a Venezuela bajo el pretexto de las violaciones de derechos humanos (los cuales no tienen comparación con las de su país aliado, Colombia), parecen estar preparándose para medidas mas fuertes contra el gobierno de Chávez.

Los temores de los simpatizantes del gobierno sobre una confrontación militar, bien con fuerzas paramilitares o con un ejército invasor, son reales, aunque la oposición no lo crea. La mayoría de las personas que están en el gobierno hoy en día, vienen de partidos políticos cuyos líderes y actividades políticas fueron acosados y perseguidos durante los 40 años de «democracia» que existieron antes de la presidencia de Chávez. De igual manera, el intento de golpe de estado del 2002 dejó una marca indeleble en las mentes de la mayoría de los chavistas y es el motivo por el cual Chávez ha propuesto el fortalecimiento de las fuerzas de defensa del país. Específicamente ha hablado de aumentar el tamaño del ejército venezolano, profundizar la «unión cívico-militar» e involucrar a los civiles en la defensa nacional [2].

Ya que la mayoría de las personas en la oposición no le dan ningún crédito a los temores de los simpatizantes del gobierno, asumen naturalmente que la nueva política de fortalecer la defensa nacional representa, en sus mentes, otra estrategia para reprimir a la oposición. Los líderes de la oposición ahora alegan que Chávez está planeando la creación de milicias civiles, presuntamente reclutadas desde los grupos activistas pro-Chávez, conocidos como «Círculos Bolivarianos». Sin embargo, el Ministro de Defensa Jorge García Carneiro, negó recientemente tales acusaciones asegurando que sólo se está organizando un grupo de reserva de antiguas fuerzas en activo, de acuerdo con la Constitución.

Sin embargo, la milicia se fortalecerá tanto en términos de personal como de arsenal. Chávez incluso recuperó el viejo slogan de la guerra fría, «aquel que quiere paz debe prepararse para la guerra». Irónicamente, Chávez hizo estas declaraciones justo en la época que el ex-presidente soviético, Mijail Gorbachov estaba visitando Venezuela; alguien que defendió una estrategia exactamente opuesta, diciendo que la verdadera paz solo se puede conseguir si hacemos que el oponente potencial se sienta seguro. La preparación para la guerra sólo lleva a carreras armamentísticas y a eventuales confrontaciones. Chávez, al asustar a la oposición con un fortalecimiento militar, y la oposición a su vez al burlarse de los temores de los chavistas, una vez más terminan alimentando el círculo vicioso de antagonismo.

Tribunal Supremo: ¿dictadura constitucional o ley del más fuerte?

Como si no fueran suficientes las confrontaciones sobre el referéndum revocatorio y la presencia paramilitar, los diputados pro-Chávez han aprobado una nueva ley sobre el Tribunal Supremo muy controvertida. La Constitución venezolana de 1999 requiere tal ley y especifica que todo el sistema judicial sea subordinado, no solo en cuestión de sus procedimientos si no también administrativamente, al Tribunal Supremo. La mayoría de los 29 artículos son relativamente poco polémicos. Sin embargo, tres disposiciones de la nueva ley han alimentado las iras de la oposición.

Primero, la nueva ley incrementa el número de jueces en el Tribunal Supremo de 20 a 32. La oposición alega que tal incremento es injustificado y que le permitirá a Chávez y a sus simpatizantes apoderarse del Tribunal Supremo nuevamente, ahora que solo la mitad de de los jueces parecen ser simpatizantes al gobierno. Sin embargo, los partidarios del gobierno argumentan que el número actual de jueces es insuficiente para la carga de casos del tribunal y que corresponde al antiguo Tribunal Supremo de la Constitución de 1961, que tenía sólo tres cámaras, mientras que la nueva tiene seis.

Segundo, la nueva ley del Tribunal Supremo permite que los jueces sean elegidos por mayoría simple, si tres esfuerzos previos para nombrarlos con los dos tercios requeridos por la Constitución, llegasen a fallar. En este caso, la oposición argumenta que esto pervierte el requerimiento previo de mayoría de dos tercios que había establecido el anterior Tribunal Supremo, permitiendo al poder legislativo elegir jueces por mayoría simple. Sin embargo, los diputados a favor de Chávez señalan que, dado el presente callejón sin salida de un poder legislativo dividido casi al 50%, debe encontrarse una vía de escape para la elección de jueces. Además, el nombramiento de jueces por mayoría simple no es tan inusual en el contexto internacional, por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema norteamericana no necesitan más que mayoría simple.

Tercero, la nueva ley permite al legislativo suspender a jueces que estén acusados de malos procedimientos hasta que sean sometidos a juicio. De igual manera, si se demuestra que un juez ha mentido con respecto al cumplimiento de los prerrequisitos para ser nombrado juez, su nombramiento puede ser anulado con un voto de mayoría simple del legislativo. En este caso, la oposición argumenta que lo anterior reduce la independencia de los jueces, porque el legislativo podría amenazarles con la destitución. Sin duda alguna, este sería el caso si los jueces nombrados no cumplan con todos los requisitos establecidos por la Constitución o que cometan un crimen. Sin embargo, este tipo de suspensión o destitución no es tan fácil, depende de la cooperación independiente de otro aparato del Estado, la oficina del Fiscal General. En otras palabras, depende de lo independientes que sean los aparatos jurídicos y «morales» [3] unos de otros. Estructuralmente, según la Constitución, estos aparatos son completamente independientes los unos de la otros, tal es así que ningún otro poder, ni el ejecutivo, pueden destituirlos.

Dada la sospecha de la oposición hacia cualquier acción que le de ventajas al gobierno, especialmente en el Tribunal Supremo, que es uno de los últimos baluartes (aparte de la Asamblea Nacional) en el cual la oposición aun tiene una gran parte del poder, no debería sorprender que hicieran casi cualquier cosa para detener la ley. De hecho, en varias ocasiones la oposición organizó agotadores discursos obstruccionistas de 24 horas para detener la aprobación de la ley.

Es difícil identificar hasta que punto la resistencia de la oposición hacia la ley del tribunal Supremo, nace de un temor autentico a que Venezuela se convierta en una «dictadura constitucional» y hasta qué punto intenta proteger «su territorio». Seguramente, la mayoría de los seguidores de la oposición ya no pueden distinguir entre proteger el territorio de la oposición y proteger la democracia de Venezuela, porque en sus cabezas la oposición ha llegado a ser sinónimo de democracia, y Chávez y sus seguidores, sinónimo de dictadura.

Lo que la oposición no parece entender es que los seguidores del gobierno lo ven de manera exactamente opuesta. Para los chavistas la oposición es sinónimo de dictadura y el gobierno, de democracia. Todo esfuerzo de la oposición para impedir la puesta en marcha de políticas y leyes por parte del gobierno es visto como una protección del territorio y no como un genuino interés por la democracia. En consecuencia, una vez más, cuanto más se resiste la oposición a las políticas gubernamentales, más justificados se sienten el gobierno y sus seguidores para ponerlas en marcha.

Venezuela: un test de Rorschach en Macondo

Algunos observadores de Venezuela han comentado que la historia mágica y realista de Gabriel García Márquez sobre Macondo, en la cual nada es como parece, es aplicable a Venezuela [4]. En gran medida, esta naturaleza de Macondo en Venezuela se puede asociar con sus medios y las acusaciones exageradas de venezolanos en todas las áreas del espectro político. Casi todas nuestras impresiones de lo que es real son indirectas, es decir, que son mediadas por otros, hasta en encuentros cara a cara, especialmente en cuestión de política por los medios. Los medios venezolanos, sean privados, comunitarios o del estado presentan imágenes muy distintas de la realidad venezolana, lo cual hace imposible para la mayoría de la gente, hasta para observadores expertos, saber lo que es real.

Con respecto a como la gente realmente interpreta la realidad venezolana, la naturaleza de Macondo puede parecerse a un test de Rorschach. Un Rorschach es el test de manchas que usan los psicoanalistas, en el cual le piden al paciente que identifique una figura abstracta creada con tinta y que digan qué imagen representativa ven allí. Cualquier persona que intente interpretar la realidad venezolana se ve confrontado con una prueba similar, en el cual lo que ven es esencialmente una mezcla aleatoria de informaciones contradictorias, donde uno escoge y agarra la parte de la información que le resulte relevante para crearse una imagen de lo que está sucediendo. La impresión resultante, termina siendo un indicador más fuerte de la psicología del interpretador que de la realidad subyacente que está siendo percibida.

De esta manera, para un anticomunista radical, el conflicto venezolano es una batalla para vencer el comunismo. Para los marxistas dogmáticos, es un típico conflicto entre clases. Para los neoliberales convencidos, es cuestión de asegurar el triunfo de racionalidad económica sobre confusas ilusiones. Para los multiculturales posmodernos, se trata de entregarle el poder a los indígenas marginados y a las personas de piel oscura versus los blancos de origen europeo y para los nacionalistas esto es una pelea contra el imperio norteamericano.

Por supuesto, observadores internacionales, digamos liberales, como John Kerry y los editores del Washington Post, no están en lo mas mínimo inmunes a esta prueba de Rorschach en Macondo. Para ellos, Venezuela es tan solo otra lucha entre un caudillo militar populista (parecido a Perón) y las fuerzas de la democracia liberal progresista. No obstante, nunca es tan sencillo. El hecho es que Chávez -el caudillo antidemocrático, según aquellos que se oponen a él- ha actuado de forma menos represiva que cualquier otro presidente anterior a él. Previamente, la Guardia Nacional usaba balas de verdad para controlar a manifestaciones públicas o protestas, ahora no lo hacen. Anteriormente, los periodistas que insultaban al presidente eran censurados o puestos en prisión, ahora no. Asimismo, ciudadanos que querían revocar a representantes elegidos, no tenían forma de hacerlo, ahora la tienen. Previamente, las personas que vivían en barrios no tenían ningún tipo de voz en los medios de comunicación de masas, ahora la tienen. Los pobres no tenían ningún tipo de esperanza de adquirir el título de su casa o un terreno, ahora esto es posible. Cualquier tipo de educación estaba fuera del alcance de los pobres[5], ahora la mayoría de los venezolanos están incluidos en algún programa de educación gratuita.

Por otro lado, el corazón de lo que asegura el imperio de la ley en cualquier país, el sistema judicial, aún es cuestionable en Venezuela [6]. Como resultado, la oposición tiene toda la razón cuando señala que no ha habido casi ningún progreso con respecto a la eliminación de la corrupción, en las fuertes acusaciones jurídicas motivadas políticamente, en asegurar que las violaciones de derechos humanos por cuenta de la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad del estado sean castigadas, o en prevenir el patrocinio político cuando se reparten fondos gubernamentales.

Finalmente es preciso subrayar que la pregunta sobre si Venezuela es una dictadura o una democracia, es en realidad una pregunta engañosa, que simplemente alimenta al círculo vicioso de polarización y desconfianza mutua. Lo que los observadores deberían examinar es, si ha habido progreso democrático en Venezuela. De esta manera, yo creo que la respuesta es un sí inequívoco, pero hay aún un largo trecho por recorrer.

Notas

1 Funcionario anónimo del Departamento de Estado de EE.UU. citado en el Washington Post, 21 de Mayo de 2004. [regresar]

2 Para una explicación de este programa, ver: Marta Harnecker, «Venezuela’s Oligarchy Imports Soldiers Because It Cannot Recruit Them At Home» http://www.venezuelanalysis.com/articles.php?artno=1179 [regresar]

3 El aparato moral incluye al Fiscal General, al Auditor General de Cuentas, y al Defensor del Pueblo. [regresar]

4 Cien Años de Soledad, en referencia a, por ejemplo, en: «Report on Venezuela’s Trade Union Situation»: http://www.venezuelanalysis.com/articles.php?artno=1183[regresar]

5 Aquí se debe distinguir entre el periodo desde mediados de los 70 hasta mediados de los 80, cuando la educación estaba disponible para los pobres, y desde los últimos 80 hasta la elección de Chávez en 1998, cuando la educación estaba más y más limitada para los pobres (cabe destacar que 13 millones de venezolanos, es decir más del 50% de la población está actualmente estudiando, nota del traductor). [regresar]

6 Ver: «The Venezuelan Judicial System always was the Cinderella of the State Powers»: http://www.venezuelanalysis.com/articles.php?artno=1177 [regresar]