Cada vez resulta más complejo analizar la realidad política venezolana debido al incremento de las contradicciones del proceso. Además, el tratamiento de la información por parte del latifundio mediático global es más simplista, manipulador e infantilizante que nunca. A su vez, las lecturas acríticas pro-gubernamentales de algunos sectores, tanto desde dentro como fuera del país, […]
Cada vez resulta más complejo analizar la realidad política venezolana debido al incremento de las contradicciones del proceso. Además, el tratamiento de la información por parte del latifundio mediático global es más simplista, manipulador e infantilizante que nunca. A su vez, las lecturas acríticas pro-gubernamentales de algunos sectores, tanto desde dentro como fuera del país, no favorecen una comprensión más certera y dialéctica del momento presente.
En consecuencia, gran parte de la izquierda internacional está oscilando entre la repetición ingenua de las críticas diseñadas en los lugares comunes del pensamiento liberal o en una defensa numantina del Ejecutivo, incluso de alguna medida difícilmente justificable.
En este contexto, un análisis más matizado, lo que no significa de ninguna manera equidistante, exige un mayor rigor intelectual y un abordaje combinado de las siguientes dimensiones: una secuencia de los episodios centrales del último trienio; una evaluación del escenario económico-social; una sistematización de la disputa político-militar; una identificación de los agentes internacionales que están interviniendo; y una radiografía actual del chavismo.
Breve cronología. En primer lugar es importante identificar los episodios centrales del último tiempo, ya que nos van a mostrar una fotografía sintética de los movimientos más importantes de los principales agentes en disputa. La secuencia se inicia en 2014 con la activación, por parte de los sectores más extremistas de la oposición, del Plan de derrocamiento denominado ‘La Salida’, que provocó más de 40 muertos tras los disturbios violentos dirigidos por grupos ultras.
La derecha no había aceptado su derrota electoral en las presidenciales de 2013 y apostaba por la vía violenta para lograr la restauración oligárquica. El gobierno consiguió sortear el golpe y detuvo al dirigente ultra de la oposición Leopoldo López, convertido por la maquinaria mediática transnacional en un ‘demócrata de toda la vida’. A su vez, el Ejecutivo activó una mesa de negociación con la patronal opositora, intentando aplacar el boicot económico de los grandes grupos empresariales.
La relativa paz política -nunca económica-, obligó a la derecha a priorizar la vía electoral, presentándose a las legislativas de 2015, en las que obtuvo una victoria clara, logrando así el control del Parlamento tras más de 15 años en minoría. A partir de ese momento, el Legislativo se convirtió en el instrumento para bloquear las decisiones del Ejecutivo y para intentar tumbarlo. El plan de derrocamiento institucional proponía dos vías: o referéndum revocatorio o reforma constitucional para reducir el mandato presidencial. Tanto una como otra pretendían desalojar del gobierno al chavismo a lo largo de 2016.
La apuesta por la vía del revocatorio fracasó, tanto por los fraudes de la oposición en la recolección de firmas como por la táctica gubernamental de dilatar los plazos de su aprobación y dejar sin sentido su celebración. Esta postura del Ejecutivo le pasó factura entre importantes sectores de la izquierda internacional. A su vez, la suspensión de las elecciones regionales de 2016 perjudicó aún más la imagen del gobierno de Maduro, a pesar de la evidente y creciente desestabilización económica.
La parálisis institucional intentó ser superada con varios intentos de negociación en los que destacaron la mediación de UNASUR y la del Papa Francisco. La participación de actores externos, no precisamente cercanos al Ejecutivo, como los expresidentes de República Dominicana (Leonel Fernández) y del Estado Español (Rodríguez Zapatero), no fue suficiente para que la oposición apostará por el diálogo. Esta inflexibilidad de la derecha evidenció su desinterés en una salida negociada al conflicto.
Los sectores más extremistas volvieron de nuevo a cobrar fuerza al interior de la MUD, imponiendo su estrategia violenta. El primer paso fue el intento de golpe parlamentario, al estilo de los recientes de Paraguay y Brasil, promoviendo un «juicio político» inexistente en el marco jurídico venezolano y por tanto, ilegal. Mientras esto sucedía, el gobierno de Maduro volvió a cometer otra torpeza al impulsar un nuevo registro de partidos que exigía un número de avales y requisitos de tal magnitud que sólo las grandes fuerzas podían cumplirlo. La obvia consecuencia fue la inhabilitación de varios partidos pequeños, entre ellos algunos del chavismo crítico de izquierda, como Marea Socialista.
Los primeros meses de 2017 se caracterizan por el fortalecimiento de las tesis de la extrema derecha, es decir, de la línea del partido ‘Voluntad Popular’ de Leopoldo López y Freddy Guevara. Las visitas en febrero de Lilian Tintori (esposa del ultra López) a EE.UU., y de otros miembros del partido, en las que se reunieron con el presidente Donald Trump, permitieron obtener el visto bueno de la nueva administración estadounidense.
La consecuencia ha sido la reedición del modelo ‘La Salida’, es decir, la generación de violencia en las calles para provocar el mayor número de muertos posible que justifique el derrocamiento de Maduro. Esto se combina con la presión continental a través de la OEA y el ataque mediático internacional contra el gobierno venezolano.
Los últimos episodios a subrayar son tres. En primer lugar, la recuperación de la capacidad de movilización del chavismo el 19 de abril, equilibrando las fuerzas en la disputa en la calle. Segundo, la decisión del gobierno venezolano de salirse de la OEA, el 26 de abril, en un gesto de dignidad soberana que pilló a contrapié a Washington y a su actual subordinado en dicha organización, Luis Almagro. Por último, el anuncio de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente el 1 de mayo, día de la clase trabajadora.
Escenario económico-social. Si existe un escenario donde la disputa es encarnizada y las contradicciones son cada vez mayores, ese es el socio-económico. Para entender qué está pasando en este terreno hay que evaluar tres aspectos: por una parte, las teorías más importantes que intentar explicar la crisis; por otra parte, las principales medidas tomadas por el gobierno; y por último, las críticas a estas, realizadas por la izquierda del chavismo.
En cuanto a las visiones que intentan explicar la profunda crisis económica debemos destacar fundamentalmente dos. Por un lado, la teoría defendida por los sectores más gubernamentales, que se centran en enumerar las diferentes variables de la guerra económica, las cuales serían: primero, la manipulación del tipo de cambio en el mercado negro, incrementando cada vez más la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el informal y provocando, en consecuencia, una cadena especulativa descomunal en los precios de todos los productos y servicios que se ofertan en el país; segundo, el ya conocido desabastecimiento programado de bienes por parte de diversos grupos patronales, al cual se le ha agregado en el último tiempo una reducción de la producción, para multiplicar aún más, si cabe, la hiperinflación; tercero, un bloque internacional bancario para ahogar financieramente al país; y cuarto, un sabotaje a las transacciones monetarias, dificultando la adquisición de billetes en muchas entidades bancarias y dejando así sin liquidez a la población.
La otra teoría plausible que intentaría explicar la actual crisis económica, asume los citados aspectos de la guerra económica pero agrega variables exógenas y autocríticas. Por un lado, se alude a la caída de los precios del petróleo y al intento de mantener el gasto público y social al mismo nivel, lo cual está provocando un incremento severo del endeudamiento. No hay que olvidar que una gran parte del crudo venezolano es pesado y extra pesado y por lo tanto muy caro de extraer, por lo que los ingresos en el último periodo han sido muy bajos.
Por otro lado, desde una óptica autocrítica, intelectuales del chavismo alertan de las ventajas que algunas fracciones de la elite del propio chavismo obtienen de la guerra económica. Un referente intelectual de la izquierda como Javier Biardeau advierte de la articulación entre «grupos importadores, mafias cambiarias y una ‘burguesía patrimonalista’ ligada a altos cargos de la administración pública (la tecno-burocracia)», que están lucrándose del actual deterioro económico. Además, la imposibilidad literal de subsistir exclusivamente del salario estimula el denominado «bachaqueo», es decir, la reventa especulativa, provocando que los circuitos de la economía informal tengan cada vez más peso en el conjunto de la economía.
Medidas gubernamentales. En la orientación económica del Ejecutivo para intentar superar la crisis ha primado cada vez más el intento por generar alianzas productivas con diversos sectores empresariales, buscando, por un lado, contrarrestar la estrategia de desestabilización y por otro, incrementar la producción nacional. En el actual rumbo, de perfil más netamente neo-desarrollista, destacan tres grandes proyectos. Por una parte, el mega-proyecto del ‘Arco Minero del Orinoco’, que ampliaría la frontera minera en más de 100.000 km2, para explotar oro, hierro, níquel, carbón, etc. Una actividad que podría generar, según el gobierno, de 3 a 4 mil millones de dólares anuales, pero que ha provocado un rechazo muy fuerte de sectores ecologistas y del chavismo crítico. Por otra parte, la flexibilización de convenios en la Faja Petrolífera del Orinoco, para atraer más socios internacionales. Por último, la creación de ‘Zonas Económicas Especiales’, facilitando la llegada de inversiones extranjeras.
Críticas y propuestas de la izquierda chavista. Tanto el chavismo opositor como grupos críticos al interior del chavismo oficial coinciden en criticar algunas de estas medidas y plantean un cambio de rumbo. Por un lado, alertan del crecimiento preocupante de la deuda externa y plantean la suspensión del pago y una renegociación. Los intereses que la mafia bancaria internacional está obligando a pagar a Venezuela son absolutamente desproporcionados y han vuelto a poner sobre el tapete la urgencia de una auditoria de la deuda.
Por otro lado, la desaparición progresiva del control de precios de muchos productos básicos, como consecuencia de la presión de sectores empresariales, no ha servido para estabilizar precios, por lo que la dificultad de acceso a alimentos y medicinas se ha incrementado. Los denominados CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) han permitido un abastecimiento directo a los sectores populares pero no parecen en absolutos suficientes para garantizar un acceso mínimo. En consecuencia, el no pago de la deuda y el restablecimiento del control de precios son algunas de las demandas más urgentes del movimiento popular.
Luismi Uharte. Parte Hartuz Ikerketa Taldea
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