El reciente rechazo electoral a la reforma constitucional planteada por el presidente Hugo Chávez constituye un buen momento para realizar un análisis de cuál ha sido la evolución del proceso bolivariano y el momento en el que se encuentra. Y entendemos que es idóneo no sólo por lo novedoso de la situación -hasta ahora Chávez […]
El reciente rechazo electoral a la reforma constitucional planteada por el presidente Hugo Chávez constituye un buen momento para realizar un análisis de cuál ha sido la evolución del proceso bolivariano y el momento en el que se encuentra. Y entendemos que es idóneo no sólo por lo novedoso de la situación -hasta ahora Chávez no había perdido ninguno de los procesos electorales en los que había estado implicado, sino también porque dicha reforma constituía un cambio cualitativo de singular relevancia en la evolución de dicho proceso por cuanto suponía apostar decididamente por imprimirle un giro socialista al mismo.
Es más, la derrota electoral ha actuado como elemento catárquico y ha permitido abrir la caja de los truenos de la crítica desde la izquierda, hasta ahora silenciada por temor a debilitar el proyecto nacional que mayores ilusiones y expectativas ha despertado en estos tiempos de cuasi uniformidad política. Por fin ha comenzado en ese ámbito un debate abierto sobre el momento en el que se encuentra el proceso bolivariano y las alternativas de futuro que se abren ante el mismo, manifestándose abiertamente las incertidumbres y críticas al rumbo que sigue el proceso.
Con ese espíritu, este artículo trata de ofrecer una breve síntesis de cuáles son los principales hitos en ese proceso y de mostrar cuáles han sido sus logros, al tiempo que no ocultará algunas de sus debilidades y claroscuros. Porque si de algo adolece el análisis que se hace de la realidad venezolana, sobre todo el que se hace desde el exterior, es de maniqueísmo: sus partidarios sólo resaltan sus logros y vuelven la cara cuando de sus debilidades se trata y sus detractores hacen lo propio pero en sentido inverso.
El punto de partida y los primeros pasos
Desde que Hugo Chávez asumiera la presidencia de Venezuela en febrero 1999 puede identificarse una serie de etapas en el proceso bolivariano marcadas, todas ellas, por el conflicto de clases y la progresiva polarización política en el país.
Y es que, aunque pudiera parecer lo contrario, Hugo Chávez no llegó al poder con un discurso socialista ni ese pareciera que fuera, en sus orígenes, el horizonte hacia el que apuntaba su proyecto. Han sido, como veremos a continuación, tanto la radicalización del conflicto por parte de las clases dominantes a nivel nacional como las presiones internacionales, fundamentalmente estadounidense, y sus intentos por condicionar la política interna venezolana las que han provocado que el presidente venezolano haya acabado interiorizando que sólo en el marco de un proyecto de naturaleza socialista es viable la emancipación de las clases populares y el acceso a unos niveles de bienestar colectivos consonantes con la riqueza de la que dispone el país.
La situación de partida a la que se enfrentaba el presidente Chávez era realmente desastrosa. A pesar de sus ingentes riquezas naturales -entre las cuales el petróleo es tan sólo una más aunque, en estos momentos, la geopolíticamente más relevante-, el país se encontraba en una dramática crisis que afectaba a diferentes dimensiones de la realidad venezolana.
Por un lado, una profunda crisis económica (el ingreso per cápita en Venezuela en 1998 fue un 34,8% menor que en el año 1970 mientras que la pobreza pasó del 18% en 1980 al 65% en 1996, signos de que Venezuela estaba atravesando la recesión económica más grande de toda Latinoamérica), que hacía imposible el mantenimiento de un proceso redistributivo de la renta petrolera que, si bien era tremendamente desigual, sí que permeaba hasta las capas más desfavorecidas de la población lo que facilitaba, de algún modo, su acomodo con el estatus quo vigente.
Por otro lado, una profunda crisis política, que puede ser entendida como un subproducto de la anterior y que se manifestaba en términos de la ruptura del pacto de Punto Fijo en la que, mediante utilización perversa y corrupta de los mecanismos de la democracia formal, se alternaban en el poder los dos principales partidos políticos, Acción Democrática y COPEI.
En ese contexto, la figura «salvadora» de Chávez aportaba un aire fresco a la política venezolana.
Su éxito electoral, el cumplimiento inmediato de su promesa de convocar un referéndum para iniciar un proceso constituyente y su reelección tras ser aprobada la nueva Constitución consolidaron su figura como dirigente de un proceso que, sin embargo, en este primer momento no era en absoluto socialista y que se sustentaba sobre la creencia firme en que la reforma política era un elemento indispensable para la reforma económica. En ningún caso se cuestionó el capitalismo como sistema y la apuesta de su primera etapa de gobierno, que podríamos llevar hasta el golpe de estado de 2002, era la de desarrollar un sistema mixto con fuerte presencia del Estado en los sectores estratégicos de la economía, en la más pura tradición socialdemócrata, y con una marcada preocupación por la salvaguarda de los equilibrios macroeconómicos mediante políticas económicas de marcado corte ortodoxo, hasta tal punto que, por ejemplo, el FMI alabó en esos años la política económica chavista.
Esta primera etapa de gobierno de Chávez estuvo marcada desde sus comienzos por dos ejes centrales en su discurso y en su actividad política.
Por un lado, su atención a las clases populares en tanto que mayoría social del país que, sin embargo, habían sido completamente excluidas por el sistema político y económico anterior.
Y, por otro lado, su casi obsesiva preocupación por conseguir mayores niveles de autonomía nacional para Venezuela para lo cual, y como primer elemento a destacar de su exitosa política internacional, se centró en resucitar a la OPEP (a la que los gobiernos venezolanos precedentes se habían encargado de casi aniquilar por la vía de incumplir todos los acuerdos de producción) y forzar el aumento de los precios del petróleo. Una estrategia que era fundamental si se tiene en cuenta que, cuando Chávez llega al poder, el precio del petróleo venezolano se encontraba en su nivel más bajo desde hacía 50 años.
El éxito en este segundo objetivo se tradujo en un incremento de la renta petrolera que permitió un incremento excepcional del gasto social y, con ello, las primeras actuaciones decisivas para tratar de mejorar el bienestar de las clases populares. El gasto social como porcentaje del gasto público pasó del 34,6% en 1998 al 38,3% en 2001 y su destino fue fundamentalmente educación y seguridad social.
El punto de inflexión de este periodo se produce con el primer gran intento de reforma estructural que Chávez trata de llevar adelante y que ya sí que tocaba los intereses de los principales sectores de la oligarquía nacional: las Leyes Habilitantes de noviembre de 2001 que apuntaban decididamente por una mayor democratización de la propiedad y de la producción. En especial, fueron singularmente respondidas las de Pesca y Acuicultura, la de Tierras y Desarrollo Agrario y la de Hidrocarburos.
La etapa de la confrontación directa
La reacción fue inmediata. Se conformó una alianza de intereses que aglutinaba a los sujetos que se veían a sí mismos como los principales damnificados del proceso de socialización de la renta petrolera y que activarían todos los mecanismos legales e ilegales para tratar de expulsar a Chávez del gobierno y hacerse con el control del Estado y el acceso a la renta petrolera.
La historia de esos ataques es bien conocida: golpe de Estado en abril de 2002; paro empresarial en diciembre de ese mismo año y sabotaje petrolero en enero-febrero de 2003. Los resultados son también conocidos: el PIB venezolano cayó casi en un 25% en el primer trimestre de 2003; las reservas internacionales cayeron en un 12,3% entre noviembre de 2002 y enero de 2003 por lo que hubo que instalar en febrero de ese año un control de cambios para evitar la fuga masiva de capitales. Además, entre el primer semestre de 2002 y el primero de 2003, la pobreza aumentó un 30% pasando del 41,5% al 54%; la extrema pobreza pasó del 16,6% al 25,1% en ese mismo periodo.
En definitiva, una crisis de proporciones desconocidas para un país que no estaba sufriendo un conflicto bélico aunque sí una guerra de baja intensidad canalizada por la vía del sabotaje económico.
Guerra a la que contribuían de forma decisiva los medios de comunicación de masas y, en especial y desde nuestro país, el grupo PRISA vinculado en sus intereses empresariales al grupo de Cisneros (el principal empresario venezolano) y en sus intereses políticos a la amistad que mantenían Felipe González y el ex-presidente condenado por corrupción y fugado del país Carlos Andrés Pérez. Ese acoso mediático se ha ido intensificando con el paso del tiempo, trasladando hacia el resto del mundo una visión completamente tergiversada del proceso venezolano.
El clima de oposición, sin embargo, no cejó con los sabotajes referidos. Anuladas la vía golpista y la vía económica para tratar de expulsar al presidente del Palacio de Miraflores, la oposición optó por acogerse al cauce institucional que le habría el referendo revocatorio, una figura constitucional que permite revocar de su cargo a cualquier cargo electo venezolano, incluido el Presidente, una vez alcanzada la mitad de su mandato. El revocatorio se produjo en agosto de 2004 y también fue ampliamente ganado por el presidente Chávez.
En esta segunda etapa de gobierno, marcada por todas las turbulencias políticas descritas, resalta sin embargo uno de los mayores logros del proceso bolivariano y la fuente de gran parte de su legitimidad popular: la implantación de las denominadas Misiones sociales.
Esta novedosa forma de implementar políticas sociales destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la población (educación, sanidad, acceso a la canasta básica de alimentos, formación profesional, etc.) se activó para eludir las obstrucciones que la burocracia heredada del anterior régimen ponía a cualquier iniciativa gubernamental en pleno período de boicot. Se desarrollaron así políticas caracterizadas por una elevada implicación popular en su diseño y aplicación; por repercutir inmediatamente en las condiciones de vida de la ciudadanía, reduciendo significativamente los índices de pobreza del país; y, sobre todo, porque han permitido distribuir gran parte de la renta petrolera entre la población que nunca había tenido acceso a la misma.
Sin embargo, no se puede negar que estas políticas están siendo criticadas porque, habiendo sido muy útiles en momentos de emergencia, siguen manteniéndose en el tiempo lo que implica una duplicación, en muchos casos, de tareas que corresponden a ministerios y otras instituciones del Estado. Asimismo, hay que destacar que, más allá de su notable incidencia sobre gran parte de la población (más del 60% de la población se ha visto beneficiada por alguna de ellas), la opacidad es la nota dominante en todo lo relacionado con los recursos financieros implicados en la mismas y existe una notable carencia de control presupuestario del gasto lo que dificulta realizar cualquier tipo de análisis de su eficiencia relativa, amén de que facilita la desviación de recursos hacia fines particulares por parte de sus gestores, esto es, la corrupción.
La excusa de que se trata de crear una nueva institucionalidad para la gestión del Estado que se encuentra en estado de gestación y vinculada a las Misiones sociales no es argumento suficiente para que esa falta de transparencia se siga manteniendo. Más bien debería ser al contrario: esa presunta nueva institucionalidad exigiría, ante todo, de absoluta nitidez en la gestión de lo público.
Rumbo al socialismo
En todo caso, tras el periodo convulso llegó la aparente calma. Desarticulada prácticamente la oposición tras el referendo revocatorio, el proceso bolivariano da un giro y entra en una senda que debería conducir a Venezuela hacia el Socialismo del Siglo XXI, tal y como lo denominó Chávez en diciembre de 2004. Qué sea éste y cuáles son sus caracteres es algo que aún está por definir. En cualquier caso, gran parte de la reforma constitucional planteada por Chávez iba en la línea de dotar a dicho concepto de un trasfondo normativo aunque éste era lo suficientemente flexible como para permitir múltiples cauces de evolución en la realidad.
En línea con ese proceso de construcción del socialismo, se creó el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el que Chávez llamó a integrarse a todos los partidos que conformaban el Movimiento V República (MVR) y que, hasta entonces, lo había apoyado. La demanda no fue atendida unánimemente y creó escisiones dentro de las filas del chavismo. De hecho, si se atiende a los resultados del reciente referendo, el PSUV tiene más militantes que votos obtuvo a favor la reforma; síntoma inequívoco de que muchos de sus integrantes no están alineados con el proceso y perciben al partido como una forma de acceso a los recursos o a los resortes del poder del Estado venezolano.
En conclusión, lo que es relevante de esta última etapa del proceso bolivariano es que el presidente Chávez a través, entre otros mecanismos, de ese ingente esfuerzo pedagógico que realiza periódicamente en los medios de comunicación y en programas como el «Aló Presidente» ha conseguido que la mayor parte de la población adquiera una conciencia política brutal. Una conciencia lo suficientemente madura como para ser capaz de negar su apoyo al líder indiscutido del proceso cuando éste planteó la referida reforma ya fuera porque ésta no fue lo suficientemente explicada y, por lo tanto, interiorizada o porque se impuso desde arriba cuando el pueblo lleva escuchando hasta la saciedad que Venezuela debe trascender la democracia representativa para encaminarse hacia una democracia participativa.
Todo ello es indicativo de que el principal avance de la revolución bolivariana es un pueblo concienciado de su capacidad para elegir el rumbo de su futuro y consciente de que el agradecimiento no tiene por qué ir de la mano de la sumisión.
Alberto Montero Soler ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y miembro de la Fundación CEPS. Puedes visitar su blog «La otra economía».