Lenin constató que la revolución puede avanzar de forma desigual, y que en algunos momentos lo político puede adelantarse a lo económico. Sin embargo, la historia nos demuestra que cuando la lógica del capital se mantiene, la base económica termina por imponerse, levantando muros insoslayables en el camino de la revolución política. En el «Prólogo […]
Lenin constató que la revolución puede avanzar de forma desigual, y que en algunos momentos lo político puede adelantarse a lo económico. Sin embargo, la historia nos demuestra que cuando la lógica del capital se mantiene, la base económica termina por imponerse, levantando muros insoslayables en el camino de la revolución política. En el «Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política», Marx escribe que la base condiciona (no determina , cómo a menudo se plantea) la superestructura política y jurídica.
Así ocurrió en el Proceso Bolivariano: con Chávez en la vanguardia se ampliaron los derechos democráticos y sociales por la vía de la Constituyente, se retomó el proyecto antiimperialista de la Patria Grande y, lo más extraordinario, el pueblo trabajador levantó con orgullo la bandera del socialismo hace diez años, avanzando así en lo político y discursivo… pero la base capitalista de la economía se mantuvo prácticamente intacta.
En una síntesis del período 2002-2012, el economista uruguayo Rodrigo Alonso[1] llegó a la conclusión de que el Proceso Bolivariano se ha caracterizado por ser un período de gestión popular de la economía capitalista . Esta tesis puede ser parcial o incompleta, pero es un buen punto de partida para entender el laberinto en el que hoy se encuentra Venezuela.
Veamos: si bien es cierto que a partir de la nacionalización real de PDVSA (2001-2003) fuimos partícipes de una ampliación sustantiva en la inversión social a través de programas cuyo objetivo fue la reducción de la pobreza, no es menos cierto que se mantuvieron prácticamente intactos los mecanismos de acumulación de la burguesía venezolana. Los capitalistas continuaron siendo el núcleo apropiador del excedente a través del control del comercio, y el Estado venezolano generó plataformas extremadamente costosas -hablamos aquí de los Bonos de Deuda Pública Nacional, popularmente conocidos como «Bonos de PDVSA»[2]- para que la burguesía lograse convertir ese excedente en dólares a tasas de cambio subsidiadas. Esta plataforma (o «pacto») facilitó la fuga legal de capitales, perpetuando la lógica del capitalismo dependiente venezolano.
Pero la fórmula de gestión popular de la economía capitalista -de convivencia de procesos de distribución popular y de acumulación burguesa- fue viable sólo durante la bonanza petrolera, y ha sido caracterizada por algunos economistas marxistas como «una bomba de tiempo», apuntando así a la contradicción que encierra el modelo. Los altos precios de los commodities mantuvieron el modelo pero hoy, con el bajo precio del barril y los altos costos de la deuda soberana (adquirida en gran medida para mantener a flote los Bonos de la Deuda Pública Nacional), éste se ha fracturado: estalló la bomba de tiempo y el capitalismo venezolano ya no puede soportar la tensión distributiva entre clases.
Esto nos obliga a plantearnos seriamente qué hacer, cómo salir del laberinto. Evidentemente, ante esta situación la derecha tiene un planteamiento único: el paquete de ajustes macroeconómicos con su impacto devastador sobre el pueblo venezolano. Desafortunadamente la dirección política del Proceso, producto de la interpretación ideologizada y anticientífica de la guerra económica, ha dado respuestas superficiales y a menudo incoherentes: mesas de diálogo con la burguesía, suscripción de acuerdos y memorandums, regulación «libre» de precios, creación de superintendencias y estados mayores, cierre de la frontera, etc., mientras el discurso oficial se centra en fenómenos secundarios como el bachaqueo o la conspiración de DolarToday en lugar de definir claramente el enemigo del pueblo trabajador: la burguesía. Evidentemente estas respuestas, que en el mejor de los casos son parches o tácticas distraccionistas, no revierten la situación y hoy somos testigos del rápido empobrecimiento de los más humildes.
Ante la gravedad de la situación el Gobierno Bolivariano tiene sólo dos opciones. La primera, la más obvia, es aplicar un paquete de ajustes, o lo que los ortodoxos en el BCV llaman «el necesario ajuste de cinturones»: reducción de la inversión social, liberalización de precios, precarización laboral, apertura a la inversión extranjera desventajosa, etc. En otras palabras: asumir que el socialismo no es factible, aceptando la pauperización del pueblo trabajador.
La segunda opción, la opción revolucionaria que requiere de visión estratégica, voluntad de lucha y reincorporación del pueblo al quehacer político-revolucionario, implica tomar control de la economía . Aquí enunciamos algunas medidas propuestas por economistas y organizaciones populares, medidas para que la burguesía, causante de la crisis, pague los costos:
– Planificación popular centralizada.
– Control del comercio exterior y racionalización de las importaciones.
– Control de la distribución.
– Nacionalización de la banca.
– Aumento de la carga impositiva sobre los ingresos de la burguesía.
– Renegociación o impago de la deuda.
– Nacionalización planificada de las industrias estratégicas operativas (alimentación, salud, etc.).
– Inversión estatal en función del desarrollo de las fuerzas productivas (bajo propiedad social y control popular/obrero).
En verdad la elección no es fácil, pero la bomba de tiempo que estalló y la incapacidad de acción de la dirección política del Proceso Bolivariano están empobreciendo y desmoralizando al pueblo. Si no avanzamos estaremos traicionando el proyecto de Bolívar, de Chávez y del pueblo trabajador que hoy paga las consecuencias de la crisis del capital.
Notas:
[1] Para leer más sobre las investigaciones de Rodrigo Alonso, quien desde nuestra perspectiva ha producido el trabajo más riguroso sobre la situación económica venezolana, leer «Venezuela: ¿Crisis del ‘Socialismo del Siglo XXI'»: www.brecha.com.uy/crisis-del-
[2] Los Bonos de Deuda Pública (2006-2012) tenían el objetivo de estabilizar el dólar paralelo y drenar liquidez monetaria (frenando así la inflación), sin generar contradicciones con la clase económicamente dominante. Mientras el Estado tuvo la capacidad de mantener estos bonos, se mantuvo cierta estabilidad económica.
Cira Pascual Marquina es profesora de Estudios Políticos en la Universidad Bolivariana de Venezuela.
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