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Diálogo político a pesar del asedio económico

Venezuela en tiempos de Trump

Fuentes: Rebelión

Venezuela afronta este año 2020 con una economía muy golpeada y una agresión sin precedentes por parte de la administración Trump, pero con un escenario político más estable y la previsión de elecciones parlamentarias a fines de año.

Un año después del intento de derrocamiento violento contra el gobierno venezolano por parte de la alianza entre EE.UU., los Ejecutivos ultras de América Latina (Colombia y Brasil, principalmente) y la vieja oligarquía criolla, el escenario político en el país se caracteriza por una mayor estabilidad, a pesar de la enorme precariedad en términos socioeconómicos.

Radiografía económica. La economía sigue siendo, sin duda, el tema con mayúsculas que preocupa y ocupa tanto al gobierno y el resto de agentes políticos como a la población, fundamentalmente a las clases populares. Por tanto, es inevitable poner el foco en la actual coyuntura económica, para intentar identificar los principales factores que explican el desplome profundo y continuado del PIB nacional.

El factor monetario continúa teniendo una gran relevancia y específicamente algunas dinámicas asociadas a este. Por un lado, la especulación, planificada perversamente para provocar un aumento sideral de los precios (hiperinflación desde 2017) y en consecuencia una destrucción absoluta del poder de compra de la mayoría de la ciudadanía. Por otro lado, el ataque permanente a la moneda nacional, el bolívar, induciendo una dinámica de devaluación constante hasta convertirla en un medio de cambio cada vez menos seguro.

La pérdida de valor del bolívar ha llegado a tal grado que a lo largo de 2019 fue perdiendo cada vez más presencia en los intercambios cotidianos de la gente, siendo sustituida de facto, por el dólar y en menor medida por otras monedas (peso colombiano, real brasileño) en las regiones de frontera. El salto cualitativo es que el dólar ha pasado de ser ‘refugio de valor’ a moneda de cambio diaria para toda la ciudadanía. En este contexto, algunos economistas apuntan a la posibilidad de que el gobierno intente evitar la dolarización a través de la implantación generalizada de una moneda paralela (quizás el ‘petro’) que mantenga su equivalencia respecto al dólar, al igual que hizo Cuba con el peso convertible (CUC) a mediados de los noventa.

El factor productivo es otro elemento central y fundamentalmente la producción de la primera industria del país, el petróleo. Las sanciones que existen desde la época de Obama y el bloqueo actual están golpeando duramente a una infraestructura de origen estadounidense, que ahora no tiene acceso a repuestos de todo tipo debido al asedio. Si a esto agregamos la menor inversión (por falta de recursos) y la fuerte migración de profesionales, nos encontramos con que el sector estratégico ha reducido 2/3 su producción, pasando de 2,7 millones de barriles/día a menos de un millón.

El deterioro de servicios públicos básicos, sobre todo a partir de 2019, se ha convertido en otro factor de gran impacto en la economía. El caso del servicio eléctrico es el más paradigmático, ya que venía sufriendo sabotajes en los últimos años, pero el ataque cibernético de marzo del año pasado fue de tal magnitud que dejó unas pérdidas de más de 1.000 millones de dólares y unas secuelas en regiones del interior del país que todavía continúan, ya que los apagones no han concluido.

Pero el factor que se destaca en la actualidad como el más virulento y que explica en gran medida los factores antes citados, es el bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU. Por un lado, todos los sectores productivos –no sólo el petrolero- se han visto brutalmente afectados en su dinámica importadora y exportadora, lo cual ha llevado al cierre de miles de empresas. Por otro lado, a nivel financiero, además de bloquearle el crédito internacional al país, Washington amenaza a bancos de todo el mundo para que no permitan al Estado venezolano realizar transacciones de ningún tipo.

En síntesis, Venezuela está empezando a verse afectada como lo ha estado Cuba en las últimas décadas, producto de un duro bloqueo por parte de la principal potencia occidental. Se calcula que en los últimos 5 años el país ha perdido más de 20.000 millones anualmente como consecuencia del bloqueo.

Todos los factores citados son clave para entender el actual panorama económico, que se traduce en una caída brutal del PIB, solo equiparable a contextos de guerra convencional o de catástrofes naturales. Desde el 2014 el PIB ha decrecido constantemente todos los años y se estima que la caída acumulada puede ser de un 20 a un 25% en relación al PIB de 2013. La caída abrupta del ingreso de la clase trabajadora, que ha pasado en una década de tener uno de los salarios mínimos más robustos de América Latina a uno de los más precarios, hay que situarlo en este contexto de ‘excepción’ y guerra de cuarta generación.

Ante este escenario crítico, las visiones al interior del chavismo sobre cómo enfrentar la situación son divergentes, aunque todas coinciden en la urgencia de incrementar exponencialmente la producción nacional. Por un lado, al interior del gobierno han ido tomando fuerza los sectores que consideran que es prioritario aumentar la productividad y sortear el bloqueo a través de varias vías: intensificar la participación en el negocio petrolero de capital extranjero de países aliados; promover la explotación minera en el Arco Minero del Orinoco; e impulsar la producción privada del sector empresarial no golpista.

Por otro lado, el chavismo de base y anclado a las Comunas considera que hay que priorizar a la economía comunal frente a la privada, dotándole de muchos más recursos materiales y brindándole un mayor acompañamiento técnico. A su vez, insisten en la necesidad de promover modelos de gestión más directa en las empresas públicas para enfrentar así la ineficiencia y el burocratismo.

Disputa política. En el terreno político el nivel de conflictividad se ha reducido notablemente, ya que conforme fue avanzando el año 2019 fueron perdiendo fuerza los sectores más extremistas de la oposición que habían apostado por la vía violenta. Ninguna de las tres versiones –aislada o combinadas- funcionó: en primer lugar, las Fuerzas Armadas venezolanas no se plegaron al golpe militar; en segundo lugar, los ejércitos de Brasil y Colombia no secundaron la orientación estadounidense de embarcarse en la aventura de la invasión militar; y, por último, los intentos de provocar una guerra civil no tuvieron éxito.

Paralelamente, la figura de Juan Guaidó fue perdiendo relevancia, a pesar del reconocimiento que obtuvo de grandes potencias occidentales. La capacidad de movilización que lograron en los primeros meses de 2019 se fue apagando y el personaje prefabricado por la CIA se fue convirtiendo, al interior del país, en una especie de bufón político con cada vez menos incidencia en sus potenciales bases.

De todas formas, no hay que olvidar que en los primeros meses, la amenaza real de una invasión imperialista obligó a un cierre de filas y todos los sectores del chavismo, hasta los más críticos, priorizaron la unidad, en un escenario de grave peligro no solo para la continuidad del gobierno sino sobre todo para la soberanía nacional.

En la actualidad, a un año del intento de derrocamiento, la correlación de fuerzas ha cambiado. Por un lado, el gobierno de Nicolás Maduro ha logrado fortalecerse y fundamentalmente ha conseguido trasladar la disputa política al terreno civil. Por otro lado, la oposición vuelve a estar fragmentada, como otras veces, entre los sectores que priorizan la vía violenta y los que apuestan por la negociación con el Ejecutivo.

Hay que destacar la habilidad del gobierno al haber logrado dividir a la oposición al interior de la Asamblea Nacional y desactivar así la función destituyente que ésta ha pretendido desempeñar en los últimos años. A principios de 2020 se eligió una nueva directiva, asumiendo Luis Parra, del sector opositor favorable a la negociación. De esta manera, Guaidó fue desplazado como presidente del parlamento, aunque no aceptó su derrota y proclamó que continuaba siendo el presidente legítimo. En consecuencia, hoy día tenemos 2 Asambleas Nacionales opositoras, divididas entre sí y una Asamblea Constituyente de mayoría chavista.

Esta situación un tanto surrealista parece que será resuelta en las elecciones parlamentarias que se deberían celebrar a fines de este año, en su fecha oficial. Lo más importante es que para que estas se celebren hay en marcha una negociación entre un sector mayoritario de la oposición y el gobierno. El primer paso de este proceso es la elección de un nuevo CNE (Consejo Nacional Electoral), principal condición que puso la derecha y que el PSUV está dispuesto a aceptar.

Por ello, se espera que en las próximas semanas –Coronavirus mediante- se pueda elegir un nuevo CNE legitimado por los principales actores políticos y que el nuevo ente fije un cronograma para la celebración de las elecciones a la Asamblea Nacional. Un nuevo parlamento que aceptara la legitimidad del Ejecutivo permitiría presionar con mucha más fuerza a la mayoría de los gobiernos que siguen reconociendo a Guaidó con el neocolonial título de ‘presidente encargado’.

De cualquier manera, el inefable personaje continúa con su actividad circense, avalada por la Casa Blanca, y a principios de marzo montó un falso positivo en un acto político público en la ciudad de Barquisimeto, denunciando al gobierno por intentar asesinarle en atentado fallido. El autor del atentado, detenido posteriormente, reconoció haber sido contratado para escenificar el suceso.

Sin embargo, este 2020 será un año duro porque Trump, en campaña electoral hacia las presidenciales de noviembre, apretará más las tuercas contra sus enemigos del Caribe. La amenaza de aplicar un bloqueo naval contra Venezuela y la reciente acusación de narcotráfico contra el presidente Maduro son señales bien claras en ese sentido.

* Luismi Uharte. Grupo Investigación Parte Hartuz. Universidad del País Vasco

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