Tal como están las cosas en el mundo, no es difícil entender que sea tildada, de ingobernable -por un medio que responde a los intereses de las bolsas internacionales- una nación que ha desarrollado en los últimos 14 años un profundo proceso de cambios socioeconómicos y políticos por la vía democrática, logrando disminuir vertiginosamente la […]
Tal como están las cosas en el mundo, no es difícil entender que sea tildada, de ingobernable -por un medio que responde a los intereses de las bolsas internacionales- una nación que ha desarrollado en los últimos 14 años un profundo proceso de cambios socioeconómicos y políticos por la vía democrática, logrando disminuir vertiginosamente la pobreza, las desigualdades (somos el país menos desigual de América Latina) -sólo la matrícula universitaria pasó de 400 mil a 2 a millones 600 mil (aumentó 550%)- y escalar velozmente en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, gracias a la recuperación de la soberanía sobre sus recursos naturales. No en vano la recuperación del control del Estado sobre los recursos naturales permitió que las mayores reservas petrolíferas del mundo fuesen reconocidas como tales y no vendidas a precio de carbón o que las empresas trasnacionales pagarán más de 1% de regalía por la explotación de dicho recurso.
Sin embargo, con tan escandaloso título, es mi deber tranquilizar a la opinión pública española, la República Bolivariana de Venezuela goza de plena estabilidad institucional y sus poderes públicos continúan tomando decisiones y gerenciando las áreas bajo su responsabilidad con total normalidad. Ni siquiera en los municipios gobernados por la oposición, en los cuales se ha auspiciado la violencia (menos del 2% del total de los municipios del país y sólo en urbanizaciones de clase media y media alta), es posible hablar de ingobernabilidad, porque a pesar de que algunos alcaldes no han cumplido con sus responsabilidades, los poderes públicos nacionales están actuando para que se respete la Ley y se garantice el bienestar de la ciudadanía.
La imagen que intenta proyectar el editorial de un país sumido en «las protestas y la represión», no es coherente con la realidad de una nación que viene de realizar dos procesos electorales en el último año -en los cuales ha aumentado, significativamente, el respaldo al gobierno del presidente democrático y constitucional, Nicolás Maduro- y que, según la última encuesta privada chilena Latinobarómetro (2013), es el país de la región que cuenta con más apoyo de su ciudadanía a la democracia.
Lo único que refleja con honestidad el artículo es que la unidad de la oposición está resquebrajada entre el sector que plantea una estrategia violenta para derrocar a un gobierno democrático; y el sector más racional que analiza lo equivocado de esta estrategia inconstitucional y los riesgos que supone para la paz social y la popularidad de la propia oposición.
En este sentido, es preocupante la simpatía mostrada por algunas corporaciones mediáticas, como PRISA, hacia la acción de sectores violentos de la ultraderecha en Venezuela. Sectores que han llamado a la salida inconstitucional del gobierno y que impulsan acciones claramente terroristas -llamadas guarimbas- entre las cuales destacan quema de instalaciones educativas, hospitalarias y de otras instituciones y servicios públicos, como unidades de transporte de pasajeros y/o alimentos; el levantamiento de barricadas con empleo de cócteles molotov, armas de fuego y todo tipo de trampas en las vías, además de asesinatos con francotiradores, el envenenamiento de embalses de agua y provocación de incendios forestales.
¿Cómo se puede hablar de represión en un país en el que un sector de ultraderecha llama a derrocar al gobierno democrático e impulsa acciones terroristas, y los efectivos del orden público responden con proporcionalidad y control para devolver la tranquilidad a los ciudadanos, mientras la Fiscalía actúa de manera ejemplar aplicando la Ley a los implicados en hechos violentos o irregulares, incluso en los casos excepcionales donde se han determinado responsabilidades de efectivos del orden por violaciones de derechos humanos?
Llama la atención que El País olvida mencionar que estas protestas violentas han dejado en dos meses un lamentable saldo de 39 víctimas mortales, de las cuales las investigaciones ya señalan que los llamados guarimberos tienen la responsabilidad directa de más de la mitad. Sin embargo, hasta el 27 de marzo sólo había 168 detenidos, por la gravedad de los casos criminalísticos en los que están implicados. ¿Cuál sería el resultado de la acción de las fuerzas del orden y las instituciones de justicia en países de Europa Occidental si un sector extremista pretendiera la salida por la fuerza del gobierno constitucional y provocara acciones de violencia y terrorismo en algunas ciudades, durante dos meses? ¿Cómo lo cubriría El País?
¿Cómo se puede decir que sufre un desastre económico, Venezuela, un país que creció en 2012 un 5,5% y en 2013 un 1,6%, que tiene una relación deuda externa/PIB del 18%, una tasa de paro en 7% o que entregó en los últimos dos años más de 500 mil viviendas sociales? No se trata de eludir los retos que tiene nuestra nación en el área económica, pero parece que la escandalosa deuda del grupo PRISA, por las aventuras financieras y empresariales de sus directivos, influye cada vez más en su forma de plasmar la realidad.
¿A qué apuesta El País cuando descalifica la Conferencia Nacional de Paz convocada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ha sido apoyada por todos los organismos de la región, desde Unasur hasta la OEA, y ya ha producido importantes acuerdos con sectores empresariales y de la oposición democrática? ¿Por qué no cuestiona la voluntad política de la oposición violenta en un país donde la Constitución establece la posibilidad de realizar un referéndum revocatorio a mitad de mandato? ¿Por qué reitera la idea sin sustento de que los simpatizantes del chavismo son violentos?
¿Quiere re-editar El País su nefasto editorial del 13 de abril de 2002 «Golpe al caudillo«, cuando creyendo que había triunfado el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, intentaron justificar la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela?
Ya decía algún otro medio -igualmente de derechas- hace poco, que el principal directivo de El País ha estado con el franquismo, la República, la Monarquía y ahora sólo busca que le echen «una mano para reducir la deuda de PRISA»… Quizás sea El País el que deba rectificar sus políticas editoriales, por respeto a los ciudadanos que todavía creen en él… Mientras tanto el pueblo venezolano y su gobierno democrático, constitucional y revolucionario seguiremos siendo independientes, aunque algunos nos llamen ingobernables.
09 abr 2014
Mario Isea Bohórquez es Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.