De una nutrida panoplia, la última, o penúltima, o antepenúltima arma que ha utilizado la derecha contra el Gobierno bolivariano -desde que escribimos estas líneas hasta su publicación, el panorama puede cambiar súbitamente- supone la vía constitucional, pues utiliza su posición en la Asamblea Nacional, resultado de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, para […]
De una nutrida panoplia, la última, o penúltima, o antepenúltima arma que ha utilizado la derecha contra el Gobierno bolivariano -desde que escribimos estas líneas hasta su publicación, el panorama puede cambiar súbitamente- supone la vía constitucional, pues utiliza su posición en la Asamblea Nacional, resultado de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, para proclamar a tambor batiente una «hoja de ruta» que incluye convocatoria a «protestas pacíficas masivas» en pro de la renuncia del presidente Nicolás Maduro, una sórdida legislación de amnistía (que da alas a la impunidad de la reacción), enmiendas a la Carta Magna y la ejecución de un referendo revocatorio del mandatario.
Como subraya una colega, se trata de borrar el hecho de que la Ley de Leyes hace un tanto ardua la postrera estratagema, porque para un eventual proceso de este tipo deben votar a favor igual o mayor número de electores que los que lo escogieron en 2013, o sea 7.5 millones.
Por ello, ni tardos ni perezosos, se valen de toda una preparación artillera, con antecedentes como los empleados contra Allende, en Chile. Según el reputado sociólogo Atilio Borón, Venezuela afronta una guerra no convencional, impulsada por grandes poderes mundiales y sus adláteres, de la oligarquía local. ¿Los medios? En La Radio del Sur los desgrana. Grupos políticos y empresariales tratan de ocultar mercadería de primera necesidad, a los efectos de crear malestar en la población mediante la aparición y desaparición programada de los artículos.
«Esto no parece un golpe pero es un golpe muy difícil de enfrentar, porque estamos hablando de poderes inmensos», aseveró el entrevistado, para quien «es una forma de guerra que ellos (EE.UU.) [que mantiene la Orden Ejecutiva 13692, la cual decreta a Caracas como amenaza para su Seguridad Nacional] han venido practicando con los países afines donde han querido establecer una relación de hegemonía».
Asimismo, comentó que para lograrlo Norteamérica «trabaja en función de la desestabilización de países enteros. Provocando grandes sufrimientos en las poblaciones afectadas, porque eso incita al desabastecimiento, carestía, desbordes hiper-inflacionarios, corridas bancarias. Es todo un abanico de políticas que ellos utilizan y que realmente hacen efectos letales; hoy Venezuela ha estado sufriendo recientemente de esas políticas».
¿La réplica? Para el pensador pasa por una política decidida del Gobierno: penalizar sin dilación o medias tintas «a los [que] se prestan a ese juego, es decir, a aquellos que facilitan la acción de los grupos golpistas -aunque sea golpismo de cuello blanco-«. De igual modo, se refirió a la necesidad de aplicar la ley de abastecimientos y fórmulas efectivas para hacer que la mercancía salga a la calle.
«Cuando se sorprenda a alguien cometiendo esa clase de delitos no solamente hay que denunciarlo, sino imponerle una multa severísima, a los efectos de que esa conducta vaya desapareciendo, porque de lo contrario el Gobierno queda desprovisto de recursos para enfrentar ese sabotaje».
Ahora bien, diversos analistas coinciden en el hecho de que lo que ha entrado en crisis es la economía rentista. Según Guillermo Cieza (lahaine.org), «este modelo heredado de la IV República, donde las exportaciones de petróleo y otros minerales valiosos financiaban la importación de bienes de consumo, fue identificado como un problema por Chávez y el Gobierno bolivariano y se tomaron medidas dirigidas a modificarlas, pero estas han sido insuficientes y desarticuladas».
Entre estas disposiciones, asevera nuestra fuente, debe mencionarse la recuperación de PDVSA y las empresas estratégicas que daban posibilidad de contar con divisas. En esa dirección se expropiaron más de tres millones de hectáreas agrícolas y ganaderas a los latifundios; se privilegió la pesca artesanal, prohibiendo la de arrastre; se nacionalizaron entidades alimentarias como la aceitera Diana y Lácteos; se hicieron grandes inversiones en plantas de acopio y faenadoras, agroindustrias, distribuidoras de insumos agrícolas, en proyectos productivos micros (cooperativas), y se crearon redes de distribución popular (Mercal, Pedeval).
No obstante, conforme al expositor, no todas estas líneas llegaron a configurarse como parte de un plan estratégico, por limitaciones de origen, pero también por la mediación inconveniente del Estado burgués y la burocracia, «que contribuyeron a devaluar las mejores intenciones, a tergiversar las planificaciones propuestas».
Para no pocos, Cieza entre ellos, «la ineficacia, la corrupción, el macaneo (funcionarios que opinan o asumen responsabilidades sobre temas que desconocen totalmente, y aún se niegan a escuchar o reconocer saberes que podrían aportarles) se han complementado funestamente con la vocación política clientelar, que es también una herencia de la IV República».
Así que «la convocatoria a la conformación de Consejos Comunales y Comunas, a edificar un nuevo Estado y un nuevo sistema de relaciones humanas y productivas, ha convivido con una vocación política distributiva, clientelar, que fomentando repartir riquezas para ganar elecciones, ha saboteado al objetivo de promover un crecimiento económico inclusivo con vocación transformadora, de planificar una economía soberana y sustentable».
En ese fracaso productivo «no ha sido menor el papel de la burguesía local, que, desplazada de los negociados de PDVSA y las empresas estratégicas, centró sus actividades en la importación y distribución de bienes de consumo y además provocó una fuga masiva de capitales. Manejando las redes de distribución desalentó a productores agropecuarios y pescadores y manejó la suba artificial de precios al consumidor y el desabastecimiento programado. Vaciando y quebrando empresas despidió a trabajadores que debieron ser asumidos por el Estado y provocó el faltante de productos».
Y si la guerra económica desnudó la fragilidad del modelo productivo vigente, la elección del 6 de diciembre puso en carne viva también la crisis del modelo político rentista, «de generar consenso distribuyendo riquezas, privilegiando la promoción del consumo sobre la subjetividad.
«Quizás la más dura evidencia de las limitaciones del clientelismo se expresa en el hecho, no suficientemente reconocido, de que la gigantesca maquinaria electoral del chavismo movilizó a un número significativo de personas que votaron a la oposición o anularon su voto».
Algunos coinciden en que las quejas por cierto déficit de conciencia del pueblo tienen que confrotarse con que las numerosas declaraciones realizadas por dirigentes partidistas y funcionarios convocando a la urgente tarea de promover «la formación política» no se concretaron con actividades reales en la base. «Más bien podría decirse que han sido años donde escuelas políticas nacionales y regionales de formación fueron desarticuladas, y donde en los territorios se hizo más evidente la ausencia de actividades de formación política».
Si la crisis del modelo económico rentista nos hace vulnerables a las acciones de guerra económica, la crisis del modelo político rentista nos aboca a un entuerto mucho más grave. Sitúa al conjunto del proyecto bolivariano, incluida la burocracia, ante la alternativa de que o se profundiza la revolución o se puede perder todo, advierte el observador citado.
El mismo que constata una recuperación de la iniciativa política por el chavismo popular, que continúa resistiendo desde las comunas, los consejos de fábrica y las empresas recuperadas. Para más esperanza, nos asomamos con él a buenas noticias, las cuales expondremos epigramáticamente, acuciados por el espacio editorial:
1) Parece confirmarse la recuperación de los precios del hidrocarburo. El acuerdo de Rusia, Arabia Saudita, Catar y Venezuela al que se sumó Irán expresa una nueva etapa de compromisos de los grandes países petroleros, que empezarán a actuar en un escenario signado por las importantes pérdidas sufridas por las inversiones en fracking.
2) Con respecto a la sequía, que desde hace tres años afecta de forma inédita las plantaciones y el conjunto de la producción agropecuaria, se esperan lluvias por encima de lo normal, con una mejoría que se irá trasladando desde el occidente hacia el oriente.
3) Se ajustaron los precios de la gasolina y no se incendió la nación, como pronosticaban los agoreros.
4) Todavía la oposición no ha podido unificar una estrategia para derrocar al Gobierno.
5) El chavismo no implosionó después de la derrota electoral del 6D.
6) En el pico más bajo de su crisis se conservan niveles de empleo altos. «Empleos con sueldos devaluados, con un crecimiento de la informalidad, pero empleos que al fin de cuentas están impidiendo que familias queden totalmente desamparadas o puedan ser manipuladas para salir a la calle por hambre».
Todo ello resulta algo formidable, que se une a las intenciones del gabinete de superar el viejo sistema dependiente del combustible, por una estructura productiva protectora de los servicios sociales a la par que cree riquezas y nuevas fuentes de divisas.
Para algo lleva un nombre restallante: Decreto de Emergencia Económica, que se entrelaza con un trabajo ideológico continuado, y, lo fundamental, cuenta con el pueblo para reunir sugerencias que fortalezcan el proceso socialista y reimpulsen la Revolución ante adversidades que, obviamente, tienen en buena medida una base económica. Las masas como protagonistas, que no como actores de reparto.
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