La crisis venezolana no puede entenderse únicamente como un conflicto entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición interna, ni como una simple disputa bilateral entre Washington y Caracas. Forma parte de una contradicción más amplia de la actual transición del orden mundial: por un lado, los esfuerzos de las potencias centrales por mantener el control sobre recursos estratégicos y áreas de influencia; por otro, los intentos de países semiperiféricos por ampliar sus márgenes de autonomía política y económica.
Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo, ha estado durante más de un siglo en el centro de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. La estructura de una economía dependiente del petróleo convirtió al país en una nación rica en recursos naturales, pero al mismo tiempo vulnerable frente a las presiones externas y las fluctuaciones del mercado mundial.
El surgimiento de Hugo Chávez y el proyecto bolivariano representaron un intento de redefinir la relación entre el Estado, el petróleo y la sociedad. Este proyecto logró utilizar una parte significativa de la renta petrolera para reducir la pobreza, ampliar los servicios públicos y mejorar las condiciones de vida de millones de venezolanos. Sin embargo, no logró superar completamente la dependencia estructural de una economía basada en la exportación petrolera.
Tras la muerte de Chávez, el aumento de las sanciones estadounidenses, la presión económica y finalmente la intervención militar directa de Washington en 2026 abrieron una nueva etapa de la crisis. Este proceso demuestra que el imperialismo en el siglo XXI no opera únicamente mediante ocupaciones tradicionales, sino también a través de sanciones financieras, control de recursos estratégicos, guerra económica e intervenciones destinadas a reorganizar el poder político.
Este artículo sostiene que la experiencia venezolana contiene una doble lección: la resistencia frente a la dominación externa es indispensable, pero no puede consolidarse sin transformar las estructuras económicas dependientes y construir formas más democráticas de organización social.
Un siglo de petróleo, dependencia e intervención
La historia de Venezuela durante los siglos XX y XXI no puede separarse del papel del petróleo en la economía mundial y en la política exterior estadounidense. Desde las primeras décadas del siglo pasado, con el desarrollo de la industria petrolera en la región del lago de Maracaibo, las compañías estadounidenses y europeas adquirieron un papel decisivo en la configuración económica del país.
Como ocurrió en numerosos países exportadores de materias primas del Sur Global, la economía venezolana se estructuró alrededor de la extracción y exportación de un recurso estratégico. La renta petrolera permitió financiar períodos de crecimiento económico y ampliar determinados servicios públicos, pero también consolidó una dependencia profunda respecto al mercado energético internacional.
Esta es una de las grandes contradicciones de las economías semiperiféricas: disponer de abundantes recursos naturales no significa necesariamente alcanzar soberanía económica. Un país puede ser propietario formal de sus recursos y, al mismo tiempo, permanecer subordinado si la tecnología, los mercados, las finanzas y las cadenas globales de valor siguen controladas principalmente por los centros del capitalismo mundial.
Durante la segunda mitad del siglo XX, Venezuela se convirtió en uno de los principales aliados de Washington en América Latina. Sin embargo, la crisis de la deuda, las políticas neoliberales y el deterioro de los servicios sociales durante las décadas de 1980 y 1990 profundizaron la distancia entre las élites políticas tradicionales y amplios sectores populares.
El Caracazo de 1989, una rebelión social contra las políticas de ajuste y el aumento del costo de vida, reveló la crisis profunda de legitimidad del modelo político existente. De ese contexto surgió Hugo Chávez, no como un fenómeno aislado, sino como expresión de una demanda social acumulada contra décadas de desigualdad y dependencia.
La revolución bolivariana: entre la transformación social y los límites de la economía petrolera
La llegada de Hugo Chávez al poder en 1998 marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea de Venezuela. Su ascenso no puede explicarse únicamente por su liderazgo personal; fue el resultado de una profunda crisis social y política acumulada durante las décadas anteriores.
Para amplios sectores populares venezolanos, especialmente aquellos excluidos durante décadas de los beneficios de la renta petrolera, el proyecto bolivariano representó la posibilidad de recuperar el papel del Estado como instrumento de redistribución social y desarrollo colectivo.
Uno de los objetivos centrales del gobierno de Chávez fue modificar la relación entre el Estado y la industria petrolera. El fortalecimiento del control público sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA), el aumento de la participación estatal en los ingresos petroleros y la utilización de una parte de esos recursos para programas sociales permitieron reducir la pobreza, ampliar el acceso a la educación y la salud, y mejorar las condiciones de vida de millones de personas.
La revolución bolivariana formó parte de una ola más amplia de gobiernos progresistas latinoamericanos que, a comienzos del siglo XXI, cuestionaron el legado del neoliberalismo, las privatizaciones y la subordinación histórica de la región a los intereses de Washington.
La creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la cooperación con Cuba y las relaciones con otros gobiernos progresistas latinoamericanos expresaron un intento de construir mayores márgenes de autonomía regional frente a la hegemonía estadounidense.
Sin embargo, desde sus primeros años, el proyecto bolivariano enfrentó una contradicción fundamental: intentó construir una política de soberanía nacional y justicia social dentro de una economía cuya estructura seguía dependiendo profundamente del petróleo.
El gobierno de Chávez transformó parcialmente la distribución de la renta petrolera, pero no consiguió superar la lógica económica basada en la exportación de un único recurso estratégico. La economía venezolana continuó siendo vulnerable a las variaciones del precio internacional del petróleo y a las restricciones impuestas por el sistema financiero global.
Esta contradicción se hizo más evidente después de la caída de los precios del petróleo y del aumento de las sanciones internacionales. La dependencia histórica del petróleo limitó la capacidad del Estado para sostener sus políticas sociales y desarrollar una economía diversificada.
El golpe de 2002 y la disputa por el control del Estado venezolano
La respuesta de los sectores dominantes nacionales e internacionales frente al proyecto bolivariano mostró que el conflicto no era únicamente político, sino también económico y geopolítico.
En abril de 2002, un intento de golpe de Estado contra Chávez, apoyado por sectores empresariales, militares y políticos de la oposición, contó con el respaldo político de Washington. Aunque el golpe duró apenas 48 horas y fracasó debido a la movilización popular y al rechazo de sectores militares, reveló la importancia estratégica que Venezuela tenía para Estados Unidos.
La derrota del golpe demostró que el chavismo no era simplemente un proyecto impuesto desde arriba, sino que contaba con una base social real entre sectores populares que habían encontrado en el gobierno bolivariano una representación política después de décadas de exclusión.
Tras el fracaso del golpe, la confrontación entre Caracas y Washington entró en una nueva etapa. El gobierno venezolano profundizó sus alianzas internacionales con Cuba, Rusia y posteriormente China, mientras Estados Unidos incrementó las presiones políticas y económicas.
La disputa alrededor de Venezuela debe comprenderse dentro de un contexto más amplio: la crisis relativa de la hegemonía estadounidense y la búsqueda de nuevos espacios de autonomía por parte de algunas potencias regionales y países semiperiféricos.
Pero esta búsqueda de autonomía no significó necesariamente una ruptura con la lógica del sistema mundial capitalista. Venezuela, al igual que otros países productores de materias primas, continuó enfrentando el desafío histórico de transformar una economía dependiente de la exportación de recursos naturales en una economía capaz de generar desarrollo autónomo y sostenible.
De la crisis económica a la guerra económica
Después de la muerte de Chávez en 2013 y la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia, Venezuela entró en una etapa de crisis profunda. La caída de los precios del petróleo, los problemas internos de gestión económica, la corrupción, la polarización política y la presión internacional convergieron en un escenario extremadamente complejo.
A partir de entonces, Estados Unidos intensificó su estrategia de presión económica. Las sanciones contra la industria petrolera venezolana, las restricciones financieras, el bloqueo de activos en el extranjero y el apoyo político a sectores opositores tuvieron un impacto significativo sobre la economía nacional.
Las sanciones no explican por sí solas todos los problemas económicos de Venezuela. La crisis también estuvo relacionada con limitaciones internas, errores de política económica y la incapacidad de superar una estructura productiva dependiente.
Sin embargo, negar el impacto de las sanciones sería igualmente incorrecto. Las medidas estadounidenses redujeron drásticamente los ingresos externos del país y limitaron la capacidad del Estado venezolano para importar bienes esenciales, financiar programas sociales y mantener la producción petrolera.
La experiencia venezolana muestra así una doble realidad: los países que desafían la hegemonía de las potencias centrales enfrentan fuertes presiones externas, pero la resistencia sostenible requiere también transformaciones profundas en sus propias estructuras económicas y sociales.
De las sanciones a la intervención directa: la nueva fase de la crisis venezolana
Durante años, la política estadounidense hacia Venezuela combinó sanciones económicas, presión diplomática, aislamiento financiero y apoyo a sectores opositores. Sin embargo, los acontecimientos de 2026 marcaron una ruptura con esta estrategia: la transición desde una política de presión indirecta hacia una intervención militar abierta.
En enero de 2026, una operación militar estadounidense que culminó con la captura y traslado de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores abrió una nueva etapa en la historia de las relaciones entre Washington y Caracas. El gobierno venezolano y numerosos críticos internacionales calificaron la operación como una violación de la soberanía nacional y como una expresión del retorno de las prácticas intervencionistas que han caracterizado la política estadounidense en América Latina durante más de un siglo.
Washington presentó la operación como una acción destinada a combatir la corrupción, el narcotráfico y restaurar la democracia. Sin embargo, la experiencia histórica de América Latina demuestra que los discursos sobre democracia y derechos humanos utilizados por las grandes potencias no pueden analizarse separadamente de sus intereses geopolíticos y económicos.
La cuestión central no es negar los problemas internos del gobierno venezolano ni idealizar el proceso bolivariano. Una perspectiva crítica de izquierda debe reconocer las limitaciones democráticas, los errores económicos y las contradicciones internas de cualquier proyecto político.
Pero esa crítica no puede llevar a ignorar una realidad estructural: históricamente, las intervenciones externas en América Latina pocas veces han tenido como resultado una mayor autonomía popular. Con frecuencia han producido una reorganización del poder político y económico favorable a los intereses de las élites locales y del capital internacional.
La cuestión venezolana, por tanto, no puede reducirse a una disputa entre Maduro y sus opositores. El problema más profundo es la relación entre soberanía nacional, recursos estratégicos y la estructura desigual del sistema capitalista mundial.
Petróleo, recursos estratégicos y el retorno del capital internacional
Después de la intervención y del cambio político, una de las principales cuestiones fue el futuro del sector petrolero venezolano. La historia de Venezuela demuestra que el petróleo nunca ha sido solamente un recurso económico; ha sido también un elemento central de la disputa geopolítica internacional.
Las nuevas autorizaciones emitidas por el gobierno estadounidense para permitir una mayor participación de compañías energéticas internacionales, entre ellas Chevron, BP, Shell, Eni y Repsol, marcaron un cambio significativo respecto a la etapa anterior de sanciones.
Si durante los años anteriores Washington utilizó las restricciones petroleras como instrumento de presión contra el gobierno de Maduro, la nueva etapa se caracteriza por la búsqueda de reintegrar la industria petrolera venezolana en las redes internacionales de inversión y producción.
Desde una perspectiva de economía política, este proceso presenta una contradicción fundamental. La inversión extranjera puede aportar tecnología, capital y capacidad productiva. Pero cuando no está acompañada por una estrategia nacional de desarrollo, diversificación económica y fortalecimiento de las capacidades internas, puede reproducir relaciones de dependencia.
Este es precisamente uno de los dilemas históricos de Venezuela. El problema no ha sido únicamente quién administra la industria petrolera, sino la posición estructural del país dentro de la división internacional del trabajo: exportador de materias primas e importador de tecnología, bienes industriales y capital financiero.
La experiencia latinoamericana muestra que la soberanía sobre los recursos naturales no depende solamente de la propiedad formal del Estado sobre ellos. También requiere capacidad tecnológica, planificación económica, instituciones democráticas y una sociedad organizada capaz de controlar las decisiones estratégicas.
Un nuevo gobierno y la cuestión de la legitimidad política
El nuevo escenario político venezolano plantea también interrogantes sobre la legitimidad del poder. El gobierno de transición ha intentado consolidarse mediante medidas como la liberación de algunos presos políticos, reformas institucionales y promesas de apertura política.
Sin embargo, la historia latinoamericana muestra que la sustitución de un gobierno no garantiza automáticamente la democratización de una sociedad. En numerosas ocasiones, gobiernos instalados después de intervenciones externas han mantenido estructuras autoritarias o han respondido más a los equilibrios internacionales que a las demandas populares.
Al mismo tiempo, una posición crítica no debe ignorar los problemas reales del periodo de Maduro. Las dificultades económicas, la concentración del poder político, las restricciones sobre sectores opositores y las debilidades institucionales son cuestiones que deben ser analizadas seriamente.
La tarea de una izquierda independiente consiste precisamente en mantener una doble crítica: rechazar la dominación imperialista y, al mismo tiempo, defender la democracia, los derechos sociales y la autonomía de las organizaciones populares frente a cualquier gobierno.
El problema fundamental no es escoger entre gobiernos enfrentados, sino preguntarse qué fuerzas sociales tienen la capacidad de construir una alternativa basada en la participación popular, la justicia económica y la soberanía real.
Venezuela, el Sur Global y las lecciones para la izquierda internacional
La experiencia venezolana trasciende las fronteras de América Latina. Su importancia reside en que concentra muchos de los dilemas que enfrentan los países del Sur Global en el siglo XXI: la disputa por los recursos naturales, la presión de las potencias centrales, la dependencia económica y la dificultad de construir modelos de desarrollo autónomos dentro de un sistema mundial desigual.
Venezuela e Irán, aunque pertenecen a contextos históricos y políticos diferentes, comparten algunos elementos estructurales: grandes reservas energéticas, una relación conflictiva con Washington, experiencias prolongadas de sanciones económicas y una posición estratégica dentro de las disputas geopolíticas contemporáneas.
Sin embargo, cualquier comparación seria debe evitar simplificaciones. Cada país tiene su propia trayectoria histórica, sus estructuras sociales específicas y sus propias contradicciones internas.
La principal lección de Venezuela no es simplemente que los países deben resistir la presión imperialista. Esa resistencia es necesaria, pero no suficiente. Sin una transformación profunda de las estructuras económicas, sin diversificación productiva, sin reducción de la dependencia de las materias primas y sin instituciones democráticas fuertes, la soberanía nacional permanece vulnerable.
El caso venezolano demuestra que la abundancia de recursos naturales no garantiza por sí misma el desarrollo. El petróleo puede ser utilizado para financiar políticas sociales y mejorar las condiciones de vida de la población, pero cuando una economía depende excesivamente de la exportación de un recurso primario, esa misma riqueza puede convertirse en una fuente de vulnerabilidad.
Desde una perspectiva marxista y antiimperialista, existen dos errores analíticos que deben evitarse.
El primero es ignorar el papel de las estructuras imperialistas y explicar las crisis de los países periféricos y semiperiféricos únicamente por sus problemas internos. Esta visión reproduce, consciente o inconscientemente, la narrativa de los centros de poder mundial.
El segundo error es transformar la oposición al imperialismo en un apoyo automático a cualquier gobierno que se enfrente a Estados Unidos. Una posición verdaderamente emancipadora no puede sustituir el análisis de clase por la lógica de los Estados.
La crítica al imperialismo debe estar vinculada a la crítica de las desigualdades sociales, la defensa de los derechos democráticos y el fortalecimiento de la organización independiente de las clases populares.
Más allá del cambio de gobiernos: la importancia de la organización social
Una de las principales lecciones de la historia latinoamericana es que ningún cambio político puede consolidarse exclusivamente desde el Estado. Incluso los proyectos que nacen con objetivos de justicia social pueden enfrentar graves limitaciones si no desarrollan organizaciones sociales autónomas, sindicatos independientes, medios alternativos y formas democráticas de participación popular.
La transformación social no puede depender únicamente de líderes carismáticos o de instituciones estatales. Requiere la construcción de fuerzas sociales capaces de intervenir conscientemente en la historia.
Para la izquierda internacional, la cuestión central no debería ser defender a un Estado frente a otro Estado, sino fortalecer las luchas sociales que buscan ampliar la democracia, reducir las desigualdades y construir relaciones internacionales basadas en la solidaridad y no en la dominación.
La experiencia venezolana muestra que la lucha contra el imperialismo y la lucha por la emancipación social son inseparables. Defender la soberanía nacional sin cuestionar las estructuras de explotación interna conduce a una soberanía limitada. Defender la democracia ignorando las relaciones de poder globales convierte la democracia en un instrumento retórico al servicio de las potencias dominantes.
Conclusión: Venezuela y la crisis del orden mundial
Venezuela representa una de las expresiones más claras de las contradicciones del orden mundial contemporáneo. Un país con enormes recursos naturales intentó construir un camino más autónomo, pero se enfrentó tanto a las presiones externas de una potencia hegemónica como a sus propias limitaciones internas.
La intervención estadounidense de 2026 no puede entenderse separada de la larga historia de intervenciones de Washington en América Latina y de la disputa por los recursos estratégicos. Pero tampoco el futuro venezolano puede reducirse a la confrontación con Estados Unidos.
La cuestión fundamental es si la sociedad venezolana podrá construir un modelo económico menos dependiente, instituciones democráticas más sólidas y una participación popular capaz de superar tanto la subordinación externa como las desigualdades internas.
La crisis de hegemonía estadounidense no significa automáticamente el fin de la dominación. El debilitamiento de una potencia central puede abrir espacios para nuevos actores, pero mientras permanezcan la lógica de acumulación capitalista, la competencia geopolítica y la desigualdad estructural del sistema mundial, nuevas formas de subordinación continuarán apareciendo.
La lección de Venezuela para la izquierda del siglo XXI es clara: la lucha contra el imperialismo debe ir acompañada de la lucha por la democracia, la justicia social y la emancipación de las clases trabajadoras.
El futuro del Sur Global no dependerá de elegir entre diferentes centros de poder, sino de la capacidad de los pueblos para organizarse de manera independiente y construir alternativas que superen tanto la dominación externa como las formas internas de explotación.
Venezuela, en última instancia, no es solamente la historia de un país. Es un espejo de las contradicciones del mundo actual: un mundo en el que el declive de una hegemonía no significa necesariamente el fin de la lógica de dominación.
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