El presidente venezolano Hugo Chávez acaba de acusar públicamente al expresidente Carlos Andrés Pérez de conspirar para asesinarlo y ha solicitado al gobierno de la República Dominicana, donde Pérez se encuentra refugiado, investigar la conspiración. Pérez ha negado las acusaciones. En su último programa radiofónico «Aló Presidente», el mandatario dijo que «en las afueras de […]
El presidente venezolano Hugo Chávez acaba de acusar públicamente al expresidente Carlos Andrés Pérez de conspirar para asesinarlo y ha solicitado al gobierno de la República Dominicana, donde Pérez se encuentra refugiado, investigar la conspiración. Pérez ha negado las acusaciones.
En su último programa radiofónico «Aló Presidente», el mandatario dijo que «en las afueras de Santo Domingo…se está preparando un magnicidio. Así se lo he dicho al presidente dominicano (Hipólito Mejía), porque si somos amigos tenemos que demostrarlo». Afirmó que tiene pruebas y que si se preparase un magnicidio contra el presidente de la República Dominicana en Venezuela y «yo no hiciese nada para impedirlo, sería indigno. Así se lo he dicho al gobierno dominicano».
El presidente dominicano contestó que se trata de «pura teoría» y que en la República Dominicana no se derrumba a gobiernos. Pérez, a su vez, ha dado una respuesta sugestiva, afirmando que aun cuando no participa en ningún movimiento para derrocar a Chávez, el eventual asesinato de éste no sería «un magnicidio», sino «un tiranicidio».
El comentario del expresidente venezolano entraña una doble mentira. Carlos Andrés Pérez tiene el motivo, el historial criminal, el dinero, las relaciones políticas y la inescrupulosidad necesaria, para instigar y financiar el asesinato de Hugo Chávez; es decir, cumple con todos los requisitos del perfil criminológico de un magnicida.
Y la misma calificación del gobierno de Hugo Chávez como «tiranía» —cuando se trata del gobierno más democrático que ha conocido Venezuela en los últimos 40 años— es, objetivamente, una incitación al asesinato político, dado que la figura del tiranicidio es considerada constitutiva en la filosofía política fundacional de la democracia burguesa.
La respuesta del presidente Hipólito Mejía, a su vez, evade el problema, ya que las conspiraciones y hasta la incitación pública al asesinato político del presidente venezolano están a la orden del día, en los medios de «comunicación» de la «oposición».
El diario nacional El Universal, por ejemplo, publicó en enero de este año un artículo que incitó abiertamente al homicidio del mandatario, diciendo que: «Un gobernante corrupto, represivo, empobrecedor de su pueblo… debe ser remitido al otro mundo. Cuanto antes, mejor, y sin preguntar demasiado».
Lejos de elucubraciones teóricas, la subversión ha logrado generar tres condiciones que son necesarias para una exitosa política de destrucción y asesinatos. En primer lugar, los medios de adoctrinación y, también, el alto clero reaccionario del país, han creado una matriz de histeria generalizada en amplios sectores de la clase media, al igual que en sectores lumpen, que proporciona el clima y los gatilleros necesarios para el crimen anunciado.
La incesante demonización de la praxis y de los personajes bolivarianos ha reprogramado las cabezas ciudadanas más necesitadas de educación y racionalidad, con el software de la paranoia colectiva, a través del cual la realidad es procesada sistemáticamente hacia actitudes de angustia, odio y aniquilación, en lugar de la construcción de patrones racionales de convivencia cívica.
Esos sectores se han convertido en casos de patología clínica grupal, tal como evidencian irrefutablemente los reportajes de los mismos canales televisivos oligárquicos, cuando entrevistan en los eventos de la oposición a las víctimas del condicionamiento pavloviano.
El divorcio de lo empírico de estos sectores es patológico y su conducta compulsiva no se realiza sobre la realidad venezolana, sino sobre una realidad virtual implantada que, como en la teología, no tiene nada que ver con los hechos. Siendo perseguidos por las hordas del anticristo, no quedará otra salvación que no fuese la matanza de la bestia y de sus seguidores salvajes.
Los estrategas de la subversión han aprovechado la enorme veta de pasión que caracteriza al gallardo pueblo de Bolívar, para convertir a los débiles de razón en fieles soldados de la guerra santa. Este pérfido crimen de los medios y de la mayoría del episcopado, que ya ha costado sangre y miseria, prepara el camino hacia la guerra civil. Por eso, no puede ser tolerado más por el Estado.
La segunda y tercera condición que la subversión ha logrado para su guerra sucia, es una infraestructura subversiva a nivel nacional e internacional que comienza a sumergir al país en una situación preocupante de violencia paramilitar.
En esta guerra sucia no declarada, los sicarios de la oligarquía y de Miami no solo han asesinado a líderes populares y, particularmente, campesinos que reclaman sus derechos constitucionales o que apoyan al proceso bolivariano, sino también han empezado a pagar su precio. El peligro de esta incipiente guerra sucia consiste en que pueda rebasar las capacidades de control del Estado y afectar la consolidación del proyecto bolivariano y su estabilización económica.
La infraestructura internacional subversiva tiene sus bases operativas más importantes en Miami, la República Dominicana, Aruba —que es parte del Reino de Su Majestad, la Emperatriz Beatriz de Holanda— Panamá y Colombia, con apoyo logístico adicional en Madrid y Washington. Su núcleo organizativo más peligroso dentro de Venezuela, son los llamados «halcones», formados por cubanos de Miami.
Estos comandos son los encargados de eliminar a los grupos de oficiales generales y superiores cercanos al Presidente de la Republica, especialmente el alto mando del ejercito y de la Guardia Nacional, y a algunos gobernadores de los Estados, como los de Tachira y Lara.
Otra tarea de los halcones consiste en entrenar personal militar disidente y grupos de comandantes y ex combatientes de la organización de «izquierda», Bandera Roja. Bandera Roja se encarga también de reclutar estudiantes en las universidades del país, para entrenarlos en épocas de vacaciones y días feriados para operaciones urbanas contra círculos bolivarianos.
Los halcones tienen lugares de entrenamiento en diversas partes de la geografía venezolana, entre otros, en los Estados de Yaracuy, Miranda y Carabobo. También disponen de centros de inteligencia en los Estados de Carabobo y Aragua que, en algunos casos, se encuentran cerca de unidades militares estratégicas, como el Fuerte Tiuna que domina a la Capital. Algunos de esos centros se disfrazan como lugares de actividad de misioneros mormones.
Las rutas de acceso y salida de los halcones a Venezuela son diversas. Algunas veces usan las costas de Carabobo, en otras ocasiones utilizan la Península de Paraguaná y sus comunicaciones con Aruba. Casi siempre son acompañados por oficiales disidentes de la Guardia Nacional, para evadir controles de transito y negociar con las autoridades militares cualquier problema.
Aruba, Curazao y Bonaire, tres islas costeras fuera del control del Estado venezolano, juegan un papel importante en la infraestructura subversiva, tanto para la inteligencia electrónica, como el contrabando de armas y como retaguardia para cuadros subversivos. En Aruba, Washington dispone de una base aérea, concedida por el gobierno de Utrecht, que tiene status extraterritorial.
En la organización de los halcones es importante un comandante con rango de coronel, que, con alta probabilidad, procede de las filas de la antigua Guardia Nacional homicida de Somoza, y quien que fue entrenado durante los últimos años de la dictadura (1974-78) en la infame Escuela de las Américas del ejército estadounidense (USARSA), en Fort Benning, Ga., y en la Zona del Canal de Panamá.
Ese «comandante» de los halcones suele reunirse con prominentes empresarios venezolanos, pasa con frecuencia por la embajada de Estados Unidos, es conocido como un empresario y comerciante de Miami y mantiene buenos contactos con diversos generales, entre ellos, los generales Medina y González G. Nestor, de la Plaza Altamira (Caracas).
La información disponible apunta también hacia un fuerte involucramiento del Comando Sur del ejército estadounidense (SOUTHCOM) en Miami. El Comandante del SOUTHCOM, General James T. Hill, sostiene que mientras el presidente Chávez «continua gobernando de manera constitucional», no hay problema. Salvador Allende en el más allá estará encantado de escuchar al General.
Sin embargo, más allá de la retórica, la realidad es otra. Hill es el Comandante de facto de la campaña de aniquilación de los militares colombianos contra la guerrilla; es un admirador declarado de Alvaro Uribe; es alguien que piensa que el paro petrolero —que causó daños económicos por el orden de siete mil millones de dólares a Venezuela— era «la democracia en acción, desarrollándose en las calles»; que «las FARC operan dentro de Venezuela»; que «pueden estar relacionadas con terroristas islámicos a través de actividades ilícitas» y que las prioridades principales del SOUTHCOM son «la guerra mundial contra el terrorismo y sus efectos sobre mi región». (Poder, julio, 2003).
Es por eso, que la información acerca de un fuerte involucramiento del Comando Sur en la guerra sucia contra el gobierno venezolano, particularmente en la elaboración de la propaganda y de las directrices de la guerra psicológica, es altamente probable.
En una de esas operaciones planeadas para el futuro, denominada «Operación Colibrí», se empezaría a hacer «flotar» videos adulterados; transcripciones de supuestas conversaciones telefónicas del Presidente Hugo Chávez con Fidel Castro, las FARC y el presidente libio Muamar Gaddafi; documentos apócrifos de la supuesta adquisición ilícita de bienes de la familia del Presidente Chávez en la República Dominicana; de una mansion de Hugo Chávez en Cuba y de otra del vicepresidente José Vicente Rangel, en las afueras de Santiago de Chile.
En otra operación de guerra psicológica para desprestigiar mundialmente al gobierno del Presidente Chávez, se dentendría en Panamá, Colombia, Aruba y España a presuntos terroristas árabes, colombianos y españoles con documentos venezolanos apócrifos, que «demostrarían» que el gobierno de Chávez les habría brindado apoyo. Esa operación reflotaría la historia del terrorista venezolano Carlos Ramírez, condenado a pena perpetua en Francia y que, supuestamente, gozaría de simpatías de Chávez, y sus relaciones con organizaciones paramilitares árabes y palestinas.
El manejo de esas operaciones de guerra psicológica mundial seguiría los patrones usuales de este tipo de propaganda negra, tal como puede ejemplificarse con una operación mediática, ejecutada a partir del 11 de abril de 2002, desde Caracas.
El canal Venevisión, propiedad del magnate mediático venezolano Gustavo Cisneros, transmitió ese día del Golpe de Estado el video, «La masacre en el centro de Caracas». Se trataba de una falsificación de los hechos, realizada por el periodista de Venevisión, Luis Alfonso Fernández, para responsabilizar ante el mundo entero a partidarios del Presidente y, por implicación al presidente mismo, de haber matado a civiles en una manifestación de la oposición, mostrándose de supuestos francotiradores bolivarianos, disparando contra la multitud.
El 28 de noviembre del 2002, Fernández fue anunciado como ganador del «Premio Internacional de Periodismo Rey de España», en la Casa de América, en Madrid. La convocatoria corría por cuenta de la estatal agencia de noticias EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Una masiva cobertura mediática garantizó que todo el mundo se enterara que Chávez era un dictador y asesino.
El premio que está dotado con nueve mil dólares, fue concedido por un jurado, seleccionado bajo el criterio de su sumisión total a los intereses del subimperialismo español en América Latina, compuesto por la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Daisy Sánchez; el productor del canal de television CDN y violento anticastrista, Miguel Guerrero («Cuba es la más vieja y rancia tiranía latinoamericana»), de la República Dominicana; los directores del diario oligárquico argentino La Nación, de El Observador de Uruguay, y el editor de El Nacional, de Venezuela, Miguel Henrique Otero, uno de los medios golpistas más violentos de Venezuela.
El jurado —retrato hablado de lo que considera el subimperialismo español y su Fuehrer José María Aznar como objetividad informativa y periodismo democrático— declaró con entusiasmo que la obra del estafador Fernández constituía «un documento periodístico de primer orden» y que el rey de España entregaría los premios en una ceremonia que se celebrara a principios de 2003 en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid.
Con la confesión ante juez, del estafador galardonado de Venevisión, Luis Alfonso Fernández, de que todo era un fraude y que, por lo tanto, era un intento para legitimar el coup d´etat contra Chávez, el circo mediático llegó a su fin. Pero el daño estuvo hecho y es, prácticamente, irreparable.
Bueno, se pretende repetir esa hazaña y los expertos estadounidenses jugarían un papel estelar en ella. Hay indicaciones en el sentido de que desde marzo del año en curso hay un equipo de especialistas militares estadounidenses en guerra psicológica, comunicaciones e inteligencia dentro de territorio venezolano que entraron procedentes de Colombia, donde participaron en la guerra contra la guerrilla. Habría oficiales de rango de coroneles y tenientes coroneles en ese grupo.
Una reciente reunión en Colombia, en la cual participaron generales colombianos retirados y efectivos, oficiales venezolanos y panameños y de Aruba, tenía la función de apoyar los proyectos para desestabilizar a Chávez. Las recientes matanzas cometidas por los paramilitares colombianos en comunidades indígenas venezolanas, desde el 18 de marzo, así como la campaña mediática de los paramilitares contra José Vicente Rangel y el Presidente, son parte de la campaña.
El coup d´etat del 11 de abril del año pasado seguía los patrones del golpe de Estado contra Ceaucescu en Rumania. La operación de Fernández fue parte de este patrón. El paradigma subversivo que se está ejecutando actualmente, corresponde a la estrategia utilizada para destruir a la Nicaragua sandinista. El papel de los «contras» será jugado por los paramilitares colombianos y sectores desafectos reclutados en Venezuela, con un componente internacionalista. El objetivo estratégico de los nuevos «contras» es, como en Nicaragua, la destrucción de la economía.
El gobierno venezolano se enfrenta, por lo tanto a cinco frentes de desestabilización principales: 1. el paramilitar, 2. el económico, 3. el mediático, 4. el institucional, particularmente en el sistema de justicia y del parlamento, y 5. el internacional.
Los frentes «cuatro» y «cinco» son, en cierto sentido, una función de los primeros tres; es decir, se fortalecen o se debilitan con la evolución de los tres primeros.
En el frente militar, la creación de los batallones de reserva es una medida importante, aunque la historia militar indica que la neutralización de los paramilitares debe ser tarea principal de tropas especiales y voluntarios.
La estabilización de la economía es difícil, si bien no imposible. Donde la preocupación es mayor, es en el frente mediático. El hecho, de que en tres años de gobierno no se haya potenciado hasta su punto máximo las capacidades del Canal estatal de televisión (Canal 8), del canal nacional radiofónico, de las radios comunitarias y de la neutralización de la prensa escrita mediante la actividad combinada del mercado, de la ley y de las comunidades, es inexplicable e injustificable.
Se trata de una actitud de omisión y de descuido del vector tiempo, que puede costarle el poder al proyecto bolivariano. Y, por supuesto, la vida a muchos cuadros de la revolución.