Ciudadanos del sexo masculino, negros o pardos, que viven en las periferias de las ciudades, son las grandes víctimas de la violencia de los agentes del Estado contra niños, adolescentes y jóvenes brasileros. Según informaciones de la Agencia de Noticias de los Derechos de la Infancia (ANDI), la tasa de homicidios de jóvenes negros es […]
Ciudadanos del sexo masculino, negros o pardos, que viven en las periferias de las ciudades, son las grandes víctimas de la violencia de los agentes del Estado contra niños, adolescentes y jóvenes brasileros. Según informaciones de la Agencia de Noticias de los Derechos de la Infancia (ANDI), la tasa de homicidios de jóvenes negros es un 74% mayor que la de los blancos, de acuerdo con estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Los autores de los asesinatos se esconden detrás de capuchas, actúan preferentemente de noche y procuran no dejar testigos. Aún así, los policías son, frecuentemente, responsabilizadas por este homicidio, sea a través de las declaraciones de sobrevivientes, sea por medio de investigaciones del Ministerio Público y de las organizaciones de la sociedad civil.
La ONG Observatorio de las Violencias Policiales (www.ovp-sp.org) revela que, en San Pablo, 81 adolescentes y jóvenes fueron ejecutados, sumariamente, por la Policía del Estado entre 2001 y 2006. De ésos, 49 fueron asesinados entre los días 12 y 31 de mayo de este año, período en el que la ciudad de San Pablo fue sacudida por los ataques de la facción delictiva PCC.
De acuerdo con el Observatorio de las Violencias Policiales, las comunidades pobres damnificadas por la matanza policial denunciaron que los asesinatos eran precedidos de la visita de un automóvil de la policía y que, después del crimen, rápidamente llegaban en vehículos policiales recogiendo las cápsulas de las balas y deshaciendo la escena del crimen. Según los registros de la ONG, todos los asesinatos ocurridos en este período serían responsabilidad de la Policía.
Médicos peritos convocados por el Ministerio Público de San Pablo dijeron que las trayectorias de los tiros indicaban que las víctimas habían sido ejecutadas por la espalda, en muchos casos, de rodillas, con tiros en la cabeza y en el pecho, o en las manos, lo que indica que el joven habría intentado protegerse de los disparos.
La lista con los nombres de los adolescentes y jóvenes asesinados por los policías fue elaborada por el Observatorio de las Violencias Policiales a partir de reportajes publicados por diarios de San Pablo. Según la ONG, la fuente de información de los reportajes en la gran mayoría de las oportunidades es la propia policía. En seguida, aparecen como fuentes familiares, amigos y vecinos de las víctimas. Tal hecho demuestra en qué medida la prensa está presa de las informaciones enviadas sólo por la policía. Eso hace que la versión de los policías termine prevaleciendo, muchas veces, en detrimento de la verdad.
Según relevamiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – Unicef – de 2002, la banda etaria más golpeada por el crimen de homicidio es la situada entre los 15 y 24 años. Además, según este estudio, la mayoría tiene 20 años de edad. No es posible saber cuántos fueron muertos por la policía porque las estadísticas de los órganos oficiales no son confiables.
La Policía de San Pablo no es la única que mata adolescentes y jóvenes. Hace 13 años, en la madrugada del día 23 de julio de 1993, policías dispararon sobre cerca de 70 niños que dormían frente a la iglesia Candelaria, en el centro de Río de Janeiro. Ocho murieron alcanzados por los disparos. El episodio tuvo gran repercusión nacional e internacional y fue conocido como la Matanza de la Candelaria. El hecho de que los niños estuvieran durmiendo, reveló la frialdad de los policías, pues las víctimas ni siquiera tuvieron la oportunidad de defenderse.
El Programa de Protección de la Niñez y de los Adolescentes Amenazados de Muerte de Río de Janeiro (PPCAAM-RJ) registró un aumento del 10%, desde el ano pasado, del número de niños amenazados de muerte por policías. En 2005, de los 99 casos de niños amenazados sólo el 3% eran víctimas de la policía. En los primeros siete meses de este año, de los 88 niños que están bajo amenaza de muerte, el 13% están siendo intimidadas por policías.
En Ceará, entidades de Derechos Humanos denunciaron en 2002 la existencia de una red de exterminio formada por policías militares que sería financiada por la red de farmacias Pague Menos. Las primeras denuncias fueron enviadas al Ministerio Público Federal en julio de aquel año. Los procuradores solicitaron a la Policía Federal la realización de investigaciones. Durante dos años la Policía Federal investigó el caso con carácter de secreto con escuchas telefónicas autorizadas por la Justicia Federal.
El grupo de exterminio está acusado de matar a cerca de 30 personas, sobre todo adolescentes, además de los delitos de tortura, abuso del ejercicio de sus funciones, seguridad clandestina y formación de banda para delinquir. Las operaciones estarían coordinadas por un oficial de la PM a partir de la compañía militar que dirigía, utilizándose Policías Militares en horario de asueto que hacían el chamado «bico» (pico) con la orden de exterminar posibles asaltantes en las farmacias.
Investigación realizada por el Centro de Defensa de la Niñez y del Adolescente de Bahía (CEDECA-BA) titulada Crimen sin castigo reveló la cara de la impunidad en los casos de asesinatos de jóvenes y adolescentes en el estado de Bahía. El estudio reveló que de un universo de 944 crímenes contra niños, adolescentes y jóvenes en Salvador y Región Metropolitana, cometidos entre 1997 y 2003, solamente 23 casos fueron al tribunal popular. En ese mismo período, sólo 108 investigaciones fueron finalizadas y remitidas al Ministerio Público. Tales números denuncian la morosidad de las instituciones bahianas en la investigación y juzgamiento de los culpables.
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]