Traducción del portugués para Rebelión de Alfredo Iglesias Diéguez
La élite conservadora de Brasil defiende la idea de que la cuestión de la seguridad en relación con la violencia debe abordarse mediante el encarcelamiento de los delincuentes. Resultado: la población penitenciaria de Brasil supera las 600 mil personas, de los cuales el 41% están en prisión sin juicio o condena, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Registro Nacional de Informaciones Penitenciarias, el Infopen, dependiente del Ministerio de Justicia.
Es más, según una investigación, hay un déficit de 231 mil plazas, es decir, hay más de 231 mil personas apiladas unas sobre otras en las prisiones brasileñas, que el propio ministro de Justicia [del gobierno de Dilma Rousseff], José Eduardo Cardozo, calificó de «verdaderas mazmorras».
De acuerdo con el Registro, actualizado hasta junio de 2014, la población total de presos aumentó, desde el año 2000, un 161%. São Paulo, en números absolutos, es el estado con mayor población carcelaria, al acoger a 219.053, seguido por Minas Gerais, con 61.286, y Rio de Janeiro, 31.510.
Con esas cifras en la mano, Brasil es el cuarto país con mayor población carcelaria (548 mil), tan sólo superado por los Estados Unidos (2,2 millones), China (1,7 millón) y Rusia (674 mil). Además, si sigue al ritmo actual, Brasil puede llegar a tener hasta un millón de personas encarceladas en el año 2022.
Aumento de la violencia
Esos datos, además, ponen en evidencia que el encarcelamiento aumentó, pero la violencia no disminuyó, todo lo contrario. Casi cinco brasileños mueren cada hora, víctimas de disparos de armas de fuego, de acuerdo con la ponencia del Mapa de la Violencia 2015, divulgado por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Considerando exclusivamente los datos oficiales de 2012, 42.416 personas fueron víctimas de armas de fuego en Brasil, lo que representa una media de 116 muertes cada día, de las cuales el 94,5% (40.077 personas), fueron víctimas de homicidios. Se trata del mayor número de víctimas y asesinatos registrados por la serie histórica del Mapa de la Violencia, que comenzó a reunir datos en 1980.
De media, la tasa de mortalidad de 21,9 decesos por cada 100 mil habitantes solamente es menor a la de 2003, cuando ascendió a 22,2 muertes por cada 100 mil habitantes. Además, a pesar del Estatuto del Desarme -que ciertamente influyó para que las cifras no fuesen peores-, contando los homicidios practicados con armas de fuego la tasa de mortalidad es de 20,7 la más elevada desde el inicio del estudio.
La ‘solución’
Al mismo tiempo, esa misma élite presentó en la cámara de los Diputados la propuesta de reducción de la mayoría penal de los 18 años a los 16 como solución al problema de la violencia. El abogado Davi Tangerino, especialista en derecho criminal y profesor de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ), afirmó, en entrevista a El País, «tomemos el ejemplo de São Paulo. Aquí, el Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que está favor de la reducción, lleva más de 20 años en el poder. Digamos que sean 16, que sería la nueva edad penal; lo que el Estado le está diciendo al adolescente que comete un crimen es: ‘vamos a poner remedio a ese resultado indeseado y encarcelarte’. Es una inversión conceptual».
Ante esas cifras tenemos dos realidades: por un lado, tenemos la población brasileña que es víctima de un acentuado avance de la violencia y clama por el recrudecimiento de las penas; por otro lado, la superpoblación penitenciaria, que impone condiciones infrahumanas a los presos, reduciendo las posibilidades de recuperación de los delincuentes.
En medio de todo esto, se instaló el discurso rabioso e histérico de que «el mejor delincuente es el delincuente muerto», que estimula acciones de linchamiento y de ejecuciones públicas. Los defensores de esta teoría acostumbran a decir que «si fuese con usted o con alguien de su familia, usted no pensaría así» o «siente pena, pues lléveselo para su casa».
Realidad de las cárceles
En contra de ese discurso, lleno d sofismas, tenemos otra realidad. Según datos presentados por el Consejo Nacional de Justicia, de 2012, casi la mitad de la población reclusa (49%) era de condenados y acusados por crímenes contra el patrimonio, como el hurto, robo, extorsión, robo mediante fraude y apropiación indebida. Otro 25% estaban presos por tráfico de drogas. Por otra parte, tan sólo el 11% de la población reclusa estaba presa, en 2012, por cometer los llamados crímenes contra las personas, como homicidio, secuestro y detención ilegal.
Al mostrar estos números no estamos haciendo una defensa de los infractores, menos aún albergamos la idea de que se trate de unos ‘angelitos’ inofensivos que sólo se apropiaron del bien ajeno mediante violencia, amenaza o fraude.
Derechos fundamentales
Para mantener un debate franco sobre la violencia tenemos que tener en cuenta la insatisfacción y el clamor popular ante la sensación acuciante y cotidiana de inseguridad -o mejor dicho, miedo- e impunidad, pero también separar la paja del trigo, aplicando la justa y efectiva pena al infractor y, principalmente, exigiendo que en el Estado Democrático de Derecho se respete la dignidad de la persona humana.
La degradante condición de los presidios representa una afrenta a los derechos fundamentales, previstos en el artículo 5º, XLIX, de la Carta Magna, que asegura a los presos el respecto a la integridad física y moral. Las cárceles brasileñas amontonan personas y no reeduca, al contrario, al revés, hace que los reclusos, al salir, vuelvan a delinquir, hecho comprobado por los altos índices de reincidencia.
Estudio realizado por el Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP), entre febrero de 2012 y marzo de 2013, hecho a partir de la inspección de 1.598 unidades de prisioneros de todo el país, confirman esa tesis.
Más allá de la superpoblación, ya mencionada, no hay distinción entre presos provisionales y presos ya condenados en sentencia firma, lo que ocurre en el 79% de los presidios. Además, a pesar de que su mantenimiento supone un coste elevado, no tienen las condiciones mínimas para el trato humano. Constatándose en casi la mitad de los centros penitenciarios que no hay camas para todos los presos y que para una cuarta parte de los presos ni siquiera hay un colchón.
Según el coordinador del departamento de Seguimiento y Fiscalización del Sistema Penitenciario, el sistema penitenciario brasileño fracasó debido al modelo que desarrolla. En su opinión, para crear las plazas necesarias para acabar con la superpoblación de las cárceles brasileñas sería necesaria una inversión mínima de R$ 20 mil millones, «eso es insostenible. Ese número de presos, desangraría prácticamente la economía del país», argumentó.