El Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH) divulga una nota en la que lamenta las muertes de policías, guardias y civiles ocurridas desde el último viernes 12, en todo el Estado de San Pablo. En la noche del viernes, el Estado, según informaciones de la prensa, comenzó a vivir una ola de ataques a policías, […]
El Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH) divulga una nota en la que lamenta las muertes de policías, guardias y civiles ocurridas desde el último viernes 12, en todo el Estado de San Pablo. En la noche del viernes, el Estado, según informaciones de la prensa, comenzó a vivir una ola de ataques a policías, guardias municipales y agentes penitenciarios. Es la mayor acción que haya ocurrido contra la fuerza de seguridad y es atribuida a la organización delictiva PCC (Primer Comando de la Capital), en respuesta a la decisión del Gobierno del Estado de aislar a líderes de la facción en presidios de seguridad máxima.
Entre la noche del viernes y la mañana del domingo (14), los ataques dejaron 52 personas muertas. Murieron 35 policías civiles, militares, integrantes de guardias metropolitanas y agentes de seguridad de penitenciarías, tres civiles –entre ellos la novia de un policía– y 14 sospechosos de estar involucrados en los crímenes. Cerca de 50 personas quedaron heridas: 24 PMs, cinco policías civiles, cinco guardias, dos agentes penitenciarios, ocho civiles y seis sospechosos.
La violencia también llegó a penitenciarías y Centros de Detención Provisoria. Desde el viernes, 64 unidades registraron rebeliones en todo el Estado. La transferencia de delincuentes, promovida por el gobierno, el jueves 11, que incluyó a 765 presos hacia la penitenciaría 2 de Presidente Venceslau, a 620 kilómetros al oeste de San Pablo), con la intención de cohibir acciones promovidas por la facción.
Para el MNDH, los actos delictivos son el reflejo de años de desatención en el área social, de seguridad pública y justicia, de la falta de cumplimiento de la Constitución Federal y de la propia legislación penal. Principalmente, de la Ley de Ejecuciones Penales y de la falta de respeto de los derechos de los presos, así como de los funcionarios del sistema y de los propios agentes policiales, «que conviven con pésimas condiciones de trabajo».
«Por lo tanto, son causas complejas que no serán resueltas con un pase de magia y sí con trabajos serios, continuos y consistentes de todos los sectores y gobiernos. Esperamos que los poderes públicos, en cada ámbito, asuman sus responsabilidades en lugar de intentar transferir las culpas mutuamente entre Estado y Federación – o viceversa – dentro del juego político electoral o hacia las organizaciones de la sociedad civil, como el Gobierno del Estado de San Pablo hizo recientemente. Propuestas inmediatistas y oportunistas de endurecimiento de penas y restricciones de derechos fundamentales son ilusorias y demagógicas», afirma la entidad.
Además, el clima de terror instalado en la sociedad paulista y en el propio aparato estatal no puede servir como presupuesto de una «licencia para matar» para los agentes del estado, que podría generar todavía más violencia y la muerte de inocentes, principalmente de jóvenes, pobres, negros y habitantes de la periferia. Las fuerzas policiales, las autoridades gubernamentales y toda la sociedad necesitan, según el MNDH, enfrentar este momento con prudencia, responsabilidad, profesionalismo, inteligencia y, por sobre todo, respeto de las garantías previstas en la legislación brasilera e internacional, sino estaremos legitimando la barbarie.
Hoy, día 15, la Arquidiócesis de San Pablo, iglesias, religiones, entidades sociales y de derechos humanos promovieron, en el Centro de San Pablo, un acto ecuménico contra la violencia y de apoyo y solidaridad a los familiares de las víctimas de los ataques ocurridos desde la noche del último viernes.
Además del homenaje, los organizadores tienen por objetivo mostrar que la sociedad civil paulista está unida en el apoyo del combate firme al crimen organizado en el Estado, luchando para preservar la vida y garantizar el derecho a la seguridad de la población, siempre dentro del respeto del estado de derecho. Para el ex-ministro José Gregori, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de San Pablo, el evento es «fundamental para mostrar que los que defienden los derechos humanos están preocupados por la vida de todos, inclusive la de los agentes del Estado que fueron cobardemente atacados este fin de semana».
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]