Manifestantes denuncian la operación policial que terminó con la muerte de nueve jóvenes en un baile funk en São Paulo(Créditos: Igor Carvalho, para Brasil de Fato) Tras la asunción de Jair Bolsonaro en enero de este año y la llegada del ex juez Sergio Moro al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la retórica de […]
(Créditos: Igor Carvalho, para Brasil de Fato)
Tras la asunción de Jair Bolsonaro en enero de este año y la llegada del ex juez Sergio Moro al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la retórica de la truculencia y violencia reverberaron en Brasil.
En 2019, el país vivenció casos de brutalidad policial y violencia que conmocionaron a los brasileños.
São Paulo e Rio de Janeiro lideran el ranking de casos emblemáticos en tema de letalidad policial. Pese al fin de la alianza política entre los gobernadores Joao Doria (SP) y Wilson Witzel (RJ) y el presidente Jair Bolsonaro, se mantuvo el discurso del uso de la fuerza como forma de control social.
Una operación policial a principios de diciembre en Paraisópolis, una de las favelas más grandes de São Paulo, provocó duras críticas después de que nueve personas murieron cuando agentes de la ley allanaron una fiesta funk, supuestamente persiguiendo sospechosos en una motocicleta. El episodio ilustra perfectamente la actuación de la policía de São Paulo hacia las comunidades más pobres del país.
En Río de Janeiro, el gobernador Witzel declaró que la policía debería «Apuntar a la cabeza y ¡fuego!» contra los sospechosos, incluso cuando no representan una amenaza directa. Sus instrucciones parecen haber tenido un efecto en la aplicación de la ley. En diez meses, los agentes de seguridad en el estado mataron más que en cualquier otro año desde 1998.
Y los episodios atroces de violencia carcelaria en el norte de Brasil también han conmocionado al país, pero desafortunadamente representan una tragedia anunciada. Las masacres en las cárceles en Manaus, Amazonas y Altamira, Pará, resultaron en 112 ejecuciones. Las guerras de pandillas para controlar las cárceles exponen cómo la neglicencia del gobierno y el fracaso de las políticas de encarcelamiento masivo.
A principios de 2019, un tiroteo en una escuela en Suzano, municipio de la región metropolitana de São Paulo, dio un ejemplo de cómo sería una sociedad armada. El gobierno de Jair Bolsonaro trató de impulsar la legislación para permitir a los brasileños poseer y portar armas, pero el Congreso del país rechazó el proyecto de ley.
Esta retrospectiva tratará de los acontecimientos más marcantes en tema de seguridad pública en el primer año del gobierno de Jair Bolsonaro.
Caso del asesinato de Marielle Franco
Casi un año después del asesinato de la concejala Marielle Franco, la policía y la fiscalía finalmente rompieron el silencio de casi 12 meses y detuvieron, en marzo, dos sospechosos, los expoliciales Ronnie Lessa y Élcio Queiroz.
Tras la prisión de los dos sospechosos, la policía senaló que un exdiputado de Rio de Janeiro, Domingos Brazão, sería el principal autor intelectual del asesinato político.
Meses después, en noviembre, una declaración de un portero que trabajaba en el condominio donde viven Ronnie Lessa y donde vivía Jair Bolsonaro que vinculaba al mandatario en el asesinato de la concejala fue noticiada en diarios nacionales e internacionales.
El guardia había declarado que Élcio Vieira de Queiroz, quien supuestamente conducía el coche utilizado en el asesinato, ingresó en el condominio en la noche del crimen, diciéndole que iba a visitar al «señor Jair».
Oficiales del Ejército asesinan a un músico con 80 disparos (7 de abril)
Militares del ejército brasileño arremetieron contra un vehículo donde viajaba una familia en la zona oeste de Rio de Janeiro. Fueron 80 disparos que culminaron en la muerte del músico Evaldo Rosa dos Santos. El cartonero Luciano Macedo, que pasaba por el local, también fue asesinado a balazos.
Los agentes del Ejército afirmaron que Macedo tenía una arma en el coche pero los fiscales argumentaron que la versión de los militares es «irreal». Ninguna arma fue encontrada durante la operación.
Masacres en las cárceles (mayo y julio)
La primera grande masacre en una prisión brasileña este año tuvo lugar en Manaus, Amazonas, norte de Brasil, cuando 55 presos fueron muertos en una cárcel con gestión privada. Un motín debido a una guerra entre integrantes de una pandilla resultó en la ejecución.
En julio, 57 presos fueron asesinados en una institución penitenciaria en Altamira, Pará, cuando dos grupos rivales empezaron una guerra para controlar la prisión. Dieciséis hombres fueron degollados. Fue la masacre más grande registrada en una cárcel desde la Masacre de Carandiru, en 1992, cuando la policía asesinó a 111 presos en una penintenciaría en São Paulo, uno de los casos más significativos de violación de derechos humanos en la historia del país.
Después de las masacres en las cárceles en 2019, el colegio de Abogados del estado de Pará divulgó un informe sobre las violaciones de derechos humanos en las cárceles del país.
Criminalización de la pobreza (29 de junio)
Cuatro integrantes de movimientos de vivienda fueron detenidos en junio bajo la acusación de extorsión y conspiración: Sidney Ferreira da Silva, Edinalva Silva Ferreira, Angélica dos Santos Lima y Jacine Ferreira da Silva, alias Preta Ferreira.
Después de la detención de Preta Ferreira, una masiva campaña en las redes sociales y en las calles empezó a denunciar la persecución política contra la activista y reivindicar su libertad.
Preta Ferreira e Sidney Ferreira da Silva estuvieron encarcelados por 109 días y fueron liberados el 10 de octubre.
«Estoy libre. Soy inocente. Dios es justo. Ahora vamos a trabajar para probar mi inocencia y la inocencia de los demás» – declaró Preta tras su liberación.
Caso Ágatha Félix (20 de septiembre)
Uno de los ejemplos más emblemáticos de la política de aplicación de la ley adoptada por el gobierno de Wilson Witzel en Rio de Janeiro fue el asesinato de Agatha Félix, una niña 8 años.
La pequeña recibió un disparo en la espalda durante una operación policial en una de las favelas más grandes de Rio, cuando regresaba a casa con su familia. El caso generó una indignación colectiva.
Caso de tortura en una cadena de supermercados (septiembre)
Uno de los casos más terribles de 2019 fue la filtración de un video donde un chico desnudo es castigado con un látigo por vigilantes de seguridad de la cadena de supermercados local Ricoy.
El caso fue divulgado en septiembre, pero se desconoce la fecha del brutal acontecimiento. La víctima fue acusada por robar una mantequilla.
Algunas semanas después, Brasil de Fato reveló otro caso de tortura en las instalaciones de la cadena, con un video donde los vigilantes torturaban psicológicamente a un niño y castigaban a un hombre.
En 12 de diciembre, un tribunal de São Paulo absolvió a los vigilantes del crimen de tortura y los condenó por lesiones corporales.
Paraisópolis (1 de diciembre)
Un baile funk en una de las favelas más grandes de São Paulo se convirtió en una tragedia el 11 de diciembre después que la policía invadió el local, presuntamente en una persecución de dos sospechosos. En la ocasión, nueve jóvenes murieron pisoteados.
Los policiales dispararon bombas de gas lacrimógeno en la multitud y arremetieron contra los presentes. Un informe demostró que las víctimas murieron de «asfixia mecánica», pero los agentes serán acusados por homicidio involuntario.
Paquete «anticrimen» (4 de diciembre)
En 4 de diciembre, el gobierno dedicó sus esfuerzos para aprobar el proyecto de ley «anticrimen» del ministro de Justicia Sergio Moro en el Congreso Nacional y en el Senado.
Pese a la aprobación de «paquete», los parlamentarios cambiaron el texto original, lo que se puede considerar una derrota parcial del gobierno de Jair Bolsonaro, que busca imponer políticas más conservadoras y de uso de la fuerza.
Traducción: Luiza Mançano, para Brasil de Fato.