Los crímenes cometidos por la policía militar continúa siendo la más recurrente violación de los derechos humanos en Brasil. Solamente el año pasado, en el estado de Río de Janeiro, la policía mató a por lo menos 1.260 personas. Los datos integran el informe de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos en el país, divulgado […]
Los crímenes cometidos por la policía militar continúa siendo la más recurrente violación de los derechos humanos en Brasil. Solamente el año pasado, en el estado de Río de Janeiro, la policía mató a por lo menos 1.260 personas. Los datos integran el informe de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos en el país, divulgado la semana pasada, que criticó además el apoyo público de autoridades, inclusive del presidente Lula, a operaciones policiales militarizadas de gran repercusión.
Operaciones como la del Complejo del Alemán y en la favela de Corea, en Senador Cámara, Río de Janeiro, tuvieron fuertes características de casos de ejecuciones sumarias. A pesar de esto, los crímenes cometidos por la policía tienen poca o ninguna investigación seria. Los policías estatales aplican métodos violentos, discriminatorios y corruptos en el combate y la represión del crimen en las comunidades carenciadas, sin que haya supervisión.
Las comunidades carenciadas son las más afectadas por la violencia, pues quedan acorraladas entre las pandillas de delincuentes que dominan las áreas en las que viven y la violencia policial que combate a esas pandillas. Son las comunidades las que tienen que convivir con el cierre de escuelas y puestos de salud, cortes en el abastecimiento de agua y de energía eléctrica.
En San Pablo, en los primeros 10 meses de 2007, se registraron 92 muertes en matanzas relacionadas con grupos de exterminio. En Río de Janeiro, según los habitantes, el vehículo blindado de la policía (el «calaverón») era usado como una unidad móvil, en la cual los policías aplicaban choques eléctricos y practicaban golpizas. Milicias formadas por policías y bomberos fuera de servicio dominan gran parte de las favelas de la ciudad.
El sistema de justicia criminal «falló en su deber de hacer que los responsables de los abusos rindan cuenta de sus actos. Infringió además una serie de violaciones de derechos humanos con las personas detenidas en sus cárceles y centros de detención juveniles superpoblados y vaciados de recursos».
Los presos conviven en una superpoblación extrema, condiciones sanitarias precarias, violencia entre pandillas, motines, maltratos y tortura. Una realidad que afecta no sólo los hombres, sino también a la mujeres y a los jóvenes que están recluidos en casas de detención. Las mujeres son además víctimas de violencia sexual.
Como punto positivo, el Informe destacó la creación por parte del gobierno federal, de un órgano independiente para la prevención de la tortura, de conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, ratificado por Brasil en el mes de enero. El órgano posee poderes para hacer visitas a las cárceles y a las delegaciones de policía sin necesidad de aviso previo.
En el campo, la situación de los derechos humanos también es alarmante: activistas rurales y pueblos indígenas que realizan campañas por el acceso a la tierra son amenazados y atacados por policías y por la seguridad privada. De un lado los grandes propietarios de tierra, y por el otro, trabajadores rurales sin tierra y pueblos indígenas y quilombolas.
Además, hubo denuncias de trabajo forzado y de explotación del trabajo en diversos estados -con 185 empleadores de 16 estados siendo incluidos en la lista sucia- y de desalojos forzados. En los conflictos por la tierra, fueron más de 2.500 las familias expulsadas de sus casas, según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra.
«La expansión del monocultivo, como las plantaciones de soja y de eucaliptos, la extracción ilegal de maderas y la minería, conjuntamente con proyectos de desarrollo, como la construcción de represas y el proyecto de desvío del Río São Francisco, estuvieron entre las principales fuentes de conflicto», agrega el Informe.
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]