Es una violencia inaudita ver millones de viviendas infrautilizadas o vacías, caras o inaccesibles. El derecho a la ciudad y a la vivienda es un derecho imprescindible en la configuración de la vida de las personas. Conquistar ese derecho en el Estado español será una de las luchas económicas más importantes de la ciudadanía contra […]
Es una violencia inaudita ver millones de viviendas infrautilizadas o vacías, caras o inaccesibles. El derecho a la ciudad y a la vivienda es un derecho imprescindible en la configuración de la vida de las personas. Conquistar ese derecho en el Estado español será una de las luchas económicas más importantes de la ciudadanía contra la dictadura de las finanzas y los rentistas.
Garantizar el derecho contra el negocio secular de banqueros, inmobiliarias y Administraciones públicas.
El Estado español, los entes autonómicos y locales, los mass media y las diversas oligarquías españolas, regionales y locales han favorecido durante medio siglo la cultura de la propiedad que ha convertido ese derecho, el de la propiedad, en su negocio. Han formado una alianza casi monopólica que demuestra los lazos orgánicos entre el Estado, la banca, los constructores y los rentistas. Son como un cuerpo inseparable – un lobby «amoral»- que vive en el Estado y se alimenta de él, y esto es lo que les ha permitido alterar fraudulentamente el precio de compra y alquiler de los pisos a su favor durante muchos años. O urbanizar para extraer plusvalía hasta llenar de cemento nuestro país como no había sucedido en la Historia.
Para entenderlo en el lenguaje usual que utilizan «sus» medios de comunicación: con carta blanca judicial los «políticos, constructores, inmobiliarias y banqueros» han formado «células radicales» que han tomado al asalto las estructuras del Estado para uso y abuso de sus negocios hasta confundirse con el Estado mismo. Si a este fenómeno, no particularmente español, los lectores suman el turismo, la entrada en el euro, los fondos de cohesión, el crédito barato y ilimitado de estos años tienen el cóctel vitaminado perfecto para convertir a España en un «enano crecido».
El «por qué no te callas» del rey, representando a ese tinglado, es la otra cara de los Santander, REPSOL, AGBAR, Gas Natural, Telefónica, PRISA, etc. intentando ser gobierno en Latinoamérica sin pasar por las urnas. Las palabras, las leyes y los hechos de los gobiernos Aznar (todo suelo es urbanizable) y Zapatero (defensa de la banca) han sido el soporte para que la banca, constructoras e inmobiliarias se capitalizaran para internacionalizarse gracias a nuestra particular esclavitud hipotecaria que torna a nuestro capitalismo más salvaje que el americano pues aquí los banqueros pueden perseguir a los deudores «físicos» hasta la tumba. La crisis en la que nos adentramos por años demuestra que el empeño puesto por todos los que «nos mandan» por encajar nuestro modelo productivo en el puzzle de la globalización ha fracasado y el hundimiento económico arrastrará las ilusiones que pusieron miles de ciudadanos en su vivienda hipotecada.
Ese tinglado entrecruzado de intereses forma la médula que ha alimentado el modelo productivo de estos años. Sin cambiar esa médula, o sea, arrebatar el poder de esta oligarquía secular, democratizando la vida económica, hablar de cambio de modelo productivo como piden todos ellos es un canto de sirena o una estafa al sentido común. Ellos solitos no se harán el harakiri. El derecho al medio natural, a la ciudad y a la vivienda se puede definir de muchas maneras e incluso puede caber el derecho de los rentistas para extraer beneficio. Hoy ese derecho se levanta contra el de la mayoría de la ciudadanía de este país como demostraremos pues los derechos ciudadanos son incompatibles con los beneficios de los inversores. Pero esto significa que se tiene que dirigir el Estado o tener influencia sobre él. Hasta ahora los Estados han servido al capital financiero (1). La tarea de este documento es dar razón y fuerza para cambiar de lado la tortilla y usar el poder estatal en beneficio de la gente.
El uso y abuso de las estructuras estatales para su beneficio tiene mucho de amoral e ilícito como lo demuestran los casos Pretoria, Millet, Gürtel. Estos son la punta del iceberg en «el silencio» de los pactos de Estado entre PSOE y PP o la sociovergencia. La actual crisis ha puesto al descubierto que codicia, fraude fiscal, usura, estafa, pelotazo, leyes injustas, dinero negro y destrucción medioambiental han sido sinónimos de vivienda en propiedad y planes urbanísticos. Estos años las diferentes Administraciones han vertebrado buena parte de la recaudación fiscal de este aquelarre sobre los ciudadanos, que al comprar piso y coche, eran víctimas de un sistema en el que, si podían, también participaban. El raquitismo del llamado «Estado del bienestar» creó el espejismo en nuestros ciudadanos de la propiedad de la vivienda como ahorro familiar porque el piso nunca baja de precio. El resultado ha sido un país con la natalidad más baja del mundo y de independencia familiar más retardada. Los que «nos mandan» cerraron el círculo con la necesaria venida de 5 millones de inmigrantes sin derechos que han estirado la demanda de viviendas alargando la estafa del monocultivo del ladrillo, sol, automóvil y infraestructuras.
La vivienda en propiedad: un derecho demasiado caro para todos y lucrativo para pocos.
Que lo privado sale caro es lo que ocurre en Estados Unidos que siendo el país que más gasta en Sanidad es el que la tiene más deficiente y cubre a poco más de la mitad de la población. Pues bien, España es el segundo país que más gasto «público» realiza en vivienda en la UE. Pero el 82% de esos 8.000 millones de euros anuales va a desgravaciones fiscales para la compra privada de la vivienda que en realidad es una transferencia fiscal entre las partes de nuestro lobby nacional.
Desde que se inició la crisis los medios de comunicación llevan una labor sistemática de intoxicación sobre lo que ocurre en torno a la vivienda con afán de esconder el expolio planificado de los ciudadanos españoles a través de los mecanismos de creación y destrucción de dinero. Las pocas y manipuladas estadísticas oficiales se suman al oscurantismo general sobre uno de los principales motores económicos. Una vergüenza pues todos sabemos que la indigestión de ladrillo de la década tiene caracteres épicos e históricos. Sobrevolando los datos nos daremos una idea de la magnitud del problema en que nos han metido y la altura de las soluciones a tomar para acabar con esta dictadura de las plusvalías y las finanzas.
Estadísticas de proporciones épicas e históricas.
Somos líderes mundiales en consumo de cemento per cápita para elevar en una década el parque de viviendas en 6 millones hasta alcanzar las 25’5 millones en 2009. Hay 1’15 viviendas por cada 2 habitantes. De éstas, 17 millones son viviendas usadas por los 18 millones de hogares que hay en el país. Hay cerca de 1 millón de familias que comparten piso. Sobran 8’5 m.(2)
¿Cómo se reparte la propiedad de los 17 millones de las viviendas usadas?
El 80% de los hogares tiene la vivienda en propiedad, en total 14’5 millones. Una suerte de «capitalismo popular muy español» en que todos ganaban mientras la vivienda subía como la espuma. El poder del lobby es inmenso pues ha creado una «catarsis colectiva» que permitió al país ser líder mundial en construir pisos, en pisos per cápita y en el esfuerzo titánico por convertirse en propietario respecto a la renta y a los precios estratosféricos del ciclo inmobiliario. Para conseguir esas cifras sin parangón el lobby se ha esforzado para no dejar en la mente ciudadana cualquier otra posibilidad que no fuera la de ser propietario. Por eso, desde los tiempos de la Transición, los gobiernos de todo color han ninguneado el alquiler público como opción política. ¡Y es que el negocio lo valía!… Hoy tenemos que el 65% de la deuda hipotecaria española recae sobre los hogares especialmente en los de menor renta que pagaran por años su legítima osadía de ser propietarios. Pero difícilmente esos hogares se pueden beneficiar de la venta de su única vivienda pues entrarían en concurrencia con los otros que harían lo mismo. (3)
La Banca española sabe que los tiene bien pillados pues su Asociación Hipotecaria (AHE) en su informa del 2009 (4) cifraba el saldo hipotecario del país en casi 1’1 billones de euros por encima de los 1’08 billones euros que sumaba el PIB del 2008. Aunque 700.000 millones corresponden al saldo hipotecario de los hogares el monto total de deudas familiares llega al billón de euros, billón de 12 ceros (4-bis). O sea, todos los endeudados deben a las entidades financieras lo mismo que la riqueza que genera el país en un año. Aún más, en realidad si sumamos los intereses que devengaran, el monto a pagar superará con creces los 2’5 años de PIB. En el año 2001 había 8’1 millones de hipotecas sobre el 40% de las viviendas. Desde ese año hasta finales del 2009 el boom inmobiliario ha llevado a la constitución de más de 11 millones de hipotecas.(5)
¡El país trabajará años para pagar las deudas a su Banca!
Haciendo una extrapolación, todos deberíamos trabajar solidariamente dos años largos sin consumir nada para pagar las deudas bancarias contraídas por la fracción hipotecada de españoles Y ello ocurrirá en una situación que sólo puede empeorar ante la desconfianza creciente y por ende intereses crecientes del enorme volumen de deuda privada y pública, interior y internacional que nuestro lobby ha adquirido en los mercados de capitales internacionales para financiarnos su cuento chino de «la sociedad de los propietarios». Pero esa deuda aunque no recae sobre todos y se alarga hasta 30 años no puede más que deprimir durante muchos años la demanda nacional y el consumo a costa de enriquecer aún más a la fracción más rica del país.
Krugman, el premio Nobel de economía, en su dilema sobre la economía española, venía a pedir la salida del euro o un drástico ajuste estructural de nuestro país del orden del 20% en salarios y precios. ¡Se imaginan la situación! Bajar un 20% el salario en un país donde la extrema riqueza de la gente de nuestro lobby ha crecido en igual porción que crece la pobreza de los ciudadanos hasta llegar a que el 63% de los españoles son como mucho mileuristas (6). No es de recibo que ese premio Nobel reclame a las víctimas de la crisis que paguen los platos rotos. Un país en que los trabajadores soportan la mayor parte de una carga fiscal injusta pues banqueros, constructoras, inmobiliarias, políticos y rentistas profesionales han creado toda clase instrumentos jurídicos, financieros, exenciones y paraísos fiscales para evadir impuestos. Un país donde la intoxicación mediática no pone en duda los pagos crecientes de IVA de una barra de pan o del alquiler pero se suprimen los impuestos de sucesiones en la mayoría del territorio nacional.
¿Se imaginan qué ajuste deberá imponernos ese lobby para no perder un grado de solvencia en salarios menguantes, impuestos crecientes y paro real del 25%? ¿Entienden por qué la Ley Hipotecaria pactada por el PSOE+CiU+PP permite al banco, después de quedarse su piso, perseguirlo para pagar la diferencia entre lo mucho que le costó y lo poco que lo valoran hoy? ¿Saben que los del lobby se perdonan sus deudas con moratorias y quitas porque pueden ejercer la suspensión de pagos o la quiebra cosa que no pasa con los ciudadanos? ¿Saben que cada ciudadano de este país ha acudido con 2.000 euros para avalar a nuestros bancos a través del Estado, en una especie de socialización de pérdidas y privatización de beneficios y nos hemos hecho estatalmente corresponsables de las deudas de las principales fortunas bancarias? ¿Entienden por qué 10 familias y 20 empresarios tenían ya a finales de 2006 el 20% del capital del IBEX35, de manera que sólo el 0’003 % de la población controlaba el 80% del PIB del país?
¿Saben que el Estado español ha atizado el boom inmobiliario perdiendo millones de metros de suelo público a través de la venta de miles de viviendas de protección oficial construidas por los del lobby constructor que imponían precios y que cobraban millones en dinero negro para distribuirlas a su gusto en una nueva forma de caciquismo? Y al tiempo sus amigotes banqueros imponían en las hipotecas toda clase de condiciones abusivas. También los Ayuntamientos han sido líderes en privatizar el suelo y la vivienda al tiempo que cobraban plusvalías fabulosas en cada operación. Así, en estos años las mejores tierra de cultivo y los últimos espacios libres han caído arrasados por los bulldozers de los planes urbanísticos detrás de los cuales entraba una legión de empresas constructoras, tasadoras, inmobiliarias y finalmente los agentes bancarios cerraban el círculo hipotecario o hacían crecer cualquier infraestructura del sector terciario (ocio, restauración, hoteles, etc). Un nuevo ejemplo de esta locura es la candidatura de la calurosa Barcelona a los Juegos de Invierno de 2022.
El tsunami de ejecuciones hipotecarias y desahucios iniciado con la crisis ya ha convertido a nuestra banca en la principal inmobiliaria del país (7). De manera que en la crisis sube un grado más la concentración de la riqueza en unas pocas manos. ¿No hubiera sido lógico que el estado avalara a sus ciudadanos como lo hace con sus bancos? Este sería un estado muy resumido de esta dictadura de las finanzas y las plusvalías en torno a la propiedad inmobiliaria.
Pero ¿ qué pasó con las viviendas de alquiler?
En este régimen tenemos 2’2 millones frente a las 25’5 millones de viviendas en total, la cifra más baja de toda la Unión Europea. Esto se explica porque nuestro lobby nacional, con apoyo de los magnates de la comunicación, ha trabajado a fondo campañas mediáticas como las de «EL PAÍS» con los bulos de las okupaciones salvajes (8). Intoxicando para acallar las pocas voces críticas han gozado de una paz social inigualable que les ha permitido tener 1’5 millones de sus pisos sin pagar impuestos y no pasa nada (9). Mientras las Administraciones públicas callan y nuestro lobby dice que sobran funcionarios en España, la Asociación de Técnicos de Hacienda -GHESTA- alertaba de su falta de medios para combatir ese enorme fraude fiscal de aquellos por valor de 3.000m./año.
Es muy difícil conseguir estadísticas sobre el parque público en alquiler. Pero la medida la puede dar Barcelona que después de 35 años de Ayuntamientos de «izquierda» sólo gestiona 6.000 pisos, el 0’75 % de un parque de casi 800.000 pisos en la ciudad frente a Viena que tiene el 48%. No es de extrañar, entonces, que en ciudades como Viena, Londres o París con alquiler social entre 7 a 9 euros/m2 la gente pueda dedicar sus salarios a otros menesteres que no sea engordar las cuentas de resultados bancarias. Y de paso se han librado de la burbuja inmobiliaria para destinar el dinero a otros fines más productivos o tecnológicos (10).
Lejos de eso los gobiernos estatal y autonómicos no han tenido ningún empacho en regalar todo tipo de ayudas a los rentistas, inmobiliarias y bancos. Por ejemplo por cada piso que se alquila se dan 6.000 euros a fondo perdido y se avala con un seguro para que el propietario nunca deje de cobrar. Se creó una Sociedad Estatal para alquilar los pisos de los propietarios. Hoy está en quiebra por 21 millones de euros después de alquilar en 3 años sólo 9.000 pisos. Una película tragicómica filmada por las Administraciones públicas al servicio de su lobby donde los papeles cambiados son el inquilino depredador y el propietario víctima.
A pesar de la enorme bolsa de fraude en el alquiler, el Gobierno de Zapatero viendo que la bolsa de pisos vacíos del lobby crece sin cesar, les ha regalado una nueva figura jurídica, un chollo fiscal con todo tipo de ayudas estatales, desgravaciones y ventajas fiscales: las SOCIMI – sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario- (11).
Existen pequeños inversores que alquilan pisos y de vez en cuando encuentran algún caradura que no paga pero la mayoría de pisos vacíos y habitables están en manos de nuestro lobby. O hagamos la pregunta al revés ¿cuantos miles de inquilinos muchos de ellos ancianos han sido expulsados por los propietarios dejándolos en una situación crítica? Nunca a día de hoy se ha condenado todavía un caso de mobbing. España es el país de la UE que tiene la legislación más garantista del propietario y casi de indefensión legal del inquilino.
Esa ha sido la gran obra sobre la que descansó el aquelarre inmobiliario que hemos vivido en las sucesivas burbujas después de la aprobación de la Ley Boyer, la Ley de arrendamientos Urbanos (LAU) y ahora la Ley del desahucio-express de PSOE+PP+CiU. ¿Te atreves a vivir con 50, 60, 70 o más años en alquiler y que no te renueven el contrato y te echen a la calle? Esa terrible realidad que ha ocurrido miles de veces en los últimos años está hecha para beneficiar a los fondos de inversión inmobiliaria. El círculo a la inestabilidad de la vivienda o de ser anciano sin techo fijo lo cerraban la inexistencia de un parque público de alquiler. Con esa perspectiva de futuro generaciones enteras han sido lanzadas a la compra de un derecho básico como es la vivienda principal de manera que los del lobby han podido construir un modelo económico adecuado a sus intereses históricos encadenando burbujas hasta ésta, que siendo la más gorda, plantea seriamente a los perdedores la vuelta de la tortilla, porque la vivienda no puede ser un negocio.
Pero ¿qué hay de las otras 8’5 millones de viviendas que no son familiares?
De estas, hay unos 4 millones de viviendas secundarias que han destruido los mejores paisajes naturales del país para estar cerradas la mayor parte del tiempo. Y habría que añadir los apartamentos turísticos legales que no tienen condición de vivienda y los millones de habitaciones hoteleras legales o encubiertas del negocio turístico español. Todo un mundo oscuro que pertenece a la economía sumergida.
Y los otros 4 millones están en el limbo. Éstas últimas serían las que están vacías o en mal estado. Unos centenares de miles, sin relevancia, pertenecen a pequeños inversores o herencias familiares. Según Acuña y Asociados en su análisis anual de 2008 (12), el núcleo gordo en torno 1’6 a 2’7 millones estarían en manos de ese gremio especulador.
Este sobredimensionado parque de viviendas vacías lleva tiempo dando muchos dolores de cabeza. De él depende la solvencia y el prestigio del sistema financiero español tan cacareado por Zapatero. Se han dado miles de vueltas pero el cortocircuito del crédito que llegó con la crisis impide venderlo a precios inferiores al valor hipotecario con que se construyeron. A pesar que la Ministra de Vivienda, sra Beatriz Corredor, dio hace meses por acabada la bajada de precios lo cierto es que las familias se han quedado sin capacidad de endeudamiento por muchos años. Lo saben todas las Administraciones que han provocado una disparatada concentración de riqueza en las clases pudientes, lo saben los bancos que los últimos meses sólo conceden prácticamente subrogaciones o refinanciaciones de hipotecas y lo saben los prestatarios internacionales que ven como el país se acerca a los 3 billones de deudas.
De hecho, el Gobierno continua decidido a enterrar miles de millones de nuestros impuestos para mantener artificialmente los precios que aseguren las rentabilidades inmobiliarias del lobby nacional inventando toda clase de medidas a cual más disparatada arruinando las cuentas públicas. Desde imponer un precio tasado y garantizar más construcciones, como hizo el Pla Nacional per l’Habitatge de Catalunya, a las bonificaciones y exenciones para transformar los pisos vacíos en protección oficial para poderlos vender sin perder dinero. La batalla por esos millones de viviendas vacías la tienen ellos ganada de antemano a sus intereses pero ello no impedirá hundir más en la crisis su modelo productivo de un país cuyos ganadores son perdedores en la globalización.
Parque público de alquiler frente a las plusvalías inmobiliarias de los inversores
Sumen las cifras que expone este artículo regaladas a los grandes rentistas y se darán cuenta que la solución del Parque público de alquiler nos hubiera salido más barata, ecológica, sostenible y democrática que el cuento chino de la vivienda en propiedad. Son prioridades políticas.
En otros países, la lucha por los derechos sociales permitió conquistas que aquí nos arrebató la victoria fascista del 36 cuyos vástagos continúan hoy mandando las finanzas y de alguna manera los destinos de nuestro país. Uno de esos derechos es un Parque Público de Viviendas de alquiler. Pero antes de definirlo, que es importante, debemos definir «el derecho a la vivienda digna» que obligue a las Administraciones a proveer a cualquier ciudadano, en un plazo de tiempo razonable, de una vivienda en régimen de alquiler o derecho a superficie guardando su precio relación con los salarios del arrendatario. Convirtiéndola, por lo tanto, en un bien de uso y no patrimonial. Un Parque Público de Alquiler serían la suma de todas aquellas viviendas en edificios gestionados por las Administraciones, en suelo público, que tienen por objetivo satisfacer las necesidades de vivienda de los ciudadanos que las demanden.
Hoy ese Parque y esos derechos, habituales en los países europeos que no han tenido burbuja inmobiliaria no existe en el Estado español. Necesitamos una política y un modelo productivo que levante todos los derechos sociales frente a la dictadura de las plusvalías de los rentistas y las finanzas. Por ello, teniendo millones de viviendas infrautilizadas o vacías no hace falta gastar más recursos. Se trata de rehabilitar o usar las viviendas del lobby que las han obtenido ilícitamente poniendo coto a la acumulación privada de riqueza cuando ésta invade el derecho a disfrutar del medio ambiente, la ciudad o la vivienda:
- Requisa de las viviendas vacías de la banca, constructoras y los fondos inmobiliarios.
- Actualización de padrones y Registros de la propiedad vinculados a los servicios de agua, gas y electricidad para conocer el uso de las viviendas.
- Impuestos directos progresivos sobre las viviendas que no sean principales y estén infrautilizadas.
- Patronatos municipales de la Vivienda que gestionen junto con los movimientos vecinales el Parque de viviendas, su conservación y precio relacionado con la renta familiar.
- Registro Único de Solicitantes abierto a la inscripción exclusivamente personal y no como unidad de convivencia para dar las mismas oportunidades a todos los ciudadanos.
- Los requisitos deberán ser exclusivamente el empadronamiento y no poseer ninguna vivienda de propiedad en el territorio del Estado.
- Todos los ciudadanos sin techo y en situación de exclusión social deberán tener preferencia siguiendo las recomendaciones y baremos de los Servicios Sociales.
- Moratoria general de planes urbanísticos y infraestructuras que tengan oposición general de los movimientos sociales.
- Moratoria de ejecuciones hipotecarias y desahucios. Derecho a la dación de pago, es decir, si un banco ejecuta la hipoteca, la deuda queda liquidado al quedarse con la vivienda.
- Derogación de la LAU, desahucio-express y las leyes hipotecarias regresivas. Banca pública para gestionar líneas de crédito directas a los ciudadanos para abordar la mejora y rehabilitación de viviendas y edificios.
- Plan general de ahorro energético y desarrollo de infraestructuras de transporte colectivo.
Mirando atrás, el desarrollo de estas políticas públicas seguramente hubiese permitido ahorrarnos miles de millones en financiar el aquelarre inmobiliario que nos ha hundido en deudas. Tanta vivienda no era necesaria y además era posible construirla más barata. Estos recursos que habrían permitido otra manera más democrática de resolverlo todo desde las entrañas de los movimientos sociales y políticos alternativos es demasiado embrionaria todavía pero no queda otro remedio que construirla política y electoralmente.
¿Qué tenemos y qué podemos hacer? A pesar de que el movimiento ciudadano por la vivienda está medio desorganizado su discurso y legitimidad ha crecido hoy como nunca. Hace tiempo que el movimiento vecinal de nuestras ciudades, destartalado y envejecido, se convirtió en un buen colaborador o espectador pasivo de las políticas de vivienda del lobby nacional. El espejismo del progreso ilimitado de la riqueza inmobiliaria de las familias en cada nueva encuesta del BdeE y la política del reparto por lotería de los pisos de protección oficial de venta hizo perder todo ardor reivindicativo durante muchos años a falta de un discurso alternativo. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria dejará en la ruina a millones de personas desvaneciendo el sueño del paraíso de los propietarios. Los movimientos sociales y políticos que hemos adquirido ese «discurso» enfrentado a ese modelo depredador e insostenible debemos iniciar un trabajo de aproximación primero, paciente y pedagógico, que permita un giro beligerante de las Avv de nuestros barrios frente a los desahucios y las ejecuciones hipotecarias, frente a los desmanes urbanísticos y la corrupción. Ejemplos cada vez los hay más. Al tiempo, las Oficinas de Derechos Sociales, surgidas del movimiento alternativo en diferentes ciudades, deben ayudar en todo ese proceso organizando a los desesperados y fundiendo su rabia con el movimiento vecinal e inyectándole nueva savia.
Salva TORRES es miembro de la Junta de la Asociación de Vecinos de Porta (Nou Barris), de l’Assemblea Lloguer Social «500×20» y de Prouespeculació.org.
El documento completo en http://prouespeculacio.org/wp-
Postdata.
(1) David HARVEY, El derecho a la ciudad, DESC
(2) M. de la Vivienda, estimación del parque de viviendas 1999-2009.
M. de la Vivienda, estimación del parque de viviendas principales y secundarias 2001-08.
M. de la Vivienda, estimación del parque de viviendas principales en propiedad-alquiler 2001-08
(3) Encuesta Financiera Familiar. http://www.bde.es.
(4) Asociación Hipotecaria Española – http://www.ahe.es/ –
(4-bis) Banco de España- Crédito a Familias y Empresas 2009. La deuda TOTAL pública, empresarial y familiar se acerca a los 3 billones de euros – http://www.bde.es –
(5) Estadísticas. Hipotecas constituidas 2001-2009. http://prouespeculacio.org.
(6) El 63% somos mileuristas, según los Técnicos de Hacienda –http://prouespeculacio.org-
(7) +3 millones de pisos acumulan bancos, inmobiliarias y inversores. –http://prouespeculacio.org-
(8) Caso Pretoria, «El PAIS«, el PMHB y la okupación del Raval. –http://500×20.blogspot.com-
(9) El 70% de los alquileres de viviendas no se declara al fisco –http://prouespeculacio.org-
(10) El alquiler escaso y + caro que en los países europeos de + renta. –http://prouespeculacio.org-
Salva TORRES, Crítica de las políticas de vivienda de la izquierda catalana. http://prouespeculacio.org
(11) Otro chollo fiscal: SOCIMI .- www.rebelion.org –
(12) RR de Acuña y Asociados. Informe del 2008 – http://www.rracuna.com/. –
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.